La reforma de pensiones acumula más de dos meses de retraso y varios bloqueos y eso tendrá consecuencias. El ministro José Luis Escrivá negocia aún a tres bandas el desbloqueo de los últimos retoques de la legislatura. Desde la Comisión Europea han levantado la mano con cierto margen para que Seguridad Social llegue a un acuerdo por unas medidas impopulares entre los agentes sociales y los grupos políticos, especialmente la ampliación del periodo de cómputo. Ante la amenaza que lanza Bruselas de suspender parte o la totalidad del pago de 10.000 millones de fondos europeos y los plazos incumplidos, Escrivá se encuentra ya abocado a recurrir a la fórmula del real decreto para aprobar la reforma de pensiones por la vía rápida, antes de Semana Santa. Si no fuera así, resultaría ya imposible que el ministro cumpla sus propios tiempos.

La última parte de la reforma de pensiones de esta legislatura plantea medidas que persiguen la mejora de las cuentas de la Seguridad Social. El planteamiento del Ministerio que dirige José Luis Escrivá plantea, esencialmente, dos medidas: la ampliación de las bases máximas de cotización -denominado como destope- y la ampliación de los años observados para calcular la pensión. Subir las cuotas de forma progresiva para que los salarios altos aporten más llegaría a mejorar la recaudación "como mucho un 0,15%", mientras calcular la pensión con los 30 años previos, descartando dos ejercicios, llegaría a recortar las pensiones de forma modesta un 1%, con un menor gasto del 0,3% del PIB.

Lo que supone en la práctica cotizar por completo en el segmento de trabajadores con salarios más altos, en realidad es un paso decisivo para convertir el actual sistema de Seguridad Social en otro sistema impositivo más, bajo una lógica parecida al IRPF y con una separación cada vez mayor entre cotización y prestación. Tomar este tipo de decisiones supone una multiplicidad de consecuencias a largo plazo, algunas de ellas hoy difícilmente estimables. Sin embargo, lo que está primando es el cálculo de corto y, como mucho, de medio plazo, concretamente un horizonte de 5-10 años.

La reforma de pensiones que negocia José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, incluye un aumento del límite de las bases máximas de cotización y de las propias pensiones más altas del sistema. Según cálculos facilitados por el departamento de Escrivá a los agentes sociales a los que tuvo acceso elEconomista.es, el impacto neto resultante del incremento de ingresos menos el mayor gasto en pensiones resulta en un pico del 0,27% del PIB en 2050. Es decir, tras actualizar las tablas en base a un crecimiento medio anual del PIB del 2% hasta mitad de siglo, el saldo de ingresos acumularía una mejora de solo 7.300 millones de euros, según cálculos elaborados con el economista Javier Santacruz.

Un impuesto oculto muy distorsionante. Así calificaban desde la Fundación de Economía Aplicada (Fedea) la propuesta del Gobierno de destopar gradualmente las bases máximas de cotización a la Seguridad Social. De hecho, un informe del Tesoro, organismo dependiente de Economía, a los inversores ya admite que se destruirá empleo en 2023, con una caída del 0,2% en las contrataciones. Frente a la subida del 0,6% que fabulan en los Presupuestos del Gobierno.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que encabeza José Luis Escrivá mantiene sobre la mesa una propuesta para aumentar las bases de cotización 30 puntos más el IPC hasta mitad de siglo. El conocido destope es la herramienta elegida por el Gobierno para arañar ingresos extra de los salarios superiores a los 49.000 euros en los que está el límite actual y cubrir los 2030 y 2040, dos décadas de especial tensionamiento financiero de la Seguridad Social. En 2050, el gasto se elevará un 3,5% del PIB, mientras Fedea limita al 0,15% el impacto de este destope.

El Estado asumirá parte del incremento de las cotizaciones el próximo año como parte del incremento de las bases máximas de cotización, actualmente en algo más de 49.000 euros anuales. En el último decil, que corresponde a las rentas altas a partir de 3.585 euros mensuales (43.000 anuales), 740.000 cotizantes son del sector público, lo que se corresponde con el 46% del total. Así, parte del incremento recaudatorio que prevé la Seguridad Social será asumido con un incremento de los costes laborales de la Administración Pública.

La diputada de Podemos Isabel Franco ha sorpendido al anunciar un "acuerdo" con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para "destopar" las pensiones públicas, es decir, elevar el límite actual de las bases máximas. Sin embargo, lo que la formación morada anunciaba como un triunfo y una novedad en realidad ya estaba pactado con la Comisión Europea en el componente 30 del Plan de Recuperación, y así constata, a su vez, en el texto del Plan de Estabilidad 2022-2025; además está muy lejos de tratarse de un cambio inminente. No hubo por tanto ninguna novedad para las pensiones de mayor cuantía. Es más, el ministro José Luis Escrivá, tuvo que explicar una vez más que el incremento de esas cotizaciones se hará de forma acompasada a la subida de la pensión máxima. En paralelo, el PSOE corrigió el error que cometió en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social a través del voto particular.

El destope de las bases máximas de cotización que ha pasado el corte de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social por error, la enmienda propuesta por Unidas Podemos en la ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo, supondría un crecimiento promedio de 531 euros al año por trabajador. Teniendo en cuenta que en España hay 1.444.000 trabajadores que cobran cuatro veces el SMI (53.200 euros anuales), la recaudación extra de esta medida sería de 660,7 millones de euros.

El Gobierno afronta la parte más compleja de la reforma del sistema público de pensiones con la presión de Bruselas que azuza el calendario de las negociaciones para la validar las entregas de los fondos para la reconstrucción, y con el rechazo de patronal y sindicatos ante algunos de los planteamientos previos sobre la senda de destope de las bases máximas de cotización y la ampliación de años para el cálculo de la pensión.