Cuando un trabajador es despedido de su empresa tiene derecho a recurrir esa decisión empresarial si considera que se debe a causas injustas. En el caso de que un juzgado decida que ese despido se realizó efectivamente bajo una premisa falsa puede darse el caso de que se declare improcedente.
Las empresas no pueden desistir de los trabajadores por no haber superado el periodo de prueba si no se ha establecido previamente las fechas de inicio y final de dicha prueba. Además, el periodo no tendrá validez y el despido pasa a ser improcedente, según el Tribunal Supremo (TS) en la Sala de lo Social en una sentencia de 12 de abril de 2023.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJCAM) ha decretado como improcedente el despido de un comercial por estar realizando tareas domésticas y personales dentro del horario laboral, el juzgado de lo Social desestima la nulidad del despido al quedar constancia de que la empresa otorga autonomía a sus empleados en la forma de trabajo y organización dentro de la misma.
Un despido es siempre una situación delicada para el trabajador, que se queda sin su fuente de ingresos y cotizaciones y tiene que emprender de nuevo la búsqueda de trabajo. Pero cuando las circunstancias en las que se produce dicho despido son especialmente perjudiciales para el empleado la normativa puede darle una protección extra.
El Tribunal Supremo (TS) establece como improcedente el despido de un trabajador cuando está ligado a la empresa mediante un contrato temporal para cubrir circunstancias excepcionales de producción dentro de la entidad, con el fin de suplir aquellas situaciones impulsadas por la "insuficiencia de plantilla", "sustitución por vacaciones" o la contratación para cubrir una campaña electoral, entre muchos otros. El Tribunal, en la Sala de lo Social, estima que el despido de los trabajadores será improcedente cuando la empresa ha elaborado un sinfín de contratos eventuales para tratar de cubrir los "huecos vacíos" y se demuestra que la actividad del trabajador no está ligada a cubrir esas situaciones excepcionales que motivaron su contratación.
Los trabajadores en incapacidad temporal -bien por accidente laboral o bien por enfermedad- que se encuentran cobrando la baja médica podrán ser despedidos, eso sí, de manera improcedente en la mayoría de los casos. Con la sentencia emitida por el Tribunal Supremo (TS) en la Sala de lo Social, reitera jurisprudencia en lo que respecta a la prohibición de despedir.
El Gobierno y la CEOE, representada por la patronal europea, International Organization of Employers (OIT, por sus siglas en inglés), dan la espalda a propuesta de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) de elevar el coste de indemnización por despido improcedente, buscando volver a la legislación previa a 2012. Así lo reconocen los documentos, firmados por la Abogacía del Estado y la IOE, a los que ha podido acceder este medio. Moncloa y los empresarios defienden, de esta forma, la indemnización por despido improcedente de 33 días ante Europa.
El Tribunal Superior de Galicia (TSXJ) declara improcedente el despido en primera instancia- de una trabajadora por fisgar un maletín que había olvidado otra compañera en un establecimiento público y cuyos actos se emplearon como justificación para avalar la procedencia del despido.
Cuando un trabajador es despedido en su empresa la normativa laboral le otorga el derecho a recurrir la decisión empresarial y ahí comienza un camino que, dependiendo del caso, puede acabar en un despido improcedente. Si es así, el trabajador tendrá que cobrar las indemnizaciones correspondientes al despido improcedente.
Si un trabajador recibe una carta de despido por parte de su empresa tiene el derecho a defenderse en caso de que considere la medida injustificada. Si la conciliación entre las partes no soluciona el problema puede ser necesaria la resolución del conflicto en el Juzgado de lo Social o los tribunales. Y ahí surge la figura del despido improcedente.
La normativa laboral contempla diferentes tipos de despidos que se ajustan a las condiciones en las que tienen lugar y que, en función de la denominación, pueden otorgar al trabajador una protección especial. Con todo, cualquiera de los despidos que la empresa decida adoptar ha de hacerse conforme a lo que reza esa normativa que los regula. De lo contrario podemos estar ante un despido improcedente.
Un despido siempre es una circunstancia incómoda para el trabajador, ya que le obliga a situarse en una nueva coordenada dentro del mercado laboral: desempleado y en búsqueda de un nuevo puesto, sin un sueldo mensual y a la espera de encontrar la estabilidad financiera. Aunque existen diferencias en función de la situación en que haya tenido lugar ese despido.
En determinadas ocasiones los trabajadores se encuentran en situaciones de alta presión en su empresa. Esta tensión no tiene por qué deberse al nivel de trabajo, también puede relacionarse con aspectos derivados de sus propias condiciones laborales y con cambios en las mismas que les afecten de forma significativamente negativa.
Los empresarios catalanes se congratulan de que el Tribunal Supremo haya invalidado el prohibido despedir que instauró el Gobierno durante la pandemia. Foment del Treball celebra la reciente sentencia contra una norma que ya hace dos años calificó de precipitada, gravísima, unilateral, injustificada y de dudosa constitucionalidad. La organización se felicita por ver que la ley queda ahora sin validez.
Qué el empresario pregunte al aspirante a ocupar un puesto de trabajo sobre su estado de salud es sancionable con multas que van desde 300 a 10.000 euros, dependiendo de la gravedad de la situación denunciada, tal y como establece el artículo 9 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Son nulos los despidos individuales, que superan los umbrales del despido colectivo, realizados por una sociedades relacionadas por contratos de franquicia en los que la matriz ejerce las potestades elementales y estructurales de llevanza de las mismas, dejando a las filiales aspectos residuales, lo que lleva a declarar la existencia de un grupo de empresas a efectos laborales, según establece la Audiencia Nacional, de 15 de julio 2022.
Cuando una empresa despide a un trabajador, el empleado tiene derecho a recurrir la decisión empresarial si considera que no se ajusta a la normativa laboral o se hace mediante argumentos falsos. En esos casos el trabajador queda a expensas de un acto de conciliación o de lo que decida el Juzgado de lo Social, que si no vislumbra razones de peso por parte de la empresa puede declarar ese despido improcedente.
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha admitido a trámite la reclamación interpuesta por UGT contra él bajo nivel de las indemnizaciones percibidas por los trabajadores en caso de despido improcedente, según ha informado esta institución europea. El Gobierno español no se ha opuesto a la admisibilidad de la demanda.
La figura del despido improcedente es una de las grandes conocidas de nuestro panorama laboral. No es infrecuente haberse tomado en algún momento con el peligro o la realidad de este tipo de despido, que implica un conflicto con la empresa que decide prescindir de los servicios de su empleado y el propio trabajador cuando entiende que ese despido no se ejecuta por causas justificables.
Debe considerarse como despido improcedente un despido disciplinario en el que la empresa en su comunicación escrita no concreta las circunstancias temporales y materiales que motivan la sanción, sino tan solo un reproche genérico de la empresa sobre la actuación del trabajador, según determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 7 de junio de 2022.
Los trabajadores tienen el derecho de recurrir cualquier despido del que sean víctimas. Pueden agotar diferentes cauces judiciales para tratar de demostrar que la decisión de su empresa no está justificada y, si lo consiguen, pueden encontrarse en la situación de haber sido objeto de un despido improcedente. En ese caso, tendrán derecho a cobrar indemnizaciones si la empresa no les readmite en su puesto de trabajo.
Aunque es cierto que al firmar un contrato el trabajador queda vinculado a su empresa y esa relación se puede interrumpir de muchas formas, solo en unos casos muy determinados dicho empleado tiene la capacidad y el derecho de dejar su puesto de forma voluntaria y recibiendo, además, indemnizaciones.
El Ministerio de Trabajo quiere dar un cambio copernicano al concepto de la indemnización por despido procedente. Así, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desveló ayer tras su comparecencia en el Congreso que su equipo está trabajando en la modificación de las indemnizaciones. UGT ha pedido reabrir la negociación con los agentes sociales para subir la indemnización improcedente de los actuales 33 a 45 días por año trabajado.
Cuando una empresa despide a un trabajador, este tiene derecho a recurrir la decisión por los cauces legales correspondientes. Si el Juzgado de lo Social considera que ese despido no tenía base y que, por lo tanto, ha sido improcedente, la legislación española contempla el pago de indemnizaciones a estas personas que han sufrido el despido.
La figura del despido improcedente es un clásico en la legislación laboral española y otorga ciertos derechos a los trabajadores que son víctima de cualquiera de estos despidos, incluidas indemnizaciones que en otro tipos de despido no se abonan a los trabajadores.
Muchos autónomos han tenido que enfrentarse al despido de sus empleados por culpa de la crisis derivada de la pandemia. A pesar de que la economía está remontando, muchos pequeños negocios todavía no han conseguido superar este bache, por lo que todavía se ven obligados a prescindir de alguno sus trabajadores.
Existe sucesión de contratas y no se produce la ruptura de la unidad del vínculo del trabajador con la empresa por el hecho de que se produzca una baja voluntaria, pero seguida a los pocos días de una nueva contratación (por distinta empresa) para el mismo puesto de trabajo, según determina el Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de marzo de 2022, que aplica la doctrina marcada por la reciente sentencia de 26 de enero de 2022, estableciendo jurisprudencia.
La indemnización pagada a un empleado de alta dirección, en el caso en que no se trate de un desistimiento sino de un despido improcedente, puede acogerse a la exención tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) hasta el importe obligatorio reconocido en la legislación laboral, en este caso, una cantidad equivalente a 20 días de salario por año trabajado con el límite de 12 mensualidades, según reconoce el Tribunal Económico-Administrativo Central (Teac) en dos resoluciones, de 25 de febrero de 2022, en las que modifica su criterio tradicional.
La indemnización por un despido improcedente se calcula a la fecha del despido no a la fecha de la sentencia, si tras la decisión extintiva empresarial, se produce una causa nueva de extinción del contrato por incapacidad permanente absoluta, jubilación, fallecimiento o finalización del contrato temporal, que impide la opción por la readmisión.
Cuando un trabajador se encuentra en una situación complicada en su empresa en muchas ocasiones se le puede pasar por la cabeza tirar la toalla y dejar el trabajo de forma unilateral. Y, aunque no sea del todo conocido, en algunas circunstancias muy concretas al hacerlo puede tener derecho a cobrar indemnizaciones e incluso a cobrar el paro que haya generado.
