Varios millones de españoles cuentan actualmente con un contrato de alquiler para la vivienda en la que residen actualmente. En el caso de los pisos de estudiantes, donde a veces un joven debe convivir un tiempo con compañeros poco responsables, existe la posibilidad de que estos deterioren alguno de los elementos de uso común. Pero también puede ser que un electrodoméstico se averíe sin causa aparente, sin ser culpa del arrendatario.

Los trabajadores gozan de una serie de derechos inherentes a su propia condición de trabajador que van desde lo más básico y fundamental (que las condiciones de trabajo sean dignas, por ejemplo) hasta aspectos que a menudo buena parte de los mismos trabajadores no conocen o no descubren en su totalidad.

La Audiencia Nacional ha rechazado la contratación de profesores como fijos discontinuos advirtiendo de que su labor no termina en junio y vuelve a comenzar en septiembre y concluyendo que, de afirmarse esto último, los docentes "verían mermados de forma evidente sus derechos".

Una huelga indefinida que ha durado cinco años o más cuyas actividades que motivaron la manifestación no persiguen los objetivos pactados al inicio de la huelga es considerada abusiva y fraudulenta, según el Tribunal Supremo en la Sala de lo Social en su Sección primera, en una sentencia fechada a 13 de diciembre de 2022. 

Se ha publicado el libro Aspectos fundamentales de la mediación civil y mercantil. Especial referencia a la mediación en la Comunidad Valenciana, de la editorial Thomson Reuters Aranzadi, 2021, 219 pp

Desde el inicio de la pandemia, las renovables han pasado a tener la consideración de activos energéticos muy estratégicos, intensificándose esta consideración con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

La Comisión Europea tiene ya en sus manos el primero de los dos informes definitivos que pidió el pasado mes de octubre para analizar el comportamiento de los precios de la electricidad. El Ejecutivo comunitario pidió un análisis sobre el funcionamiento del mercado mayorista a ACER -cuyo resultado final todavía no se conoce- y otro a ESMA (la CNMV europea) para analizar la existencia de anomalías en el mercado de CO2.

En los casos en los que, de conformidad con la normativa tributaria, la vía Económico-Administrativa resulte procedente, será necesario agotarla aun cuando la decisión sobre el fondo del asunto pueda depender, exclusivamente, de la interpretación del Derecho de la Unión Europea (UE), al corresponder a los tribunales económico-administrativos (TEA), garantizar su correcta aplicación en los términos derivados de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), según concluye el Tribunal Supremo, en sentencia de 16 de noviembre de 2021.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a la Generalitat a mantener al menos un 25% de clases en castellano en los colegios catalanes fue recurrida por la propia Generalitat ante el Tribunal Supremo que, ahora, inadmite el recurso y da firmeza a la sentencia recurrida. Pero las autoridades catalanas han señalado que no la acatarán. Es un desafío al Estado de Derecho. Es un insulto al orden constitucional. Es un intento de degradar a las instituciones y de chulear al poder judicial. Es una manera de presumir de bíceps político. Es vejatorio para el país. Es también una fanfarronería de malote de patio de colegio o de patio carcelario porque los responsables del improbable incumplimiento serían también responsables penales de un delito. La sentencia se cumplirá, aunque con exhibición de trampas y negativas personalistas que traten de identificar esa molesta terquedad con la resistencia heroica ante el Estado opresor. O no se cumplirá, porque hace ya seis años que el Tribunal Supremo se pronunció en el mismo exacto sentido y no se cumplió y aquí no ha pasado nada. España es un país sin ley donde los ciudadanos dan poca importancia a lo que de verdad importa.

El Gobierno ha prorrogado este martes el llamado "escudo social", un conjunto de medidas entre las que se incluyen la suspensión de los desahucios y de los pagos de alquileres de vivienda así como la prohibición de cortar los suministros básicos a aquellos consumidores vulnerables más castigados por los efectos económicos de la pandemia.

Dia trata de recabar entre los minoritarios un último espaldarazo a su hoja de ruta y para ello se ha propuesto multiplicar por más de cinco veces su capitalización en el mercado a través de una ampliación de capital. Pero el desplome está siendo notable desde que comenzaron a cotizar los derechos la semana pasada y roza ya el 60%.

El recibo del gas natural para un cliente doméstico con calefacción (TUR 2) subirá alrededor de un 4% a partir de hoy y traslada lentamente -a diferencia de lo que sucede en el sector eléctrico- el incremento de precios en los mercados internacionales.

Mucho se ha escrito ya sobre el efecto que en las condiciones colectivas de trabajo, en especial por lo que se refiere a la expansión del teletrabajo en todas las actividades económicas, han tenido las restricciones impuestas a nivel mundial por causa de la extensa y larga pandemia sufrida, incluso sobre las propias modificaciones legislativas introducidas en los códigos laborales nacionales, que en el caso de España ha sido la aprobación de una ley específica sobre el teletrabajo y un acuerdo para su articulación en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) y en otras administraciones públicas.

Más filosofía del Derecho, que Derecho constitucional o positivo, queda hacer, expresando sensaciones como jurista, ante los indultos. La sensación es de cierta derrota y de cierta humillación. De que incluso el político Junqueras tiene razón cuando dice que el indulto es muestra de la debilidad del Estado español. El problema de fondo de los indultos parte en efecto de la especial debilidad del Estado, en el exterior y hacia el interior. Hemos construido un sistema jurídico a base de debilitar al Estado. Los indultos es una muestra más. El quid más bien debería estar en empezar a tomar decisiones importantes, de profunda reforma constitucional, para fortalecer al Estado, volviendo al modelo francés. De lo contrario, el separatismo irá avanzando al paso que el Estado será cada vez más débil. Los indultos es más de lo mismo. No es nada nuevo. Todavía hablamos de progreso... y lo único que hemos creado desde hace décadas es un Estado de adeptos al separatismo. ¿Y cuando todos en Cataluña, y no solo el cincuenta por ciento, se integren bajo la política dominante “de la integración”? El caso es que, según aumenta dicha política, más desaparece el constitucionalismo. Pero el objetivo se ha logrado: la derecha constitucionalista desaparece en ciertos territorios. Todos felices. Lo importante es que estos partidos tengan menos votos que ERC... No solo obtienen la victoria de los indultos. Han ganado incluso la batalla de la imagen. Y es que, en el Estado español, llega a tener mejor imagen un separatista que una persona de derechas que defienda los valores unitarios. No hay más que observar el trato de los medios hacia unos y hacia otros.

Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias, de 14 y 16 de junio de 2021 respectivamente, en las que reconoce el derecho al cobro de distintos complementos retributivos a una mujer guardia civil y a una médico especialista del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en el periodo en que se encontraban en situación de riesgo durante el embarazo.

Si existiera un dispositivo tecnológico que pudiera leer la mente, ¿cómo podríamos evitar que terceras personas tuvieran acceso a nuestros pensamientos? ¿Qué leyes regulan la alteración de los recuerdos de una persona? ¿Tienen derechos de autor los sueños que haya podido almacenarse en un implante neuronal?

Ya ha pasado más de un año que se detectó en España el primer caso diagnosticado por el virus SarS-CoV-2. Ha sido un largo periodo en el que hemos aprendido, como sociedad y como individuos, muchas cosas:

La Constitución no castiga ni perdona; regula las normas y principios por los que se rige España como un Estado de derecho y democrático, y nadie puede actuar al margen de los límites constitucionales.

Bajo la rúbrica de “Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, acaba de aprobarse una modificación de nuestro derecho privado con un alcance que resulta difícil vislumbrar.

El precio de la electricidad vuelve a estar por las nubes y tiene preocupadas a las grandes industrias del país que afrontan la crisis del coronavirus y ahora este incremento de costes que se verá agravado el próximo mes de junio con la entrada en vigor de las nuevas tarifas que prepara el Gobierno.

Más de 2.500 jueces españoles de los 5.419 que hay en España, han presentado, a través de sus asociaciones, una denuncia ante la Comisión Europea para que actúe frente a las reformas del Gobierno con respecto a la Justicia en España.

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a absolver al exfutbolista del Real Madrid y actual entrenador del equipo filial de la Real Sociedad de San Sebastián Xabi Alonso en la causa en la que estaba acusado de defraudar al fisco español casi dos millones de euros durante los ejercicios de 2010, 2011 y 2012.

Las Comunidades autónomas pueden establecer legislaciones en las que se adopten "medidas limitativas de derechos fundamentales y libertades públicas", extremando las exigencias del principio de proporcionalidad, con la exigencia de una garantía judicial, según se afirma en un dictamen del Consejo de Estado, aprobado por unanimidad, el pasado 22 de marzo de 2021.

Multitud de empresas, autónomos, profesionales de cualquier tipo y en general, cualquier persona a la que desde el año 2015 se le adeude una cantidad de dinero que pretenda cobrar, dispone de una última oportunidad para proceder a la reclamación.

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha sorteado el primer penalti del coronavirus a los derechos audiovisuales, que suponen la principal vía de ingresos del deporte rey.

La súbita reaparición de las fronteras nacionales dentro de la Unión Europea a causa de las restricciones a los viajes, las cuarentenas y los requisitos de tests -que difieren según el país- ha puesto de manifiesto la importancia de un derecho que los europeos dan a veces por sentado: la libre circulación de personas. Tanto el Tratado de la UE como el Acuerdo de Schengen, que definen y garantizan este principio básico de la ciudadanía de la UE, permiten restablecer los controles fronterizos por motivos sanitarios. Las restricciones de los derechos de circulación, así como las severas limitaciones internas de los derechos fundamentales, han sido, por supuesto, herramientas para limitar la propagación del Covid-19. Estas políticas se justifican porque cada individuo podría imponer costes posiblemente importantes a otros (externalidades negativas, en la jerga de los economistas) al propagar el virus.

Cuenta la película de Harold Ramis las peripecias de un arrogante reportero de televisión que mientras cubre el evento anual del Día de la Marmota en una localidad de Pennsylvania, se encuentra atrapado en un ciclo de tiempo, repitiendo el mismo día una y otra vez. Pues algo similar parece estar sucediendo con las encuestas electorales y la intención de los votantes en España, que tras un año de gobierno de la coalición socialcomunista y con un Ejecutivo hecho para la propaganda y sin capacidad demostrada para gestionar los graves problemas del país, siguen reincidiendo casi milimétricamente los mismos resultados que llevaron a Sánchez hasta La Moncloa.

Europa tiene una oportunidad histórica para "liderar el desarrollo de una necesaria Carta de Derechos Digitales", iniciativa con la que sería fiel a su condición "cuna de los valores humanistas". Con estas palabras, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha animado a construir entre todos el nuevo mundo digital", según ha explicado este miércoles durante su participación en la Conferencia anual de Corporate Excellence, celebrado en la sede de la compañía de telecomunicaciones.

El Gobierno ha impulsado la elaboración de la Carta de Derechos Digitales de España, uno de los compromisos fundamentales del plan España Digital 2025, que cuenta con numerosas contribuciones de la sociedad civil, así como el trabajo de un grupo de expertos de primer nivel. El borrador de la Carta está sometido a consulta pública, abierta hasta el próximo 4 de diciembre.