Desde hace un tiempo, con el término corrupción ya no designamos tanto lo que degrada o estropea los objetos que se corrompen por el paso del tiempo, la humedad, etc., sino la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones públicas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores y sus amigos o familiares.
Cuando no se puede localizar a un acusado, este puede ser juzgado o condenado en rebeldía, pero tiene el derecho de obtener después la reapertura del proceso en cuanto al fondo del asunto en su presencia, salvo en el caso de que haya eludido deliberadamente la acción judicial impidiendo a las autoridades informarle de la celebración del juicio.
Los órganos judiciales de toda España recibieron durante el primer trimestre de 2022 un 7,7% más asuntos que entre enero y marzo del año pasado.
La actividad de los órganos judiciales españoles volvió a la normalidad en 2021, tras verse alterada en 2020 por la crisis sanitaria del Covid-19, según los datos del informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales en el cuarto trimestre de 2020, difundido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
No parece que el Tribunal Supremo (TS) vaya a avanzar en la expansión de los fundamentos de la jurisprudencia del caso Falciani sobre las pruebas obtenidas originalmente por particulares de forma ilegal, según han coincidido en señalar los expertos en cumplimiento normativo que han participado en la presentación del libro Las investigaciones internas. Factores clave para su eficacia, organizado por la consultora Gericó Associates.
La pérdida parcial de la grabación de un juicio por un fallo técnico que impide a la defensa el acceso a la grabación de los informes realizados en el juicio oral no limita el derecho de defensa si los abogados han tenido acceso al contenido esencial del juicio, aunque tampoco exista acta levantada por el letrado de las Administración de Justicia (LAJ), según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de octubre de 2021.
Kepler-Karst, firma especializada en Reestructuraciones e Insolvencias, Derecho de Empresa y Derecho Financiero, ha anunciado el fichaje en calidad de Of Counsel de Eduardo de Urbano Castrillo, doctor en Derecho y Magistrado de lo Penal en la Audiencia Provincial de Madrid, que pasa a la situación de excedencia.
El Ministerio de Justicia prepara una actualización de la Ley 11/2003, de 21 de mayo, reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal en el ámbito de la UNión Europea (UE), diseñados para realizar investigaciones del ámbito penal en el territorio de uno o de varios Estados miembros, especialmente en la lucha contra la delincuencia organizada, contra el tráfico de drogas y la trata de seres humanos y, en especial, en la lucha contra el terrorismo.
La actividad de los órganos judiciales en toda España ha experimentado durante el primer trimestre del año un aumento generalizado, según el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2021, publicado hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La ocultación de la investigación policial y preprocesal no quebranta el derecho de defensa de un encausado a conocer el contenido de las actuaciones, según establece el Tribunal Supremo, en una sentencia de 13 de abril de 2021.
Creo que uno es lo que deja a los demás. Hoy quiero contar lo que Adrián Dupuy me dejó. Que me imagino no será muy distinto de lo que os dejó a quienes lo conocíais.
Un año después de la aparición de la pandemia y de que el Gobierno decretase el estado de alarma que provocó el confinamiento de los españoles, las vidas de los ciudadanos y sus hábitos de consumo han cambiado notablemente, debiendo afrontar situaciones adversas provocadas por la incertidumbre y los continuos cambios normativos promulgados por las autoridades.
La Revista General de Derecho se ha digitalizado. Se trata de una publicación legendaria que se comenzó a publicar en 1944 y de forma ininterrumpida hasta 2001 siendo un referente en los Despachos profesionales y en Bibliotecas especializadas y con un alto factor de impacto que se puede encontrar indizada en bases de datos como CIRC, Dialnet Plus, Dice, Latindex, Ulrichsweb, Westlaw, etc..
Las indemnizaciones por responsabilidad civil pagadas por las aseguradoras de los causantes de los daños físicos o psíquicos en cumplimiento de un acuerdo de mediación quedarán exentas de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), según se establece en el texto del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros y pendiente de su remisión al Congreso de los Diputados para su tramitación legislativa.
Pese al aumento de casi cinco puntos en la resolución de asuntos en juzgados y tribunales, la bolsa de asuntos pendientes (3,2 millones) se ha incrementado en este trimestre un 13,4% con respecto al mismo periodo de 2019, lo que ha situado la pendencia en un nivel superior al de finales de 2011. Este incremento de la pendencia es consecuencia de la paralización de la actividad judicial en el segundo trimestre del año tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Así, se refleja en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2020, dado a conocer hoy por el Consejo General del Poder Judicial.
El magistrado de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Urbano, ha publicado el libro 101 casos resueltos por el Tribunal Supremo', un manual didáctico en el que analiza la jurisprudencia más destacada y reciente del TS. Incluye una selección de su 'Lupa sobre el Derecho Penal Económico', publicado en la revista jurídica del elEconomista, Iuris&Lex.
El número de recursos de casación inadmitidos en la Sala de lo Penal el Tribunal Supremo (TS) el año pasado sumó un total de 3.825 frente a los 5.980 admitidos, lo que supone que los recursos fallidos representaron un 40% del total, según los datos de la Memoria del TS.
Esta semana, la Fiscalía ha incoado once nuevas diligencias de investigación penal sobre los fallecimientos en las residencias de la tercera edad en las Fiscalísa Provinciales de Albacete, Cuenca, una Ávila, Palencia, otra en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Galicia y seis en Provincial de Madrid.
El Tribunal Supremo ha emitido durante el estado de alarma 800 sentencias, autos y providencias entre las cinco Salas, así como la deliberación de más del 80% de los recursos que estaban ya señalados con anterioridad al 14 de marzo.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé que se van a presentar "centenares de miles de procedimientos contencioso-administrativos" contra el Gobierno y las Administraciones cuando concluya el estado de alarma.
La Asociacio?n Espan?ola de Compliance (ASCOM) ha lanzado el primer registro de peritos judiciales diseñado específicamente para evaluar programas de compliance.
El Ministerio de Justicia inició hoy los trabajos para la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que sustituya a la vigente, aprobada en 1882. El Ministerio agiliza así la reforma que, básicamente, dará la instrucción a los fiscales y la retirará a los jueces. Para garantizar un proceso penal justo, el Ministerio asegura que creará una nueva figura, la del "juez de garantías", que vigilará que los procedimientos se desarrollen conforme a la legislación.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analiza hoy un texto con 108 medidas como propuesta para el Plan de Choque que evite el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma.
El Ministerio de Justicia ha dictado una circular por la que se establece la transferencia bancaria como medio general para la realización de pagos en procesos judiciales durante la vigencia del estado de alarma.
En 2019 volvió a incrementarse el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales españoles en procesos relativos a violencia de género según los datos de la estadística del año 2019, que ha hecho pública hoy el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Se trata de un nuevo récord estadístico.
El número de nuevos asuntos registrados en los órganos judiciales españoles volvió a aumentar durante el año 2019 al alcanzar un total de 6.279.302, cifra que equivale a un 4,8 por ciento más que en 2018.