derecho concursal

La actual situación económica creada por la pandemia ha puesto en serias dificultades a gran parte del tejido empresarial en nuestro país. Como sabemos, nuestra legislación, la actual Ley Concursal, establece diversos mecanismos para la empresa alternativos al Concurso de Acreedores cuando la insolvencia existe ya o es inminente, de forma que posibilita que el deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores, o realice refinanciaciones. Todo ello para superar su situación de insolvencia, y con carácter previo a la situación de concurso.

En los casos en que se produce la sustitución del deudor concursado por la administración concursal en un litigio, la Ley Concursal (LC) permite al deudor mantener su propia representación y defensa separada, por medio de sus propios procurador y abogado, siempre que garantice que los eventuales gastos generados por estas actuaciones no repercutirán en la masa del concurso.

Aunque tiene nombre de poderoso detergente blanqueador más que de herramienta jurídica, debemos de empezar a familiarizarnos con el término pre-pack concursal, un innovador procedimiento que anticipa de manera controlada la adquisición de unidades productivas o empresas en distressed. Esta nueva fórmula está contemplada en la Directiva (UE) 2019/1023, sobre marcos de reestructuración preventiva, medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deuda.

Definir el año 2020 como un año disruptivo no es ninguna novedad. En Europa, la llegada en febrero de la forma más inesperada, de un tsunami oriental en forma de pandemia Covid-19, rompió todos nuestros esquemas, arrasó con vidas humanas y devastó la economía de gran parte del mundo. En España, la declaración del estado de alarma el 14 de marzo marcó el inicio de una nueva situación que exigiría mantener activados todos nuestros sentidos y desarrollar nuestro instinto de supervivencia en todos los ámbitos.

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) ha puesto en marcha un Comité Independiente con el objetivo de asegurar el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas publicado el pasado marzo.

Cuando las dificultades económicas de una empresa ponen en riesgo la continuidad del negocio por el nivel de endeudamiento acumulado y/o la reducción de la facturación, es preciso conocer cuanto antes las opciones legales disponibles para proteger al administrador y procurar evitar el cierre definitivo de la compañía. He aquí una guía para resolver las dudas más frecuentes:

Más de la mitad (52,3%) de los auditores especializados en la administración de procesos concursales consideran que es negativo retrasar la declaración de concurso, medida adoptada por el Gobierno para combatir la insolvencia producida por la pandemia del Covid-19.

A raíz de la crisis económica originada por la Covid-19, todos los indicadores apuntan a un incremento notable de las insolvencias sobre todo a partir de enero 2021. A buen seguro que en los próximos meses seremos conocedores, a través de los medios, de operaciones de compra de unidades productivas en concurso, facilitando de esta forma el mantenimiento del tejido industrial y, lo más importante en estos momentos, el mantenimiento del empleo.

El número de recursos de casación inadmitidos en la Sala de lo Penal el Tribunal Supremo (TS) el año pasado sumó un total de 3.825 frente a los 5.980 admitidos, lo que supone que los recursos fallidos representaron un 40% del total, según los datos de la Memoria del TS.

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) alerta de que el nuevo texto refundido de la Ley Concursal, que hoy entra en vigor, no evitará el cierre de muchas empresas tras la crisis del coronavirus. Aunque reconoce que "es un buen comienzo", subraya que la normativa aún deja varios aspectos sin regular y exigen que el texto establezca la figura del administrador concursal.

La entrada en vigor de la Ley Concursal el proximo 1 de Septiembre, trae modificaciones importantes englobadas en un nuevo avance de la normativa Texto Refundido Ley Concursal 22/2003 de 9 de Julio( Real Decreto Legislativo 1/2020,5 de Mayo).

Los expertos del mundo concursal debatirán el 30 de junio sobre la avalancha de procedimientos que supondrá la crisis del coronavirus Covid-19. En un congreso virtual, los expertos analizarán el concurso de acreedores como fórmula para salvar la actividad empresarial

La Comunidad de Madrid ha creado el Observatorio de Justicia y Competitividad, que se encargará de asesorar, elaborar informes y proponer medidas para mejorar el funcionamiento de la Justicia madrileña, incidiendo en la productividad, la competitividad y el crecimiento económico de la región.

El Código Civil de 1889 no incluyó previsión expresa sobre la posible revisión o resolución de los contrato por alteración sobrevenida de las circunstancias y no obstante la conocida doctrina canónica de la llamada "cláusula rebus sic stantibus".

El Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo de Economistas y el Registro de Auditores Judiciales (RAJ) consideran que la entrada en vigor del texto refundido de la Ley Concursal el próximo 1 de septiembre da muy poco margen para que jueces, administradores concursales y demás operadores que intervienen en los procedimientos concursales tengan tiempo de adaptarse.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la propuesta de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

Empresarios y especialistas en Derecho Concursal consideran que las medidas urgentes de reforma concursal, que aprobó ayer el Consejo de Ministros, son necesarias para ganar tiempo para que las empresas se recuperen, evitar su liquidación que y puedan sobrevivir.

El Consejo de Ministros prevé aprobar la próxima semana una reforma de la Ley Concursal. Se trata de un texto temporal, basado en las propuestas del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo de Ministros tiene aún pendiente la aprobación del texto refundido de la Ley Concursal, que para los magistrados concursales es un avance, pero que no soluciona las carencias de la actual normativa.

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un Real Decreto-Ley, al que ha tenido acceso elEconomista, en el que, entre otras medidas, se relajan las exigencias de la Ley Concursal, se amplía plazos y se prevé la creación de nuevos juzgados especializados, siguiendo la línea de las propuestas del Consejo General del Poder Judicial, para evitar la liquidación de miles de empresas insolventes en la actualidad por culpa de las medidas adoptadas para combatir el Covid-19.

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) ha propuesto una batería de medidas ante el posible colapso judicial, entre las que se ofrece para encargarse de gestionar, en su totalidad, los concursos de acreedores.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la remisión de trece propuestas al Ministerio de Justicia para que este estudie su posible inclusión en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la Administración de Justicia en relación con la gestión de la pandemia de coronavirus Covid-19 que prepara el Gobierno.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé que se van a presentar "centenares de miles de procedimientos contencioso-administrativos" contra el Gobierno y las Administraciones cuando concluya el estado de alarma.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analiza hoy un texto con 108 medidas como propuesta para el Plan de Choque que evite el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma.

El último artículo -el 43- del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (BOE 18 de marzo), de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 congela el deber del deudor que se encuentre en situación de insolvencia de solicitar la declaración de concurso mientras esté vigente el estado de alarma -como se sabe, declarado por RD 463/2020, de 14 de marzo-.

Viene a plantear numerosas dudas a los profesionales del Derecho, así como a los empresarios y empresas en concurso, sus trabajadores y acreedores, la actual y excepcional situación jurídica surgida de la declaración del Estado de Alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y las “Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos”, contempladas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha propuesto al Gobierno el aumento del plazo de tes meses desde la indicación al juez mercantil del inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, regulado en el artículo 5 bis de la Ley Concursal para hacer frente a la crisis del COVID-19