Los expertos del mundo concursal debatirán el 30 de junio sobre la avalancha de procedimientos que supondrá la crisis del coronavirus Covid-19. En un congreso virtual, los expertos analizarán el concurso de acreedores como fórmula para salvar la actividad empresarial
La Comunidad de Madrid ha creado el Observatorio de Justicia y Competitividad, que se encargará de asesorar, elaborar informes y proponer medidas para mejorar el funcionamiento de la Justicia madrileña, incidiendo en la productividad, la competitividad y el crecimiento económico de la región.
El Código Civil de 1889 no incluyó previsión expresa sobre la posible revisión o resolución de los contrato por alteración sobrevenida de las circunstancias y no obstante la conocida doctrina canónica de la llamada "cláusula rebus sic stantibus".
El Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo de Economistas y el Registro de Auditores Judiciales (RAJ) consideran que la entrada en vigor del texto refundido de la Ley Concursal el próximo 1 de septiembre da muy poco margen para que jueces, administradores concursales y demás operadores que intervienen en los procedimientos concursales tengan tiempo de adaptarse.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la propuesta de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.
Empresarios y especialistas en Derecho Concursal consideran que las medidas urgentes de reforma concursal, que aprobó ayer el Consejo de Ministros, son necesarias para ganar tiempo para que las empresas se recuperen, evitar su liquidación que y puedan sobrevivir.
El Consejo de Ministros prevé aprobar la próxima semana una reforma de la Ley Concursal. Se trata de un texto temporal, basado en las propuestas del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo de Ministros tiene aún pendiente la aprobación del texto refundido de la Ley Concursal, que para los magistrados concursales es un avance, pero que no soluciona las carencias de la actual normativa.
El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un Real Decreto-Ley, al que ha tenido acceso elEconomista, en el que, entre otras medidas, se relajan las exigencias de la Ley Concursal, se amplía plazos y se prevé la creación de nuevos juzgados especializados, siguiendo la línea de las propuestas del Consejo General del Poder Judicial, para evitar la liquidación de miles de empresas insolventes en la actualidad por culpa de las medidas adoptadas para combatir el Covid-19.
La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) ha propuesto una batería de medidas ante el posible colapso judicial, entre las que se ofrece para encargarse de gestionar, en su totalidad, los concursos de acreedores.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la remisión de trece propuestas al Ministerio de Justicia para que este estudie su posible inclusión en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la Administración de Justicia en relación con la gestión de la pandemia de coronavirus Covid-19 que prepara el Gobierno.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé que se van a presentar "centenares de miles de procedimientos contencioso-administrativos" contra el Gobierno y las Administraciones cuando concluya el estado de alarma.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analiza hoy un texto con 108 medidas como propuesta para el Plan de Choque que evite el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma.
El último artículo -el 43- del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (BOE 18 de marzo), de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 congela el deber del deudor que se encuentre en situación de insolvencia de solicitar la declaración de concurso mientras esté vigente el estado de alarma -como se sabe, declarado por RD 463/2020, de 14 de marzo-.
Viene a plantear numerosas dudas a los profesionales del Derecho, así como a los empresarios y empresas en concurso, sus trabajadores y acreedores, la actual y excepcional situación jurídica surgida de la declaración del Estado de Alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y las Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, contempladas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha propuesto al Gobierno el aumento del plazo de tes meses desde la indicación al juez mercantil del inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, regulado en el artículo 5 bis de la Ley Concursal para hacer frente a la crisis del COVID-19
