Parece que ciertas decisiones de política económica tendrían que vincularse, prioritariamente, a la creación de un fuerte desarrollo de nuestra economía. Pero esto ¿se contempla como algo fácilmente posible? He ahí un problema que genera un déficit en nuestra economía, el de la observación de ese raquítico incremento del PIB, y esperar que no contemplemos cifras negativas.
Una vez más, conviene señalar acontecimientos radicalmente ajenos a la economía que, sin embargo, la afectan profundamente. Sin salirnos de España, basta recordar el impacto que, concretamente hace un siglo, la afectó profundamente, como consecuencia de la revolución originada en Rusia y el triunfo de Lenin. A partir de 1919 y 1920, las conmociones sociales existentes concretamente en Cataluña, aunque no se generaban exactamente dentro del marco del leninismo, estaban influídas por la sensación de que el mundo obrero podía, si ocupaba revolucionariamente el poder, alterar en su favor la vida económica. En el caso de España, esto era precisamente lo que sucedió entonces en Cataluña; la violencia desatada en Barcelona afectaba automáticamente la marcha del conjunto de la economía española.
Los expertos del Consenso Económico de PwC apuestan por la implementación de menidas a favor de la jubilación activa como medida a adoptar por el Gobierno de España para mantener el sistema de pensiones del país. Esta fórmula permite a los trabajadores jubilarse y mantener la actividad laboral y los ingresos, a cambio de recibir parte de la pensión. También ven adecuada la implementació de acuerdos directos entre empresas y jubilados. Así se desprende del Consenso Económico, correspondiente al primer trimestre de 2020, que elabora la consultora PwC a partir de la opinión de un panel de más de 400 expertos, directivos y empresarios.
En 1980 el 92,8% de las mujeres en el momento de tener su primer hijo estaban ya casadas, en 2018 esa proporción había caído al 43,8%. Ahora, un buena parte de esas mujeres primerizas se casan antes de tener el segundo hijo. El tiempo transcurrido entre el primer parto y el matrimonio fue de algo más de tres años.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha abogado en Zamora por la "recuperación del equilibrio" entre todos los territorios nacionales como "misión" que debe asumir e "impulsar" el "conjunto" de las administraciones.
Al nacer, las personas aparecemos en un mundo ya estructurado, con unas fronteras más o menos precisas y una organización definida, con una distribución de los servicios generales para los ciudadanos que habitan entre ellas. Y en esta manera de entender todo lo que nos rodea tienen una papel vital las matemáticas y, en especial, el diagrama de Voronoi.
La crisis demográfica que se avecina, con un envejecimiento imparable de la población española, tendrá profundas consecuencias económicas. La primera la está sufriendo el sistema de pensiones con un aumento progresivo tanto en el número de prestaciones como en la cuantía de la misma, pero los efectos van más allá, con implicaciones en el mercado laboral, en la política monetaria, en el ahorro y en la vivienda.
La crisis de las pensiones ha llevado a algunos dirigentes políticos del actual Gobierno a afirmar con cierta solemnidad que esos problemas, de origen demográfico, se solucionan con más inmigrantes. Pero la cosa no es tan sencilla.
El fenómeno de la despoblación en España no es neutro respecto al género. El interior de la península no solo es la España vacía. Es la España vaciada de mujeres y, especialmente, vaciada de mujeres jóvenes y en edad fértil. El éxodo del medio rural a las grandes ciudades en busca de mayores oportunidades se amplifica respecto a los hombres. Dos de cada tres personas que abandonan un pueblo son mujeres.
La creación de la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico crea dudas sobre la gestión de una competencia, desarrollo rural, que hasta ahora correspondía a Agricultura. No se trata de una mera cuestión burocrática o de reparto de despachos. El desarrollo rural es uno de los pilares de la Política Agraria Común (PAC) en la que España se juega fondos comunitarios por valor de 10.000 millones.
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