El Gobierno de Portugal espera seducir a todos los que se han ido con la crisis y aún no han regresado al país, donde la tasa de natalidad vive horas bajas y cuesta mantener a la población en diez millones de habitantes, con un paquete de medidas que incluye abonar a los retornados 6.500 euros, así como ser beneficiarios de una serie de ventajas fiscales.
La España vaciada, como se ha venido a denominar a aquellas zonas rurales del país donde el éxodo de la población amenaza con traducirse en el completo abandono de estas regiones y localidades, se ha puesto en el centro del debate político, tal y como se pudo observar en las últimas elecciones generales, donde todos los partidos incluyeron en sus programas medidas para relanzar la actividad económica, y como consecuencia cortar la sangría de pérdida poblacional. La falta de relevo generacional y de sectores productivos de creación de empleo y riqueza hace que cada vez más habitantes de los pueblos abandonen la vida rural para buscar un futuro más próspero en las grandes urbes, con el efecto colateral de que estas zonas vislumbren un futuro oscuro en términos económicos y de subsistencia social.
Chile está cosechando efectos beneficiosos con la llegada de nuevos inmigrantes, asunto que repercute favorablemente en la economía local. De entrada, la población en edad de trabajar se expande, incidiendo en factores tales como el crecimiento, la productividad, el consumo, la inversión, el empleo y algunos más.
En el año 2008 vivían en España 7,5 millones de personas mayores de 65 años. Una década después, a 1 de enero de 2019 lo hacían más de nueve millones, un 21% más. El incremento de la esperanza de vida y la llegada a esta edad de las primeras cohortes del baby boom ha provocado que el aumento de la población en este tramo de edad sea 7,7 veces superior al registrado por el conjunto de la población española, que ha aumentado un 2,7%.
España, como cualquier país, está sujeto a diversos riesgos. En algunos casos, éstos están asociados al ciclo económico, en otros a factores idiosincráticos. Entre estos últimos, hay algunos que a su vez son cíclicos (las elecciones, por ejemplo) y otros que están vinculados a lo fundamental o estructurallas tendencias demográficas, el desarrollo tecnológico, la estabilidad política, etc. Cuando uno de estos riesgos, o una combinación de ellos, logra afectar toda la actividad económica, independientemente de la política económica contingente, se habla entonces de riesgo sistémico en la economía.
La gran mayoría de los países desarrollados de Occidente se encuentra en mayor o menor medida ante la encrucijada que plantea el envejecimiento demográfico y la mayor longevidad, unidos ambos fenómenos a la caída de la natalidad.
Muchos son los factores que están atacando la salud del sistema público de pensiones, si bien ninguno tiene un potencial destructor tan grande como la evolución demográfica. Y es que el progresivo envejecimiento de la población acarrea en sí mismo una tendencia perniciosa en todo el espectro para el desempeño financiero de la Seguridad Social. El principal efecto que ataca a la sostenibilidad de las cuentas del Sistema es la progresiva pérdida de población en edad de trabajar, unido a un avance del número de pensionistas dependientes económicamente del Estado, provocando un quebranto del modelo de caja de reparto y solidaridad intergeneracional instaurado en España. En este sentido, el envejecimiento de la sociedad española y de la mayoría de potencias desarrolladas supone en sí mismo una espada de Damocles para los sistemas de Seguridad Social de estas regiones.
La población residente en España aumentó en 276.186 personas durante el año 2018 y se situó en 46.934.632 habitantes a 1 de enero de 2019. Con este crecimiento, el más elevado desde 2008 (cuando la población aumentó en 570.333 personas) se supera el valor histórico más alto, alcanzado en 2012. A pesar de las cifras, la población registró un saldo vegetativo negativo de 56.262 personas, pero quedó compensado por la migración. España recibió 643.037 inmigrantes.
España registra la peor diferencia entre nacimientos y muertes desde 1941 con un saldo negativo de 56.262 personas, según las cifras provisionales recogidas por el INE. Es el cuarto año consecutivo de crecimiento vegetativo negativo, pero en 2018 se ha disparado está tendencia un 83%. El año pasado los fallecimientos superaron en 30.772 al número de alumbramientos. A pesar de que aumenta la esperanza de vida, el número de muertes alcanza el récord histórico de 426.053 y los alumbramientos registra la cifra más baja desde 1998.
Miles de manifestantes, 50.000 según la policía y 100.000 para los organizadores, se han dado cita este domingo en Madrid para exigir "igualdad, vertebración, equilibrio territorial y medidas contra la despoblación", en una concentración convocada por SoriaYa y Teruel Existe. A ellas se han unido más de 80 plataformas.
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