La población con nacionalidad española residente en España cayó 87.402 personas durante 2020, según las Cifras de Población a 1 de enero de 2021 publicadas por el INE. Desde 2002 solo se ha producido descensos entre ciudadanos nacionales. En 2012 fue de 12.098 personas. La población total no se ha reducido gracias a los flujos migratorios, que ha permitido sumar al país 61.609 ciudadanos más hasta los 47.394.223 habitantes, una cifra récord.
Las expectativas sobre la recuperación mundial en 2021 son muy optimistas y un tanto complacientes porque la magnitud del apoyo prestado por los bancos centrales y los gobiernos no se había visto nunca anteriormente. El balance de la FED creció de 5.800 millones de dólares a 7.700 millones en un año. El balance del BCE es más del 60% del PIB de la Unión Europea y los diferentes gobiernos han comprometido 16.000 millones de dólares en paquetes presupuestarios en todo el mundo, es decir, el 20% del PIB mundial. Las expectativas de crecimiento económico son altas, pero hasta ahora han tenido dificultades para materializarse plenamente porque el virus sigue afectando la economía.
Los mercados brillarán dentro de dos décadas y todo será gracias a la demografía. Así lo cree el analista de Fundstrat Tom Lee, quien en un informe lanzado a finales de la semana pasada estima que el índice S&P 500 habrá experimentado una subida de más del 350% desde sus niveles actuales en 2038, año en el que fija el pico de la Generación Millennial o Y (nacidos entre 1981 y 1996).
España experimentará en los próximos años el mayor aumento de la tasa de dependencia en Europa hasta el punto de que por cada tres personas en edad de trabajar en 2050 habrá casi dos mayores de 65 años, una situación que tendrá un impacto económico negativo y de la que alertan desde el Banco de España.
Desde la crisis financiera de 2007 a esta parte, el comportamiento de la economía en los países desarrollados ha sido cuanto menos decepcionante. El crecimiento del PIB ha sido lento, la inflación se ha mantenido estable o muy baja (en la Eurozona), los tipos de interés ha sido históricamente bajos y el crecimiento de los salarios se ha mantenido relativamente estancado. Aunque es complicado saber qué pasará en los próximos años, las apuestas están abiertas. Algunos expertos hablan de un giro importante en estas tendencias, otros hablan de la llegada de la 'era del desorden', mientras que los analistas de Oxford Economics creen que los factores que darán forma a esta década no serán tan diferentes a los de los últimos años.
El Consejo de Ministros aprobó este martes un acuerdo por el que prevé destinar 10.000 millones a un Plan de Medidas ante el Reto Demográfico que cuenta con 130 medidas repartidas en diez líneas de actuación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para hacer frente al reto demográfico y garantizar la igualdad en todo el territorio. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció que la batería de medidas se ha aprobado en la Comisión Delegada para el Reto Demográfico y ha dicho que el Gobierno se ha "comprometido" a hacer un seguimiento de las acciones para abordar la cohesión territorial.
La inflación ha comenzado 2021 sorprendiendo por la parte alta. Tras cinco meses presentando tasas negativas, el IPC se situó en el 0,9% en enero en la zona euro, un cambio de tendencia que no ha hecho más que empezar, pero que podría tener las patas muy cortas. La inflación en la Eurozona podría superar el 2% durante parte de 2021, llegando a rebasar el 3% en países como Alemania o Países Bajos. Sin embargo, este alza de los precios se debe en gran parte a factores puntuales y al efecto base (los precios se comparan con el año pasado) producto de una inflación anormalmente baja en 2020. Pese a todo, la inflación parece que terminará subiendo antes o después, por lo que el fenómeno temporal de 2021 podría ser un aperitivo de lo que vendrá más adelante.
Es probable que dos de las palabras más utilizadas en 2021 sean vacuna y recuperación. Y es que se depende de la primera para alcanzar la segunda. Con diferentes vacunas para luchar contra el coronavirus ya en proceso de distribución y aplicación en varios países, comienza a verse un atisbo de esperanza, tanto en el ámbito social como en el económico. De hecho, la Comisión Europea cree que la economía española liderará la recuperación económica de la Unión Europea este año gracias a una expansión del PIB del 5,6%.
Casi la mitad de las provincias de España han sido 'víctimas' de la despoblación y el 'desmantelamiento' económico en los últimos 70 años. La transformación de la economía nacional, desde un sistema productivo dependiente de la agricultura a otro más intensivo en industria y, ahora, totalmente dependiente del sector servicios (ya no tenemos apenas industria o agricultura sobre PIB), ha hecho mella en el poderío económico y demográfico de muchas regiones. Las provincias con ventajas competitivas para los servicios (transporte, playa, buen clima, buena posición geográfica...) han ido ganando peso frente a las que se encontraban en una situación más compleja. Ahora, esta España 'despoblada' que tiene un pasado en un común, parece presentar tres futuros diferentes: uno que crece, otro que se estanca y un último que camina hacía la cuasi desaparición.
Consecuencia directa del envejecimiento de la población que sufre nuestro país es que cada vez los jubilados españoles disfrutan durante más años de la percepción de la pensión correspondiente al retiro laboral. En este momento, España es el segundo país de todo el mundo desarrollado (OCDE) con la esperanza de vida al nacer más alta, sólo por detrás de Japón -en España es de 83 años mientras que en Japón es de 83,9 años-.
España registró 262.373 muertes durante el primer semestre del año pasado, que es la mayor mortalidad entre enero y junio desde que la serie histórica de la población comenzara en 1941 y ello fue debido a la primera ola de la pandemia del Covid-19, enfermedad causada por el último coronavirus.
Nuestro sistema público de pensiones es un sistema de reparto cuyos orígenes datan de los años sesenta donde alternábamos con una población joven, un número de nacimientos relevantes y una esperanza de vida limitada.
Tanto las tasas de natalidad como las de fecundidad llevan décadas cayendo en picado en los países desarrollados. A medida que las sociedades avanzan, las preferencias de los ciudadanos cambian y eso sin duda está llevando a que cada vez nazcan menos niños. Sin embargo, dentro de países con un nivel similar de desarrollo se pueden observar diferencias importantes que podrían estar relacionadas con la igualdad, la economía y la precariedad laboral entre los más jóvenes. Es ahí, donde los gobiernos y las políticas pueden hacer más para intentar alcanzar una tasa de fertilidad suficiente que permita mantener una población estable (sin tener en cuenta los flujos migratorios), si es que este es un objetivo alcanzar, que eso sería ya otra cuestión.
Durante años, los economistas han realizado modelos econométricos buscando descifrar cuál sería el impacto del envejecimiento de la población en el precio de los activos, tanto financieros como reales. Varios de los trabajos publicados más importantes preveían que el cambio demográfico presionaría a la baja el precio de estos activos, entre ellos la vivienda. La vasta generación del baby boom comenzaría a vender parte de sus activos para disfrutar de una jubilación plena, para mantener unos niveles de consumo similares a los que disfrutaron durante su etapa laboral. Una generación tan grande buscando vender parte de sus activos a otra generación más joven y reducida desembocaría, a la fuerza, en una caída del precio de estos activos (oferta/demanda). Pues parece que no va a ser tan sencillo.
Entre los muchos datos y análisis sociales que ha traído consigo el virus nadie (o casi nadie) ha hecho referencia a un asunto capital: la densidad demográfica de los diferentes países. Hace unos días, mi amigo y compañero Carlos Atienza me envió una reflexión en la cual entraba de lleno en ese asunto. La resumo a continuación.
Castilla y León perdió, entre los años 2008 y 2018, un total de 151.613 personas, algo más los habitantes de Salamanca, según revela el informe de 'Fiscalización de la aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes en materia de despoblación en las entidades locales' elaborado por el Consejo de Cuentas.
La Generación Z está destinada en una década a heredar las riendas de la economía global dejando aparcados a los millenials. El rápido crecimiento de su poder adquisitivo conllevará profundos cambios en el consumo. El sector del automóvil, transporte y el de comida tendrán que adaptarse a sus preferencias si no quieren verse perjudicados.
La Generación Z está destinada en una década a heredar las riendas de la economía global dejando aparcados a los millenials. El rápido crecimiento de su poder adquisitivo conllevará profundos cambios en el consumo. El sector del automóvil, transporte, y el de comida tendrá que adaptarse a sus preferencias si no quieren verse perjudicados.
En el corto plazo, la economía española va a sufrir una recesión muy dura. El PIB per cápita podría retroceder a niveles de 2015 si la economía cae finalmente más de un 10% este año, algo que parece bastante probable a día de hoy. Tras el temporal, quizá vengan dos o tres años, en el mejor de los casos, de un crecimiento por encima de la tendencia por el efecto rebote de esta recesión. Sin embargo, en el largo plazo la situación puede ser bastante compleja, protagonizada por décadas de crecimiento muy bajo o cero en el peor de los casos.
La Demografía en España es despreciada por la Academia, por los políticos y por los medios de comunicación quizá porque no anuncia nada bueno: un envejecimiento creciente fruto de una natalidad menguante (de las más bajas del mundo). También se nota ese desprecio en la pésima forma en que se publican los datos del Covid-19, tanto los del Ministerio como los resúmenes de prensa.
Los jóvenes o, mejor dicho, una parte creciente de los mismos, no están interesados en la política ni en los asuntos públicos. Ello se traduce una participación electoral menor que en otros segmentos de edad, lo que, a su vez, tiene importantes consecuencias políticas y económicas
La población mundial comenzará a reducirse a partir de la segunda mitad de este siglo, lo que unido a la caída de la fertilidad en ciertos países provocará cambios significativos en los equilibrios de poder globales. Uno de los países que más acusará esta tendencia será España, que para 2100 se situaría en 23 millones de habitantes frente a los 46 millones que registró en 2017.
La crisis económica, laboral y social que hemos comenzado a sufrir va a impactar con mucha intensidad sobre las condiciones de vida de los españoles. Una caída del PIB en 2020 de como mínimo el 9%, y de hasta el 15%, como pronostica el Banco de España, entrañará pérdidas masivas de renta, una aguda destrucción de empleo y la creación de amplias bolsas de pobreza, difíciles de combatir incluso mediante el empleo intensivo de las herramientas de un Estado del bienestar tan avanzado como el español, recién ensanchado con el ingreso mínimo vital.
En el mundo occidental discutir sobre la inmigración se ha convertido en un tema tan cargado de ideología que resulta casi imposible razonar sobre él. La inmigración en España (y en general en la UE) es un bien desde el punto de vista demográfico, dado el envejecimiento de la población.
La población en España a día 1 de enero de 2020 se situó en 47.329.981 habitantes, lo que supone un aumento de 392.921 personas respecto al año pasado, el mayor crecimiento desde el año 2008, tal y como recogen los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que atribuye a la inmigración esta subida que hace que, por primera vez a comienzos de año, las personas registradas crucen la barrera de los 47 millones.
Apenas transcurrió un mes desde que el Gobierno aprobó un nuevo crédito del Estado para la Seguridad Social, de 13.800 millones, pero ahora son necesarios otros dos del mismo tipo. En total se han liberado este año 45.000 millones en préstamos para auxiliar a esta Administración pero seguirá afrontando graves problemas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el déficit de la Seguridad Social se triplicará en 2020, hasta llegar a los 60.000 millones (o incluso más de 73.000 millones en el peor de los escenarios).
A estas alturas resulta evidente que la pandemia originada por el Covid-19 es una de las mayores crisis humanas y económicas desde la Segunda Guerra Mundial. Como tal, es lógico que atraiga todas las miradas. En los medios de comunicación, en los informes de las instituciones económicas, en los mercados todo se centra en la pandemia y sus consecuencias. Y no es para menos.
Parece que ciertas decisiones de política económica tendrían que vincularse, prioritariamente, a la creación de un fuerte desarrollo de nuestra economía. Pero esto ¿se contempla como algo fácilmente posible? He ahí un problema que genera un déficit en nuestra economía, el de la observación de ese raquítico incremento del PIB, y esperar que no contemplemos cifras negativas.
Una vez más, conviene señalar acontecimientos radicalmente ajenos a la economía que, sin embargo, la afectan profundamente. Sin salirnos de España, basta recordar el impacto que, concretamente hace un siglo, la afectó profundamente, como consecuencia de la revolución originada en Rusia y el triunfo de Lenin. A partir de 1919 y 1920, las conmociones sociales existentes concretamente en Cataluña, aunque no se generaban exactamente dentro del marco del leninismo, estaban influídas por la sensación de que el mundo obrero podía, si ocupaba revolucionariamente el poder, alterar en su favor la vida económica. En el caso de España, esto era precisamente lo que sucedió entonces en Cataluña; la violencia desatada en Barcelona afectaba automáticamente la marcha del conjunto de la economía española.
Los expertos del Consenso Económico de PwC apuestan por la implementación de menidas a favor de la jubilación activa como medida a adoptar por el Gobierno de España para mantener el sistema de pensiones del país. Esta fórmula permite a los trabajadores jubilarse y mantener la actividad laboral y los ingresos, a cambio de recibir parte de la pensión. También ven adecuada la implementació de acuerdos directos entre empresas y jubilados. Así se desprende del Consenso Económico, correspondiente al primer trimestre de 2020, que elabora la consultora PwC a partir de la opinión de un panel de más de 400 expertos, directivos y empresarios.
