La Demografía en España es despreciada por la Academia, por los políticos y por los medios de comunicación quizá porque no anuncia nada bueno: un envejecimiento creciente fruto de una natalidad menguante (de las más bajas del mundo). También se nota ese desprecio en la pésima forma en que se publican los datos del Covid-19, tanto los del Ministerio como los resúmenes de prensa.
Los jóvenes o, mejor dicho, una parte creciente de los mismos, no están interesados en la política ni en los asuntos públicos. Ello se traduce una participación electoral menor que en otros segmentos de edad, lo que, a su vez, tiene importantes consecuencias políticas y económicas
La población mundial comenzará a reducirse a partir de la segunda mitad de este siglo, lo que unido a la caída de la fertilidad en ciertos países provocará cambios significativos en los equilibrios de poder globales. Uno de los países que más acusará esta tendencia será España, que para 2100 se situaría en 23 millones de habitantes frente a los 46 millones que registró en 2017.
La crisis económica, laboral y social que hemos comenzado a sufrir va a impactar con mucha intensidad sobre las condiciones de vida de los españoles. Una caída del PIB en 2020 de como mínimo el 9%, y de hasta el 15%, como pronostica el Banco de España, entrañará pérdidas masivas de renta, una aguda destrucción de empleo y la creación de amplias bolsas de pobreza, difíciles de combatir incluso mediante el empleo intensivo de las herramientas de un Estado del bienestar tan avanzado como el español, recién ensanchado con el ingreso mínimo vital.
En el mundo occidental discutir sobre la inmigración se ha convertido en un tema tan cargado de ideología que resulta casi imposible razonar sobre él. La inmigración en España (y en general en la UE) es un bien desde el punto de vista demográfico, dado el envejecimiento de la población.
La población en España a día 1 de enero de 2020 se situó en 47.329.981 habitantes, lo que supone un aumento de 392.921 personas respecto al año pasado, el mayor crecimiento desde el año 2008, tal y como recogen los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que atribuye a la inmigración esta subida que hace que, por primera vez a comienzos de año, las personas registradas crucen la barrera de los 47 millones.
Apenas transcurrió un mes desde que el Gobierno aprobó un nuevo crédito del Estado para la Seguridad Social, de 13.800 millones, pero ahora son necesarios otros dos del mismo tipo. En total se han liberado este año 45.000 millones en préstamos para auxiliar a esta Administración pero seguirá afrontando graves problemas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el déficit de la Seguridad Social se triplicará en 2020, hasta llegar a los 60.000 millones (o incluso más de 73.000 millones en el peor de los escenarios).
A estas alturas resulta evidente que la pandemia originada por el Covid-19 es una de las mayores crisis humanas y económicas desde la Segunda Guerra Mundial. Como tal, es lógico que atraiga todas las miradas. En los medios de comunicación, en los informes de las instituciones económicas, en los mercados todo se centra en la pandemia y sus consecuencias. Y no es para menos.
Parece que ciertas decisiones de política económica tendrían que vincularse, prioritariamente, a la creación de un fuerte desarrollo de nuestra economía. Pero esto ¿se contempla como algo fácilmente posible? He ahí un problema que genera un déficit en nuestra economía, el de la observación de ese raquítico incremento del PIB, y esperar que no contemplemos cifras negativas.
Una vez más, conviene señalar acontecimientos radicalmente ajenos a la economía que, sin embargo, la afectan profundamente. Sin salirnos de España, basta recordar el impacto que, concretamente hace un siglo, la afectó profundamente, como consecuencia de la revolución originada en Rusia y el triunfo de Lenin. A partir de 1919 y 1920, las conmociones sociales existentes concretamente en Cataluña, aunque no se generaban exactamente dentro del marco del leninismo, estaban influídas por la sensación de que el mundo obrero podía, si ocupaba revolucionariamente el poder, alterar en su favor la vida económica. En el caso de España, esto era precisamente lo que sucedió entonces en Cataluña; la violencia desatada en Barcelona afectaba automáticamente la marcha del conjunto de la economía española.
Los expertos del Consenso Económico de PwC apuestan por la implementación de menidas a favor de la jubilación activa como medida a adoptar por el Gobierno de España para mantener el sistema de pensiones del país. Esta fórmula permite a los trabajadores jubilarse y mantener la actividad laboral y los ingresos, a cambio de recibir parte de la pensión. También ven adecuada la implementació de acuerdos directos entre empresas y jubilados. Así se desprende del Consenso Económico, correspondiente al primer trimestre de 2020, que elabora la consultora PwC a partir de la opinión de un panel de más de 400 expertos, directivos y empresarios.
En 1980 el 92,8% de las mujeres en el momento de tener su primer hijo estaban ya casadas, en 2018 esa proporción había caído al 43,8%. Ahora, un buena parte de esas mujeres primerizas se casan antes de tener el segundo hijo. El tiempo transcurrido entre el primer parto y el matrimonio fue de algo más de tres años.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha abogado en Zamora por la "recuperación del equilibrio" entre todos los territorios nacionales como "misión" que debe asumir e "impulsar" el "conjunto" de las administraciones.
Al nacer, las personas aparecemos en un mundo ya estructurado, con unas fronteras más o menos precisas y una organización definida, con una distribución de los servicios generales para los ciudadanos que habitan entre ellas. Y en esta manera de entender todo lo que nos rodea tienen una papel vital las matemáticas y, en especial, el diagrama de Voronoi.
La crisis demográfica que se avecina, con un envejecimiento imparable de la población española, tendrá profundas consecuencias económicas. La primera la está sufriendo el sistema de pensiones con un aumento progresivo tanto en el número de prestaciones como en la cuantía de la misma, pero los efectos van más allá, con implicaciones en el mercado laboral, en la política monetaria, en el ahorro y en la vivienda.
La crisis de las pensiones ha llevado a algunos dirigentes políticos del actual Gobierno a afirmar con cierta solemnidad que esos problemas, de origen demográfico, se solucionan con más inmigrantes. Pero la cosa no es tan sencilla.
El fenómeno de la despoblación en España no es neutro respecto al género. El interior de la península no solo es la España vacía. Es la España vaciada de mujeres y, especialmente, vaciada de mujeres jóvenes y en edad fértil. El éxodo del medio rural a las grandes ciudades en busca de mayores oportunidades se amplifica respecto a los hombres. Dos de cada tres personas que abandonan un pueblo son mujeres.
La creación de la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico crea dudas sobre la gestión de una competencia, desarrollo rural, que hasta ahora correspondía a Agricultura. No se trata de una mera cuestión burocrática o de reparto de despachos. El desarrollo rural es uno de los pilares de la Política Agraria Común (PAC) en la que España se juega fondos comunitarios por valor de 10.000 millones.
El ministro de Medio Ambiente japonés, Shinjiro Koizumi, uno de los favoritos para suceder al primer ministro Shinzo Abe, se convertirá en el primer miembro de gabinete del país en coger la baja de paternidad, una decisión que el Gobierno ha calificado de progresista.
El pasado 10 de noviembre, Teruel Existe concurría por primera vez a unas elecciones generales y, también por primera vez, una agrupación de electores obtenía un escaño en el Congreso de los Diputados. Un escaño, el de Tomás Guitarte, que realmente ha sido virtuamente del PSOE.
El número de habitantes extranjeros en España volvió a superar los cinco millones de personas a cierre de junio de 2019 por primera vez desde 2012. En concreto, ascendió a 5.023.279 impulsando la población total por encima de 47 millones de personas alcanzando máximo histórico. Sin embargo, el flujo de inmigración se reparte muy desigual por el territorio español. Cinco provincias concentran la mayor parte de la entrada de población extranjera, mientras en más de la mitad de provincias registran un saldo migratorio negativos desde 2006. La situación se agrava en la llamada España vaciada. Hasta el punto que en Ciudad Real y Jaén registran descenso en la población extranjera.
La población residente en España aumentó en 163.336 personas en la primera mitad del año y se situó en 47.100.396 habitantes a 1 de julio de 2019. según el INE. Es la primera vez que se superan los 47 millones de habitantes gracias al impulso de la población inmigrante que registró un saldo positivo de 209.097 personas. De esta manera, se compensa la merma de la población nacional que sufrió un decrecimiento vegetativo de 45.002 personas. En el primer semestre del año pasado hubo 169.216 nacimientos, frente a 214.218 defunciones.
Las Tierras Altas e Islas de Escocia ha sido objeto de atención de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) al lograr incrementar su población un 22%, pasando de 380.000 a 466.000 habitantes en los últimos 40 años.
Una de las claves que bordea la tensa coyuntura financiera de los sistemas públicos de Seguridad Social es puramente demográfica y responde al progresivo envejecimiento de la población por el aumento de la esperanza de vida en todos los países desarrollados. Así, la obligación por parte de los Estados de abonar las pagas a los pensionistas durante un mayor periodo de tiempo del que fueron concebidos en un principio supone un esfuerzo extraordinario en términos de recursos presupuestarios destinados a la protección de las clases pasivas. Y en este escenario, Francia y España soportan tensiones aún mayores que otros países del entorno comunitario. Concretamente, son los países de la zona euro que más tiempo tienen que mantener a sus jubilados y pensionistas después del retiro de la vida activa, una media de 21,3 años, según los datos proyectados en el informe Pensions at a Glance 2019, de la OCDE.
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, no descarta que al inicio del próximo año se aplique la subida del 0,25% para las pensiones ante la imposibilidad de realizar el incremento en relación al IPC real al que se comprometió el presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante la campaña electoral. En cualquier caso, la decisión no está tomada todavía y está por decidir si se suspende la subida de las pensiones del 0,25% y se suben un 0,9% en 2020, como se comprometió el Gobierno, antes de que acabe el año.
El crecimiento natural de la población española (la diferencia entre nacimientos y defunciones) fue negativo en el primer semestre del año, con un saldo de 45.404 personas menos. Esto supone que, descontando los movimientos migratorios, España perdió algo menos del 0,1% de su población en seis meses, aunque en muchas provincias el descenso en el número de habitantes es mucho más intenso.
La población en edad de trabajar envejecerá en España en los próximos 30 años, según apuntan los pronósticos, y su número decrecerá constantemente a partir de mediados de la década de 2020, lo que se traducirá en una caída de la renta per cápita de 6.500 euros hasta 2050.
Castilla y León es, tras Galicia, la Comunidad con el saldo vegetativo más negativo del país con 8.007 muertes más que nacimientos en los seis primeros meses de 2019, según los datos sobre el Movimiento Natural de la Población difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El número de nacimientos en España sigue en caída libre. Durante la primera mitad de este año hubo 170.074 alumbramientos, un 6,2% menos y la cifra más baja en un primer semestre desde que comenzó la serie histórica, en 1941. Según la última encuesta del INE, el dato, que lleva cinco años a la baja, sólo aumentó en La Rioja (5,9%). Por el contrario, los mayores descensos se dieron en Melilla (27,6%) y Ceuta (22,6%) y en el Principado de Asturias (12,0%).
