El Congreso vota este jueves el Proyecto de Ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción, una norma que transpone la directiva comunitaria de 2019 conocida como Whistleblowers. Esta nueva normativa, que se espera que entre en vigor en 2023, obligará a las compañías de más de 50 trabajadores a tener un sistema interno por el que tanto directivos como empleados puedan denunciar de forma anónima posibles infracciones o casos de corrupción dentro de la organización. La Ley española, ante el coste que esta carga pueda generar en las empresas, permite que las firmas de entre 50 y 249 trabajadores puedan compartir medios y recursos para la gestión de las informaciones que reciban, quedando siempre clara la existencia de canales propios en cada empresa.

María Dolores de Cospedal le echa arreos y abre su propio despacho. La exministra del Partido Popular ha decidido emprender e iniciar su andadura en solitario con un bufete especializado en asuntos administrativos, civiles y mercantiles. No le falta experiencia, puesto que anteriormente fue socia de la firma de abogacía CMS Albiñana y es abogada del Estado en excedencia.

Los jueces españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 21 personas en dos procedimientos por corrupción. De las 21 personas que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos, tres eran personas jurídicas.

Era solo cuestión de días. Después de varias jornadas pidiendo su dimisión, PSC, ERC y la CUP suspenden a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. La Mesa de la institución aprobó la inhabilitación de la dirigente independentista con los votos a favor del triunvirato y solo la oposición de su formación (Junts). Sucede después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidiese enviarla a juicio por, presuntamente, fraccionar contratos en favor de un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Desde hace un tiempo, con el término “corrupción” ya no designamos tanto lo que degrada o estropea los objetos que se corrompen por el paso del tiempo, la humedad, etc., sino la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones públicas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores y sus amigos o familiares.

Los jueces españoles han concluido en el primer trimestre de 2022 un total de nueve procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 45 personas (una de ellas, persona jurídica), que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

Los gobiernos europeos deberían aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en torno a los grupos de presión (lobbies) para garantizar que los ciudadanos sepan qué actores tratan de influir en las decisiones políticas, de modo que se pueda reducir el riesgo de prácticas corruptas, afirma el organismo anticorrupción del Consejo de Europa (Greco), en su informe anual, publicado hoy.

"El impuesto más caro para los españoles es la corrupción", dijo el presidente Pedro Sánchez hace unos días en una entrevista en Antena 3. "Hay una palabra que desgraciadamente va asociada al PP de forma reiterada que es corrupción", había dicho anteriormente el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, en un acto público. Con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina y al calor de los escándalos por comisiones en Madrid, no cabe hablar de declaraciones aisladas, sino que forma parte de una estrategia que marcará la agenda política de las próximas semanas. Una agenda que está plagada de citas con casos heredados de la anterior administración socialista.

La Audiencia nacional ha condenado al empresario leonés José Luis Ulibarri a 18 meses de cárcel por los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública dentro de una de las cusas de Gürtel.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, en su informe sobre la situación de la lucha contra la corrupción en España, da un fuerte 'tirón de orejas' al Gobierno español al considerar que las medidas adoptadas en los últimos tiempos se centran en los funcionarios públicos en general, pero denuncia que "no hay ninguna indicación sobre cómo esas medidas abarcarían específicamente las esferas de riesgo de conflicto de intereses y corrupción con respecto a las personas con funciones ejecutivas superiores".

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, en su informe sobre la situación de la lucha contra la corrupción en España, ha suspendido al Gobierno español en su informe de evaluación sobre las medidas de prevención de la corrupción y sobre la integridad en la Policía y la Guardia Civil, por lo que lamenta la inexistencia de una estrategia de prevención de la corrupción dedicada y proactiva (y no meramente reactiva) en la Policía y en la Guardia Civil, para lo que exige una acción decidida.

El 67,69 % de las sentencias por corrupción de 2021 fueron condenatorias. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado. Los Juzgados y Tribunales dictaron un total de 65 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción.

La Audiencia de Valladolid ha acordado finalmente suspender de forma definitiva el juicio por el denominado caso de 'La Perla Negra' y ordenar su devolución al juzgado de instrucción con el fin de garantizar que todas las partes personadas en el proceso han recibido la totalidad de la causa para evitar así incurrir en una posible nulidad por vulneración del derecho de defensa.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y la corrupción. Se trata de una norma que transpone la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Seguramente Pablo Casado, a nivel personal, se merece esa salida honrosa que le han facilitado los barones. Nadie duda de su talante y bonhomía. Pero en política los errores se pagan y Pablo Casado ha cometido tres errores básicos.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta en su día por el denominado 'caso PGOU' al jefe del Área de Urbanismo, Modesto Mezquita, y al arquitecto municipal, Luis Álvarez Aller, a los que impone además el pago de las costas ocasionadas por su recurso.

Los dos últimos años han sido claves para el avance de la inversión responsable. Por un lado, la Comisión Europea puso a rodar su Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, con el objetivo de canalizar los flujos hacia las actividades verdes. Por otro, el Covid-19 situó en el foco las necesidades sociales. Consulte más artículos sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y un día de cárcel y a seis años y un día de inhabilitación absoluta al ex presidente de Invercaria Tomás P.S. como autor de un delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos en relación con el préstamo participativo de 300.000 euros otorgado en el año 2008 a la empresa Fumapa, dedicada a la manufactura de piezas metálicas y cuyo principal cliente era la empresa automovilística Santana Motor. Tomás P.S. ya había sido condenado anteriormente por otras ayudas irregulares y por subirse el sueldo ilegalmente.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra 35 personas -entre ellas tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía- y dos entidades -Permar 21 S.L. y Cureña S.L.- en la pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por las presuntas sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media del mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta, que se cifran en el auto en la cantidad de 66.033.237,30 euros.

Cuando yo empezaba en esta profesión de contar cosas, en los albores de la Transición, había un grupo de veteranos periodistas a los que se conocía como los “sobrecogedores” porque, se decía, que en las convocatorias de presentación de resultados de las entidades financieras y grandes empresas recibían oculto dentro de la documentación general un sobre con dinero para que fueran favorables en sus informaciones y comentarios de opinión. Pues bien, esta práctica ya afortunadamente desterrada se ha trasladado ahora a la política impulsada y potenciada por el sanchismo gobernante para comprar voluntades y la paz social, como en el caso de los sindicatos, favores y sumisiones como ocurre con los asesores, y la permanencia en La Moncloa como hemos visto sucede con los independentistas y los herederos de los terroristas en los Presupuestos del Estado que, otro año más, son el ejemplo más inmoral de oportunismo político y de la discriminación entre las comunidades autónomas y los ciudadanos.

La Fiscalía suiza investiga el presunto uso de la infanta Elena de una sociedad offshore ubicada en Panamá para recibir dinero de la fortuna oculta del rey Juan Carlos I. Según publica OkDiario, la hija del emérito aparece como beneficiaria de la Fundación Zagatka, con la que su padre alimentaba las sociedades offshore Lactuva y Endaxi. En la fundación también aparece la reina Sofía y los hijos y nietos de los reyes eméritos.

La Generalitat Valenciana ha recuperado 13,5 millones de euros de fondos o elementos patrimoniales que habían sido sustraídos de las arcas públicas en casos de corrupción de la época en que gobernó el PP, según ha anunciado el presidente valenciano, Ximo Puig, durante la sesión de control parlamentario.

La Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo desde el día 14 de marzo de 2022 a los 12 encausados por el denominado caso de 'La Perla Negra', en un proceso que se prolongará durante veintitrés días, hasta el 29 de abril del próximo año.

La Comisión Europea vigila ya que ningún corrupto pueda gestionar los fondos de recuperación de la Unión Europea (UE). Los funcionarios de Bruselas intensifican la vigilancia del proceso de ejecución de las ayudas en España. Según ha podido saber elEconomista, una de sus principales misiones será el control de las personas que integren las oficinas que gestionarán el dinero. Los altos cargos europeos quieren evitar que ninguna persona salpicada por corrupción acceda a este trabajo.

El canciller austriaco, Sebastian Kurz, ha anunciado su dimisión como jefe del Gobierno en medio de la crisis provocada por las acusaciones de corrupción, aunque mantendrá sus aspiraciones políticas, según informa Europa Press. Los Verdes, socios de coalición de Kurz, habían exigido su dimisión para seguir en el Gobierno.

La secretaria del Grupo Socialista en las Cortes y portavoz del PSOE en la Comisión de investigación los parques eólicos, edificio de Arroyo y polígono de Portillo, Patricia Gómez, ha afirmó hoy tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral, que su partido tenía razón "cuando ya hace seis años denunció la mayor trama de corrupción que ha habido en esta Comunidad".

El éxito de magos y trileros se basa en desviar la atención. Que la gente mire hacia un sitio diferente y no hacia donde se está realizando el truco. Una vez desviada la atención, todo es posible.

Cuando las tropas norteamericanas acaban de abandonar Afganistán y con la toma del control del país por parte de los Talibanes, la inquietud por parte de la comunidad internacional no hace más que incrementarse.

La construcción de nación ha fracasado manifiestamente en Afganistán. Daron Acemoglu del MIT ha dilucidado una importante razón para ello: Occidente adoptó un enfoque de arriba hacia abajo para establecer instituciones estatales, a pesar de que Afganistán es una “sociedad profundamente heterogénea organizada en torno a las costumbres y normas locales”. No obstante, los factores económicos también desempeñaron un papel fundamental.

Los fondos Next Generation EU suponen un cambio sensible: para financiarlos, la Unión Europea ha emitido deuda ¡por primera vez!