En España, de media, deben de hacer cada año la declaración de la renta ante la Agencia Tributaria cerca de 21 millones de contribuyentes. Ahora bien, los datos del CIS sobre la percepción de los ciudadanos a cerca del fraude fiscal arroja que casi un 5% de quienes están obligados a hacerla no ha cumplido en el presente ejercicio, cuando había que declarar los ingresos del pasado 2020. Es decir, en torno a 1 millón de ciudadanos que están sujetos por su nivel de ingresos a esta declaración no la realizaron en el presente ejercicio.

El plan de Pedro Sánchez, de aquí a 2050, contempla elevar el gasto en pensiones hasta 189.449 millones de euros -68.423 millones más de los 121.068 millones actuales-. Pese al incremento de 6,1 puntos de PIB, Sánchez contempla hacerlo justo con la mitad de contribuyentes. Al menos así se recoge en la Estrategia España 2050, anunciada por el presidente del Gobierno.

La dureza de la crisis económica provocada por la pandemia ha puesto a prueba la fortaleza de la Seguridad Social española para proteger a empresas, trabajadores y colectivos más vulnerables. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoce que ha tenido que redoblar esfuerzos para poder coser el escudo social, lo que ha provocado asumir niveles de déficit inéditos, de más de 50.000 millones de euros el pasado año. Asegura que es un factor coyuntural y que el sistema de pensiones estará equilibrado antes de acabarse la legislatura. Además, confía en iniciar la aprobación parlamentaria de la reforma este mismo verano, un elemento crucial para recibir los fondos de reconstrucción europeos.

La sorpresa económica de la semana, al menos en lo que llevamos de ella, ha sido la publicación por parte de Banco de España de la ratio de deuda pública. Esta ratio sitúa el peso relativo de lo que debemos sobre la suma de los beneficios económicos y los salarios incluidas las cotizaciones sociales, el conocido PIB, en un 125,3 %, de acuerdo con las cifras avanzadas por el Banco de España.

El 7 de abril comenzó la campaña de la Renta 2020, que nuevamente estará influida por la pandemia de coronavirus y la crisis económica y social que ha comportado. Todos los contribuyentes tienen de plazo hasta el 30 de junio para presentar la declaración correspondiente a 2020, pero ahora es el momento de empezar a recabar ya la documentación necesaria para estar preparados, ya que la campaña de este año presenta importantes cambios.

El pasado 12 de marzo conocimos el contenido del paquete de ayudas directas de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Al margen del debate sobre si las ayudas son suficientes, si llegan a tiempo o si engloban a todos los afectados, conviene destacar las prestaciones que percibirán aquellos contribuyentes que tributen en módulos: un máximo de 3.000 euros, mientras que el resto de contribuyentes afectados podrán percibir cuantías entre 4.000 y 200.000 euros.

El principio de contributividad de la Seguridad Social podría estar en entredicho según las cifras que arroja el último informe de la Fundación Civismo sobre La reforma silenciosa de las pensiones. El efecto sobre la equidad, donde se pone de manifiesto que los trabajadores con rentas más altas cotizan a la Seguridad Social, de media, durante su vida laboral un 36% más de la pensión que reciben una vez abandonan el mercado laboral.

La pasada semana se publicaba en el BOE una orden del Ministerio de Hacienda por la que se modifica otra de 1994, de hace 26 años, y con la que se desarrolla la estructura territorial de la Agencia Tributaria. En ella se contempla la creación de las ADIs, acrónimo por el que se denominan las Administraciones de Asistencia Digital Integral.

El Ministerio de Hacienda ha aprobado una orden ministerial, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que el final de plazo para la presentación de las autoliquidaciones con ingreso por domiciliación, inicialmente previsto para mañana, se ampliará excepcionalmente hasta las 15:00 horas del lunes 18 para aquellos contribuyentes que se estén viendo afectados por las condiciones climatológicas de los últimos días.

El proyecto de ley contra el fraude fiscal del Gobierno planteará, a partir de 2021 preocupantes obstáculos para la transmisión de la propiedad de inmuebles o de negocios con la fórmula de la herencia en vida.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuperó 392,000 millones de pesos de la evasión y elusión fiscal en los primeros 10 meses del año.

El 70% de contribuyentes con problemas de pago de impuestos regularizó su situación, señaló la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Con el registro como facturadores electrónicos de los últimos obligados del calendario establecido por la DIAN a la Resolución 000042, de 5 de mayo, el proceso de masificación de la factura electrónica en Colombia va llegando a su fin.

Durante el calendario de vencimientos para la presentación de la declaración de Renta y Complementarios año gravable 2019, un total de 3.570.018 personas naturales cumplieron con esta obligación, aumentando en 11.1% el número de contribuyentes frente a las 3.211.960 personas naturales que lo hicieron durante el periodo de vencimientos el año anterior, lo que equivale a 358.058 nuevos contribuyentes.

La Sunat logró, como resultado de una serie de acciones preventivas antes que sancionadoras, que el 70% de las personas y contribuyentes a los que se les detectó alguna omisión, modifiquen su comportamiento y regularicen voluntariamente su situación tributaria.

La recaudación a grandes contribuyentes ascendió a 193,306 millones de pesos entre enero y septiembre, esto es un incremento de 172% en relación al mismo periodo del año pasado.

La letra pequeña del plan del Gobierno contra el fraude fiscal contiene una subida tributaria de facto en todos los gravámenes que afectan a la transmisión de inmuebles. No se trata de un alza de tipos impositivos, una acción fuera del alcance del Estado en unos impuestos transferidos a las autonomías.

El Instituto de Actuarios Españoles (IAE) alerta en un informe publicado este martes de que los jubilados cobran de media un 51% más de lo que deberían percibir del sistema contributivo. Así, los actuarios advierten de que el actual sistema de cálculo de las pensiones contributivas de jubilación "presenta inequidades, lleva a arbitrajes y arriesga su viabilidad futura".

La recaudación en efectivo a grandes contribuyentes se ubicó en 64,252 millones de pesos, un aumento del 207.9% en el primer semestre con relación al mismo periodo del año pasado.

Desde mañana un total de 284,983 contribuyentes podrán solicitan a la Sunat el fraccionamiento y/o aplazamiento de su deuda tributaria, según la normativa aprobada el fin de semana por el ente recaudador.