El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha entregado hoy los premios Una Constitución para todos de los años 2019, 2020 y 2021. La entrega de las dos últimas ediciones no pudo celebrarse debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Durante su intervención, el secretario de Estado ha destacado el papel de la escuela en la construcción de una ciudadanía plena y la relevancia, en esta tarea, de actividades como este concurso.
Como es conocido, el 6 de diciembre de 1978 los españoles aprobamos, por una mayoría aplastante, la Constitución actualmente vigente y, como ha escrito Raúl del Pozo:
De verdad que me gustaría creer a Pedro Sánchez cuando dice que la Constitución es la hoja de ruta del Gobierno pero si algo ha demostrado y demuestra cada día el Presidente es que ni tiene palabra, ni es de fiar. También dijo que no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno y se acuesta con ellos o que jamás pactaría con Bildu y hoy es socio preferente en esa coalición Frankestein que le sustenta. Los mismos socios que mientras Sánchez hacía profesión de fe constitucional en Murcia, aireaban un documento en el que afirmaban que esa misma Constitución está agotada y deslegitimada y pedían su derogación o su reforma para introducir, entre otros desvaríos, el derecho a la autodeterminación.
El presidente del Gobierno habló el lunes en una entrevista con Cadena Ser de uno de los asuntos que levantan más ampollas entre los españoles: la inviolabilidad del rey. En este punto, Pedro Sánchez se mostró partidario de suprimir el tercer apartado del artículo 56 de la Constitución: "Lo he dicho, creo que no es necesario que se reconozca esa condición, que es producto de otra época; una etapa legítima, pero no una etapa de una democracia consolidada con más de 40 años de historia", explica el socialista.
Esta semana el Gobierno hacía público su acuerdo con la formación con la que comparte el ejecutivo acerca de la nueva Ley de Vivienda, y el revuelo formado por la noticia y el ruido provocado por los diferentes partidos no hace más que aumentar, provocando una alarma que puede llevar a la desinformación generalizada de la población.
Recientemente estamos intentando dibujar la España de 2050, vamos dando saltos de 20 en 20, hace dos años hablábamos de los objetivos de España 2030 dentro del Marco de los 17 ODS que fijaba en la ONU, parece que el 2030 está muy cerca y tenemos que hacer una previsiones al año 2050. En materia de vivienda el documento 20/ 2050 hace especial énfasis en reducir la proporción de población que sufre un sobreesfuerzo por el pago de la vivienda e incidir especialmente en la gente que vive en alquiler que sufre una sobrecarga más elevada, en ciudades como Madrid y Barcelona el tanto por ciento destinado al alquiler de una vivienda está en torno al 40% de la renta mensual de un ciudadano, si nos vamos a la compra la media nacional de esfuerzo para adquirir una vivienda está en torno al 30% nos encontramos ciudades como Madrid con un 34,35% y ciudades como Ibiza donde el esfuerzo para adquirir una vivienda es del 41% de la renta mensual media que gana un ciudadano español. Curiosamente es más alto el esfuerzo para pagar el alquiler que para pagar la cuota hipotecaria.
Ningún demócrata negará la necesidad de controles, se trate de la separación de poderes, de los tribunales constitucionales, defensores del pueblo, tribunales de cuentas, administraciones imparciales, órganos consultivos o cualquier otra institución diseñada para controlar los excesos del poder. Lo malo es que el Ejecutivo tiende a someterlos, y lo mismo se puede decir de los medios de comunicación.
Las sociedades limitadas que se creen con un capital inferior a 3.000 euros deberán destinar obligatoriamente a reserva legal al menos el 20% del beneficio hasta que la suma de esta partida con el capital social alcance el importe legal de los 3.000 euros, según establece el Anteproyecto de Ley de creación y Crecimiento de empresas, que actualmente elabora el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que permitirá la creación de empresas con un capital social de un solo euro.
Renovar el CGPJ con negociaciones. Así las llaman. Así se llaman. Eso son. Los políticos harán pedazos las togas y se repartirán sus retales porque son, claramente, su botín. Y negociados los nombres de los integrantes del CGPJ, vendrá el apretón de manos con la sonrisa delatora de que los negociadores han conseguido un buen reparto político aunque deje en cueros a la Justicia.
Anticipábamos hace un par de semanas que las altas ventas que estaban alcanzándose en el comercio, la vuelta de los servicios y la baja base de comparación influirían en la expansión del Índice mensual de actividad económica (Imacec) del mes de mayo y así fue.
El asunto de los indultos está produciendo una notable polarización en una opinión pública ya muy polarizada en torno a otros temas. La polarización oculta una realidad bastante más compleja y dificulta la argumentación racional en el espacio público, lo que debe ser subrayado y lamentado.
Referéndum, autodeterminación, amnistía, independencia, lo volveremos a hacer. Ya tiene Pedro Sánchez la respuesta de los golpistas indultados y de sus socios separatistas catalanes a esa medida de gracia que pretende explicar bajo el eufemismo de la utilidad pública pero que, como decía también el que fuera diputado socialista y primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, sólo son útiles para quienes salen de la cárcel y para Pedro Sánchez que se garantiza seguir en La Moncloa. Y es que, lo vistan como lo vistan, Pedro Sánchez y Oriol Junqueras se necesitan mutuamente. El uno para garantizarse la permanencia en el Gobierno al menos hasta el final de la legislatura, y el otro porque sólo con un gobierno débil y un presidente megalómano, narcisista y carente de sentido del Estado puede cumplir sus aspiraciones independentistas.
Culminado el indulto por el gobierno de España a los líderes del golpe de Estado separatista del otoño 2017, cavilemos sobre cuáles pueden ser sus efectos.
La Constitución no castiga ni perdona; regula las normas y principios por los que se rige España como un Estado de derecho y democrático, y nadie puede actuar al margen de los límites constitucionales.
"Jamás había pasado que en el preámbulo de una ley se criticara al partido de la oposición. Es una falta de respeto al jefe del Estado que se le pase a la firma al Rey la ratificación de una reforma legislativa que se está utilizando para atacar a la oposición. Es insólito lo de este Gobierno, cruza todas las líneas rojas", lamentaba este viernes el líder del PP, Pablo Casado, tras consultar la edición del BOE, que publicaba la supresión de la forma agravada de coacciones por los piquetes en el transcurso de las huelgas.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dará cuenta el próximo jueves día 22 al Pleno del órgano de gobierno de los jueces del informe que, a solicitud suya, ha elaborado el Gabinete Técnico del órgano constitucional sobre el alcance de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.
Un proyecto de reforma constitucional revelado en exclusiva por W Radio y que plantea extender en Colombia dos años el actual mandato del presidente Iván Duque y unificar períodos de mandatarios locales, así como de magistrados y directivos de entes de control, ha encendido una de las más agudas controversias políticas de los últimos años en este país sudamericano.
Un proyecto de reforma constitucional revelado en exclusiva por W Radio y que plantea extender en Colombia dos años el actual mandato del presidente Iván Duque y unificar períodos de mandatarios locales, así como de magistrados y directivos de entes de control, ha encendido una de las más agudas controversias políticas de los últimos años en este país sudamericano.
Tal día como hoy, 23 de febrero, hace 40 años que quien esto escribe, en los albores de su carrera profesional, seguía atentamente, apoyado en la barandilla de la tribuna de prensa del Congreso de los Diputados, la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. El presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, había llamado al diputado Manuel Núñez Encabo, cuando un ruido de golpes interrumpió la votación mientras algunos ujieres intentaron, sin éxito, cerrar las puertas del hemiciclo.
En las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017 la participación fue del 81,9% del censo. Los votos constitucionalistas fueron 2.228.421 y los votos separatistas fueron 2.079.340.
El vicepresidente Pablo Iglesias se ha convertido en el principal hándicap del Gobierno de Pedro Sánchez. Como dice mi amigo Javier Ayuso, es el auténtico caballo de Troya del ejecutivo. No lo disimula, lo ha dicho siempre que ha tenido ocasión. Su objetivo es entrar en las instituciones para destruirlas desde dentro. No cree en el sistema constitucional que los españoles nos dimos con la aprobación de la Constitución de 1978, quiere cambiarlo y establecer una república popular.
Después de no haber tenido contacto desde el asalto al Capitolio del pasado miércoles, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, y su vicepresidente, Mike Pence, se reunieron a última hora del lunes en el Despacho Oval, según informaron fuentes de la Administración a los medios.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un paso más el lunes en su objetivo para someter al presidente saliente del país, Donald Trump, a un segundo juicio político por segunda vez desde que éste ocupase la Casa Blanca.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envió a última hora del domingo una carta a los congresistas de su partido donde detalló el plan de acción a seguir en los próximos días contra el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump. Pelosi confirmó que se avanzará con el proceso para destituir al mandatario pero antes se tratará de obligar a su gabinete y al vicepresidente, Mike Pence, a invocar la 25ª Enmienda.
El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene intención alguna de abandonar el cargo o aceptar responsabilidad sobre el asalto al Capitolio de la semana pasada. Tampoco considera que su gabinete y el vicepresidente, Mike Pence, activarán la 25ª Enmienda, que daría luz verde a un proceso de su destitución.
Muchos se han sumado al coro de voces que abogan por la activación de la 25ª Enmienda de la Constitución para destituir a Trump. De lo contrario, un nuevo juicio político se cierne sobre el mandatario.
No era una ficción. Las imágenes que transmitían las televisiones de todo el mundo en la tarde noche del día de Reyes no retrocedían a las del 11 de septiembre de 20 años antes, cuando el atentado contra las Torres Gemelas. Algo que parecía impensable e imposible, pero estaba ocurriendo. En la primera potencia y la primera democracia del mundo un grupo de fanáticos y radicales exaltados estaban asaltando el Capitolio respondiendo a la arenga de un todavía presidente que ni aceptaba su derrota electoral y que carente de cualquier ideología se ha convertido en el paradigma de ese populismo que es hoy el COVID que invade y amenaza a todas las democracias de Occidente.
Muchos se han sumado al coro de voces que abogan por la activación de la 25ª Enmienda de la Constitución para destituir a Trump. De lo contrario, un nuevo juicio político se cierne sobre el mandatario.