El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido hoy el nombramiento de su antecesora, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado. "Es una profesional impecable", ha manifestado el ministro a su llegada a la entrega de premios de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur), su primer acto oficial como ministro.
El Ejecutivo de una Comunidad Autónoma no puede interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas en su Parlamento al no reconocerlo así la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, según establece el Tribunal Constitucional en una sentencia de 18 de diciembre de 2019.
El 2 de septiembre de 2011 el Congreso de los Diputados aprobó, con 316 votos a favor y 5 en contra, una importante reforma de la actual Constitución Española: el cambio en el texto del artículo 135 del Título VII, relativo a Economía y Hacienda. José Luis Rodríguez Zapatero, al frente del Gobierno, promovió el cambio. La propuesta fue aprobada con los votos del PSOE y del PP. En total 316 síes. Muy por encima de los tres quintos necesarios (212 votos a favor) para la sacar adelante la modificación constitucional. Se ausentaron de la Cámara la mayoría de los que ahora facilitarán un Gobierno PSOE-UP: Izquierda Unida (hoy en UP), ERC, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), también con Podemos en la actualidad.
El Rey ha destacado este lunes el compromiso de las Fuerzas Armadas con España y la Constitución, acompañado por sus valores de "profesionalidad, sentido del deber y del honor" que demuestran con su "constante y generosa entrega al servicio del pueblo español".
El Senado votará que la eventual convención constituyente que pueda resultar del plebiscito constitucional del 26 de abril, en el que se decidirá si se redacta una nueva Constitución y cómo se hace, tenga paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios antes del 20 de enero.
Decepcionante, neutro, inocuo. Estos son algunos de los calificativos que una mayoría de ciudadanos de a pié y un número no pequeño de comentaristas , esperando quizas una contudencia mayor, han dedicado al discurso de Navidad del Rey Felipe VI.
(Reuters) - El presidente chileno Sebastián Piñera promulgó el lunes la ley que convoca a un plebiscito en abril de 2020 para consultar sobre una nueva Constitución, un proceso que según él debería servir para dejar atrás la violencia y las divisiones tras dos meses de masivas movilizaciones sociales.
Un paso histórico dio el Congreso chileno al aprobar una reforma que permitirá iniciar el proceso para cambiar la constitución de la dictadura de Augusto Pinochet, aunque rechazó el pedido opositor sobre cuotas de participación para mujeres, indígenas e independientes.
Hoy se cumplen 60 días, dos meses, del estallido social que remeció a Chile y que ha sido la convulsión social desde su retorno a la democracia y el escenario es complejo: las marchas han ido perdiendo fuerza, pero el descontento se mantiene y existe la percepción en parte de la sociedad de que las medidas anunciadas son "insuficientes" y que todo sigue igual a pesar de los anuncios y cambios de las autoridades.
Para Sánchez y sus palmeros, la vida política y social de España se reduce a una dicotomía: izquierda y derecha, negando cualquier complejidad. No es preciso insistir en que tal visión es absolutamente falsa y siempre lo ha sido, pues el entramado social es siempre complejo e intrincado. Hoy, España afronta como principal problema político y social el de los nacionalismos periféricos, que niegan la Constitución, es decir, la columna vertebral del Estado democrático, abriendo así un tajo peligrosísimo en la convivencia que no se puede salvar mediante palabras mágicas como diálogo o negociación. Diálogo y negociación, entre el Estado y estas Comunidades Autónomas especiales, que siempre han concluido con menos competencias para el Estado y más ocupación ideológica de servicios como la Educación- por parte de los supremacistas.
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