El Grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comù Podem-En Marea ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con la que quiere asegurar que la escuela concertada informa a las familias de que las cuotas son voluntarias.
La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza (Aesece) ha denunciado este viernes la "infrafinanciación" de la escuela concertada, que le obliga "a buscar, dentro de la legalidad, los medios para compensarla".
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que las familias gastarán una media de 1.890 euros por hijo durante el próximo curso escolar. Los alumnos que acudan a un centro público afrontarán un gasto anual de 968 euros, por los 2.704 euros de quienes estudien en uno concertado y los 6.247 euros de quienes acudan a uno privado.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, aseguró este lunes que la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloi), es "absolutamente garantista" en la enseñanza del castellano y advirtió a los centros que segregan a alumnos que tendrán que dejar de hacerlo porque "cuando se reciben fondos públicos hay que respetar la ley".
Vox presentó este jueves ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Lomloe o 'ley Celaá' de educación, en el que pide su anulación al entender que ha sido tramitada sin las garantías necesarias y contiene aspectos que discriminan el castellano, la educación especial, la concertada y la enseñanza de la religión.
La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha defendido este miércoles la escuela concertada como "uno de los puntos" para condicionar una investidura de un hipotético Govern liderado por Junts o ERC.
Sin libertad ni igualdad. Así ha sido la aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados del proyecto de la reforma educativa, la Lomloe, para que pase a tramitarse en el Senado, antes de su aprobación definitiva. La norma, la más polémica hasta el momento -ha tenido el apoyo de 177 votos-, y que cuenta con el no rotundo de la mayoría de la comunidad educativa y de la oposición, elimina el castellano como lengua vehicular, limita la educación concertada y la libertad de elección de centro por parte de los padres, devalúa la asignatura de Religión y permite la promoción de curso con suspensos.
Representantes de la educación privada han asegurado que el anuncio de que el Gobierno no eliminará la exención del IVA al sector, como figura en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, les "permite respirar aliviados" aunque han precisado que tienen que "seguir manteniendo la tensión y la atención por lo que pueda ocurrir en el futuro".
La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos educativos de la concertada, se ha concentrado este jueves frente al Congreso de los Diputados para mostrar su rechazo a la LOMLOE, la reforma de la ley educativa conocida como 'ley Celaá'.
La entrevista con Isabel Celaá (Bilbao 1949) concertada en marzo, se tuvo que aplazar por la pandemia y se celebra, al final, robándole una hora al único descanso familiar -de apenas unos días- que va a tener este verano y haciendo malabares, en su agenda de vértigo, hiper saturada y casi imposible para el común de los mortales, con el comienzo de curso. "Voy a salir fuera de Madrid pero estaré a poca distancia para regresar al despacho rápidamente si se me necesita", dice.
Cumpliendo la tradición de prácticamente todos los gobiernos que se han sucedido desde el inicio de la Transición, el Gabinete socialpopulista de Pedro Sánchez ya tiene su ley de Educación, y van siete. Todas ellas partidistas y sectarias, en una materia que debería ser de pacto de Estado obligatorio, pero que ni los gobiernos del PSOE y del PP quisieron abordar. Quizás por eso este proyecto de la ministra Celaá sigue siendo solo una ley de parte y cuya vida se anticipa similar a la de sus antecesoras, es decir, la misma que le quede al Gobierno que la alumbra.
La Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (CEAAAEC) ha criticado que la ministra de Educación, Isabel Celáa, se ha reunido con los representantes de la enseñanza pública "olvidando a la enseñanza católica, la enseñanza concertada y la privada".
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha convocado a una decena de organizaciones vinculadas a la escuela pública a una reunión este lunes en la sede del PSOE de Ferraz. Un encuentro donde informará sobre sus planes al frente del Ministerio, que desde hace más de un año prepara una reforma educativa para derogar la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobada en 2013 por el Partido Popular.
La patronal de colegios concertados Escuelas Católicas ha transmitido su enhorabuena a Isabel Celaá por mantener su cargo como ministra de Educación y Formación Profesional, y pide que reconozca "el valor de la enseñanza concertada y su aportación a un sistema que se sustenta en la complementariedad de redes".
FSIE, organización sindical mayoritaria en el sector de la enseñanza concertada, ha registrado en el Ministerio de Educación un escrito dirigido a la Ministra manifestando nuestra preocupación por algunas de las medidas pactadas por los socios del Gobierno en materia de educación.
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) "celebra" las medidas educativas acordadas por PSOE y Unidas Podemos, y pide al nuevo Gobierno de coalición "una apuesta firme y real en defensa de la escuela pública", así como que ponga "coto a los desmanes y abusos de los centros privados sostenidos con fondos públicos hasta su paulatina desaparición".
La FAPA Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) registran en la Asamblea de Madrid un informe que demuestra que la totalidad de los colegios concertados analizados cobran cuotas a las familias, siendo obligatorias en un 90% de los casos, en contra de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que establece que ha de garantizarse la gratuidad de las enseñanzas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos.
La FAPA Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) han registrado este lunes en la Asamblea de Madrid un informe donde denuncian "que la totalidad de los colegios concertados analizados cobran cuotas a las familias, siendo obligatorias en un 90% de los casos, en contra de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación", que establece que ha de garantizarse la gratuidad de las enseñanzas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos.