Una huelga organizada por sindicatos de pilotos constituye, en principio, una circunstancia extraordinaria que puede eximir a la compañía aérea de su obligación de pagar compensaciones por cancelación o gran retraso de los vuelos afectados, según recomienda el Abogado General Priit Pikamäea a la Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sus conclusiones de 16 de marzo de 2021.
Iberdrola encara los trámites para cerrar la operación de compra de PNM Resources por cerca de 8.500 millones de dólares. La compañía estadounidense ha convocado su Junta extraordinaria para el próximo 12 de febrero con la intención de dar el pistoletazo de salida a una adquisición que comenzó a negociarse en febrero de 2019, que se rompió hasta en dos ocasiones y que esperan cerrar a finales de 2021.
La llegada del coronavirus provocó, entre otras muchas iniciativas legislativas, la puesta a disposición de la sanidad privada para atender la pandemia, la suspensión de toda actividad no urgente (o no relacionada con el Covid) y la declaración de servicio esencial, con la consecuente imposibilidad de ajustar la plantilla a la demanda. Tras el paso de la primera ola, pocas comunidades, solo cuatro (Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y Andalucía), han llegado a un acuerdo con las empresas sanitarias, circunstancia que se sigue arrastrando desde entonces. La situación ha mejorado en esta segunda ola, donde ha habido acuerdos de funcionamiento.
El simple hecho de que un vuelo sea desviado a un aeropuerto de sustitución situado a poca distancia del aeropuerto para el que se efectuó la reserva no da derecho a obtener una compensación a tanto alzado, según establece en sus conclusiones el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Priit Pikamäe.
El Gobierno ha abierto la puerta a compensar a las concesionarias de autopistas de peaje, autovías de primera generación y áreas de servicio por la caída del tráfico durante el estado de alarma. Con ello, trata de frenar la oleada de reclamaciones que las empresas preparan para exigir el reequilibrio económico.
La sanidad privada española ha dado muestras sobradas de su capacidad para estar a la altura de una pandemia histórica. Sus clínicas y hospitales trataron a casi un 20% de los pacientes a los que se diagnosticó el Covid-19 en nuestro país.
Cuando los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto sean proporcionados por el trabajador, este y el empleador podrán acordar la compensación de gastos adicionales derivados del uso de tales medios o mecanismos.
