¿Pueden tener responsabilidad penal las empresas? La exigencia de responsabilidad a las personas jurídicas es una materia que ha dejado de ser novedosa tanto en los países de nuestro entorno como en el propio ordenamiento jurídico español.
El compliance no es una panacea para las empresas, porque entre otras cosas el Código Penal "mantiene la pena de muerte, que ha desaparecido para las personas físicas, no para las empresas. No se pueden relajar los planes de gestión preventiva de los delitos, porque incluso grandes empresas pueden desaparecer, porque la Ley está para cumplirla y ante un tribunal debe ser capaces de demostrar ante peritos independientes el grado de previsibilidad en materia de gestión preventiva que tenían sus planes antes de la comisión del delito que ha provocado el procedimiento. Las cosas siempre hay que hacerlas bien"
Las indemnizaciones por responsabilidad civil pagadas por las aseguradoras de los causantes de los daños físicos o psíquicos en cumplimiento de un acuerdo de mediación quedarán exentas de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), según se establece en el texto del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros y pendiente de su remisión al Congreso de los Diputados para su tramitación legislativa.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado remitir a los Juzgados ordinarios para que se investiguen la omisión de medidas de seguridad para sanitarios o policías, la contratación de material fallido y las muertes de ancianos en las residencias 20 querellas y 30 denuncias presentadas en los últimos meses contra el Gobierno por su gestión durante la crisis de la COVID, al considerar que no está debidamente justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Ejecutivo.
El Tribunal Supremo considera que, en general, es razonable un módulo de compensación de un día de prisión por cada seis meses de retención del pasaporte o de prohibición de salida de España adoptado mediante medidas cautelares, según establece, en sentencia de 16 de noviembre de 2020.
El Ministerio de Justicia ha resuelto 1.240 expedientes de indulto entre enero y junio de este año. En total, se han recibido 1.499 solicitudes (32% del volumen total de la documentación recibida); 1.350 expedientes de los tribunales (28%); y 1.877 documentos diversos relacionados con los expedientes en tramitación (40%).
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este viernes que el "calendario normativo establece" la reforma de los delitos de sedición y rebelión "antes de final de año", y ha reconocido que esa adecuación del tipo afectaría al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont si fuese finalmente juzgado.
El 75% de las empresas españolas con más de 200 trabajadores ya cuenta con sistema de Compliance o tiene previsto implantarlo en los próximos cinco años.
El Ministerio de Justicia acaba de iniciar la tramitación de la Reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal (LECrim) que traspasará la instrucción de los procedimientos de los jueces a los fiscales.
Que Sánchez es un gran estratega, ya no lo duda nadie. No hay más que ver cómo pasó de recorrer España en su Peugeot para ganarse el favor de las bases a una moción de censura que dejó K.O. a Rajoy. Después de tontear durante varias semanas con Inés Arrimadas, ahora se dispone a sacar adelante los Presupuestos con el apoyo de sus socios tradicionales, Unidas Podemos, ERC y PNV, a los que sumará pequeñas formaciones como los canarios, los regionalistas cántabros o incluso Bildu y el PDEcat.
Casado, García Egea y compañía podrán tomarlo como una bravuconada o una bufonada más del vicepresidente segundo del Gobierno. Pero Pablo Iglesias no amenaza en vano. Y cuando esta semana afirmó en sede parlamentaria que el PP no volverá a formar parte del Consejo de Ministros, puede que al final no lo consiga, pero estaba desvelando sus verdaderas intenciones y para lo que está trabajando desde el Ejecutivo y en la calle.
La conservación de las imágenes de una trifulca mantenida entre dos trabajadores en su centro de trabajo -en este caso un hospital público-, es una medida necesaria para garantizar la tutela judicial efectiva del denunciante, que debe prevalecer sobre el derecho a la protección de datos de la otra parte, según establece la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en una sentencia de 23 de julio de 2020.
La Fundación Empresa Seguridad y Sociedad (Esys) cuyos patronos son Endesa, Telefónica y Prosegur, pide establecer penas de cárcel de tres a cinco años, similares a las existentes en Alemania, Italia y Francia, para atajar el robo de electricidad, un delito con un impacto económico que en España ronda los 150 millones de euros anuales.
La utilización no autorizada del distintivo oficial de haber superado favorablemente la periódica Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es constitutiva del delito de uso de certificación falsa, según establece el Tribunal Supremo. en una sentencia de 26 de junio de 2020.
Han pasado casi 10 años desde que se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las empresas y, actualmente, la mayor parte de las compañías españolas cuentan con medidas de prevención penal (bajo diferentes denominaciones; programas de compliance penal, sistemas de prevención de delitos, etc.). Como es sabido, este tipo de medidas deben ser diseñadas e implementadas de acuerdo con dos premisas fundamentales; el tipo de compañía (tamaño, recursos orgánicos, sector, etc.) y los riesgos a los que está expuesta la misma desde un prisma penal.
La legislación española permite que la empresa del cónyuge de un alto cargo de la Administración pueda convertirse en proveedor del organismo dirigido por su pareja, siempre que no intervenga en el expediente y en la concesión.
El avance del brote de coronavirus ("Covid-19") y su impacto en las relaciones comerciales y en el desarrollo de la actividad empresarial mundial es una realidad que está generando una serie de interrogantes legales sobre qué consecuencias puede tener en las relaciones contractuales vigentes.
La Generalitat valenciana ha iniciado conversaciones con los colegios de abogados de la comunidad autónoma para crear una sección especializada en la defensa de las víctimas de violencia de género en el Turno de Oficio, cuyos integrantes no puedan defender a los acusados de este delito como abogados.
Comete delito de descubrimiento y revelación de secretos, regulado en el artículo 197.7 del Código Penal (CP), quien difunde imágenes que afectan gravemente a la intimidad de una persona, aunque la propia víctima se las haya entregado, según establece el Tribunal Supremo en sentencia de 24 de febrero de 2020.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha vuelto a defender este miércoles reformar el Código Penal como "gesto" hacia los presos del 'procés' para mostrar que el Gobierno está "dispuesto a cambiar las cosas a mejor".
Las empresas españolas aún presentan algunas carencias en la incorporación y desarrollo de sistemas de compliance en sus respectivos sectores de actividad. En un momento en el que es imprescindible contar con un sistema de gestión de cumplimiento penal con independencia del tamaño o de la actividad de una compañía, gran parte de los empresarios reconocen no contar con un modelo integrado conforme a la normativa española y demás estándares internacionales de referencia.
Las investigaciones internas que realiza la empresa cuando sospecha que un empleado o directivo le está robando deben respetar los derechos fundamentales del sospechoso si quiere que las pruebas obtenidas y las conclusiones se admitan en un juicio posterior.
El Tribunal Supremo avala el uso de denuncias anónimas para poner en conocimiento de los responsables de la empresa de la existencia de prácticas delictivas y que se inicie una investigación interna, sin que sea necesario identificar al autor.
La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha reconocido este lunes que aún no ha visto borrador alguno de la reforma del Código Penal, un proyecto en el que está trabajando el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo y que incorporará como delito, ha anunciado, la exaltación del franquismo.
El Tribunal Supremo rechaza la agravación de la pena por multirreincidencia en los delitos leves de estafa al considerar que no está regulada de forma expresa y clara, como sí figura en los hurtos y que, en su defecto, no se puede permitir "una interpretación extensiva en contra del reo, un doble salto penológico desde el delito leve a la modalidad agravada".
La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido este miércoles en que la ley de libertades sexuales en la que trabaja su departamento estará en cuestión "de semanas" y que la reforma del Código Penal que afecta a este tipo de delitos se tramitará de forma independiente a la modificación relativa al delito de sedición que también ha anunciado el Ejecutivo.
La polémica no es gratuita ni inmotivada. Al contrario: tiene todo el fundamento y la gravedad. El señor Ábalos, ministro del Gobierno de España, en el aeropuerto de Madrid con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana.
El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, se muestra alarmado en elEconomista ante el afán del Gobierno de suavizar la definición de los delitos de sedición y rebelión. Hay razones de peso para ello. Toda modificación de este tipo en el Código Penal obligaría, de forma automática, a emprender una operación tan delicada como revisar las condenas de Oriol Junqueras y de los demás condenados por el 1-O, aunque se derivan de sentencias firmes.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apostado hoy por una reforma del Código Penal, que modifique los tipos de los delitos de rebelión y sedición. "Son figuras más propias de ataques a la soberanía en el siglo XIX cuando se pensaba en ataques con tanques en la calle", manifestó.
La reforma del Código Penal que planteará el Gobierno para adaptar la tipificación de los delitos de rebelión o sedición a la realidad actual tras los hechos ocurridos y juzgados en Cataluña no es una de las condiciones que ERC puso sobre la mesa durante las negociaciones para sacar adelante el pacto de investidura que mantuviera a Pedro Sánchez en Moncloa.
