Iveco Valladolid ha sido galardonado con el premio Lean & Green, iniciativa impulsada desde la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), gracias a su Plan de Acción para reducir las emisiones de CO2 y minimizar el impacto de los procesos logísticos en la emisión de gases de efecto invernadero.
Una encuesta global realizada a agricultores en Estados Unidos, Francia, China, Brasil, India y África para Syngenta descubrió que el 72% está preocupado por el impacto que el cambio climático tendrá en los rendimientos de los cultivos, ganadería, seguridad alimentaria y su capacidad para ser rentables en los próximos cinco años.
Alrededor de un tercio de los gases refrigerantes empleados anualmente en la UE se importan ilegalmente, sobre todo desde China, según los datos de la patronal europea del sector. Estos gases tienen un efecto invernadero muy potente y las importaciones ilegales equivalen a unos 34 millones de toneladas de CO2, lo mismo que emiten al año 25 millones de coches nuevos.
El parque automovilístico europeo es más contaminante. La industria del motor sigue sin volver a la senda de 2010 a 2016 en la que se redujeron las emisiones medias de los vehículos y ha aumentando su nivel de contaminación por tercer año consecutivo pese a los anuncios de planes de descarbonización. La razón hay que buscarla en las preferencias de los consumidores por la creciente proporción del segmento de los vehículos deportivos utilitarios (SUV), el aumento de peso de los mismos y la escasa penetración en el mercado de los coches eléctricos en 2019, según los datos que acaba de hacer públicos la Agencia Europea del Medioambiente.
Las próximas subastas de renovables incluirán penalizaciones variables para los adjudicatarios que no suministren la energía verde a la que se han comprometido y serán muy flexibles: para cada una se decidirán sus elementos y criterios, como la potencia, la energía y las horas de entrega, las tecnologías participantes, la ubicación de los proyectos... Se cobrará el precio ofertado, al que se podrán añadir incentivos por producir en horas caras, y habrá precios mínimos para evitar bajas temerarias.
Los riesgos de mañana son los desafíos de hoy. En las últimas décadas, hemos presenciado un aumento sin precedentes de las emisiones de CO2 en la historia de la humanidad procedentes del sector energético. Las consecuencias de estas emisiones, que ya se están sintiendo, se van a acelerar. Si no actuamos, en unas décadas, Yakarta, Londres y Nueva York serán ciudades medio inundadas. Un cambio en las políticas públicas y en las inversiones es esencial, pero insuficiente por sí solo. La incorporación del sector privado, junto con los responsables de la toma de decisiones públicas, es un paso vital, y es importante asignar correctamente la inversión, así como garantizar los niveles necesarios de inversión.
La crisis sin precedentes que estamos viviendo nos ofrece muchas lecciones. De forma colectiva, hemos aceptado paralizar la economía, renunciar a nuestra libertad de movimiento, reducir (de buena o mala gana) nuestro consumo... Los Estados, las empresas y las personas han demostrado que cuando la vida de varios miles de personas está en juego, estamos dispuestos a hacer enormes sacrificios.
Las petroleras europeas, agrupadas en la asociación FuelsEurope, han presentado hoy su Hoja de Ruta para que el transporte sea neutro en emisiones de carbono en 2050, gracias a los combustibles líquidos. A más corto plazo, apuestan por invertir de 30.000 a 40.000 millones de euros antes de 2035, al objeto de evitar anualmente las mismas emisiones de CO2 que 50 millones de vehículos eléctricos.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha anunciado hoy que el Estatuto de los consumidores electrointensivos se aprobará "en las próximas semanas". El Consejo de Ministros de la semana que viene aprobará un fondo de garantía de 600 millones, ligado a dicho Estatuto, que gestionará Cesce.
Los Gobiernos deben cuidarse de no sacrificar los esfuerzos de descarbonización mundial en el altar de la prosperidad económica. Pero, al mismo tiempo, no deben desacelerar el crecimiento para lograr un mundo más limpio. Es mejor encontrar una manera de hacer ambas cosas. La crisis del Covid-19 ha puesto en primer plano dos temas que prevalecen en las actuales actitudes económicas hacia el calentamiento global.
El futuro sistema energético español limpio, sin emisiones de carbono, será más barato combinando gas y electricidad de orígenes renovables que usando sólo electricidad verde. Atendiendo a los parámetros empleados en los estudios internacionales, el ahorro de la primera opción frente a la segunda oscilará ente los 3.000 y los 7.000 millones de euros anuales en 2050, según pone de relieve un reciente informe de la Fundación Naturgy.
Naturgy inicia una nueva etapa con su nueva estructura de dirección y acaba de anunciar su nuevo plan ambiental en el que muestra la profunda apuesta que la compañía quiere hacer con las renovables en los próximos años de la mano de Jorge Barredo. La compañía que preside Francisco Reynés se propone reducir sus emisiones para el año 2022 en, al menos, un 21% respecto a las cifras registradas en 2017 y para ello incrementará en un 25% el peso de las renovables en su mix energético.
Ha llegado a las Cortes el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, un quinquenio después de que la anunciara Mariano Rajoy, cuyo Gobierno ya trabajó en un primer borrador que muy poco se parece al actual. Uno de las polémicas de última hora -más allá de la bronca con petroleras y fabricantes de automóviles por la prohibición de vender vehículos que emitan CO2- ha estado en las subastas para desarrollar plantas de renovables.
El agregador financiero BBVA One View incorpora esta funcionalidad con la que las empresas, a través del análisis de datos, pueden conocer la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten a la atmósfera con su actividad diaria.
Los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos que se vendan en España deberán ser de emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro no más tarde de 2040, según el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que aprobará previsiblemente mañana el Consejo de Ministros.
El Gobierno rebaja su ambición en materia de renovables al eliminar del Proyecto de Ley de cambio climático la obligación de subastar anualmente un mínimo de 3.000 MW verdes. El Proyecto, que se remitirá mañana al Congreso de los Diputados para su tramitación, también prohíbe a eléctricas y gasistas que financien sus negocios liberalizados con los ingresos que obtienen de las actividades reguladas.
Repsol ha analizado 28 iniciativas y asociaciones sectoriales en las que participa para comprobar hasta qué punto están alineadas con su compromiso con la descarbonización y abandonar aquellas que no tengan posiciones claramente favorables a solucionar el calentamiento global. Ha encontrado que dos entidades, la patronal petrolera norteamericana y una asociación canadiense de recursos no convencionales, sólo están "parcialmente alineadas" y establecerá un "diálogo abierto y constructivo" con ellas para favorecer su implicación.
Las emisiones de CO2 del sector eléctrico se han reducido a la mitad en España desde que en 2005 se puso en marcha el Mercado Europeo de Derechos de Emisión (ETS por sus siglas en inglés), por el cambio tecnológico que han impulsado las renovables, el mayor peso del gas y el aumento de la eficiencia. Gracias a esta buena evolución, la intensidad de carbono de la economía, la cantidad de CO2 que precisa emitir el país para generar riqueza, se ha reducido un 41%.
Antonio Brufau, presidente de Repsol, ha reclamado al Gobierno apoyo para la industria y "una recuperación rápida, priorizando objetivos a corto plazo" -como un Plan Renove para los vehículos "convencionales, híbridos" que se fabrican en España- para no dañar la base exportadora y conseguir una rápida recuperación de la economía. Tanto él como el consejero delegado, Josu Jon Imaz, han ratificado la apuesta de la compañía por la descarbonización y éste último, además, ha reivindicado los productos plásticos -"no queremos guantes de papel ni mascarillas de cartón"- y el refuerzo de la economía circular para evitar su impacto ambiental. La Junta ha aprobado la entrega de un dividendo de un euro por acción este 2020.
El Gobierno revisará la normativa para que las infraestructuras de transporte -desde carreteras hasta puertos- tengan en cuenta los impactos y los costes que pueden sufrir durante toda su vida útil por culpa del calentamiento global, de acuerdo con una metodología aún por definir. La medida se incluye entre las 81 líneas de actuación del borrador del segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), publicado hoy.
La crisis económica derivada de pandemia está provocando la mayor caída del CO2 desde que se tienen registros, según ha anunciado hoy la Agencia Internacional de la Energía (AIE): las emisiones bajarán al menos un 8% en 2020, por la menor demanda de energía, que se reducirá un 6%, y el menor peso del carbón, el gas y el petróleo; las renovables son las únicas tecnologías que seguirán creciendo.
La crisis económica derivada de la pandemia está provocando la mayor caída del CO2 desde que se tienen registros, según ha anunciado hoy la Agencia Internacional de la Energía (AIE): las emisiones bajarán al menos un 8% en 2020, por la menor demanda de energía, que se reducirá un 6%, y el menor peso del carbón, el gas y el petróleo; las renovables son las únicas tecnologías que seguirán creciendo.
Hasta la fecha, los grandes países han anunciado paquetes de estímulo para sus economías por un importe agregado de 5,97 billones de euros. De esta estratosférica cantidad, únicamente un 11%, unos 775.000 millones, beneficia a sectores económicos que provocan un impacto ambiental relevante, como el transporte o la energía, de un modo positivo o negativo para la sostenibilidad. España está aplicando un sistema equilibrado, con políticas verdes y marrones.
Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) ha conseguido neutralizar sus emisiones directas de CO2 en 2019, cinco años de lo previsto, gracias a la mayor eficiencia energética, el consumo de electricidad renovable y la compensación de las emisiones restantes con la cancelación de los derechos de emisión ligados a un parque eólico de México.
Cada dólar que se invierta en energías renovables producirá entre tres y ocho dólares, según el análisis que ha presentado hoy de la Agencia Internacional de la Energía Renovable (Irena), que eleva a 130 billones el volumen de inversión necesario a escala global para conseguir la descarbonización total de la economía en 2050, un 37% más de la inversión ya comprometida.
Bruselas va a retrasar la mayoría de las medidas del Pacto Verde Europeo, que aspira a canalizar un billón de euros hasta 2030 para actividades ecológicas, a pesar de que tanto ella como los Gobiernos anuncian que el crecimiento verde será clave para la recuperación económica tras la crisis del Covid-19.
The Guardian (Reino Unido)
Pensando en el escenario post-Covid-19, el Gobierno quiere resucitar los Pactos de la Moncloa y el sur de la UE reclama al norte la mutualización de la deuda con el lanzamiento de coronabonos, en ambos casos sin mucho éxito. En la UE todos están de acuerdo en que la recuperación de la economía tras la pandemia debe impulsar la lucha contra el calentamiento global -los líderes reclamaron en su última reunión "una inversión sin precedentes" en transición verde-, pero se antoja difícil, si no hay acuerdo a corto plazo. De momento, España ha adelantado la tramitación del Plan del clima, vinculado a 241.000 millones de inversión, y Bruselas ha lanzado una consulta pública para incrementar los objetivos climáticos de la UE para 2030. ¿Será suficiente? ¿Qué se necesita?
Las cuatro grandes asociaciones europeas del motor piden a la Comisión Europea "algún ajuste" a la entrada en vigor de la normativa comunitaria en materia de seguridad vial, cambio climático y protección del medio ambiente -sujetas a sanciones por incumplimiento-, por el cierre de las fábricas que ha provocado la crisis del coronavirus.
La Cartera dirigida por Teresa Ribera prepara un Real Decreto para duplicar el peso de los biocarburantes en el transporte, desde el 7% alcanzado el año pasado hasta el 14% en 2030. El decreto parte de la transposición de normativa europea y se ha lanzado una consulta pública sobre su contenido, con el plazo de respuesta suspendido durante el estado de alerta; pregunta desde el establecimiento de hitos anuales hasta cuotas mínimas por tipo de combustible.
