La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado prorrogar a partir del 1 de enero el plan de especialización en materia de cláusulas abusivas, en unos casos por seis meses y en otros por un año, en 24 órganos judiciales y ha decidido su finalización en otros 20 de ellos.
La ley hipotecaria que modifica las condiciones de los contratos de préstamos a inmuebles busca acabar con la asimetría entre banca y cliente a la hora de cerrar un crédito a la vivienda y exige que las entidades tenga un plus de responsabilidad en su comportamiento hacia el prestatario. La normativa aborda una reducción de las comisiones que desembolsa el prestatario por la amortización anticipada, los intereses de demora, el cambio del contrato de variable a fijo o de moneda extranjera a moneda nacional, además de reducir los gastos hipotecarios para los clientes. El Congreso ha aprobado hoy la norma.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha prorrogado el plan de especialización de los juzgados en cláusulas suelo. La Comisión Permanente del Poder Judicial aprobó ayer la renovación del plan de especialización que afecta a 55 juzgados de primera instancia de toda España para que conozcan de forma exclusiva -y según los casos también excluyente- de los asuntos que se refieren a cláusulas abusivas.
El Pleno del Congreso debate este martes una proposición de ley, impulsada por Esquerra Republicana, que establece un nuevo sistema de reclamación de cláusulas suelo, por el cual se dan tres meses a los bancos para devolver el importe indebidamente cobrado por cláusulas suelo y, si no lo aceptan, deberán asumir los costes de una reclamación ante el Registro de la Propiedad o al arbitraje de consumo.
El texto que conforma la ley hipotecaria ha pasado hoy el penúltimo trámite. La comisión de Economía y Empresa del Congreso aprobó por 29 votos a favor, 7 en contra y una abstención el informe de la ley, que a partir de hoy se remitirá al pleno de la Cámara para su tramitación. Así, si se cumplen las fechas, los diputados votarán la nueva ley el próximo 20 de diciembre, con la intención de que llegue al Senado en el mes de febrero. El objetivo es dar luz verde a la nueva normativa antes de que finalice el primer trimestre del año. Esto son los puntos clave:
La nueva Ley Hipotecaria que hará pagar a la banca todos los gastos derivados de un crédito hipotecario, menos la tasación, y que rebaja a la mitad las comisiones de amortización por reembolso, podría entrar en vigor en marzo, una vez que sea aprobada definitivamente por el Pleno del Senado.
El banco de inversión Goldman Sachs indica que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará sobre el índice IRPH vinculado a las hipotecas españolas próximamente. Este índice fue utilizado por las entidades financieras sustituyendo al Euríbor y, según cálculos del banco estadounidense, afectan a más 370.000 hipotecados por un valor de 29.000 millones. La estimación es que tenga un impacto de entre 7.000 millones y 44.000 millones en el sector. La entidad más afectada sería CaixaBank si hay un pronunciamiento en contra de la banca, mientras Santander y Bankinter apenas tienen exposición a este problema.
Es una evidencia la necesidad de contar con una nueva ley hipotecaria en España. El último episodio lo hemos vivido este mismo viernes, cuando los afectados por las cláusulas suelo han ganado la primera batalla. Causa pena ver a los tribunales españoles colapsados por múltiples demandas, no solo por el caso comentado. Tenemos, además de las cláusulas suelo, embargos, gastos y penalizaciones muy gravosos, productos complejos y falta de información. Demandas que exceden el ámbito doméstico llegando hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE; que suele fallar a favor de los consumidores. El TJUE debe pronunciarse sobre la utilización del Índice de Referencia para Préstamos Hipotecarios, un tema importante.
La Audiencia Provincial de Madrid ha fallado a favor de la asociación de consumidores Adicae en el marco de su macrodemanda por cláusulas suelo contra unas 40 entidades, a las que obliga a devolver "todas las sumas percibidas" de forma indebida desde el comienzo de la contratación.
Un mismo juzgado, un mismo día y dos sentencias distintas. El Juzgado de Primera Instancia número 18 bis de Málaga, uno de los conocidos como tribunales especializados en cláusulas suelo, ha fallado dos decisiones distintas sobre un mismo asunto en un solo día. El tribunal ha condenado al Banco Santander a devolver con retroactividad el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a un cliente (junto al resto de los gastos de la hipoteca) y sin embargo a absuelto, en otro caso completamente distinto, a Wizink Bank de la devolución de este impuesto a otro cliente.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha dado la razón a los clientes en la demanda colectiva presentada por la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) contra Abanca en la que reclamaba la devolución del dinero cobrado de más a los clientes con préstamos hipotecarios con cláusulas suelo suscritos con anterioridad a mayo de 2013.
La ya famosa sentencia del supremo sobre quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es el último de los hechos que pone de manifiesto la necesidad existente de dotarnos en este país de una ley hipotecaria, la actual como estamos viendo es un traje hecho girones. Un necesidad que viene además marcada por la aprobación en la UE de la directriz 2014/17 de protección a los consumidores en los contratos inmobiliarios.
La reacción del Gobierno a la decisión del Supremo no ha tardado ni 24 horas y esta misma mañana el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado que cambiará la ley para que sea la banca quien pague a partir de ahora el impuesto de las hipotecas, pese al fallo de ayer del Tribunal, que determinó que era el cliente quien debía asumir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Con todo, los despachos de abogados no cierran la puerta a que los usuarios de un contrato hipotecario puedan reclamar el impuesto. De hecho, la falta de quórum de la totalidad del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del órgano judicial se ve como una vía de enganche en la que amparar las demandas. Los bufetes especializados en este tipo de reclamaciones aseguran que, tras el nuevo giro del Supremo que marca que el cliente debe seguir pagando la tasa hipotecaria, quedan abiertas dos vías, la civil y la de Europa.
Tras dos días de deliberaciones, el Tribunal Supremo ha echado un jarro de agua fría sobre más de un millón de clientes bancarios con hipotecas, después de rectificar el criterio de la sección II que abría la puerta a que los bancos debían asumir el impuesto de Actos Jurídicos y Documentados (AJD). La esperanza para los hipotecados es que el asunto escale hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como sucedió con las cláusulas suelo.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lamentado la resolución definitiva que ha tomado este martes el Tribunal Supremo, que ha decidido con 15 votos frente a 13 que los clientes paguen el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), y la ha calificado de "bochornosa" por perjudicar a más de 12 millones de familias en España.
La nueva deliberación del Tribunal Supremo que se espera para hoy sobre el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de una hipoteca no cambia los planes de algunos de los principales bufetes de abogados del país que ven abierta una vía para reclamar la devolución de la tasa, independientemente de lo que diga el Pleno del alto tribunal.
Mientras que los banqueros europeos se disponen a observar hoy cómo impactan en bolsa los resultados de los test de estrés, los españoles tienen más cuentas pendientes. Además de la celebración o castigo a sus números en la prueba -en términos generales el desempeño se ha valorado positivamente, incidiendo como nota positiva en la resistencia a la crisis y rentabilidad, pero también destacando su falta de liderazgo en capital-, la decisión del Tribunal Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) añade presión extra a las entidades nacionales.
Durante la conference call de BBVA con analistas internacionales ha salido a relucir el impuesto de las hipotecas, que está pendiente que el Tribunal Supremo resuelva quién pagará el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) el próximo 5 de noviembre. El actual consejero delegado del banco, Carlos Torres, ha explicado la actual situación y ha descartado que haya retroactividad.
La banca augura una larga batalla judicial por el caso del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de las hipotecas, sea cual sea la decisión que adopte el próximo día 5 de noviembre el Tribunal Supremo. Las entidades están analizando con sus servicios jurídicos las implicaciones legales de un cambio de la doctrina de este gravamen en el supuesto de que sea la banca el sujeto pasivo, con el fin de defender sus intereses y sus argumentos. Pero también con el objetivo de evitar realizar sustanciales provisiones de manera inmediata. La materialización de dotaciones importantes, dada la magnitud de los créditos de este tipo tanto a familias como a empresas, llevaría a buena parte del sector a pérdidas.
El Supremo se pronunciará dentro de 10 días sobre quién pagará el Impuesto de Actos Jurídicos (el cliente o los bancos) y es previsible, según la instrucción que esta materia ya acumula, que las entidades asuman la carga en las nuevas hipotecas.
Los letrados de la Administración de Justicia alertan de graves deficiencias en los juzgados especializados en cláusulas suelo. "Estos juzgados no están dotados de los medios necesarios para desarrollar las funciones que son de su competencia, desde su precipitada creación, y más cuando ya se conoce sobradamente la carga de trabajo que soportan", subraya, en este sentido, Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ).
El anuncio de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sobre la posible imposición de sanciones a la banca para que no recurra a los tribunales con la intención de alargar los procedimientos sobre 'cláusulas suelo' y bloquear los juzgados especializados, tal y como está ocurriendo en la actualidad' podría sonar atentado contra el derecho de defensa, uno de los considerados fundamentales en la Constitución Española.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado que han "dado el paso" para solventar el colapso de los juzgados de cláusulas suelo con medidas como imponer intereses sancionadores a los bancos que acudan a la vía judicial con el fin de dilatar las devoluciones a los clientes. La amenaza se produce en un momento delicado para el sector por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas.
El impuesto sobre la firma de hipotecas es el último de los frentes que quedaban abiertos tras años de judicialización de todas las cuestiones referidas a la comercialización de productos financieros por parte de la banca española. Aunque en todos los casos se apostó por soluciones judiciales con aplicación universal dando la razón a los clientes minoristas frente a las entidades financieras, esta última cuestión ha generado un revuelo incluso mayor que la sentencia sobre las cláusulas suelo porque supone contradecir la doctrina del mismo Tribunal expuesta el pasado mes de marzo con la decisión sobre el pago de los gastos de constitución de una hipoteca (donde, por cierto, más del 70% del gasto es precisamente el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, AJD).
La Audiencia Provincial de Zaragoza ha decidido elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la validez de los acuerdos de novación, que se firmaron con motivo de las hipotecas con cláusula suelo para rebajar las condiciones y por los que el consumidor renunciaba a demandar al banco. La decisión ha sido tomada a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo en la que cambia de rumbo y considera este tipo de acuerdo válido, a diferencia de las más de 400 resoluciones dictadas por esta audiencia en Zaragoza en la que se consideraban no válidos. La Audiencia Provincial de Zaragoza se ha convertido en la primera de toda España en acudir al TJUE para esclarecer estas novaciones.
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), María Eugènia Gay, solicitó ayer a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que se otorgue una remuneración "digna" a los abogados del Turno de Oficio, acorde con el valor y la calidad del servicio que presta la Abogacía.
La banca ya ha asumido un coste de unos 13.000 millones por los casos judiciales a los que se ha tenido que enfrentar en los últimos años como consecuencia de malas prácticas y, algunos casos, cambios de criterios e interpretación de la legislación. El calvario para el sector en los tribunales aún no ha terminado y se expone a tener que devolver a clientes e inversores una cantidad que puede ser superior a la factura abonada hasta ahora por, entre otras cuestiones, el índice IRPH o los gastos hipotecarios.
El Tribunal Supremo ha modificado su jurisprudencia anterior y en una nueva sentencia conocida este jueves ha determinado que son las entidades bancarias las que deben abonar el impuesto de las hipotecas (impuesto de Actos Jurídicos Documentados) Pero, ¿quién puede reclamar?, ¿cuáles son los importes?... Conozca todos los pasos a seguir.
En menos de tres años, el Tribunal Supremo ha ido y viniendo en su criterio en distintas sentencias sobre las cláusulas abusivas. La derivada de a quién le corresponde pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) parecía cerrada con dos sentencias a finales de febrero en las que se afirmaba que le correspondía asumir el pago al cliente, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha entrado de lleno en el reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) para cambiar la ley y no se vuelva a reinterpretar la norma.
"Nada es más parecido a la injusticia que la justicia tardía". Esta famosa cita de Séneca es la que mejor resume, muy a pesar de la abogacía, la situación de colapso en la que se encuentran los juzgados especializados en materia hipotecaria.