La ya famosa sentencia del supremo sobre quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es el último de los hechos que pone de manifiesto la necesidad existente de dotarnos en este país de una ley hipotecaria, la actual como estamos viendo es un traje hecho girones. Un necesidad que viene además marcada por la aprobación en la UE de la directriz 2014/17 de protección a los consumidores en los contratos inmobiliarios.
La reacción del Gobierno a la decisión del Supremo no ha tardado ni 24 horas y esta misma mañana el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado que cambiará la ley para que sea la banca quien pague a partir de ahora el impuesto de las hipotecas, pese al fallo de ayer del Tribunal, que determinó que era el cliente quien debía asumir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Con todo, los despachos de abogados no cierran la puerta a que los usuarios de un contrato hipotecario puedan reclamar el impuesto. De hecho, la falta de quórum de la totalidad del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del órgano judicial se ve como una vía de enganche en la que amparar las demandas. Los bufetes especializados en este tipo de reclamaciones aseguran que, tras el nuevo giro del Supremo que marca que el cliente debe seguir pagando la tasa hipotecaria, quedan abiertas dos vías, la civil y la de Europa.
Tras dos días de deliberaciones, el Tribunal Supremo ha echado un jarro de agua fría sobre más de un millón de clientes bancarios con hipotecas, después de rectificar el criterio de la sección II que abría la puerta a que los bancos debían asumir el impuesto de Actos Jurídicos y Documentados (AJD). La esperanza para los hipotecados es que el asunto escale hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como sucedió con las cláusulas suelo.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lamentado la resolución definitiva que ha tomado este martes el Tribunal Supremo, que ha decidido con 15 votos frente a 13 que los clientes paguen el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), y la ha calificado de "bochornosa" por perjudicar a más de 12 millones de familias en España.
La nueva deliberación del Tribunal Supremo que se espera para hoy sobre el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de una hipoteca no cambia los planes de algunos de los principales bufetes de abogados del país que ven abierta una vía para reclamar la devolución de la tasa, independientemente de lo que diga el Pleno del alto tribunal.
Mientras que los banqueros europeos se disponen a observar hoy cómo impactan en bolsa los resultados de los test de estrés, los españoles tienen más cuentas pendientes. Además de la celebración o castigo a sus números en la prueba -en términos generales el desempeño se ha valorado positivamente, incidiendo como nota positiva en la resistencia a la crisis y rentabilidad, pero también destacando su falta de liderazgo en capital-, la decisión del Tribunal Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) añade presión extra a las entidades nacionales.
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