La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado prorrogar entre seis meses y un año el plan de especialización en materia de cláusulas abusivas en 16 órganos judiciales en los que su vencimiento estaba previsto para el próximo día 31. En los otros seis juzgados en los que el plan se mantenía activo, da por concluida la medida ante la significativa disminución de los asuntos pendientes y la normalización en la entrada de nuevas demandas.
El Tribunal Supremo ha decretado la restitución íntegra de las cantidades abonadas indebidamente por una cláusula abusiva en una hipoteca, aunque el consumidor afectado no presentó en plazo su recurso, al considerar que la culpa de esta pasividad no es totalmente achacable al consumidor.
El Tribunal Supremo ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial sobre la demanda colectiva contra 101 cajas de ahorros y bancos de la asociación Adicae por las cláusulas suelo de la hipotecas, tras preguntar a las partes si procedía acudir a la corte europea.
El Tribunal Supremo aplaza por segunda vez en una semana el fallo sobra la macrodemanda por cláusulas suelo. El Alto Tribunal atiende un recurso de una de las partes del conflicto sobre la formulación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y considera que podría ser pertinente.
La Sala Primera de la Sección Tercera del Tribunal Supremo ha suspendido la votación y fallo sobre la macrodemanda de 'cláusulas suelo' interpuesta por Adicae y que representa en la actualidad a 7.000 afectados. La Sala ha elevado la deliberación al Pleno del Supremo para el próximo 1 de junio a las 10:30 horas.
El largo y voluminoso proceso judicial de las cláusulas suelo hipotecarias podría reabrirse cuando las reglas para su reclamación parecían inamovibles. La Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido a una consumidora su derecho a reclamar las cuantías cobradas de más por la aplicación de estas condiciones contractuales que impidieron abaratar su cuota de amortización con la caída del euribor desde el momento de la firma del crédito y no desde mayo de 2013 como había establecido el Tribunal Supremo.
La tasación de las costas por el juzgado puede establecer límites, siempre que reconozca un importe razonable y proporcionado respecto a los gastos de defensa y representación que haya tenido que soportar el consumidor para defenderse de una cláusula abusiva.
La banca vuelve a reforzar la hucha para encarar potenciales reveses judiciales o fiscales cuando parecía que la fuerte litigiosidad de los últimos años, vinculada sobre todo a hipotecas, había quedado casi atrás. Los seis mayores bancos -Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter- aumentaron en un 5,86% este tipo de dotaciones el pasado año y elevaron la hucha conjunta a 3.999 millones de euros.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado prorrogar a partir del 1 de enero el plan de especialización en materia de cláusulas abusivas, en unos casos por seis meses y en otros por un año, en 24 órganos judiciales y ha decidido su finalización en otros 20 de ellos.
La ley hipotecaria que modifica las condiciones de los contratos de préstamos a inmuebles busca acabar con la asimetría entre banca y cliente a la hora de cerrar un crédito a la vivienda y exige que las entidades tenga un plus de responsabilidad en su comportamiento hacia el prestatario. La normativa aborda una reducción de las comisiones que desembolsa el prestatario por la amortización anticipada, los intereses de demora, el cambio del contrato de variable a fijo o de moneda extranjera a moneda nacional, además de reducir los gastos hipotecarios para los clientes. El Congreso ha aprobado hoy la norma.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha prorrogado el plan de especialización de los juzgados en cláusulas suelo. La Comisión Permanente del Poder Judicial aprobó ayer la renovación del plan de especialización que afecta a 55 juzgados de primera instancia de toda España para que conozcan de forma exclusiva -y según los casos también excluyente- de los asuntos que se refieren a cláusulas abusivas.
El Pleno del Congreso debate este martes una proposición de ley, impulsada por Esquerra Republicana, que establece un nuevo sistema de reclamación de cláusulas suelo, por el cual se dan tres meses a los bancos para devolver el importe indebidamente cobrado por cláusulas suelo y, si no lo aceptan, deberán asumir los costes de una reclamación ante el Registro de la Propiedad o al arbitraje de consumo.
El texto que conforma la ley hipotecaria ha pasado hoy el penúltimo trámite. La comisión de Economía y Empresa del Congreso aprobó por 29 votos a favor, 7 en contra y una abstención el informe de la ley, que a partir de hoy se remitirá al pleno de la Cámara para su tramitación. Así, si se cumplen las fechas, los diputados votarán la nueva ley el próximo 20 de diciembre, con la intención de que llegue al Senado en el mes de febrero. El objetivo es dar luz verde a la nueva normativa antes de que finalice el primer trimestre del año. Esto son los puntos clave:
La nueva Ley Hipotecaria que hará pagar a la banca todos los gastos derivados de un crédito hipotecario, menos la tasación, y que rebaja a la mitad las comisiones de amortización por reembolso, podría entrar en vigor en marzo, una vez que sea aprobada definitivamente por el Pleno del Senado.
El banco de inversión Goldman Sachs indica que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará sobre el índice IRPH vinculado a las hipotecas españolas próximamente. Este índice fue utilizado por las entidades financieras sustituyendo al Euríbor y, según cálculos del banco estadounidense, afectan a más 370.000 hipotecados por un valor de 29.000 millones. La estimación es que tenga un impacto de entre 7.000 millones y 44.000 millones en el sector. La entidad más afectada sería CaixaBank si hay un pronunciamiento en contra de la banca, mientras Santander y Bankinter apenas tienen exposición a este problema.
Es una evidencia la necesidad de contar con una nueva ley hipotecaria en España. El último episodio lo hemos vivido este mismo viernes, cuando los afectados por las cláusulas suelo han ganado la primera batalla. Causa pena ver a los tribunales españoles colapsados por múltiples demandas, no solo por el caso comentado. Tenemos, además de las cláusulas suelo, embargos, gastos y penalizaciones muy gravosos, productos complejos y falta de información. Demandas que exceden el ámbito doméstico llegando hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE; que suele fallar a favor de los consumidores. El TJUE debe pronunciarse sobre la utilización del Índice de Referencia para Préstamos Hipotecarios, un tema importante.
La Audiencia Provincial de Madrid ha fallado a favor de la asociación de consumidores Adicae en el marco de su macrodemanda por cláusulas suelo contra unas 40 entidades, a las que obliga a devolver "todas las sumas percibidas" de forma indebida desde el comienzo de la contratación.
Un mismo juzgado, un mismo día y dos sentencias distintas. El Juzgado de Primera Instancia número 18 bis de Málaga, uno de los conocidos como tribunales especializados en cláusulas suelo, ha fallado dos decisiones distintas sobre un mismo asunto en un solo día. El tribunal ha condenado al Banco Santander a devolver con retroactividad el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a un cliente (junto al resto de los gastos de la hipoteca) y sin embargo a absuelto, en otro caso completamente distinto, a Wizink Bank de la devolución de este impuesto a otro cliente.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha dado la razón a los clientes en la demanda colectiva presentada por la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) contra Abanca en la que reclamaba la devolución del dinero cobrado de más a los clientes con préstamos hipotecarios con cláusulas suelo suscritos con anterioridad a mayo de 2013.
La ya famosa sentencia del supremo sobre quién debe pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es el último de los hechos que pone de manifiesto la necesidad existente de dotarnos en este país de una ley hipotecaria, la actual como estamos viendo es un traje hecho girones. Un necesidad que viene además marcada por la aprobación en la UE de la directriz 2014/17 de protección a los consumidores en los contratos inmobiliarios.
La reacción del Gobierno a la decisión del Supremo no ha tardado ni 24 horas y esta misma mañana el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado que cambiará la ley para que sea la banca quien pague a partir de ahora el impuesto de las hipotecas, pese al fallo de ayer del Tribunal, que determinó que era el cliente quien debía asumir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Con todo, los despachos de abogados no cierran la puerta a que los usuarios de un contrato hipotecario puedan reclamar el impuesto. De hecho, la falta de quórum de la totalidad del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del órgano judicial se ve como una vía de enganche en la que amparar las demandas. Los bufetes especializados en este tipo de reclamaciones aseguran que, tras el nuevo giro del Supremo que marca que el cliente debe seguir pagando la tasa hipotecaria, quedan abiertas dos vías, la civil y la de Europa.
Tras dos días de deliberaciones, el Tribunal Supremo ha echado un jarro de agua fría sobre más de un millón de clientes bancarios con hipotecas, después de rectificar el criterio de la sección II que abría la puerta a que los bancos debían asumir el impuesto de Actos Jurídicos y Documentados (AJD). La esperanza para los hipotecados es que el asunto escale hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como sucedió con las cláusulas suelo.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lamentado la resolución definitiva que ha tomado este martes el Tribunal Supremo, que ha decidido con 15 votos frente a 13 que los clientes paguen el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), y la ha calificado de "bochornosa" por perjudicar a más de 12 millones de familias en España.
La nueva deliberación del Tribunal Supremo que se espera para hoy sobre el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de una hipoteca no cambia los planes de algunos de los principales bufetes de abogados del país que ven abierta una vía para reclamar la devolución de la tasa, independientemente de lo que diga el Pleno del alto tribunal.
Mientras que los banqueros europeos se disponen a observar hoy cómo impactan en bolsa los resultados de los test de estrés, los españoles tienen más cuentas pendientes. Además de la celebración o castigo a sus números en la prueba -en términos generales el desempeño se ha valorado positivamente, incidiendo como nota positiva en la resistencia a la crisis y rentabilidad, pero también destacando su falta de liderazgo en capital-, la decisión del Tribunal Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) añade presión extra a las entidades nacionales.
Durante la conference call de BBVA con analistas internacionales ha salido a relucir el impuesto de las hipotecas, que está pendiente que el Tribunal Supremo resuelva quién pagará el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) el próximo 5 de noviembre. El actual consejero delegado del banco, Carlos Torres, ha explicado la actual situación y ha descartado que haya retroactividad.
La banca augura una larga batalla judicial por el caso del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de las hipotecas, sea cual sea la decisión que adopte el próximo día 5 de noviembre el Tribunal Supremo. Las entidades están analizando con sus servicios jurídicos las implicaciones legales de un cambio de la doctrina de este gravamen en el supuesto de que sea la banca el sujeto pasivo, con el fin de defender sus intereses y sus argumentos. Pero también con el objetivo de evitar realizar sustanciales provisiones de manera inmediata. La materialización de dotaciones importantes, dada la magnitud de los créditos de este tipo tanto a familias como a empresas, llevaría a buena parte del sector a pérdidas.
El Supremo se pronunciará dentro de 10 días sobre quién pagará el Impuesto de Actos Jurídicos (el cliente o los bancos) y es previsible, según la instrucción que esta materia ya acumula, que las entidades asuman la carga en las nuevas hipotecas.
Los letrados de la Administración de Justicia alertan de graves deficiencias en los juzgados especializados en cláusulas suelo. "Estos juzgados no están dotados de los medios necesarios para desarrollar las funciones que son de su competencia, desde su precipitada creación, y más cuando ya se conoce sobradamente la carga de trabajo que soportan", subraya, en este sentido, Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ).
El anuncio de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sobre la posible imposición de sanciones a la banca para que no recurra a los tribunales con la intención de alargar los procedimientos sobre 'cláusulas suelo' y bloquear los juzgados especializados, tal y como está ocurriendo en la actualidad' podría sonar atentado contra el derecho de defensa, uno de los considerados fundamentales en la Constitución Española.
