En los últimos dos años la situación de la pequeña y mediana empresa española ha sufrido un continuo deterioro para su evolución futura. En estos últimos 24 meses, los costes han subido un 33% para las pymes, afectando de sobremanera a las pequeñas empresas (un 36,8% desde el cuarto trimestre de 2020). Las ventas de las pymes se estancan a cierre de 2022, mientras que los costes continúan subiendo y estrechando los márgenes empresariales, según se desprende del Indicador Cepyme sobre la Situación de las Pymes Españolas del cuarto trimestre de 2022.

Castilla y León registró durante el pasado mes de enero un total de 259 nuevas sociedades mercantiles (258 limitadas y una anónima) con un capital suscrito por valor de 27,32 millones de euros.

La estimación del coste directo que supuso la violencia de la banda terrorista ETA, en valor actual, asciende a 25.000 millones de euros. La deslocalización de empresas, la pérdida de inversión extranjera, el descenso del 'stock' de capital y la fuga de depósitos bancarios son también impactos de su violencia.

La fuerte destrucción de empresas experimentada en el útimo año y medio de pandemia tiene algunas características muy reconocibles: afecta más a las empresas pequeñas microempresas de menos de 10 trabajadores y los Servicios son el sector más afectado acumulando un 99,3% del total del tejido productivo desaparecido. En este sentido, si vamos al detalle de las áreas de actividad, según los últimos datos de Cepyme, el 63,4% de las 44.640 empresas destruidas entre el mes de enero y julio de este año en comparación con el mismo periodo de 2019, corresponden al Comercio y la Hostelería.

El año de la pandemia ha puesto a prueba a muchas compañías que han tenido que replantear su negocio, su estrategia y sus planes, incrementando la necesidad de buscar un espacio diferencial que les permita conectar con sus principales audiencias.

La constitución de sociedades se ha incrementado en marzo un 65,0% respecto al mismo mes de 2020, y un 15,9%, frente al mismo mes de 2019. En 2020, las tasas de variación en marzo respecto a un año antes, muestran importantes incrementos en todas las comunidades autónomas, destacando las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (144,4%), Castilla-La Mancha (119,6%), Andalucía (92,1%), Murcia (91,2%), Baleares (87,5%), Extremadura (77,3%), La Rioja (75,8%), Castilla y León (73,1%) y Cataluña (69,9%). Por otro lado, se incrementaron menos en Canarias y Cantabria (34,6%), Navarra (40,9%), Galicia (45,1%) y Madrid (46%).

Los síntomas de empeoramiento de la Economía en el primer trimestre del año se siguen acumulando. Si el promedio de empresas de un solo trabajador registradas en 2020 marcó un mínimo desde la última crisis económica, con un descenso anual del 6,4%, la tendencia ha continuado este año. Como resultado, entre febrero de este año y el de 2020, antes del inicio del confinamiento, se han destruido 110.793 de estas microempresas.

Aunque tiene nombre de poderoso detergente blanqueador más que de herramienta jurídica, debemos de empezar a familiarizarnos con el término pre-pack concursal, un innovador procedimiento que anticipa de manera controlada la adquisición de unidades productivas o empresas en distressed. Esta nueva fórmula está contemplada en la Directiva (UE) 2019/1023, sobre marcos de reestructuración preventiva, medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deuda.

Recordaba recientemente el empresario teatral y presidente de honor de la patronal madrileña CEIM, Enrique Cornejo, que "los empleos los creamos los empresarios, los políticos crean funcionarios". Afirmación que además de realidad constatable es un dogma de fe en las democracias occidentales pero que, en España, un país con mas de seis millones de parados reales, el gobierno social populista ni entiende ni comparte, mientras el tejido empresarial se desmorona con las inevitables consecuencias negativas en la creación de riqueza y puestos de trabajo.

Con algunos días de retraso, el Gobierno aprobó ayer el fondo de 11.000 millones de ayudas al turismo, la hostelería y el comercio con lagunas en su desarrollo normativo, escasez del volumen económico, incógnitas por despejar y, el olvido de sectores como el industrial, castigado como otros por los efectos económicos del Covid-19.

El número de empresas con asalariados inscritas en la Seguridad Social en febrero fue de 1.276.090, es decir, 48.337 menos que en el mismo mes del año anterior. Lo que supone una reducción del 3,6% en tasa interna. Los descensos registrados en los dos primero meses del año alcanzan una reducción de cerca de 20.000 unidades empresariales y rompe el proceso de recuperación que se mantenía desde el pasado mes de agosto, según advirtió ayer Pyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas.

La liquidez y el crédito no serán suficientes en la crisis del coronavirus para contener la destrucción del tejido productivo. A diferencia de la crisis financiera del año 2008, el fuerte y repentino golpe a las empresas españolas ha provocado cierres a un ritmo tres veces superior al de 2008, con una incidencia superior en el sector servicios, que ha roto en muchos casos la cadena de suministro en la industria y la agricultura. La caída se refleja ya en la demanda de crédito, que en contra de lo esperado en 2020, disminuye pese a unos tipos en mínimos históricos. Los empresarios ponen ahora el foco en las ayudas directas para sostener el tejido productivo español.

En 2020, la hostelería y la construcción han sido los sectores en que más ha caído la creación de empresas, frente al aumento de constitución en la agricultura y comercio. No obstante, ya son cinco años seguidos en los que construcción y servicios inmobiliarios mantienen el 20% del total de sociedades de nueva creación, aunque han sido dos de los sectores, junto con la hostelería, que mayores retrocesos han sufrido.

La banca es rotunda en su rechazo -cada vez más público- a que el Gobierno decida aplicar quitas a los créditos avalados por el ICO para aliviar la deuda de empresas, pymes y autónomos. El sector financiero español afrontaría unas pérdidas de hasta 5.500 millones de euros si el Ejecutivo decidiera condonar el cien por cien de la deuda a las compañías viables pero con problemas de solvencia.

CC.OO., UGT y CEOE Castilla y León han mostrado su oposición al cierre de la Fundación Anclaje propuesta por la Comisión Paritaria integrada entre Ciudadanos y el Partido Popular, que tenía la misión de analizar las 16 entidades que integran el sector público de la Comunidad.

La cifra de negocios de la hostelería, incluyendo el alojamiento, descendió en 2020 un 51,4% respecto al año anterior, según los datos de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios del INE. Este descenso supone una pérdida cercana a los 67.000 millones de euros, respecto a la facturación que se alcanzó en 2019. Todo ello ha provocado ya el cierre de 100.000 establecimientos y la pérdida de casi medio millón de empleos, mientras el sector urge a que se aprueben ayudas.

La hostelería y el comercio se han unido para exigir al Gobierno y a las comunidades autónomas ayudas directas de forma urgente e inmediata que permitan compensar la caída de ventas causada por las restricciones y cierres aprobados ante la pandemia. Ambos sectores se encuentran en una situación agónica con miles de empresas cerradas o al borde de la quiebra.

La crisis económica provocada por la pandemia amenaza a día de hoy en España a más de 220.000 empresas zombis - aquellas cuyos beneficios no llegan para devolver la deuda que tienen y tampoco para hacer frente a los intereses de sus préstamos- al borde de la quiebra ante la tercera ola de restricciones aplicadas por el Gobierno y las comunidades autónomas para frenar los contagios. Se trata concretamente del 6,2% de las empresas que se encuentran activas en nuestro país (según la última información disponible en el INE el parque empresarial español lo conforman 3,6 millones de sociedades), y del volumen más alto entre los principales países de la Unión Europea.

Las compañías necesitan 136.000 millones de euros para recuperar los niveles de solvencia previos al coronavirus, el 50% de esa cantidad corresponde a pymes y en juego están cerca de 2 millones de empleos. Los datos, extraídos de un informe de la consultora Alvarez & Marsal, reflejan con extremada claridad que estamos en un momento crítico para muchas empresas en España.

El productor mexicano de lácteos Grupo Lala informó el martes que cerrará sus operaciones en Costa Rica a partir del 11 de diciembre, como parte de sus esfuerzos por enfocarse en sus mercados clave.

En el caso de un trabajador que tiene en su contrato laboral una cláusula que le prohíbe competir con su empresa una vez que su relación quede concluida, éste queda liberado de esta limitación una vez liquidada la empresa en un procedimiento concursal, puesto que ya ni existe un interés comercial o industrial por parte del empresario, ni el trabajador necesita asegurarse una estabilidad económica una vez extinguido el contrato, ya que puede prestar servicios concurrentes con la actividad empresarial, sin que exista restricción alguna a su libertad en el trabajo, ya que la actividad empresarial ha cesado.

Su Ministerio de Desarrollo Productivo detalló 35 casos de nuevos procesos de inversión anunciados por el Gobierno, entre los cuales se destacan el de la empresa alemana Volkswagen, con una inversión de US$ 150 millones y la japonesa Nissan que invertirá US$ 130 millones en el período 2020-21 además de incrementar la base de proveedores locales y abastecer nuevos mercados de exportación en la región.

El impacto de la pandemia de la Covid-19 en pleno siglo XXI ha supuesto un huracán inimaginable que ha arrasado con todo nuestro entorno tal y como lo conocíamos. Más allá de sus infaustos efectos sobre la salud, la economía es la esfera que más se ha resentido en esta devastadora crisis.

La minorista de artículos de oficina Office Depot de México decidió abandonar el mercado colombiano y deshacerse de sus activos en aquella nación, informó su matriz, el Grupo Gigante.

España volvió a destruir empresas en agosto. Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía social muestran que el tejido empresarial español volvió a caer en pleno verano tras una tregua de tres meses. La Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social muestran que en el mes de agosto había en España 1.276.979 empresas, 5.367 menos que en julio.

La dirección de Montepío, empresa matriz del Balneario de Ledesma, ha dado a conocer la "situación crítica" que vive el complejo termal y hotelero de la provincia de Salamanca por los efectos de la pandemia, lo que le ha llevado a optar por el ERTE para sus trabajadores y a cerrar temporalmente el 13 de septiembre.

Que la crisis del coronavirus solo ha hecho más que comenzar es algo que ya se sabe, pero lo que todavía se desconoce es hasta dónde llegará el impacto de la mayor depresión conocida hasta ahora.

El número de empresas inscritas en la Seguridad Social al cierre de julio era de 1.282.346, lo que supone que hasta ese momento se había recuperado más de la mitad de las que llegaron a perderse en el peor momento de la pandemia.

Una cuarta parte de las empresas se encuentra a día de hoy en quiebra técnica, con obligación de que los socios disuelvan la sociedad, como consecuencia de la pandemia del Covid-19, aunque las previsiones del Banco de España elevan esta cifra hasta casi el 30% en el caso de que la situación extraordinaria se alargue en el tiempo.

En plena temporada turística, el mapa de rebrotes del Covid-19 nos recuerda que esta crisis va para largo y que la mejor fórmula para combatirla es ser responsables; un ejercicio de responsabilidad que nos incluye a todos, a los ciudadanos, a los agentes sociales, a la Administración y a los partidos políticos.