Ningún Estado de la Unión Europea (UE) puede cambiar las reglas de localización de la prestación de servicios para impedir las deducciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el caso de encontrarse estas operaciones inmersas en un fraude carrusel, con conocimiento o sin él de sobre la ilegalidad de esta operación, tal y como venían haciendo algunas Administraciones comunitarias.