carreteras

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hizo públicas ayer la primera resolución del cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración, la RPA, de la R-4(Ferrovial y Sacyr), Madrid-Ocaña; R-3, Madrid-Arganda del Rey y R-5, Madrid-Navalcarnero (construidas bajo una única sociedad formada por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia); y AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando y Azvi), Madrid-Toledo, y la resolución complementaria del cálculo de las autopistas AP-36, Ocaña-La Roda (Ferrovial, Europistas y Budimex) y M-12, Eje Aeropuerto (OHL), que ascienden a más de 1.000 millones de euros que se pagarán a las antiguas concesionarias en los próximos meses.Esta cifra supone un aumento con respecto a las anteriormente recogidas y es el importe resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requiere la infraestructura, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha firmado los convenios para la mejora de las travesías de Villamayor de Gállego y Sástago, con el alcalde de Villamayor de Gállego, José Luis Montero, y la alcaldesa de Sástago, Elva Orta. La aportación total del Ejecutivo autonómico para estos convenios suma un total de 1.267.785 euros.

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha participado en la XI edición del Congreso Investructuras que se celebra en Madrid, donde ha explicado el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras de la Red Autonómica Aragonesa 2020-2025, proyecto pionero que busca acelerar la inversión en carreteras creando 11 itinerarios de actuación y que representan el 30 por ciento de las vías

El Gobierno quiere imponer una tasa a quienes circulen por autovías porque "el modelo de que toda nuestra red viaria sea gratis no es algo que suceda en Europa", razón por la cual hay una discusión desde mayo y su resultado, en el caso de Euskadi, quedaría en manos de su Ejecutivo al tener transferidas las competencias.

El grupo constructor francés Eiffage, a través de su filial alicantina Aglomerados Los Serranos, la alicantina CHM y la valenciana Pavasal han sido las empresas elegidas por la mesa de contratación de la Generalitat Valenciana en uno de sus grandes contratos de licitación y mantenimiento de carreteras para los próximos cuatro años. Una licitación que el Gobierno valenciano valora en total en 92,23 millones de euros incluyendo impuestos y la posible prórroga.

El Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el desarrollo de un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad, con el objetivo de garantizar los fondos necesarios para la conservación de la red de carreteras. Puntualizando, posteriormente, que solo se llevará a cabo si hay consenso.

El Gobierno planea establecer la denominada viñeta para que los conductores utilicen las carreteras de alta capacidad en España. Se trata de una tarifa con temporalidad acotada (anual, mensual, semanal y diaria) que dará derecho al uso de las vías. Esta medida se instauraría a partir de 2023 y por un periodo de tiempo limitado, que podría ser de al menos dos años, como paso intermedio hasta la implantación de un pago por uso mediante telepeaje. El grupo de trabajo del Ministerio de Transportes que estudia el plan maneja un precio de la viñeta para los vehículos ligeros que se situaría en el entorno de los 80 euros, según señalan a elEconomista fuentes ministeriales. Desde el departamento que dirige Raquel Sánchez oficialmente declinaron hacer comentarios y se remitieron a las palabras de la ministra del pasado viernes en las que aseguró que "estamos en proceso de análisis".

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha conseguido el plácet del Ministerio de Hacienda para asumir los ingresos por el canon anual derivado de la explotación de las áreas de servicio en los nuevos contratos de conservación de carreteras.

El Ministerio de Transportes logra su anhelado propósito de participar en los ingresos derivados del canon que pagan anualmente las áreas de servicio en las carreteras.

La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) ha elegido a Pablo Sáez como nuevo presidente de la organización, de la que forman parte grandes grupos constructores como ACS, Ferrovial, Vinci, Acciona, FCC, Sacyr, OHLA o Comsa Corporación, según informan fuentes conocedoras. ACEX cambiaasí el modelo de presidencia rotatoria entre sus asociados con la designación de un perfil profesional y externo.

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) la celebración de un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en la provincia de Huesca. El valor estimado del contrato es de 48,96 millones de euros y cuenta con una duración de tres años, con posibilidad de prórroga por otros dos años.

La política de movilidad española va en dirección contraria a la de sus homólogos europeos. Al final del trayecto, probablemente tendremos más impuestos, más déficit y la congestión seguirá aumentando.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha formalizado el contrato de obras para la rehabilitación del firme de la autovía Mudéjar A-23, entre los kilómetros 62,446 y 80,590, es decir, el tramo que va del municipio turolense de Sarrión al límite con la provincia de Castellón.

OHLA participará en UTE en la ampliación de la Gran Circunvalación Urbana de Brno, segunda ciudad más grande de República Checa por población y superficie, en virtud de una adjudicación que asciende a 89,8 millones de euros, otorgada por la Dirección Estatal de Carreteras y Autopistas (Reditelství silnic a dálnic CR).

OHLA participará en UTE en la ampliación de la Gran Circunvalación Urbana de Brno, segunda ciudad más grande de República Checa por población y superficie, en virtud de una adjudicación que asciende a 89,8 millones de euros, otorgada por la Dirección Estatal de Carreteras y Autopistas (Reditelství silnic a dálnic CR).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 61,3 millones de euros a doce empresas, entre las que se encuentran filiales de Acciona, ACS, OHLA, Ferrovial, FCC, Elecnor y Sacyr, por una infracción constitutiva de cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018.

El plan estrella del Gobierno en materia de concesiones, focalizado en el desarrollo de carreteras, corre el riesgo de fracasar antes incluso de adjudicar los proyectos debido al límite a la rentabilidad que impone la normativa vigente y que el Ejecutivo se enroca en mantener pese a las reiteradas peticiones de las empresas.

El Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) del Gobierno vuelve a chocar con la que ha sido su gran rémora desde que empezó a diseñarse. La Ley de Desindexación de la Economía impone un límite muy bajo a las rentabilidades de las concesiones públicas.

En las sociedades desarrolladas, el recurso realmente escaso es el tiempo. Esto es más evidente en las grandes ciudades, donde el aumento de población de las últimas dos décadas no ha estado acompañado de un crecimiento de sus infraestructuras. La escasez de espacio y las limitaciones de presupuesto público explican esa falta de adecuación de las infraestructuras. Esto genera un problema de movilidad en las grandes ciudades, situación común en todos los países, desarrollados o no. Numerosos estudios han reflejado el enorme coste económico de los habituales atascos diarios. Este coste en productividad tiene también su reflejo en el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de las grandes urbes. En un mundo donde la tecnología permite acceder a una gran variedad alternativas de ocio con un simple click, perder una hora diaria en atascos es una realidad insoportable.

Las constructoras han iniciado una batalla contra el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por las licitaciones de contratos en las que está incluyendo unas cláusulas que imponen una base de precios máxima que no se puede rebasar ni aun en el caso de que haya un modificado del proyecto.

Viajar por carretera siempre es un placer ya que nos permite disfrutar de los destinos a nuestro propio ritmo y cambiar de itinerarios cuando nos apetezca, aprovechando al máximo la libertad que ofrece trasladarnos en nuestro propio vehículo. Unas ventajas a las que, en estos momentos, se le suma la seguridad de viajar en entornos controlados y con pocos acompañantes, lo que reduce el riesgo de contagios. Quizás por ello, los viajes en autocaravana, coches o motos, se han convertido en una de las fórmulas de viaje más demandadas este verano.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha licitado un contrato de servicios para la redacción del proyecto de trazado y construcción de 'Carretera N-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca. Variante de Utrillas', en la provincia de Teruel.

Pese a que el Gobierno ha reconocido en los últimos días que el sistema de extender los peajes a todas las autovías ha dado un paso atrás, pues necesita del consenso de todos los grupos parlamentarios, la idea llevada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Bruselas ha levantado toda una polémica entre los conductores españoles. A favor, pocos; en contra, muchos; el carácter histórico de gratuidad se podría ver alterado por un plan que otros países del entorno ya llevan implementando años.

Poco más de una semana ha durado la idea del Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos de implantar peajes en las autovías españolas, así como en otras carreteras del país. Una medida muy impopular, dado el carácter histórico de gratuidad de las vías españolas y que las autopistas llevan tiempo perdiendo las concesiones y con ello el fin de sus tarifas.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este viernes que su partido llevará a cabo "una auténtica ofensiva legal, cívica y parlamentaria" contra los peajes en autovías y algunas carreteras, una posibilidad que baraja el Gobierno de España para 2024. Sería "otro sablazo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha criticado.

El presidente del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha considerado que la medida que baraja el Gobierno de España de introducir peajes en todas las autovías españolas a partir de 2024, a propuesta de la Comisión Europea, "no es un peaje a las autovías, sino a las familias de la provincia de Zaragoza".