El plan estrella del Gobierno en materia de concesiones, focalizado en el desarrollo de carreteras, corre el riesgo de fracasar antes incluso de adjudicar los proyectos debido al límite a la rentabilidad que impone la normativa vigente y que el Ejecutivo se enroca en mantener pese a las reiteradas peticiones de las empresas.
El Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) del Gobierno vuelve a chocar con la que ha sido su gran rémora desde que empezó a diseñarse. La Ley de Desindexación de la Economía impone un límite muy bajo a las rentabilidades de las concesiones públicas.
En las sociedades desarrolladas, el recurso realmente escaso es el tiempo. Esto es más evidente en las grandes ciudades, donde el aumento de población de las últimas dos décadas no ha estado acompañado de un crecimiento de sus infraestructuras. La escasez de espacio y las limitaciones de presupuesto público explican esa falta de adecuación de las infraestructuras. Esto genera un problema de movilidad en las grandes ciudades, situación común en todos los países, desarrollados o no. Numerosos estudios han reflejado el enorme coste económico de los habituales atascos diarios. Este coste en productividad tiene también su reflejo en el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de las grandes urbes. En un mundo donde la tecnología permite acceder a una gran variedad alternativas de ocio con un simple click, perder una hora diaria en atascos es una realidad insoportable.
Las constructoras han iniciado una batalla contra el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por las licitaciones de contratos en las que está incluyendo unas cláusulas que imponen una base de precios máxima que no se puede rebasar ni aun en el caso de que haya un modificado del proyecto.
Viajar por carretera siempre es un placer ya que nos permite disfrutar de los destinos a nuestro propio ritmo y cambiar de itinerarios cuando nos apetezca, aprovechando al máximo la libertad que ofrece trasladarnos en nuestro propio vehículo. Unas ventajas a las que, en estos momentos, se le suma la seguridad de viajar en entornos controlados y con pocos acompañantes, lo que reduce el riesgo de contagios. Quizás por ello, los viajes en autocaravana, coches o motos, se han convertido en una de las fórmulas de viaje más demandadas este verano.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha formalizado el contrato de servicios para la redacción del estudio informativo del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo en el tramo Sagunto-Teruel.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha licitado un contrato de servicios para la redacción del proyecto de trazado y construcción de 'Carretera N-420, de Córdoba a Tarragona por Cuenca. Variante de Utrillas', en la provincia de Teruel.
Pese a que el Gobierno ha reconocido en los últimos días que el sistema de extender los peajes a todas las autovías ha dado un paso atrás, pues necesita del consenso de todos los grupos parlamentarios, la idea llevada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Bruselas ha levantado toda una polémica entre los conductores españoles. A favor, pocos; en contra, muchos; el carácter histórico de gratuidad se podría ver alterado por un plan que otros países del entorno ya llevan implementando años.
Poco más de una semana ha durado la idea del Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos de implantar peajes en las autovías españolas, así como en otras carreteras del país. Una medida muy impopular, dado el carácter histórico de gratuidad de las vías españolas y que las autopistas llevan tiempo perdiendo las concesiones y con ello el fin de sus tarifas.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este viernes que su partido llevará a cabo "una auténtica ofensiva legal, cívica y parlamentaria" contra los peajes en autovías y algunas carreteras, una posibilidad que baraja el Gobierno de España para 2024. Sería "otro sablazo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha criticado.
El presidente del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha considerado que la medida que baraja el Gobierno de España de introducir peajes en todas las autovías españolas a partir de 2024, a propuesta de la Comisión Europea, "no es un peaje a las autovías, sino a las familias de la provincia de Zaragoza".
No es esta la primera ocasión en la que se plantea el pago por uso en carreteras, ni éste el primer gobierno que lo hace. Pero si parece que estamos hoy más cerca de aplicarlo. Sería en 2024, según el Plan de recuperación presentado por España en Bruselas.
La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene su firme apuesta por acabar con los accidentes mortales en carretera, para lo que se ha propuesto minimizar todo tipo de riesgo. Por ello, este 11 de mayo, ha entrado en vigor el límite de 30 kilómetros por hora en vías urbanas de un solo carril por sentido de circulación. Una bajada de velocidad que, por ahora no se contempla en las carreteras convencionales, aunque según los expertos consultados por la institución "debería ser de 70 km/h".
La implantación del pago por uso en la red de carreteras de alta capacidad de España multiplicará los recursos de la Administración hasta aproximarse a los 3.000 millones de euros anuales, lo que supondría incrementar en cerca de la mitad el Presupuesto que tiene en la actualidad para infraestructuras viarias el Ministerio de Transportes (2.340 millones de euros). Esto deriva de la posible concesión para la gestión de los peajes y de los ingresos fiscales, a lo que se sumarán los ahorros por la eventual concesión a operadores privados.
El Gobierno ha descartado que vaya a llevar a cabo la medida que ha propuesto a la Comisión Europea para introducir peajes en todas las autovías españolas a partir de 2024 si no cuenta con el apoyo del resto de los partidos políticos.
España es uno de los mejores destinos del mundo para hacer astroturismo gracias a la poca contaminación lumínica que encontramos por todo el territorio y a la gran cantidad de noches despejadas y espacios protegidos naturales que permiten disfrutar del cielo nocturno casi en soledad.
La organización empresarial explica que la medida supondría una doble imposición con fuerte impacto sobre los ciudadanos y el sector del transporte.
La polémica que ha suscitado el informe del Gobierno a Bruselas en el que informaba de la intención de cobrar en todas las autopistas españolas a partir de 2024, no deja de levantar frentes. Una medida que, de aplicarse, acabaría con el carácter de gratuidad de las carreteras españoles significando un importante coste para todos los conductores. Pero con el ánimo de reducir las críticas, el director de la Dirección General de Tráfico (DGT) Pere Navarro ha tratado de introducir algunas de las excepciones que se aplicarán, para que no todo el mundo pague al tener que usar estas autovías.
Abertis recibirá 1.291 millones de euros del Estado por las obras que realizó al calor del convenio de concesión de la parte catalana de la AP-7 este año. En cambio, esta cifra dista enormemente de la que calcula la compañía participada por ACS y Atlantia que debería percibir y que supera en unos 3.000 millones a la que el Gobierno ha apuntado en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas. La diferencia parte del convenio firmado en 2006, que dividía la cuenta de compensación del equilibrio económico-financiero en dos partes: por un lado, las obras realizadas, y, por otro, los flujos de tráfico esperados. Los cálculos realizados por la compañía desvelan que el fin de la concesión conllevaría, en lo que a esta última parte se refiere, una indemnización que superaría los 3.000 millones de euros.
La vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos, Nadie Calviño, defendió hoy la nueva subida de impuestos que prepara el Ejecutivo y argumentó que es el modelo que sigue la Unión Europea (UE). Calviño añadió que el cobro por el uso de autopistas es lo normal en la UE y "lo más justo".
Con la confirmación por parte del Gobierno de la intención de imponer una tasa en toda la red de autovías españolas, e incluso en otras carreteras autonómicas, la polémica está servida dada la gratuidad que siempre ha caracterizado a España. Un coste que aún ni es oficial que se implantará, aunque las previsiones hablan de 2024, ni tiene un precio determinado, las diferentes instituciones implicadas manejan una cifra entre 3 y 5 céntimos por kilómetro.
El Gobierno de España tiene la intención de cobrar a todos los ciudadanos y a los transportistas por el uso de las autovías. Esepropósito lo recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha elaborado el Ejecutivo central y ha trasladado a la Unión Europea, y también el anteproyecto de Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, que se encuentra actualmente en exposición pública.
Canarias es la comunidad autónoma con más vehículos 'zombis': coches, motos, furgonetas y camiones que circulan sin tener contratado el seguro obligatorio o abandonados en la vía pública sin dar parte a la Dirección General de Tráfico. Así consta en un informe de Línea Directa, en el que se señala que la tasa de vehículos no asegurados en Canarias es del 14,4%, cuando la media nacional es del 7,7%. Las otras comunidades con mayores tasas son Baleares y Cataluña, que los autores del estudio atribuyen a la temporalidad del uso de los coches en las zonas costeras y turísticas; mientras que en el polo opuesto se encuentran Aragón, La Rioja y Castilla y León. En total, hay en España más de 2,65 millones de vehículos no asegurados -el 8 por ciento del parque móvil-, y que provocan cada año alrededor de 20.000 accidentes.
Digitalización, transición ecológica, conectividad, automatización, sostenibilidad, ciberseguridad Son conceptos que hoy están presentes en toda estrategia, plan o política que se precien de novedosas, y en prácticamente todos los ámbitos de actividad. No obstante, es en las carreteras donde aquellas nociones confluyen, planteando una realidad que está llamada a marcar la auténtica transformación de la movilidad de viajeros y mercancías. Una nueva movilidad en la que la conectividad desempeñará un papel fundamental para la consecución de los objetivos de sostenibilidad y seguridad, y en la generación de nuevos servicios.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado una norma sobre recomendaciones para el diseño de carreteras 2+1 y carriles adicionales de adelantamiento, según confirman fuentes del departamento que dirige José Luis Ábalos.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha aprobado el proyecto de 'Rehabilitación del firme en la Autovía A-23, entre los puntos kilométricos 118+000 al 141+000. Tramo: Teruel Norte-Santa Eulalia. Provincia de Teruel', por un presupuesto base de licitación de 9,3 millones de euros.
ACS ha presentado una oferta formal a Atlantia de 10.000 millones de euros a Atlantia, su socio en Abertis, para adquirir Autostrade per l'Italia, la mayor concesionaria de autopistas de Italia con 3.000 kilómetros de peaje bajo gestión y el principal activo de la compañía controlada por la familia Benetton. La noticia fue avanzada este jueves por Financial Times y confirmada a primera hora del viernes por la propia compañía.
El Grupo Aragonés (PAR) de la Diputación de Huesca (DPH) defenderá en el pleno de la institución una propuesta de resolución para que la institución oscense se dirija al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para solicitar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del tráfico en el tramo del Congosto de Ventamillo e iniciar las gestiones para culminar la actuación integral de la N-260, desde Campo a Castejón de Sos (El Run) y dar continuidad a las obras iniciadas en el tramo Campo-Seira.
