El presidente de Empresa Familia de Castilla y León (EFCL), Pedro Palomo, reclamó hoy menos carga burocrática e impositiva "acorde a la generación de riqueza y generación de empleo" en España y un Gobierno que salga de las urnas del 23 de julio que sea "estable y que mire a largo plazo" para crear un "entorno adecuado", aspectos fundamentales, dijo, para asegurar la inversión de los empresarios, seguir creciendo y generar empleo.
Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha elaborado un minucioso estudio de la normativa autonómica en el que ha identificado más de medio centenar de procedimientos y trámites administrativos que deberían modificarse para incrementar la simplificación y racionalización administrativa en la región y, con ello, favorecer la actividad empresarial.
Los últimos datos de la Intervención General del Estado (cerrados el día 1 de este mes) muestran cómo los pagos liberados con cargo a los fondos europeos Next Generation apenas llegan al 30% (8.200 millones de euros en términos absolutos) de lo que se presupuestó para el conjunto de 2022.
Hasta ahora el Gobierno solo ha adjudicado 4.000 de los 30.000 millones de inversión pública que se canalizarán a través de los llamados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación (Perte). Es decir: solo un 13% del total presupuestado.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), aprobó la semana pasada la hoja de ruta del biogás, que plantea multiplicar por 3,8 su producción hasta 2030, superando los 10,4 TWh. Esto supondría evitar la emisión a la atmósfera de aproximadamente 2,1 millones de toneladas de CO2 equivalente al año.
En el cuento de Pedro y el lobo que a muchos nos contaron de niños nos enseñaban cómo, tras numerosas alarmas que siempre eran falsas, un día finalmente llegaba el lobo y se comía las ovejas de Pedro.
elEconomista prosigue con su ciclo de jornadas dedicado al análisis exhaustivo e independiente de la gestión de los fondos europeos Next Generation. En esta ocasión, Andalucía fue la protagonista a través de la participación de, entre otros, Elías Bendondo.
Andalucía se enfrenta a uno de los retos más ambiciosos para la región: la gestión de los fondos europeos, una oportunidad histórica para la transformación del sector productivo y las administraciones. Sin embargo, para conseguirlo es necesaria una mayor agilidad y transparencia en su ejecución así como hacer frente a las barreras burocráticas por parte de las Administraciones.
Días después de que el Gobierno de España articulase a través del RDL 5/21 los criterios de reparto de 7.000 millones de euros de ayudas a la solvencia empresarial, la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, dio la voz de alarma: las ayudas estaban mal diseñadas y gran parte del dinero no se iba a aprovechar. Meses después, los hechos le han dado la razón, y los requisitos impuestos por el ejecutivo de Pedro Sánchez han hecho que Andalucía pueda inyectar en el tejido productivo 667,2 millones de euros de los 1.109 millones que tenía asignados.
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles la Ley de creación de la Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (Trade), resultante de la fusión de otras cuatro entidades públicas: la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Andaluza del Conocimiento, Extenda y la Fundación Andalucía Emprende. La ley ha salido adelante con los votos de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), Unidas Podemos y de los diputados no adscritos, mientras que Vox ha votado en contra.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, han presentado hoy el proyecto de Decreto-ley por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica. Un nuevo plan de reducción de trabas que, tal y como ha presumido Moreno, convierte a Andalucía en la comunidad autónoma española "con menos burocracia para impulsar la economía". La Presidencia de la Junta ha querido dar la máxima relevancia a la mera presentación de un decreto, con un evento solemne en el Salón de los Espejos en el Palacio de San Telmo al que ha asistido prácticamente todo el Consejo de Gobierno, con presencia de la cúpula empresarial andaluza y el apoyo explícito de representantes de sectores como la industria, la construcción, el comercio o las energías renovables, quienes destacaron la importancia de acabar con el "infierno burocrático" que han padecido hasta ahora.
Las cifras dan fe de que las pymes han sido las grandes perjudicadas por la COVID-19. A pesar de las ayudas del Gobierno para ayudarles a salir de la crisis, muchas no han sido capaces de subsistir. El propio proyecto de la Ley de Presupuestos para 2022, con la crisis sanitaria casi superada, admite que la pandemia dejará, al menos, un 9% de las empresas no financieras de nuestro país en serios problemas de solvencia.
Más de cuatro de cada diez empresarios españoles aseguran encontrar serias dificultades para incrementar el tamaño de sus compañías y de sus plantillas debido a la sobrerregulación laboral existente en nuestro país. Concretamente, son el 74% de las compañías entrevistadas por el Círculo de Empresarios las que consideran la elevada burocracia un verdadero obstáculo para aumentar el tamaño de sus negocios y por ende, de sus plantillas.
La salud de las medianas empresas españolas, un indicador complejo en el que intervienen múltiples factores, atraviesa claramente un periodo de transición hacia un escenario prometedor. Después de meses negros provocados por la crisis del coronavirus, en los que las expectativas de los directivos fueron predominantemente pesimistas, el tejido empresarial español hoy reconoce estar vislumbrando un horizonte económico esperanzador, con más oportunidades que obstáculos y mayor entusiasmo que el que muestran en su conjunto el resto de los empresarios de Europa y a nivel global.
Una vez aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Bruselas ha confirmado el primer desembolso de prefinanciación de 9.000 millones de euros de los fondos europeos a España. A este primer desembolso se le sumará otro de 10.000 millones de euros en la segunda parte del año. En total, entre los años 2021 y 2026, España recibirá una financiación de 140.000 millones de euros en transferencias y créditos.
Cuatro meses después de su aprobación, las expectativas sobre las ayudas directas para los sectores más afectados por la crisis no dejan de menguar. El 60% de los 7.000 millones comprometidos en esa partida sigue sin repartirse y, lo que es peor, es posible que la mayoría de esos recursos no lleguen a sus potenciales beneficiarios.
La crisis financiera, iniciada en 2008, supuso un impulso significativo para la internacionalización de la economía española que permitió compensar la caída de la demanda interna. Entre 2010-2019, las exportaciones crecieron a un ritmo medio sostenido del 6%, lo que ha supuesto que su relación con el PIB se coloque en el 34% (partiendo del 23% en 2009), que la suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios respecto al PIB se situase en 2019 en el 67% (9 puntos más que el máximo previo a la crisis en 2007) y que desde 2012 la Balanza por Cuenta Corriente de la economía española pasase a ser superavitaria (2% del PIB en 2019).
La internacionalización se ha convertido en un eje estratégico prioritario de cualquier empresa. Sin embargo, poner en marcha una amplia red de colaboradores es un proceso que requiere tiempo. Es por ello que, para garantizar el éxito empresarial más allá de los mercados locales, es necesario contar con aliados sólidos que ofrezcan la mejor de las soluciones.
El Gobierno pretende aprobar la reforma del marco concursal antes de junio para que vea la luz a final de año El Gobierno prevé la aprobación del proyecto de ley para la reforma del marco concursal por parte del Consejo de Ministros en el segundo trimestre de 2021, estimando para final de año el preceptivo visto bueno por parte de las Cortes, según explicó ayer el nuevo secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés. "Estamos trabajando además en un Proyecto de Ley de Impulso a la Creación y el Crecimiento Empresarial para abordar los obstáculos que existen para que las empresas crezcan", ha añadido.
Este 30 de abril entrará en vigor una norma que llevaba aprobada desde 2011. La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil acaba con el Libro de Familia como tal. Un objeto que, desde 1915 ha acompañado a todas las casas españolas, pero ya se quedaba anticuado ante las nuevas tecnologías. De esta forma, no se expedirán más librillos en formato físico dando paso a la era digital.
La actividad emprendedora productiva y de impacto genera crecimiento económico, empleo y bienestar social. Para ello, resulta necesario la generación razonablemente constante de nuevas empresas que innoven y crucen fronteras. Muchos países consideran a los emprendedores como "activos nacionales". A los existentes hay que cuidarlos y motivarlos. A los que están fuera, atraerlos. A todos, darles los incentivos suficientes.
Vivimos en una contradicción permanente. Las vacunas se administran con cuentagotas dentro de la UE, mientras las fábricas producen millones de dosis para otros países, que pagan por ello más dinero. Los europeos podemos viajar por todo el continente, pero no podemos visitar la comunidad autónoma de al lado. Británicos, franceses o alemanes pueden descansar en Mallorca o en las Palmas de Gran Canaria con un PCR negativo, pero si eres españolito, no pasas del aeropuerto. Así respetamos el tratado de Schengen, aunque incumplamos la más elemental norma sobre libertad de movimientos. Es mejor que nos contagie un alemán o un francés que un compatriota, según piensan las autoridades.
Las últimas cifras de paro publicadas recientemente son sólo la punta del iceberg de todo lo que llevamos viviendo. Ya cerca de cumplir un año de pandemia, los resultados empiezan a poner en contraste blanco sobre negro. Y es que la moda empresarial se ha bañado de ERTES y de cierres para poder sobrevivir la situación económica y la incertidumbre generada sobre la vuelta de cierta normalidad. Las empresas para sobrevivir deben poder planificar, principalmente los gastos.
Puede tratarse de una simple tarjeta expedida por los sistemas sanitarios de cada país. Podría ser una aplicación que se descarga en el móvil. Podría ser una libreta, al estilo de los pasaportes, con el escudo de Su Majestad en la portada (en mi caso y en el de los demás británicos) o, para los teóricos de la conspiración, un microchip implantado al nacer. Sin embargo, no importa realmente la forma que adopte el pasaporte sanitario. Cualquiera que sea la versión que elijamos, seguirá siendo un paso en un camino peligroso, uno que nos lleva a una sociedad basada en el permiso administrativo, en la que se criminaliza a los inconformistas, se aplasta la individualidad y se pierde la ventaja competitiva que siempre nos ha dado la libertad.
El pleno de las Cortes de Aragón ha debatido la ley simplificación administrativa, que ha pasado su último trámite, pendiente de ser votada al final de la sesión de este jueves, si bien la mayoría de los grupos han anunciado su apoyo al texto o la mayor parte del mismo.
Las Cortes de Aragón han constituido este lunes, 1 de febrero, la ponencia que va a estudiar el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, donde se ha elegido como coordinador al diputado socialista Darío Villagrasa.
En un momento marcado por los planes de recuperación de la crisis económica provocada por la pandemia, con el sector energético señalado como uno de los motores de dicha recuperación, por su capacidad de arrastre sobre la economía, elEconomista ha organizado una entrevista a dos bandas con Óscar Barrero, socio Consulting de PwC, experto en temas energéticos, y con Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España. Rubén Esteller, subdirector del periódico, ha conducido el coloquio.
1.236, este es el número con el que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) nos presenta las solicitudes de patentes para los diez primeros meses de 2020. Teniendo en cuenta que solo en 2019 se solicitaron ante esta Oficina 1.264 patentes, por residentes en España, podríamos pensar que la pandemia originada por la COVID 19, ha puesto en valor el término “resiliencia”. Prueba de ello, es que no pocas empresas han visto en la pandemia una oportunidad para aflorar su potencial de I+D+i en forma de patente. Los números muestras el efecto llamada. Actualmente, sin I+D+i no hay futuro. El sector es lo de menos. También, el tamaño. Si la competencia innova parece lógico seguir sus pasos. El cliente está en el centro, y si ello obliga a crear nuevos productos o servicios para responder a sus expectativas, se asume el reto. Este escenario se presume alentador a punto de dar la bienvenida al año nuevo. Tiene sentido entonces pensar que se mantendrá la tendencia al alza en la solicitud de patentes, ¿en 2021?
Karolla no puede retirar su sueldo del banco ni Fanes llevar a su hija al consultorio. Ambos son residentes legales en Chile, pero sus documentos están vencidos desde hace meses, lo que les deja en un limbo jurídico en medio de la pandemia y de la grave crisis económica.
