Los pequeños empresarios están preocupados por las horas perdidas en las tramitaciones administrativas a las que tienen que hacer frente como consecuencia de la sobreregulación normativa, así como por la incertidumbre política y económica en la que está inmersa España.
El Consejo de Gobierno ha aprobado una veintena de medidas para ordenar y simplificar la actividad normativa de la Junta, en la que introducirá una valoración del impacto demográfico para los nuevos textos que vean la luz.
La nueva ley valenciana de urbanismo -la Ley 1/2019 de 5 de febrero, que modifica la Ley 5/2014 de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Generalitat Valenciana, más conocida como la Lotup-, materializa una reivindicación de los promotores para aligerar el embudo que existe actualmente con las licencias de obra en ciudades como Valencia. Se trata de la ampliación del alcance de la declaración responsable con el fin de simplificar los procedimientos urbanísticos, de tal forma que determinadas actuaciones urbanísticas, antes sujetas a licencia, estarán sujetas ahora a una declaración responsable. En definitiva, una novedad importante que solicitan desde hace años los empresarios del sector a modo de desatascador burocrático para su actividad.
El 99,9% de los 3,2 millones de empresas que hay en España son pequeñas y medianas. De hecho, 1,8 millones de compañías ni siquiera tienen empleados. Esta distribución de las empresas tiene consecuencias sobre las posibilidades de las propias compañías, mucho más débiles para afrontar las dificultades; para los trabajadores, que aspiran a peores condiciones; y para la economía nacional, ya que cuanto menor sea el tamaño medio de las empresas de un país, menor es su productividad y competitividad.
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias se apoyará en el trabajo de investigadores de la Universidad de La Palmas de Gran Canaria para reducir la burocracia administrativa y descargar de tareas a los profesores.
San Juan, 23 sep (EFEUSA).- El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico, Manuel A. Laboy, anunció este lunes que a partir de mañana se integran 85 trámites adicionales de incentivos, al Single Business Portal (SBP), una herramienta digital creada para agilizar los procesos necesarios para hacer negocios en Puerto Rico.
Las empresas de mayor tamaño crean más empleo, están más internacionalizadas, invierten en innovación en mayor medida, están más digitalizadas, son más productivas debido a las economías de escala y tienen mayor acceso a la financiación. Es esta una afirmación que seguramente no es especialmente sorprendente pero que ahora se confirma empíricamente como conclusión fundamental de la encuesta realizada por la Cámara de España y que recoge el último Observatorio de Competitividad Empresarial, en el que resalta también como son estas empresas de mayor tamaño las que enfrentan en mejores condiciones las oscilaciones del ciclo económico, con mayor productividad.
Luego de que una de las promesas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue reducir la nómina burocrática, el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que "se ha exagerado un poquito" este tema.
La internacionalización se ha convertido en un eje estratégico prioritario de cualquier empresa. Sin embargo, poner en marcha una amplia red de colaboradores es un proceso que requiere tiempo. Es por ello que, para garantizar el éxito empresarial más allá de los mercados locales, es necesario contar con aliados sólidos que ofrezcan la mejor de las soluciones.
Hasta 6.500 millones de euros en inversión y la creación de 92.000 puestos de trabajo son las cifras de las consecuencias que ha tenido el retraso administrativo en la tramitación de expedientes de calidad ambiental, según un informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Según la titular de este departamento, Carmen Crespo, hasta ahora "lo que existía era una falsa protección medioambiental de palabra, que realmente lo que producía era una parálisis medioambiental y una inseguridad jurídica en Andalucía".
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