burocracia

Puede tratarse de una simple tarjeta expedida por los sistemas sanitarios de cada país. Podría ser una aplicación que se descarga en el móvil. Podría ser una libreta, al estilo de los pasaportes, con el escudo de Su Majestad en la portada (en mi caso y en el de los demás británicos) o, para los teóricos de la conspiración, un microchip implantado al nacer. Sin embargo, no importa realmente la forma que adopte el pasaporte sanitario. Cualquiera que sea la versión que elijamos, seguirá siendo un paso en un camino peligroso, uno que nos lleva a una sociedad basada en el permiso administrativo, en la que se criminaliza a los inconformistas, se aplasta la individualidad y se pierde la ventaja competitiva que siempre nos ha dado la libertad.

Las Cortes de Aragón han constituido este lunes, 1 de febrero, la ponencia que va a estudiar el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, donde se ha elegido como coordinador al diputado socialista Darío Villagrasa.

El último guiño de la Generalitat a Canadell

A pesar de que la prioridad debería ser la gestión de la pandemia y la del temporal, el Govern ha sacado tiempo de donde no lo había para aprobar un nuevo convenio marco que regula la relación entre la Generalitat de Cataluña y las cámaras que conforman el Consejo General de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. El nuevo convenio beneficia a las cámaras ya que da poder a estos organismos para suscribir acuerdos bilaterales con cualquier departamento de la Generalitat, o con empresas públicas. Con lógica, la oposición ha criticado la incoherencia que supone aprobar esta norma con un Parlament disuelto y a menos de un mes de las autonómicas. Pero la opacidad con la que se ha llevado todo el proceso hace que muchos sospechen que el nuevo convenio supone el último guiño del Govern a Joan Canadell. El ya expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona y número 3 de la candidatura de Junts per Catalunya llevaba meses reclamando este cambio en la normativa. "El hecho de que todo se haya tramitado por la puerta de atrás y que se otorgue tal poder a las cámaras en los convenios bilaterales con la Generalitat es un claro síntoma de que se trata de un gesto hacia Canadell", dicen desde una formación constitucionalista.

En un momento marcado por los planes de recuperación de la crisis económica provocada por la pandemia, con el sector energético señalado como uno de los motores de dicha recuperación, por su capacidad de arrastre sobre la economía, elEconomista ha organizado una entrevista a dos bandas con Óscar Barrero, socio Consulting de PwC, experto en temas energéticos, y con Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España. Rubén Esteller, subdirector del periódico, ha conducido el coloquio.

1.236, este es el número con el que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) nos presenta las solicitudes de patentes para los diez primeros meses de 2020. Teniendo en cuenta que solo en 2019 se solicitaron ante esta Oficina 1.264 patentes, por residentes en España, podríamos pensar que la pandemia originada por la COVID 19, ha puesto en valor el término “resiliencia”. Prueba de ello, es que no pocas empresas han visto en la pandemia una oportunidad para aflorar su potencial de I+D+i en forma de patente. Los números muestras el efecto llamada. Actualmente, sin I+D+i no hay futuro. El sector es lo de menos. También, el tamaño. Si la competencia innova parece lógico seguir sus pasos. El cliente está en el centro, y si ello obliga a crear nuevos productos o servicios para responder a sus expectativas, se asume el reto. Este escenario se presume alentador a punto de dar la bienvenida al año nuevo. Tiene sentido entonces pensar que se mantendrá la tendencia al alza en la solicitud de patentes, ¿en 2021?

Karolla no puede retirar su sueldo del banco ni Fanes llevar a su hija al consultorio. Ambos son residentes legales en Chile, pero sus documentos están vencidos desde hace meses, lo que les deja en un limbo jurídico en medio de la pandemia y de la grave crisis económica.

Nadie echará de menos la intimidación vista en los debates electorales, el narcisismo o los conflictos. A nadie le gustaba su lenguaje excluyente, su actitud sexista, o sus divagaciones retóricas. Pero mientras Trump pasa sus últimos días en Washington, hay aspectos que los mercados y, de hecho, la economía global, echarán de menos de Donald Trump.

La palabra adhocracia es un término inventado para denominar lo contrario de la burocracia en la gestión empresarial. No digo que haya que elegir un modelo y abandonar el otro, porque ambos tienen aspectos positivos, pero en estos momentos necesitamos sistemas más ad hoc (para esto), que es lo que significa adhocracia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, constató esta semana lo que ya sabíamos: los rebrotes están empeorando la caída de la economía. El Gobierno revisa a la baja en más de un punto la caída del PIB, al igual que el déficit, mientras que la deuda escalará hasta el 118% del PIB, hasta tres puntos peor de lo esperado. España se convierte así en la economía más azotada por el virus del mundo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). En unas circunstancias tan complicadas y ante la ausencia de un superávit fiscal al que echar mano para financiar los gastos, como tienen los países del norte de Europa, Sánchez solo tiene una salida: recurrir a los fondos europeos. Sin ellos, estaríamos al borde de la quiebra.

La carrera por la ciberseguridad no reduce su marcha, pues cada año muchos incidentes (entre ellos ataques de alto perfil) afectan a los sistemas de control industrial (ICS, por sus siglas en inglés). El confinamiento provocado por la pandemia agregó sus propios desafíos al panorama de amenazas existente.

El Comercio (Perú)

SIT Gas costará 4.500 millones de dólares

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) reveló que el Gasoducto Surperuano, ahora denominado Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), ha ingresado en la fase de desarrollo tras haber concluido el estudio de pre-factibilidad. “La concesión debe ser desarrollada para que en el 2025 o inicios del 2026 esté operando”, señaló el viceministro de hidrocarburos Víctor Murillo. De acuerdo a dicho informe, el gasoducto demandará una inversión de capital de 4.500 millones de dólares. Murillo explicó que el monto se explica porque el SIT Gas incluye infraestructura adicional, que el fallido proyecto de Obredecht no contemplaba. SIT Gas llevará el gas hasta 900.000 familias del sur.

El plan económico 2021 que entregó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone la incorporación de 28,000 burócratas más a la administración pública federal, la mayoría para ocupar puestos en las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, así como en instituciones del sector salud.

A los recortes de personal y de sueldo en la administración pública mexicana, se suman ahora recomendaciones como no usar la computadora o no cargar el celular en las oficinas, como parte del plan de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, que ahoga a los funcionarios en medio de la pandemia de coronavirus.

La capital vallisoletana presenta una condición 'aceptable' de libertad económica, según un estudio de la Fundación para el Avance de la Libertad, que también analiza a otras dos capitales de provincia de Castilla y León -Salamanca y Burgos-, a las que sitúa en la franja de 'insuficiente', junto a otras 14 ciudades españolas.

Según los resultados globales del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC) de la OCDE, en el año 2013 los españoles en comprensión lectora obtienen 252 puntos, 21 puntos por debajo del promedio de los países OCDE y 19 puntos por debajo del promedio de la Unión Europea (UE).

El Gobierno dará hoy luz verde al segundo tramo del programa de avales públicos para concesión de crédito. Se demuestra así que esta línea de financiación se halla en condiciones de continuar, pese a que el Ejecutivo aseguraba que la demanda de los bancos era muy baja.

España llegará de nuevo tarde a un aspecto esencial en esta pandemia. Si la burocracia ha retrasado en muchos casos la producción de equipo médico de primera necesidad para el coronavirus, a partir de mayo el papeleo se volverá un poco más farragoso al no poder hacerse en España.

El ministro Illa remarca que las adquisiciones de material sanitario a China se pagan ya al contado. No es un detalle menor. Al contrario, indica que Sanidad por fin aparca el margen de 90 días para sus desembolsos que le permite la ley española, pese a que China no lo aceptaba y bloqueaba sus envíos.

Los pequeños empresarios están preocupados por las horas perdidas en las tramitaciones administrativas a las que tienen que hacer frente como consecuencia de la sobreregulación normativa, así como por la incertidumbre política y económica en la que está inmersa España.

El Consejo de Gobierno ha aprobado una veintena de medidas para ordenar y simplificar la actividad normativa de la Junta, en la que introducirá una valoración del impacto demográfico para los nuevos textos que vean la luz.

La nueva ley valenciana de urbanismo -la Ley 1/2019 de 5 de febrero, que modifica la Ley 5/2014 de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Generalitat Valenciana, más conocida como la Lotup-, materializa una reivindicación de los promotores para aligerar el embudo que existe actualmente con las licencias de obra en ciudades como Valencia. Se trata de “la ampliación del alcance de la declaración responsable con el fin de simplificar los procedimientos urbanísticos, de tal forma que determinadas actuaciones urbanísticas, antes sujetas a licencia, estarán sujetas ahora a una declaración responsable”. En definitiva, una novedad importante que solicitan desde hace años los empresarios del sector a modo de ‘desatascador’ burocrático para su actividad.

El 99,9% de los 3,2 millones de empresas que hay en España son pequeñas y medianas. De hecho, 1,8 millones de compañías ni siquiera tienen empleados. Esta distribución de las empresas tiene consecuencias sobre las posibilidades de las propias compañías, mucho más débiles para afrontar las dificultades; para los trabajadores, que aspiran a peores condiciones; y para la economía nacional, ya que cuanto menor sea el tamaño medio de las empresas de un país, menor es su productividad y competitividad.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias se apoyará en el trabajo de investigadores de la Universidad de La Palmas de Gran Canaria para reducir la burocracia administrativa y descargar de tareas a los profesores.

Las empresas de mayor tamaño crean más empleo, están más internacionalizadas, invierten en innovación en mayor medida, están más digitalizadas, son más productivas debido a las economías de escala y tienen mayor acceso a la financiación. Es esta una afirmación que seguramente no es especialmente sorprendente pero que ahora se confirma empíricamente como conclusión fundamental de la encuesta realizada por la Cámara de España y que recoge el último Observatorio de Competitividad Empresarial, en el que resalta también como son estas empresas de mayor tamaño las que “enfrentan en mejores condiciones las oscilaciones del ciclo económico, con mayor productividad”.

Luego de que una de las promesas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue reducir la nómina burocrática, el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que "se ha exagerado un poquito" este tema.

La internacionalización se ha convertido en un eje estratégico prioritario de cualquier empresa. Sin embargo, poner en marcha una amplia red de colaboradores es un proceso que requiere tiempo. Es por ello que, para garantizar el éxito empresarial más allá de los mercados locales, es necesario contar con aliados sólidos que ofrezcan la mejor de las soluciones.

Hasta 6.500 millones de euros en inversión y la creación de 92.000 puestos de trabajo son las cifras de las consecuencias que ha tenido el retraso administrativo en la tramitación de expedientes de calidad ambiental, según un informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Según la titular de este departamento, Carmen Crespo, hasta ahora "lo que existía era una falsa protección medioambiental de palabra, que realmente lo que producía era una parálisis medioambiental y una inseguridad jurídica en Andalucía".