El juez de Instrucción número 31, Antonio Serrano-Arnal, notificará personalmente el próximo 11 de junio al ex ministro de Economía Rodrigo Rato el auto que ordena sentarle en el banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.
El pasado 30 de diciembre fue transpuesta al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, por la que se establecen determinadas obligaciones de información en relación con mecanismos transfronterizos, conocida como Directiva DAC6.
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), que cumple ahora 15 años, ha remitido más de 7.313 comunicaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), de las cuales un 80% han permitido destapar o evitar operaciones ilícitas, que ocultaban delitos de tráfico de drogas, financiación del terrorismo, contra las personas, estafas, fraude fiscal y contra la Administración, delincuencia organizada y corrupción.
Entre el 22 de diciembre y el 6 de enero suceden dos de los hechos que más fortuna traen a los españoles en el año, como son los Sorteos Extraordinarios de Navidad y de "El Niño". Pero, como todo hecho reseñable en la óptica económico-patrimonial, existen aquellos que quieren aprovecharse de los resquicios del sistema para lucrarse de una manera u otra.
La prohibición absoluta del uso de pago de títulos bancarios al portador y su exclusión definitiva de tráfico económico constituye "una medida innecesaria y desproporcionada a los fines del control del fraude fiscal" y se "opone al principio general de admisión del euro como moneda de curso legal, extintiva de las obligaciones", según establece el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia, en sentencia de 25 de febrero de 2021.
Recientemente se ha celebrado en la ciudad suiza de Davos el encuentro anual entre los grandes empresarios financieros y políticos para fijar el rumbo de la economía mundial para los próximos años.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, destaca que "el cumplimiento normativo ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito dentro de su estrategia y estructuras internas". Si bien, el ministro también subraya que aún queda "un largo camino por recorrer para mejorar los mecanismos de control interno y de lucha contra el fraude en empresa y organizaciones públicas".
La Moratoria 2020 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) generó 1,2 millones de planes de pago que permitieron regularizar $533.000 millones en deuda impositiva, previsional y aduanera vencida, según informó el organismo. Esto equivale a unos US$ 6.000 millones de dólares.
José Ángel Martínez Sanchiz ha sido reelegido como presidente del Consejo General del Notariado para un segundo mandato de cuatro años durante el cual se ha comprometido, entre otras cosas, a terminar de implantar las nuevas tecnología en el trabajo de las notarías, de modo que ciertos documentos puedan otorgarse a distancia.
Las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimis) se incorporarán como nuevos sujetos obligados de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que está pendiente de su remisión al Consejo de Ministros.
Todos los firmantes de un protocolo familiar que sindiquen su voto en una sociedad para ejercitarlo frente a los socios no familiares de una manera conjunta, se consideran cotitulares y, por tanto, deben designar a un representante como titular real (TR) a los efectos de la prevención del blanqueo de capitales.
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Giovanni Pitruzzella, en sus conclusiones de reconoce que el Derecho de la Unión establece, en principio, una obligación de aceptar efectivo en euros para el pago de deudas pecuniarias, tanto la Unión como los Estados miembros, en el ejercicio de competencias distintas de la relativa a la política monetaria, pueden imponer restricciones al uso de billetes de banco en euros como medio de pago por motivos de interés público, con sujeción, no obstante, a ciertas condiciones.
