El principio de acuerdo alcanzado este lunes entre sindicatos y el Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre el Estatuto del Becario, que no ha sido apoyado por la CEOE, recoge derechos para los alumnos en prácticas en empresas como las vacaciones, el pago de desplazamientos o que, en ningún caso, superen el 20 por ciento de la plantilla total de la compañía, aunque sí podrán concertar formación con dos estudiantes, con independencia del número de personas de plantilla.
Los alumnos que realicen prácticas formativas en empresas u otras instituciones cotizarán a la Seguridad Social por valor de 14,5 euros al mes, sin importar si cobran una remuneración salarial o simplemente una compensación por los gastos que se deriven de la realización de las prácticas.
Ben Whittaker (Robert De Niro), un jubilado viudo de 70 años, tiene demasiado tiempo libre y muy pocas cosas con las que llenarlo. Cuando ve una oferta de trabajo para "becarios sénior" en una empresa que opera en internet, no duda en presentarse. Desde el minuto uno, Ben comienza a ganarse el cariño y respeto de sus compañeros y de su jefa, Jules Ostin (Anne Hateway).
El pasado martes, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, abría la puerta a dejar fuera a la CEOE de un pacto para aprobar el futuro Estatuto del Becario cuya negociación ha quedado paralizada hasta septiembre. El número dos de Yolanda Díaz declaró: "en la medida en que la patronal tenga la opinión de que haya caminos que permitan el uso de la formación como fórmula de abaratamiento de costes será difícil que podamos alcanzar un acuerdo con ellos". Una negociación no exenta de dificultades.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aclaró ayer que los estudiantes que hagan prácticas tutorizadas, los conocidos como becarios, no cobrarán un salario como tal. "Recibirán una compensación económica por los costes derivados de formarse", remarcó la ministra tras la reunión que mantuvo ayer con los representantes del Consejo de la Juventud y la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas.
El Ministerio de Trabajo ha sometido a los agentes sociales sentados en la mesa de negociación de la reforma laboral una orden ministerial que regula la concesión de las subvenciones públicas del "programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas". Dicho programa estará dotado el próximo año con 160 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation que se repartirán por toda la Administración Pública para contratar jóvenes en prácticas entre 16 y 29 años.
Las prácticas continúan siendo una de las principales fuentes de formación para el talento joven, además de facilitar su inserción en el mundo laboral y mejorar sus capacidades y conocimientos. Después del año de pandemia donde la mayoría de los alumnos no pudieron realizarlas de forma presencial, este curso la mejora de la situación sanitaria ha favorecido la vuelta a la presencialidad.
La negociacion del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores (ET) sobre contratos formativos ha enturbiado más, si cabe, la negociación de la reforma laboral. Entre los asuntos más espinosos está la pretensión del Gobierno de que las prácticas curriculares y extracurriculares que realizan los estudiantes universitarios, conocidas como becarios conlleven la cotización a la Seguridad Social y sean remunerados, actualmente exentas de ambas obligaciones empresariales.
La reforma de los contratos de formación que prepara Trabajo impondrá la obligación de que los estudiantes en prácticas coticen; por tanto, las empresas tendrán que correr con esos pagos a la Seguridad Social.
El fraude en las prácticas en empresas cuesta a la Seguridad Social más de 1.500 millones de euros al año, según un estudio de UGT.
Tutorizar a un estudiante en prácticas supone tiempo, esfuerzo y habilidad como formadores, por lo que las empresas no siempre dedican el tiempo y los recursos suficientes a formar a los becarios que reciben.
Están exentas en la declaración del Impuesto sobre la Renta, las becas públicas concedidas por las entidades sin fines lucrativos y las concedidas por la obra social de las fundaciones bancarias, cuando sean percibidas para cursar estudios reglados, tanto en España como en el extranjero, en todos los niveles y grados del sistema educativo.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha trasladado a la Inspección su intención de reforzar normativamente su actuación para controlar las irregularidades en materia salarial y en los despidos colectivos. Unos cambios que se ampararán dentro del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2021-2023 actualmente en elaboración.
Abastible se posicionó en el lugar 15 entre las 27 compañías destacadas del ranking Mejores Empresas para Practicantes 2020 Chile, elaborado por la plataforma FirstJob, siendo la única del sector gas licuado.
