becarios

El Ministerio de Trabajo ha sometido a los agentes sociales sentados en la mesa de negociación de la reforma laboral una orden ministerial que regula la concesión de las subvenciones públicas del "programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas". Dicho programa estará dotado el próximo año con 160 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation que se repartirán por toda la Administración Pública para contratar jóvenes en prácticas entre 16 y 29 años.

Las prácticas continúan siendo una de las principales fuentes de formación para el talento joven, además de facilitar su inserción en el mundo laboral y mejorar sus capacidades y conocimientos. Después del año de pandemia donde la mayoría de los alumnos no pudieron realizarlas de forma presencial, este curso la mejora de la situación sanitaria ha favorecido la vuelta a la presencialidad.

La negociacion del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores (ET) sobre contratos formativos ha enturbiado más, si cabe, la negociación de la reforma laboral. Entre los asuntos más espinosos está la pretensión del Gobierno de que las prácticas curriculares y extracurriculares que realizan los estudiantes universitarios, conocidas como becarios conlleven la cotización a la Seguridad Social y sean remunerados, actualmente exentas de ambas obligaciones empresariales.

La reforma de los contratos de formación que prepara Trabajo impondrá la obligación de que los estudiantes en prácticas coticen; por tanto, las empresas tendrán que correr con esos pagos a la Seguridad Social.

El fraude en las prácticas en empresas cuesta a la Seguridad Social más de 1.500 millones de euros al año, según un estudio de UGT.

Tutorizar a un estudiante en prácticas supone tiempo, esfuerzo y habilidad como formadores, por lo que las empresas no siempre dedican el tiempo y los recursos suficientes a formar a los becarios que reciben.

Están exentas en la declaración del Impuesto sobre la Renta, las becas públicas concedidas por las entidades sin fines lucrativos y las concedidas por la obra social de las fundaciones bancarias, cuando sean percibidas para cursar estudios reglados, tanto en España como en el extranjero, en todos los niveles y grados del sistema educativo.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha trasladado a la Inspección su intención de reforzar normativamente su actuación para controlar las irregularidades en materia salarial y en los despidos colectivos. Unos cambios que se ampararán dentro del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2021-2023 actualmente en elaboración.

Abastible se posicionó en el lugar 15 entre las 27 compañías destacadas del ranking Mejores Empresas para Practicantes 2020 Chile, elaborado por la plataforma FirstJob, siendo la única del sector gas licuado.