El Consejo de Ministros ha ratificado la última parte de la reforma de pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El encargado de las pensiones ha pactado con sindicatos y los tradicionales socios de Gobierno, principalmente Unidas Podemos, y sin la patronal, una reforma que centra sus esfuerzos en subir las cotizaciones sociales hasta un 1,1% del PIB y no aplica un recorte del gasto.
La cotización es una de las preocupaciones más importantes y duraderas en la vida de un trabajador. Junto al salario con el que cubre sus necesidades básicas y el resto de gastos, las cotizaciones a la Seguridad Social son el segundo gran aliciente de un trabajo para cualquier ciudadano medio.
La reforma de pensiones acumula más de dos meses de retraso y varios bloqueos y eso tendrá consecuencias. El ministro José Luis Escrivá negocia aún a tres bandas el desbloqueo de los últimos retoques de la legislatura. Desde la Comisión Europea han levantado la mano con cierto margen para que Seguridad Social llegue a un acuerdo por unas medidas impopulares entre los agentes sociales y los grupos políticos, especialmente la ampliación del periodo de cómputo. Ante la amenaza que lanza Bruselas de suspender parte o la totalidad del pago de 10.000 millones de fondos europeos y los plazos incumplidos, Escrivá se encuentra ya abocado a recurrir a la fórmula del real decreto para aprobar la reforma de pensiones por la vía rápida, antes de Semana Santa. Si no fuera así, resultaría ya imposible que el ministro cumpla sus propios tiempos.
Los más de 3,3 millones de trabajadores autónomos que hay en nuestro país siguen adaptándose al nuevo sistema de cotización por tramos de ingresos reales que entró en vigor con la llegada de 2023. Un sistema que se ha introducido para ajustar la cotización de estos profesionales por cuenta propia y que tiene cambios en diferentes aspectos.
Los más de 3,3 millones de trabajadores autónomos que pertenecen al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) ya han realizado los primeros pagos a la Seguridad Social con el nuevo sistema de cotización por tramos de ingresos reales. Sin embargo, todavía se encuentran en un periodo de adaptación a una forma diferente de cotizar a la Seguridad Social.
Una de las claves para determinar la cuantía de una pensión de jubilación es la base reguladora del trabajador. Se trata de un valor clave no solo para estas prestaciones, sino para todas aquellas de tipo contributivo como las pensiones de viudedad o incapacidad permanente y la prestación contributiva por desempleo, el paro.
Con la llegada del nuevo año los más de 3,3 millones de trabajadores autónomos (datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social) han tenido que afrontar el nuevo sistema de cotización por tramos de ingresos reales, una nueva forma de cotizar a la Seguridad Social que conllevará nuevas cuotas y otras modificaciones.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que encabeza José Luis Escrivá mantiene sobre la mesa una propuesta para aumentar las bases de cotización 30 puntos más el IPC hasta mitad de siglo. El conocido destope es la herramienta elegida por el Gobierno para arañar ingresos extra de los salarios superiores a los 49.000 euros en los que está el límite actual y cubrir los 2030 y 2040, dos décadas de especial tensionamiento financiero de la Seguridad Social. En 2050, el gasto se elevará un 3,5% del PIB, mientras Fedea limita al 0,15% el impacto de este destope.
La última parte de la reforma de pensiones del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá propone un destope de las bases máximas de cotización ligado al IPC medio anual más otros 30 puntos extra hasta 2050. Una medida que elevará de forma histórica el límite de cotizaciones a la Seguridad Social. Junto a la subida de 0,6 puntos sobre todas las nóminas por el Mecanismo de Equidad ya en 2023, el decil de mayor renta afronta la mayor senda de subida de las cotizaciones de la historia hasta mitad de siglo mientras las pensiones más altas solo crecerán con el IPC más 3 puntos.
La última parte de la reforma de pensiones comprometida en el Plan de Recuperación centra parte de sus objetivos en la modificación de las bases máximas de cotización y de las propias pensiones más elevadas del sistema público con la vista en mitad de siglo. Dos elementos esenciales: los ingresos por cuotas y la paga que recibe el jubilado tras su carrera laboral. En público, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha situado la horquilla del aumento para la pensión máxima entre el 15% y el 20%. El ministro otorga peso a una subida de entre el 20% y el 30% del tope de las bases de cotización.
Más de 3,3 millones de trabajadores pertenecen al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se trata de un colectivo que se caracteriza por sus especiales condicionantes en la relación que les une a la Seguridad Social pero que no quedará fuera de la batería de novedades destinadas a reformar el sistema de pensiones español en 2023.
El responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech, alertó ayer del "problema que supone descansar todo el ajuste de las pensiones en un aumento de la presión fiscal". El economista señaló el riesgo del aumento "significativo" de la presión fiscal para poder cubrir un gasto en pensiones creciente y, especialmente, el déficit estructural del sistema de pensiones. El próximo año, el ministerio de Escrivá aplicará un doble esfuerzo extra fiscal con el incremento de las bases máximas de cotización del 8,6% y la sobrecotización de 0,6 puntos.
Todo el mundo quiere cobrar en el futuro una pensión de jubilación de la mayor cuantía posible, pero no tanta gente conoce cómo se calcula el importe de estas prestaciones ni lo que se tiene en cuenta a la hora de proceder a ese cálculo. En lo que a muchas personas se les antoja casi como un jeroglífico tienen extrema importancia dos conceptos que, al contrario de lo que se piensa, no son lo mismo: la base de cotización y la base reguladora de los trabajadores.
Todos los ciudadanos que trabajan lo hacen para, al margen de tener un salario con el que poder hacer frente a los gastos cada vez más altos en concepto de alquiler o hipoteca, alimentación u otros, acumular las cotizaciones necesarias para sostener el sistema de la Seguridad Social y garantizar, entre otras, las pensiones de jubilación.
La denominada entre economistas como reforma silenciosa de las pensiones supone unos mayores incrementos de las bases máximas de cotización que de las pensiones más elevadas del sistema. Un ejemplo que muestra esta brecha es que la ampliación del diferencial entre aportación máxima y renta recibida a cambio en la jubilación ha subido 9 puntos porcentuales desde 2010, pasando del 23% al 32%. Este cálculo es un simple ejemplo de una brecha que, según observan en Civismo con datos de la Seguridad Social en la mano, es fija desde al menos 1984.
La reforma de pensiones que actualmente está en curso pone la vista en el largo plazo para marcar una senda de ampliación de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social. El Ejecutivo incluye en los Presupuestos ya una subida del 8,6% para las bases más altas como pretexto de un incremento hasta mitad de siglo que pretende igualar las cuotas con el resto de países europeos. Sin embargo, la empresa española asumía en 2020 ya el 29,9% del salario bruto del trabajador en cotizaciones a la Seguridad Social, lo que supone 8 puntos porcentuales más que la media de los países de la UE, si bien cuenta con un límite superior de cotizaciones más bajo que el resto de grandes economías del euro.
La patronal CEOE seguirá negociando la reforma de pensiones. "CEOE siempre se sienta en la mesa a negociar", confirman tajantes desde la patronal a este medio. Su postura choca frontalmente con la medida del Gobierno de subir las bases máximas de cotización un 8,6% el próximo año. Mientras, hay una negociación por la reforma de pensiones a tres bandas, que se debe tratar entre el Ejecutivo, los empresarios y los sindicatos en la mesa de diálogo social durante este último trimestre del año. La patronal mantiene pies de plomo y reclama al ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá más seguridad ante una medida que las empresas consideran clave.
La principal obsesión de un trabajador a lo largo de su vida laboral es la de conseguir derecho a una pensión de jubilación y, una vez conseguido ese derecho, garantizarse la mayor cuantía posible de dicha pensión para poder disfrutar de un retiro profesional lo suficientemente seguro a nivel económico. Para ello es indispensable conocer cómo se calculan las pensiones y qué elementos son determinantes en el cálculo.
El Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado el aumento del 8,6% de las bases máximas de cotización, una medida que supone cargar con casi 1.600 euros anuales extra en cotizaciones a la Seguridad Social a los salarios que superan los 49.000 euros en los que está limitada la actual base máxima. Esta medida, tal y como confirman fuentes internas de la patronal CEOE-Cepyme y de la asociación de autónomos ATA, se presentó a espaldas del diálogo social y no fue consultada durante la reunión por la reforma de pensiones celebrada esta misma semana, antes de la presentación de los PGE. Públicamente, ayer el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, calificó de "inadmisible e impresentable" la decisión.
La Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme) manifestó su rechazo absoluto al fuerte incremento de las cotizaciones sociales aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que suben las bases máximas de cotización un 8,6% y pide una reflexión sobre los últimos cambios introducidos en la Ley General de la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
El Estado asumirá parte del incremento de las cotizaciones el próximo año como parte del incremento de las bases máximas de cotización, actualmente en algo más de 49.000 euros anuales. En el último decil, que corresponde a las rentas altas a partir de 3.585 euros mensuales (43.000 anuales), 740.000 cotizantes son del sector público, lo que se corresponde con el 46% del total. Así, parte del incremento recaudatorio que prevé la Seguridad Social será asumido con un incremento de los costes laborales de la Administración Pública.
Son, tras los del Régimen General, los trabajadores más numerosos en España y su régimen especial sufrirá cambios en 2023. Se trata de los autónomos, un sector compuesto por más de tres millones de personas que a partir del próximo año se verán afectados por las modificaciones introducidas por el Gobierno a raíz del nuevo sistema de cotización por tramos de ingresos reales.
Un nuevo tiempo comienza para las trabajadoras del hogar tras la entrada en vigor de la reforma que ha permitido su cotización por desempleo y por el Fondo de Garantía Salarial y que, en la práctica, posibilita la cobertura en situaciones de desempleo y la opción de percibir el paro. Un avance que ha sido calificado de "histórico" por el Gobierno y que ha traído de la mano otros cambios para un colectivo al que pertenecen 373.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Cotizar, cotizar y cotizar. Puede ser el mantra de toda una vida de trabajo y no se alejaría demasiado de la realidad: los trabajadores, al margen del salario con el que cubren de la mejorma forma que pueden todos sus gastos y necesidades, realizan sus funciones para acumular la cotización a la Seguridad Social indispensable para que en el futuro reciban una pensión de jubilación.
El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dirigido por José Luis Escrivá tiene pendiente "adecuar" las bases máximas de cotización a largo plazo. El conocido como destope ha sido constante y gradual en los últimos 15 años, con un ritmo medio de ampliación del 2,2% anual. La próxima mesa de pensiones con los agentes sociales negociará un plan a años vista que mejore los incremente los ingresos del sistema público, si bien, a priori, iría acompañada de una consecuente subida de las pensiones máximas.
A la hora de conocer cuál es nuestra pensión de jubilación hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Lo primero de todo es que ese cálculo se realiza obedeciendo a unos criterios muy concretos por parte de la Seguridad Social, que se limita al cumplimiento de la normativa.
Aunque en ocasiones el funcionamiento del sistema de pensiones parece un misterio, lo cierto es que el reconocimiento y el cálculo de estas prestaciones se ejecuta en base a unos criterios muy claros que no dejan lugar a dudas. Y, por lo tanto, si el trabajador quiere asegurarse en el futuro una pensión de jubilación con una cuantía que le permita vivir con holgura debe tener claro que, entre otras cosas, ha de contar con una base reguladora de cierto importe.
Las bases de cotización de los trabajadores son extremadamente importantes debido a que determinarán de forma decisiva cuáles serán las cuantías de las prestaciones o pensiones que puedan cobrar en un futuro. Por eso es muy recomendable tener en mente cuáles han sido las bases por las que se ha cotizado a lo largo de la vida laboral.
El Gobierno ha conseguido la ansiada reforma del sistema de cuotas de los autónomos tras más de un año de negociaciones con los agentes sociales. El texto final, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado y articulado a través del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, implementa un nuevo sistema de cotización por ingresos reales que entrará en vigor a partir de 2023 y tendrá un calendario progresivo hasta 2025.
Aunque el mero acto de cotizar ya es vital para todo trabajador, también es sumamente la base de cotización sobre la cual se le hacen los descuentos. Es un concepto que, al igual que las cotizaciones y las retenciones de IRPF. aparece en todas las nóminas de los trabajadores cuando cobran el salario en su empresa.
