ayudas directas

La Cámara de Comercio de España, a través de las Cámaras de Comercio Territoriales, ha puesto en marcha un nuevo Programa de Sostenibilidad para Pymes que ofrece a las pequeñas y medianas empresas ayudas directas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para mejorar su sostenibilidad con actuaciones relativas a la eficiencia energética, la medición de la huella de carbono, la economía circular y la Agenda 2030. Las empresas participantes podrán recibir una ayuda directa de entre el 40 y el 85 por ciento, dependiendo de la comunidad autónoma, de la inversión realizada sobre un máximo de 7.000 euros.

Unos días después del Día de Europa, que conmemora el fin de la II Guerra Mundial, hoy se celebra el día de las pymes en nuestro continente. Como entonces, la contienda de la Covid-19 ha dejado muchas víctimas, tanto vidas humanas como miles de pequeños negocios cerrados. Se estima que un 15-20% de las pymes europeas ya no levantará más su persiana a causa de la pandemia.

El Gobierno ha publicado el Real Decreto Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, que moviliza 11.000 millones de euros para frenar en la medida de lo posible la debacle económica que está sufriendo el tejido empresarial español, representado en su gran mayoría por pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, a causa de la pandemia provocada por la Covid-19. De esa cantidad, 7.000 millones se entregarán en ayudas directas.

El Gobierno permitirá extender los préstamos otorgados con avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) desde los 8 años máximos a 10 años y ampliar el periodo de carencia en su pago más allá de los dos años ya regulado gracias a la puesta en marcha de un Código de Buenas Prácticas para favorecer la reestructuración de deuda de empresas y autónomos.

El presidente de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, Vitartis, Pedro Ruiz Aragoneses, ha pedido hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que "apoye decididamente la concesión de ayudas directas a las empresas del sector agroalimentario para acelerar la recuperación de la actividad económica en la Comunidad".

Tras su anuncio en marzo y la modificación de los requisitos y ampliación de los colectivos para su acceso en abril, los autónomos están muy cerca de poder solicitar las ansiadas ayudas directas que el Gobierno contempla como medida de cobertura ante la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.

La Generalitat Valenciana destinará las ayudas a empresas y autónomos para paliar la crisis del Covid procedentes del Estado a prácticamente el doble de sectores de los contemplados inicialmente en el decreto ley del Gobierno de Pedro Sánchez.

La ampliación de los sectores beneficiarios de las ayudas directas dentro del paquete de 7.000 millones de euros ideado por el Gobierno para autónomos y empresarios contra la pandemia trajo consigo una letra pequeña en la redacción publicada en el Boletín Oficial del Estado: que, en algunos casos, las firmas o autónomos con pérdidas en 2019 también tienen derecho a estas ayudas.

Si me has leído con anterioridad, quizás pienses que soy "cañero" y que lo que cuento en prensa u online, en televisión o en radio es pesimista. Te puedo asegurar que no lo soy. Lo que es pesimista es la situación tal y como está. Y en mi ánimo solo está avisar para intentar salvar el barco lo antes posible. Porque mi mayor pesimismo no procede de la propia situación y de nuestro tejido empresarial, en el que confío plenamente. Mi pesimismo procede de la observancia de las decisiones que se adoptan y del desconocimiento en la pyme española de quien toma las mismas.

El Gobierno amplió la semana pasada los sectores que pueden recibir las ayudas directas contempladas en el paquete de 7.000 millones de euros para proteger a autónomos y empresarios contra las pérdidas generadas por la pandemia de coronavirus y los parones en la actividad que ha generado.

Varias comunidades autónomas, patronales y asociaciones de autónomos alertan de las trabas burocráticas ante el reparto de los 7.000 millones de ayudas directas que aprobó el Gobierno el martes. Madrid y Andalucía han criticado los complejos pliegos de condiciones que exigen multitud de información a las compañías.

Tras la publicación en el BOE de la modificación del decreto de ayudas directas para pymes y autónomos que abre la puerta a las comunidades autónomas para que amplíen el listado de actividades susceptibles de acceder al plan de rescate y modifique los requisitos para las concesiones, los autónomos han iniciado una ofensiva en los diferentes gobiernos regionales para sustanciar estas mejoras, donde buscan reservar al menos el 50% del paquete aprobado por el Ejecutivo, unos 3.500 millones de euros para aquellas empresas cuya caída de facturación en pandemia asciende al 50% respecto al rendimiento obtenido en 2019.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la ampliación de sectores que podrán ser receptores del fondo de 11.000 millones, 7.000 para ayudas directas, aprobado por el Gobierno para paliar las pérdidas que la pandemia ha ocasionado a empresas y autónomos y además ha confirmado que podrán acceder al mismo empresas que registraron pérdidas en 2019 por causas excepcionales.

Pues nada, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se pronuncia en el sentido de que menos política monetaria y más política fiscal. Europa no tira. Que los rebrotes pandémicos castigan, es evidente, pero, también, el bochornoso espectáculo de las vacunas que no sé si es del mismo calibre del “sofágate” pero que sí da lugar al “vacunagate”. Y, claro, en la zona euro, el Banco Central Europeo (BCE), con la mejor voluntad, va dopando financieramente la economía, con 1.850 billones de euros metidos para comprar deuda pública y privada. Todo tiene un límite. Y más si atinamos en que desde 2012, cuando el 26 de julio Mario Draghi anunció su lapidaria frase de “haré lo que haya que hacer, y créanme, será suficiente”, la munición monetaria lanzada por el BCE ha sido multimillonaria.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha calificado de "intolerable" la lentitud del Gobierno para ordenar el plan de 7.000 millones de ayudas directas para pymes y autónomos y ha criticado que aún se desconoce de qué manera se podrán acoger al mismo los sectores incluidos en el decreto.

El ya evidente retraso en la llegada de las ayudas europeas anti-crisis no sólo privará al PIB español de un empuje extra para su avance en 2021, que el Gobierno llegó a cifrar en 2,6 puntos. Las empresas lo sufrirán especialmente, debido a la parálisis de 3.000 millones que, según los Presupuestos Generales de 2021, deben liberar varios Ministerios con cargo a los fondos comunitarios.

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviña, reconoció el pasado viernes durante la presentación de las nuevas previsiones económicas para este año y el próximo, que el impacto de los fondos comunitarios sobre el PIB será en 2021 inferior a los 2,6 puntos porcentuales previstos anteriormente. Aunque la ministra no quiso dar una cifra del efecto en este año, dejó claro que se colocará por debajo del 2%. Pero el retraso que se está produciendo en la inyección de los fondos comunitarios afectará también a cerca de 3.000 millones de euros comprometidos en transferencias directas a empresas privadas que están contempladas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Son en su gran mayoría de capital, pero también algunas corrientes.

El último paquete de ayudas aprobado por el Gobierno para autónomos y pymes dejó fuera del acceso a las ayudas al menos a 100.000 autónomos que se encuentran en una situación límite. Muchas de ellas, tal y como denuncian las asociaciones representantes del colectivo, se circunscriben a negocios que llevan ya un año entero con el cierre echado, ya que ni siquiera se han podido reactivar durante los meses de desescalada y apertura.

El primer trimestre de 2021 termina sin haber sido capaz de corregir el estancamiento que el PIB español registró a finales de 2020. Es más, todas las previsiones apuntan a que la economía volvió a contraerse entre enero y el mes pasado.

Marzo de 2021. Hoy, último día. Doce meses después, España anda sumida en horas muy bajas. La batalla sanitaria prosigue. En el frente económico las pérdidas se cuentan por cientos de miles y las víctimas en curso son y serán copiosas. En lo social, el país empieza a estar desmontado. La pobreza y las desigualdades se agudizan y recientes altercados como los de Barcelona transmiten una infausta imagen de España en el mundo. Y políticamente estamos en las manos menos idóneas tanto por los unos como por los otros y por los terceros. España, con ese paisaje, no saldrá de la hecatombe hasta dentro de mucho tiempo.

El plan de ayudas para el turismo y la hostelería impulsado por el Gobierno de Aragón, para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria, estará dotado con 50 millones de euros. Así lo ha anunciado este martes el jefe del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, durante la firma del acuerdo que permitirá su puesta en marcha.

El Banco de España rechaza limitar el precio del alquiler y pide como solución aumentar la oferta de vivienda por parte del sector público. El gobernador del organismo, Pablo Hernández de Cos, aseguró este lunes en un desayuno informativo organizado por Europa Press que controlar los precios no es la mejor opción para encontrar una solución a largo plazo que mejore el acceso a este mercado de las capas más vulnerables de la población.

Gonzalo Gortázar ha empezado a tomar las riendas del nuevo gigante financiero español, surgido de la fusión el viernes de CaixaBank y Bankia. El consejero de la entidad se muestra optimista sobre la recuperación de la economía a partir de la segunda mitad de este año, confía en que la morosidad bancaria se mantenga bajo control y suba menos de lo esperado, aunque continuará siendo prudente y elevará las provisiones.

Más problemas para la puesta en marcha del esperado fondo de recuperación de la UE. El Tribunal Constitucional alemán paralizó ayer la ratificación de la elevación del techo presupuestario de la UE, necesaria para financiar los 800.000 millones de euros del fondo, hasta que no se pronuncie sobre un recurso presentado por un grupo de 2.200 ciudadanos contra el nuevo instrumento europeo.

La publicación en el BOE este viernes del reparto de 7.000 millones de euros con que está dotada la línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas ha levantado una polvareda entre administraciones regionales, autónomos y patronales, contrarios a los criterios de reparto del Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado satisfecho por haber logrado "con las exigencias" del Ejecutivo regional más fondos para la Comunidad procedentes de la UE, aunque ha lamentado el reparto "arbitrario" del Gobierno de la Línea Covid, por lo que ha solicitado que se convoque de forma "urgente" un Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer un sistema de reparto "justo".

El pasado 12 de marzo conocimos el contenido del paquete de ayudas directas de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Al margen del debate sobre si las ayudas son suficientes, si llegan a tiempo o si engloban a todos los afectados, conviene destacar las prestaciones que percibirán aquellos contribuyentes que tributen en módulos: un máximo de 3.000 euros, mientras que el resto de contribuyentes afectados podrán percibir cuantías entre 4.000 y 200.000 euros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este viernes cómo queda el reparto entre las comunidades autónomas de los 7.000 millones de euros en ayudas directas que el Gobierno aprobó para empresas y autónomos afectados por la crisis sanitarias y de los que 2.000 millones ya se anunció que irían destinados exclusivamente a las islas Baleares y Canarias dado su potencial turístico.

Castilla y León recibirá 232,5 de los 7.000 millones de euros con que está dotada la Linea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas, lo que supone el 3,3 por ciento del total.

Cepyme alertó este jueves de que dos millones de pymes quedan excluidas de las ayudas directas aprobadas por el Gobierno -y que acaban de ser convalidadas por el Congreso- debido a los requisitos sectoriales establecidos, según un análisis realizado por la patronal con datos del INE. En opinión de la Cepyme, estas empresas están sufriendo igualmente pérdidas y, sin embargo, quedan excluidas por las restricciones administrativas aprobadas y que, por tanto, "no pueden optar a compensaciones económicas que ayuden a su viabilidad".