La Audiencia Nacional rechaza que las empresas de seguridad solicite a los trabajadores de nueva incorporación, un certificado o declaración de no estar incurso en antecedentes penales. Según la Audiencia Nacional, es un tratamiento ilícito de datos de carácter personal.
La Audiencia Nacional ha dado la razón a Isolux Corsán en su disputa con la Agencia Tributaria por presuntas irregularidades en el pago de impuestos. El grupo de infraestructuras, que se halla en concurso de acreedores desde hace casi tres años, presentó un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación previa del Tribunal Económico-Administrativo Central de la reclamación de la compañía contra las actas que levantó Hacienda en agosto de 2012 por el Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios 2005-2008.
El plazo para iniciar la comprobación de las liquidaciones es de cuatro años, pero en dicha comprobación se puedan verificar créditos fiscales de los últimos 10 años que tengan efecto en el ejercicio que es objeto de esa comprobación, por lo que Hacienda puede reclamar la inclusión en la misma de las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores omitidas.
Si la empresa abona en la nómina una cuantía lineal y para todos los trabajadores, al margen de que exista o no la situación de gasto a la que, en teoría, responden, estos pluses se considera que forman parte del salario y, por tanto, suman a la hora de establecer el salario mínimo interprofesional, según establece la Audiencia Nacional (AN) en una sentencia, de 18 de febrero de 2020.
El exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha restado valor al papel que tuvo el Banco de España en la ampliación de capital de 2016 del Popular y ha asegurado que era al Banco Central Europeo (BCE) a quien le correspondía la supervisión de la entidad, según informan fuentes jurídicas a este diario. Linde ha acudido a las 9 de la mañana de este miércoles a declarar como testigo en la Audiencia Nacional por la caída del banco en junio de 2017.
La Audiencia Nacional rechaza el derecho al olvido sobre asuntos que han cristalizado en procedimientos judiciales. Sin embargo, la Justicia exige que los buscadores de Internet, como Google, listen la sentencia que puso fin al proceso al principio de la búsqueda, de manera que sea lo más destacado.
El plazo de 30 años que está regulado para la cancelación de inscripciones en el Registro Central de Delincuentes Sexuales es un plazo ajustado a derecho, en aquellos casos en que se haya cumplido la pena sin volver a delinquir, y la víctima sea menor de edad y el condenado mayor, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 2 de marzo de 2020.
BBVA ha entregado al BCE información del forensic encargado para esclarecer el 'caso Villarejo'. La entidad, según ha podido saber este periódico, no solo ha puesto a disposición del supervisor los hallazgos de la investigación interna, sino que ha mantenido reuniones para explicar la situación del proceso judicial y atender a las solicitudes de información.
El excomisario Juan Manuel Villarejo presentó una denuncia contra BBVA por los pagos que recibía de las investigaciones que realizaba para el banco, que derivaron en una trama de espionaje masivo contra destacados empresarios, políticos y periodistas.
El juez de la Audiencia Nacional negó que BBVA fuera perjudicado por las investigación que las firmas del excomisario José Manuel Villarejo realizó para presuntos asuntos personales del expresidente de la entidad Francisco González (FG). El expolicía buscó fincas en varias zonas de España para que FG las adquiriera. Además, las empresas del exinspector también pagaron muebles al entonces jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano. Bajo estas dos actividades, la entidad quiso personarse en la causa como perjudicada, sin embargo el Ministerio Público propuso al juez Manuel García Castellón esta petición y aconsejó al grupo financiero que, si lo deseaba, podía "instar las acciones que estime conveniente en la reclamación de los derechos" si considera que la actuación de sus directivos "no se produjo en beneficio de la sociedad, sino únicamente en su perjuicio". Animando así a tomar acciones legales contra FG.
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