El fraude masivo en la venta de vino con Denominación de Origen de Valdepeñas, en Ciudad Real (Castilla-La Mancha) -cerca de la mitad de los vinos que se han vendido como crianzas o reservas son en realidad vino del año, tal y como adelantó este periódico la semana pasada- podría haber sido ocultado de forma deliberada.
La Audiencia Nacional avala la aplicación de un ERTE de fuerza mayor para una empresa de teleoperadores, las llamadas contact center. La sentencia establece que la empresa afectada actuó correctamente y que no incumplió ninguna norma al suspender las relaciones de estos trabajadores. En este sentido, destaca que no se podía desarrollar esta actividad durante el estado de alarma.
La Audiencia Nacional ha avalado un ERTE de una empresa de escuelas de educación infantil que había sido recurrido por CCOO al entender que se instó por fuerza mayor constatada por la autoridad laboral y que el silencio administrativo se entiende en sentido positivo.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación para esclarecer si varias bodegas de la denominación de origen Valdepeñas, entre las que se encuentra el gigante vinícola Félix Solís, dueño de la marca Viña Albali, han estado vendiendo vino jóven como si fuera en realidad crianza, reserva o incluso gran reserva.
La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por Dia contra una expediente impuesto por el Ministerio de Agricultura en 2017, tras detectar 86 infracciones graves de la Ley de la Cadena Alimentaria, lo que motivó una multa superior a los 6 millones de euros.
Esta semana, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional le quitaba la condición de víctima o perjudicado a Pablo Iglesias, quien se había personado en la causa de una pieza separada de la 'Operación Tándem' -que afecta directamente al comisario José Villarejo-.
La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso contra la continuidad de la biofábrica de Ence en Pontevedra, rechazando todos los argumentos del colectivo ecologista recurrente, entre ellos que la actividad de la planta perjudique al medio ambiente. La Justicia todavía tiene que pronunciarse sobre la validez de la prórroga por 60 años concedida a la instalación; el fallo podría retrasarse por el coronavirus.
El magistrado del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha incluido como investigados dentro de la Operación Lezo al ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana y al empresario Juan Miguel Villar Mir, dueño de la constructora OHL. La trama tiene su epicentro alrededor de la empresa pública Canal de Isabel II y las presuntas comisiones por responsables políticos del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Ryanair ejecutó en las bases de Canarias y Girona el pasado mes de enero parece un decálogo de lo que no hay que hacer para llevar a buen puerto un procedimiento de despido colectivo. Y es que, la Audiencia Nacional ha declarado nulo el ERE promovido por la aerolínea irlandesa al dar por probado que ignoró el estatus de los trabajadores y apreciar "mala fe, fraude, coacción y abuso de poder" en su actuación durante todo el proceso.
Toda la capacidad del sistema gasista se adjudicará mediante subastas, que serán diferentes en el caso de los slots de las regasificadoras, siguiendo un mecanismo que ha levantado ampollas en Naturgy y ENI: ambas compañías han solicitado medidas cautelares contra la puja de slots que Enagás celebró en febrero; uno de sus argumentos es que aún no se conocían las reglas de estos concursos, que se han publicado hoy.
Dia ha decidido reclamar a Ricardo Currás, consejero delegado de la compañía hasta finales de agosto de 2018, fecha en la que fue cesado, más de 2,78 millones de euros en concepto de los bonus variables anuales e indemnizaciones tras activar las denominadas cláusulas clawback.
Los reconocimientos médicos de los empleados computan como parte del tiempo de trabajo. La Audiencia Nacional asegura que nunca han de suponer un coste para el trabajador.
La Audiencia Nacional rechaza que las empresas de seguridad solicite a los trabajadores de nueva incorporación, un certificado o declaración de no estar incurso en antecedentes penales. Según la Audiencia Nacional, es un tratamiento ilícito de datos de carácter personal.
La Audiencia Nacional ha dado la razón a Isolux Corsán en su disputa con la Agencia Tributaria por presuntas irregularidades en el pago de impuestos. El grupo de infraestructuras, que se halla en concurso de acreedores desde hace casi tres años, presentó un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación previa del Tribunal Económico-Administrativo Central de la reclamación de la compañía contra las actas que levantó Hacienda en agosto de 2012 por el Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios 2005-2008.
El plazo para iniciar la comprobación de las liquidaciones es de cuatro años, pero en dicha comprobación se puedan verificar créditos fiscales de los últimos 10 años que tengan efecto en el ejercicio que es objeto de esa comprobación, por lo que Hacienda puede reclamar la inclusión en la misma de las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores omitidas.
Si la empresa abona en la nómina una cuantía lineal y para todos los trabajadores, al margen de que exista o no la situación de gasto a la que, en teoría, responden, estos pluses se considera que forman parte del salario y, por tanto, suman a la hora de establecer el salario mínimo interprofesional, según establece la Audiencia Nacional (AN) en una sentencia, de 18 de febrero de 2020.
El exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha restado valor al papel que tuvo el Banco de España en la ampliación de capital de 2016 del Popular y ha asegurado que era al Banco Central Europeo (BCE) a quien le correspondía la supervisión de la entidad, según informan fuentes jurídicas a este diario. Linde ha acudido a las 9 de la mañana de este miércoles a declarar como testigo en la Audiencia Nacional por la caída del banco en junio de 2017.
La Audiencia Nacional rechaza el derecho al olvido sobre asuntos que han cristalizado en procedimientos judiciales. Sin embargo, la Justicia exige que los buscadores de Internet, como Google, listen la sentencia que puso fin al proceso al principio de la búsqueda, de manera que sea lo más destacado.
El plazo de 30 años que está regulado para la cancelación de inscripciones en el Registro Central de Delincuentes Sexuales es un plazo ajustado a derecho, en aquellos casos en que se haya cumplido la pena sin volver a delinquir, y la víctima sea menor de edad y el condenado mayor, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 2 de marzo de 2020.
BBVA ha entregado al BCE información del forensic encargado para esclarecer el 'caso Villarejo'. La entidad, según ha podido saber este periódico, no solo ha puesto a disposición del supervisor los hallazgos de la investigación interna, sino que ha mantenido reuniones para explicar la situación del proceso judicial y atender a las solicitudes de información.
El excomisario Juan Manuel Villarejo presentó una denuncia contra BBVA por los pagos que recibía de las investigaciones que realizaba para el banco, que derivaron en una trama de espionaje masivo contra destacados empresarios, políticos y periodistas.
El juez de la Audiencia Nacional negó que BBVA fuera perjudicado por las investigación que las firmas del excomisario José Manuel Villarejo realizó para presuntos asuntos personales del expresidente de la entidad Francisco González (FG). El expolicía buscó fincas en varias zonas de España para que FG las adquiriera. Además, las empresas del exinspector también pagaron muebles al entonces jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano. Bajo estas dos actividades, la entidad quiso personarse en la causa como perjudicada, sin embargo el Ministerio Público propuso al juez Manuel García Castellón esta petición y aconsejó al grupo financiero que, si lo deseaba, podía "instar las acciones que estime conveniente en la reclamación de los derechos" si considera que la actuación de sus directivos "no se produjo en beneficio de la sociedad, sino únicamente en su perjuicio". Animando así a tomar acciones legales contra FG.
El avance en los denominados derechos sociales no siempre es producto de la actividad legislativa; en ocasiones, las conquistas de los trabajadores se alcanzan a consecuencia de sentencias pioneras que interpretan o matizan la intención del legislador en la configuración del derecho; se alcanzan, permítanme la expresión, a golpe de sentencia.
Los hermanos Salazar han pactado con la Fiscalía y la empresa de alimentación Deoleo el pago de 8.400 euros para evitar el juicio por el llamado caso SOS, uno de los mayores escándalos empresariales en la historia de España, con el desvío de más de 200 millones desde las cuentas de la compañía a sociedades controladas por los acusados. Según el escrito de acusación, Jesús Salazar Bello acepta 21 meses de prisión y 5.100 euros de multa por delito societario, apropiación indebida, abuso de mercado, estafa e insolvencia punible, y su hermano Jaime acata 10 meses y medio de cárcel más una sanción de 3.300 euros por delito societario, apropiación indebida y abuso de mercado. Gracias a este pacto, ninguno de los dos hermanos tendrá que ingresar así en prisión. El juez Fernando Andreu había visto indicios de delito pero la Agencia Tributaria había dado la razón a los Salazar.
La secretaria judicial que realizó el registro en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, Montserrat del Toro, aseguró este lunes en el juicio que celebra la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos d'Esquadra que pasó miedo durante la jornada de registro y que se vio obligada a salir por la azotea porque "fuera no se podía estar sin peligro para la vida".
El permiso acumulado de lactancia y la excedencia por cuidado del hijo se pueden disfrutar de forma seguida sin ningún descuento del salario ni condicionante. Así lo refleja la Audiencia Nacional en una sentencia del pasado mes, recogida por Europa Press.
Deoleo está negociando con los hermanos Jesús y Jaime Salazar, antiguos gestores y hasta hace una década accionistas de referencia de la empresa, una salida negociada a la batalla judicial que mantienen desde hace años por el presunto desvío en 2008 de 212 millones de la caja a sociedades particulares, según han confirmado fuentes próximas al proceso, aunque ni la empresa ni los Salazar han querido hacer comentarios.
BBVA admitió en su declaración ante la Audiencia Nacional el pasado noviembre que, al menos desde 2015, sabía que era el excomisario José Manuel Villarejo quien estaba detrás de las empresas de Cenyt que tenían contratadas y a las que pagaron más de 10 millones durante trece años. Es más, el representante legal del banco, Adolfo Fraguas, confesó que hubo un momento en el que la entidad temió por la ilegalidad de las actividades del expolicía puesto que entonces aún estaba en activo. Sin embargo, también confirmó que, a pesar de esas alarmas, BBVA no inició ninguna investigación al respecto.
La Audiencia Nacional ha acordado hacer "efectivos los embargos" y "profundizar en la investigación patrimonial" del abogado Gonzalo Boye para que se ejecute el pago de la indemnización que le fue impuesta al ser condenado por el secuestro a manos de ETA del empresario Emiliano Revilla en 1988.
BBVA acusa directamente en su informe forensic de la contratación del comisario José Manuel Villarejo a diferentes directivos de la entidad, entre los que no figura su expresidente Francisco González. Según el documento aportado a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elEconomista, el banco sostiene que "las personas que habrían verificado la prestación de los servicios ofrecidos por Cenyt (firma del expolicía) entre 2004 y 2017, según las evidencias obtenidas serían Ángel Cano, Julio Corrochano, Antonio Béjar, Manuel Castro, Ignacio Pérez Caballero e Inés Díaz Ochagavia".
