asociaciones de jueces

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el foro judicial independiente instan en un comunicado conjunto al Gobierno, a que, como responsable de la política internacional del Estado, despliegue los instrumentos diplomáticos en su mano para impedir la aprobación del proyecto de resolución, aprobado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Europa, que viene a reprobar que los políticos sean enjuiciados por manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones.

Más de 2.500 jueces españoles de los 5.419 que hay en España, han presentado, a través de sus asociaciones, una denuncia ante la Comisión Europea para que actúe frente a las reformas del Gobierno con respecto a la Justicia en España.

La Comisión Europea discutirá la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del Gobierno con las asociaciones de jueces y otras partes interesadas a finales de este mes. Un portavoz comunitario informa que este intercambio formará parte de la revisión anual sobre el Estado de Derecho en los Estados miembros, un proceso que se inició el pasado año.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no incluirá en el orden del día de su Pleno de este jueves, día 25, los cuatro nombramientos en el Tribunal Supremo que quedaron pendientes tras el extraordinario del pasado 4 de marzo, y tampoco es probable que éstas y otras designaciones sean introducidos en el debate de forma obligada por un grupo de vocales, como ocurrió el mes pasado.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso contencioso-administrativo presentado por las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces por la Democracia (JpD) contra la adscripción a la Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional de los magistrados Eloy Velasco y Enrique López (en excedencia por ser Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, acordada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en julio de 2019.

El Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas presentadas contra la propuesta de su reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentada por PSOE y Unidas Podemos, para limitar sus atribuciones en funciones.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer que la tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo de la reforma que limita sus funciones no respeta las exigencias del principio de separación de poderes.

Ante el bloqueo de la renovación de la cúpula judicial, el Gobierno y sus apoyos anti-constitucionales amenazan con cambiar la ley para proceder a rebajar la mayoría reforzada actual para elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ con el único apoyo de sus socios separatistas. Una situación esperpéntica, pues la norma solo podría aplicarse al cupo de vocales de jueces y magistrados, mientras los ocho restantes quedarían en el limbo, sin poder ser renovados porque para ellos el requisito de los tres quintos está blindado en la Constitución.

Las asociaciones de jueces se reunirán mañana viernes, con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para cerrar la ronda que iniciaron la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) con los principales grupos parlamentarios para trasladarles su Manifiesto por la Independencia Judicial.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por amplia mayoría, incluidos vocales propuestos por el PSOE, un texto en el que pide al Congreso de los Diputados que recabe su opinión y la de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre la reforma legislativa, impulsada por PSOE y Podemos, que pretende prohibir los nombramientos cuando esté en funciones, como es el caso actual.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado hoy con amplias mayorías a los presidentes de las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Burgos), de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de la Audiencia Provincial de Cáceres.

La mayoría de las asociaciones judiciales y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han lamentado la proposición de ley presentada este miércoles en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos para impedir que un CGPJ caducado pueda hacer nombramientos, subrayando que este último movimiento deja en evidencia el "juego político" al que está sometido el órgano de gobierno de los jueces.

El Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) del Consejo de Europa estima que las asociaciones de jueces deben participar estrechamente en cualquier esfuerzo de reforma judicial, y que la formación y la ética son ámbitos de trabajo importantes para ellas.

La mayoría de las asociaciones judiciales y de fiscales han publicado un manifiesto conjunto en el que reclaman la independencia judicial. Las firmantes son: la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

El Ministerio de Justicia prevé la recuperación de la normalidad en juzgados y tribunales en el mes de septiembre, dependiendo de la evolución de la emergencia sanitaria. En estas primeras semanas Justicia recomienda no cargar en exceso las agendas de señalamientos.

La Abogacía, las mayoría de las asociaciones de jueces, la Asociación de letrados de Justicia y los sindicatos del sector se muestran contrarios a que se considere activo para los juzgados y tribunales en el periodo comprendido entre el día 11 y el 31 de agosto, tal y como aprobó ayer el Gobierno en su plan para evitar el colapso una vez que finalice el actual estado de alarma.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se reunió el jueves por videoconferencia con las cuatro asociaciones de jueces y magistrados para tomar el pulso a la actividad judicial y abordar las políticas que ha puesto en marcha el Ministerio para seguir asegurando, en coordinación con el sector, los servicios esenciales durante el estado de alarma.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial exige a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia y que "se abstengan de adoptar medidas que impidan el cumplimiento de los servicios establecidos".