Las decisiones que tomamos para el alquiler de inmuebles (tanto viviendas como locales u otro tipo de propiedades) tienen una influencia muy alta en la tributación por el Impuesto sobre la Renta (IRPF), tanto como rentas inmobiliarias como rentas de actividades profesionales.
El Ministerio de Hacienda ultima estos días la Orden que regulará a partir del 1 de enero de 2022 las declaraciones informativas al arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos; a las cotizaciones de afiliados y mutualistas a efectos de la deducción por maternidad; y a los donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas.
Fernando Acedo-Rico es registrador de la Propiedad. Doctor en Derecho Cum Laude y graduado en Ciencias Económicas y Empresariales por Icade. Ha ejercido como viceconsejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad de Madrid y como director de Servicios Jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid.
Una vez que entre en vigor la Ley de Vivienda, cuyo anteproyecto acaba de aprobar el Consejo de Ministros, quienes alquilen vivienda deberán estar atentos a las decisiones de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, que estarán capacitadas para intervenir en el mercado para rebajar los precios y promover el mercado de arrendamiento.
El pasado lunes, el Gobierno anunció el acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos sobre la futura ley de vivienda, que, entre otras medidas, contemplará la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado, tal y como informó la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
Parece ser que finalmente hay acuerdo entre los socios de Gobierno para sacar adelante la polémica Ley estatal de Vivienda y podría ver la luz más temprano que tarde. Aun es pronto para poder realizar una valoración técnica sobre su contenido, pues aún no se conoce un texto articulado de dicha futura normativa, sino tan solo las principales medidas legales que contemplará en aras de potenciar la accesibilidad y estabilidad al derecho a la vivienda, por lo que el análisis que se puede realizar es aún muy superficial e impreciso. Habrá que esperar a ver el texto de esta futura ley para poder realizar un análisis exhaustivo y técnico sobre la misma.
Recientemente estamos intentando dibujar la España de 2050, vamos dando saltos de 20 en 20, hace dos años hablábamos de los objetivos de España 2030 dentro del Marco de los 17 ODS que fijaba en la ONU, parece que el 2030 está muy cerca y tenemos que hacer una previsiones al año 2050. En materia de vivienda el documento 20/ 2050 hace especial énfasis en reducir la proporción de población que sufre un sobreesfuerzo por el pago de la vivienda e incidir especialmente en la gente que vive en alquiler que sufre una sobrecarga más elevada, en ciudades como Madrid y Barcelona el tanto por ciento destinado al alquiler de una vivienda está en torno al 40% de la renta mensual de un ciudadano, si nos vamos a la compra la media nacional de esfuerzo para adquirir una vivienda está en torno al 30% nos encontramos ciudades como Madrid con un 34,35% y ciudades como Ibiza donde el esfuerzo para adquirir una vivienda es del 41% de la renta mensual media que gana un ciudadano español. Curiosamente es más alto el esfuerzo para pagar el alquiler que para pagar la cuota hipotecaria.
A partir de 2022 se subvencionará la promoción inmobiliaria destinada a alquiler social con hasta 47.250 euros por vivienda con el objetivo de que los precios de las rentas se limiten a 7,5 euros por metro cuadrado útil.
El mes de mayo se ha cerrado con una caída del precio del alquiler en España del 6% interanual hasta establecerse en 10,7 euros/m2, según el último informe de precios publicado por Idealista. Además, el precio ha caído un 1,2% en el último trimestre y un 0,5% en los últimos 30 días. Una caída generalizada que se ha notado especialmente en las dos principales ciudades del país.
Constituyen rendimientos de capital inmobiliario las rentas obtenidas por los alquileres de viviendas, locales y bienes inmuebles en general, pero a la hora de declarar tenemos que tener en cuante que los alquileres devengados en caso de no haber podido cobrar estas cantidades del arrendatario también tributan. Aunque no se haya producido el cobro, las cantidades devengadas como consecuencia de un contrato de arrendamiento constituyen rendimiento de capital inmobiliario, puesto que el criterio de imputación de este tipo de rendimientos es el de devengo, y no nos está permitida la opción por el criterio de caja.
El Tribunal Supremo reconoce que las comunidades de propietarios son consumidores cuando firman contratos de arrendamiento de servicios, como pueden ser los de mantenimiento de las instalaciones y ascensores, servicios de consejería, limpieza de zonas comunes o recogida de basuras, entre otros muchos.
No es responsable de los escapes de agua el propietario de la vivienda alquilada, si el inquilino no le ha advertido previamente de la existencia de deficiencias en el inmueble, según declara el Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de abril de 2021.
La vivienda habitual y sus anexos (plazas de garaje y trasteros, adquiridos junto con la vivienda, con un máximo de dos) no generan renta inmobiliaria. Además, si ha sido adquirida antes del 1 de enero de 2013, podemos beneficiarnos de la deducción por inversión en vivienda, si cumplimos los requisitos legalmente establecidos.
En ocho capitales españolas los hogares que viven de alquiler tienen que destinar más del tercio de sus ingresos que dicta como límite la recomendación a pagar la renta, según un estudio realizado por Idealista. Al contrario de lo que pueda parecer, el estudio refleja que no es en los grandes mercados donde se realiza un mayor esfuerzo. En cualquier caso, en ninguna capital se sobrepasa el 40%.
El precio del alquiler de viviendas en España se redujo un 3,8% durante los 12 meses desde que estalló la pandemia, según un informe publicado por Idealista. A cierre del mes de marzo de 2021, arrendar una vivienda tenía un coste de 10,8 euros por metro cuadrado.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de febrero de 2021, ha declarado improcedente un desahucio y ha desestimado el recurso de una empresa que compró los contratos de arrendamiento de viviendas de promoción pública y protección social al Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima).
A pesar de la incertidumbre que asedia a la economía, hay indicios que nos indican que el mercado inmobiliario seguirá siendo una alternativa rentable y segura para la inversión, sobre todo a partir del segundo semestre del 2021.
Las empresas propietarias de inmuebles en alquiler no tendrán que tributar por un ingreso no recibido, en el caso de reducciones pactadas en los contratos de alquiler por la Covid19, según informa el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac), en una consulta, de 19 de febrero de 2021, sobre el tratamiento contable de las reducciones de rentas acordadas en un contrato de arrendamiento operativo de local de negocio por causa de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria.
La legalidad del plan del Ayuntamiento de Madrid para promover el alquiler entre las rentas medias y animar a los propietarios con propiedades vacías a abrirlas al mercado está en cuestión. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) considera que la propuesta podría vulnerar el artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) al abocar el mínimo de años de arrendamiento a cuatro.
La diferencia entre la oferta y la demanda del precio de una vivienda en alquiler fue de 191 euros al mes en 2020, 18 euros más que el año anterior, y lo que supone una brecha económica entre lo que piden los propietarios y lo que quieren pagar los inquilinos del 42%, según se desprende de un estudio de pisos.com.
"Nuestra exclusiva Boutique Cartier Masaryk, permanecerá cerrada hasta el 10 de enero de 2021". Aún con semáforo rojo sobre la Ciudad de México, y sin fecha para retomar actividades, el lujo se ha ido de una de las zonas más exclusivas de la capital del país.
Muchas personas esperan los pagos de fin de año para hacer inversiones significativas como la adquisición de un vehículo; sin embargo, es importante tomar en cuenta que hay modalidades que ayudan a no gastar más de lo presupuestado.
Cómo queda la fiscalidad de los alquileres de los locales de negocios que se han modificado debido a la caída de ingresos por la obligación de cerrar o reducir sus aforos
Al alquilar una propiedad, uno de los principales requisitos que te solicitarán es una persona que respalde la operación. Pero si no cuentas con una, ¿qué pasa cuando no cuentas con una?
El arrendador de un local comercial no puede pretender la extinción del contrato primitivo -que lo estaría por aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) 1994- cuando, con posterioridad a esa fecha fecha y pese a concurrir causa legal de extinción, las partes han realizado actos reveladores de su voluntad de continuar con la relación arrendaticia, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 29 de octubre de 2020.
Anuncios de casas y apartamentos que ya han sido arrendados, cánones de arrendamiento desconectados con las condiciones de mercado, información escasa e imágenes de poca calidad y dificultad en la comunicación son algunos de los inconvenientes que afrontan las personas al conseguir un sitio en arriendo.
Cuando el empresario o profesional prolonga legalmente la actividad y se acoge a la jubilación activa, no se extingue el arrendamiento del local donde desarrolla la actividad, puesto que de ser así, se imposibilitaría en la práctica la prolongación de actividad en las condiciones contempladas por el Real Decreto-Ley 5/2013 (en la actualidad incluido en el artículo 214 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).
La reciente aprobación por parte de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña del Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados, supone una nueva aportación al embrollo jurídico que ha venido a añadirse a la desgracia inconmensurable del Covid.
El Diario oficial de la Generalitat de Cataluña publica hoy el Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados. La medida ya está en vigor.
Para muchas empresas la nueva normalidad trae consigo el replanteamiento sobre el uso del espacio en sus oficinas. Surge la necesidad de reacomodar espacios laborales para hacerlos seguros para sus colaboradores; ahí es cuando las corporaciones deben evaluar el presupuesto para mobiliario, y considerar el leasing.