El Gobierno ha decidido reducir del 10% al 5% la rebaja que los caseros deberán aplicar en el precio de los alquileres para obtener la bonificación en el IRPF del 90% del rendimiento neto, la máxima que prevé el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.

A partir de 2022 se subvencionará la promoción inmobiliaria destinada a alquiler social con hasta 47.250 euros por vivienda con el objetivo de que los precios de las rentas se limiten a 7,5 euros por metro cuadrado útil.

Las empresas propietarias de inmuebles en alquiler no tendrán que tributar por un ingreso no recibido, en el caso de reducciones pactadas en los contratos de alquiler por la Covid19, según informa el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac), en una consulta, de 19 de febrero de 2021, sobre el tratamiento contable de las reducciones de rentas acordadas en un contrato de arrendamiento operativo de local de negocio por causa de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria.

El arrendador de una vivienda que no ha declarado a Hacienda en su momento y es descubierto por la Agencia Tributaria (Aeat), a pesar de haber ocultado la operación, tiene derecho a aplicarse la reducción del 60% de su rendimiento en la liquidación practicada.

Elegir un arrendatario al momento de poner en arriendo una propiedad, es no sólo una decisión difícil, sino que también un proceso lento y engorroso, en el que el arrendatario debe revisar diversos informes y liquidaciones de sueldo antes de tomar una decisión. Por otro lado, el arrendador no tiene certidumbre si las liquidaciones son efectivas y al final termina tomando una decisión de confianza sin mucha información confiable.