La reina ha viajado este jueves a Granada para inaugurar la exposición La Granada Zirí y el universo Bereber, organizada por el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Legado Andalusí. Allí, Letizia ha sido muy bien recibida por los granadinos más jóvenes, que la han recibido con aplausos.
Gestionar con Presupuestos prorrogados se ha convertido en la norma de la política española. Al ciclo económico del que depende el nivel de financiación de la sanidad española, hay que sumar ahora la inestabilidad política de cada región. Solo ocho comunidades autónomas entrarán en 2020 con un proyecto de presupuestos aprobado para el próximo ejercicio. Son Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana. Se trata de Ejecutivos que disfrutan de mayorías o acuerdos de gobierno más o menos estables.
A la espera del fallo definitivo del Supremo y de las resoluciones sobre las 150 piezas separadas de los ERE, desde las filas socialistas y sus socios, que ahora no tienen reparos en pactar con un partido condenado por el mayor caso de corrupción conocido nunca en el país, han puesto en marcha su aparato de propaganda para transmitir a la opinión pública y a la publicada el engaño de que en la trama de corruptela andaluza nadie se ha metido un euro en el bolsillo y tampoco nadie se ha llevado dinero a paraísos fiscales y a Suiza.
Vodafone ha situado Andalucía en la vanguardia española y europea en tecnología 5G con motivo del inicio de los planes piloto de la nueva generación de telefonía. Tras la adjudicación de uno de los dos planes de ayudas públicas destinadas para el desarrollo de posibles casos de uso de la nueva súper banda ancha, la 'teleco' ya ha puesto en marcha en la comunidad cuatro de las 32 iniciativas aprobadas, todas ellas en colaboración con Huawei.
El Día de los Inocentes de 2013, UGT-Andalucía presentaba una querella contra Roberto Macías, extrabajador del sindicato durante seis años. Le imputa "robo de información y revelación de secretos", a la par que le pide, como acusación particular, 60.000 euros de multa y cuatro años de cárcel; la Fiscalía se queda en tres. Macías se reclama como alertador, que no denunciante, en la 'Operación Cirene' o caso de las facturas falsas de UGT-A, cuyo presunto fraude, con subvenciones de la Junta mediante, alcanza, según el peritaje, un desvío de 41,7 millones de euros, cifra que podría incrementarse hasta los 60. El juicio, previsto para este jueves a las 9.30, se ha suspendido tras la renuncia formal del letrado del querellado apenas hace 48 horas. Sevilla, que hace nueve días vivió de primera mano la sentencia del mayor caso de corrupción de la democracia, los ERE fraudulentos, tendrá que esperar ahora en otro proceso que acapara también sus miradas.
La formación de un Gobierno de coalición progresista, si finalmente Pedro Sánchez es investido presidente -algo que por lo pronto no está tan claro-, amenaza con recrudecer la guerra fiscal por los impuestos autonómicos entre el PSOE y el Partido Popular. Y es que, entre los planes fiscales de los socialistas está precisamente su intención de armonizar los tributos cedidos y de gestión regional y poner límite a la rebajas fiscales que tienen y plantean los territorios populares.
La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha pedido que se celebre una vista para estudiar el ingreso en prisión de los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y de los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez tras su condena a penas de cárcel por prevaricación y malversación en la pieza política del caso ERE.
Preguntar por el caso de los ERE en un colegio puede ser tan surrealista y osado como preguntar por ETA o por Franco. Los jóvenes de hoy desconocen la historia de su país con una ignorancia tan supina que sonroja.
Después de nueve años, la Audiencia Provincial de Sevilla dará a conocer este martes, a partir de las 12 de la mañana, el fallo judicial del mayor caso de corrupción política de la reciente historia de la democracia. Se trata del caso de los ERE, donde 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía se han visto involucrados por el uso irregular de un fondo de 680 millones de euros, el mayor volumen de dinero público bajo sospecha.
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