El Gobierno se ha marcado el firme compromiso de impulsar el segundo pilar del sistema de pensiones español: los planes de pensiones de empleo (PPE), una fórmula muy extendida en otros países europeos que, sin embargo, se usa poco en España. Y es que solo el 1% de las empresas ofrece este tipo de productos a sus trabajadores, a pesar de que el ahorro para la jubilación es un beneficio social muy bien valorado por los empleados.
La Audiencia Nacional, en sentencia de 2 de marzo de 2020, vuelve a pronunciarse en el sentido de permitir que en caso de cotización simultánea en varios regímenes de previsión, el funcionario pueda optar por el período de cotización que le resulte más favorable.
La pensión de jubilación, al contrario de lo que mucha gente cree, está considerada como rendimiento del trabajo, por lo que no está exenta de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por tanto, si se superan los límites anuales, será obligatorio presentar la declaración de la renta. Las pensiones, haberes pasivos y demás prestaciones percibidas de los sistemas de previsión social, corresponden, a efectos tributarios, íntegramente a la persona a cuyo favor estén reconocidos.
La nómina de pensiones continúa su senda ascendente tras alcanzar en marzo la cifra récord de 10.119,5 millones de euros, un 2,45% más que en el mismo mes de 2020. La explicación al alza del gasto en las prestaciones contributivas de la Seguridad Social tiene su origen en el pago de las nuevas altas de jubilación, toda vez que el impacto de la pandemia sigue haciendo estragos en el saldo de beneficiarios ya que según los datos del INSS, entre enero y febrero (último dato disponible) se registraron 109.602 altas de pensión y se produjeron 106.226 bajas, mostrando así los efectos de la pandemia sobre el colectivo de personas mayores en nuestro país.
Los españoles aportaron 1.327 millones de euros a los planes de pensiones del sistema individual el año pasado, la mayor cantidad desde 2009. Pero como sucede siempre, el 68% de todo ese dinero (906 millones de euros) entró en diciembre. No fue uno cualquiera: fue el último en el que los españoles pudieron descontarse con sus aportaciones hasta 8.000 euros en la base imponible del Impuesto de la Renta a las Personas Físicas (IRPF), frente a los 2.000 euros a los que el Gobierno ha limitado esta ventaja este año.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general la propuesta de reforma al sistema nacional de pensiones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Rara es la entidad que no tiene activa una promoción para captar clientes para sus planes de pensiones. Las bonificaciones en metálico alcanzan el 5% para los traspasos más elevados, aunque hay alternativas para todos los bolsillos. Detrás de esos regalos en metálico hay una serie de cláusulas a aceptar que pueden restar atractivo a las ofertas.
La necesidad de ahorrar a largo plazo para complementar la entredicha pensión pública y hacerlo de la manera más eficiente posible dan sentido a las propuestas de los gestores automatizados en planes de pensiones, en los que los costes totales medios rondan el 0,99%. Además, la mayoría de sus planes logra rentabilidades más altas que sus respectivas categorías de Morningstar.
A día de hoy, los planes de empleo son un vehículo de ahorro al alcance de muy pocos. Solo uno de cada seis trabajadores en España dispone de uno. El Gobierno quiere impulsar su uso creando uno público, con costes competitivos, al que puedan adherirse las empresas. Y, por otro lado, resta atractivo a otra forma de ahorrar para la jubilación dejando todo el protagonismo a estos últimos, al reducir la cantidad deducible de la base imponible con las aportaciones a los planes de pensiones individuales de 8.000 a 2.000 euros.
El Gobierno quiere impulsar el segundo pilar del sistema de pensiones, los planes de empleo, en detrimento del tercero, los planes de pensiones del sistema individual (el primer pilar es el sistema público de pensiones). El anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado reduce la cantidad máxima que un partícipe puede deducirse con su plan de pensiones privado, de 8.000 a 2.000 euros. Pero especifica que puede ampliarse en 8.000 euros más (lo que suma 10.000 en total) con aportaciones en un plan de empresa. La realidad es, sin embargo, que solo una minoría de los partícipes (el 1,6%) resta de su salario la cantidad máxima, esos 8.000 euros.
De acuerdo con el más reciente análisis de Asofondos, septiembre marcó nuevos máximos, es el caso del valor de los fondos pensionales que aumentaron hasta los $293, 7 billones, recursos correspondientes a pensiones obligatorias y que peso a peso son propiedad de los trabajadores.
No es un año fácil de mercado. La crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha teñido el marcador de rojo de muchos activos, lo que ha afectado, también, a las rentabilidades que acumulaban los planes de pensiones. Hasta agosto, los del sistema individual perdían de media un 0,9% en el último año. A cierre de septiembre, las pérdidas se han ampliado hasta el 2,3% en el mismo periodo. Es más de lo que se dejan otros vehículos de ahorro, como son los fondos de inversión, que se apuntan números rojos del 1,62%.
Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, consideró que los patrones no deberían contribuir a la pensión de sus trabajadores y que son estos últimos los únicos responsables de ahorrar para su futuro; además, consideró que son "ignorantes" quienes quieren que el Estado de haga cargo de las pensiones.
La mayor caída del Ibex 35 este año frente al resto de plazas europeas penaliza también a los productos de ahorro pensados para la jubilación. Así, mientras Plancaixa Tendencias, un plan global, gana un 2,7% en 2020, Santander Renta Variable España cede un 33,66%.
Si fuiste dado de baja por tu patrón, pero quieres seguir cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya puedes inscribirte en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio o mejor conocido como Modalidad 40.
(Bloomberg) -- Colombia es el más reciente país latinoamericano en evaluar un plan para permitir que los trabajadores recurran a sus ahorros de pensiones privadas, una medida que pretende suavizar la disminución en el gasto de los consumidores, pero que conlleva el riesgo de empeorar uno de los desplomes de los mercados de valores más agudos del mundo.
