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Gobierno y agentes sociales vuelven a sentarse este miércoles en torno a la mesa en la que negocian la reforma laboral. La cita es la primera tras el desencuentro con las patronales, que se descolgaron del pacto para la subida del 0,6% de las cotizaciones sociales al que llegaron Ejecutivo y sindicatos para rellenar la hucha de las pensiones de cara a la jubilación de los 'baby boomers'. El bache, saldado sin acuerdo a tres bandas, da paso a otros dos grandes debates en el marco del diálogo social y que se resumen en un problema global: la temporalidad.

Empresarios consultados por elEconomista han mostrado preocupación por la exigencia de mantener del empleo en el nuevo Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE) que se negocia en la mesa de la reforma laboral. Además, consideran que este nuevo mecanismo no está recibiendo la suficiente atención por parte de los negociadores. Fuentes de los agentes sociales adelantan a este diario que este punto será analizado en la próxima reunión del miércoles 10 de noviembre y matizan que quedan muchos aspectos por desarrollar.

Mucho revuelo se organizó este jueves a costa de la limitación de las empresas de superar un 15% de empleo temporal en su plantilla. Mucho revuelo y demasiado ruido como apuntó el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. Desde Trabajo matizaron que, como señaló el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa del paro del miércoles -antes de la reunión de la mesa de negociación-, se trata de una propuesta abierta a la negociación.

Las diversas reformas que se han venido llevando a cabo desde hace un tiempo para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas conducirán a una reducción de la tasa de sustitución (se estima que podríamos bajar del 80% actual al 50% de cobertura del último salario antes de la jubilación). Por ello, desde todos los ámbitos, incluido el Gobierno, nos están reiterando de forma machacona la idea de que hay que complementar las pensiones públicas para garantizar unos ingresos suficientes a la jubilación.

El Gobierno ha llegado este lunes a un principio de acuerdo con los agentes sociales para extender el esquema de protección de los Erte hasta febrero de 2022. Finalmente, a solo tres días de su vencimiento los más de 250.000 trabajadores que aún se encuentran bajo el paraguas de los expedientes de regulación temporal de empleo seguirán con el paraguas de protección laboral al menos hasta comienzos del próximo año, tras una ardua negociación en la mesa de diálogo social.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció en Santander que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) se prolongarán hasta el 31 de enero de 2022 condicionados a formación para empresas de más de 10 trabajadores. Así se pronunció, a preguntas de la prensa, la ministra, que ha asegurado que su departamento está trabajando y sigue dialogando con los agentes sociales para alcanzar ese acuerdo, que desea que mañana pueda ir al Consejo de Ministros. Díaz subrayó la "decisión clara" de prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero. "Por tanto, tranquilidad, en Cantabria también; las empresas y los trabajadores pueden estar tranquilos", enfatizó la ministra tras su reunión con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

El Gobierno ha presentado una propuesta de prórroga de Ertes a los agentes sociales en el contexto de la crisis sanitaria del Covid. La medida excepcional laboral se prorrogará hasta el 31 de enero de 2022, con carácter general para todos los trabajadores en Erte regulados en los Reales Decretos anteriores.

Nadie quiere deshojar el efecto perverso que puede tener la subida del SMI en las trascendentales negociaciones que mantiene el Gobierno con los agentes sociales en materias de calado. En los próximos meses debe decidirse un nuevo marco de las relaciones laborales y la solidez financiera de las cuentas de la Seguridad Social para la próxima década. Incluso asuntos más perentorios, como el futuro de los más de 250.000 personas que actualmente están viviendo de los Ertes que miran, con lógica preocupación, al 30 de septiembre cuando se les acaba la cobertura legal. Su panorama puede ponerse negro si Gobierno, sindicatos y empresarios no encuentran una solución para ellos y sus empresas.

El Gobierno negociará con los agentes sociales en la segunda mitad de 2022 la subida paulatina de la base máxima de cotización durante los próximos 30 años, como parte de la reforma de pensiones. Una medida que fue comprometida recientemente con Bruselas y que abre también la puerta a un incremento de la pensión máxima de jubilación. Ahora bien, de esta subida de cotización para las rentas más altas que plantea el Gobierno, el 90% del aumento del coste laboral correrá a cargo del empresario.

El Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme no han logrado llegar este lunes a un acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno aplicará de manera "inmediata", en palabras del presidente Pedro Sánchez, pero seguirán negociando "de manera informal", aunque por el momento no hay nueva fecha para la mesa de negociación. El desencuentro se produce el mismo día en el que la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta Nadia Calviño han vuelto a discrepar en las fechas en las que se hará efectiva la medida.

Se acabaron las vacaciones, al menos en lo que a reunirse se refiere. El Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha convocado para el 1 de septiembre a patronales y sindicatos para retomar y cerrar definitivamente la negociación sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Pese a que el contexto fue el de una triunfalista glosa de los logros de nuestro país, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su balance de la coyuntura, deslizó que a cierre de este año España solo habrá cumplido el 21,8% de los hitos y objetivos pactados con Europa hasta 2023. Hasta el momento el grado de cumplimiento se sitúa en el 16% y confía en acelerarlo al 21,8% para diciembre, emplazando la consecución del resto de hitos y objetivos a los dos siguientes ejercicios. Sin autocrítica alguna, el jefe del Ejecutivo sitúo a España como líder mundial en vacunación y en materia de recuperación económica. Sostuvo que gracias al "éxito" en el proceso de vacunación, "se afianza la recuperación" económica y social, al tiempo que ensalzó los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hechos públicos el jueves. "Nos situamos ya en unos niveles de ocupación de 19,6 millones de personas", señaló.

El acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales permite que ya pueda iniciarse la primera parte de la reforma del sistema público de pensiones. Sin duda, los esfuerzos y el buen trabajo del ministro Escrivá han hecho posible el pacto, de modo que echará así a andar un primer bloque de medidas que contribuyen a lo que los expertos llaman la “suficiencia” de estas prestaciones.

Gobierno y agentes sociales han alcanzado este lunes un principio de acuerdo sobre la primera pata de la reforma de pensiones por la que se garantizará la revalorización de las pensiones según el IPC, se aproximará la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación.

El acuerdo para sacar adelante el primer paquete de la reforma de pensiones -que incluirá la vinculación de las pagas al IPC, la modificación de la jubilación anticipada y la separación de fuentes de financiación- se encuentra encallado en estos momentos por un cuarto elemento: la derogación del conocido como factor de sostenibilidad (FS) de las pensiones, emanado de la reforma de pensiones del PP de 2013, llamado a modular a la baja las nuevas pagas en función de la esperanza de vida, y cuya aplicación está en suspenso hasta 2023. Los sindicatos exigen la inminente eliminación del FS para cerrar el pacto del primer paquete de la reforma, mientras que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, según fuentes próximas a las negociaciones, apuesta por abordar el diseño de un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional en el plazo de un año sin mediar la previa derogación del anterior.

La última propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales sobre la reforma laboral establece que ningún empleo de carácter estacional se podrá cubrir con un contrato temporal. Así, propone modificar el artículo 15 del ET (duración del contrato de trabajo) que todos los contratados deben ser por tiempo indefinido y solo podrá celebrarse un contrato de duración determinadas por razones de carácter productivo y organizativo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado este lunes que la propuesta del Banco de España de mochila austríaca para reformar la regulación de la indemnización por despido es una iniciativa "compleja" que no cuenta con el apoyo de los agentes sociales.

El enfado tanto en CEOE como en Cepyme fue mayúsculo por la participación de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado 21 de mayo en la presentación de la nueva patronal de pymes Conpymes. Un cabreo que enturbió la negociación de los Ertes en los que la CEOE se plantó. Fuentes de la patronal apuntan que especialmente indignados se mostraron los vicepresidentes Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment del Treball, y Lorenzo Amor, presidente de ATA, la asociación de autónomos. En ambos casos hay un enfrentamiento de años con Pimec y especialmente con su presidente, Antonio Cañete. Pues bien, para limar esas asperezas, fuentes de la patronal desvelan a elEconomista que la ministra pidió disculpas en persona al propio Antonio Garamendi.

Finalmente, la prórroga de los Ertes por cuatro meses más, hasta el 30 de septiembre, se ha aprobado con acuerdo. El miércoles el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, mantuvieron discretos contactos para desbloquear la situación, según reconocieron fuentes sindicales a elEconomista y ha confirmado este jueves el propio ministro de Seguridad Social, que ha negado que el presidente Pedro Sánchez tuviera que intervenir. En un reparto salomónico, ambas partes se apuntan un tanto: Escrivá consigue que los trabajadores que hayan vuelto a sus puestos estén premiados con una mayor bonificación que los que siguen en Erte. A cambio, Garamendi ha obtenido reducir la diferencia entre unos y otros a diez puntos y, sobre todo, se apunta la victoria de de que las exoneraciones se vayan muy cerca del cien por cien de la cotización en todos los casos.

Tras el fracaso en la tarde del lunes en la negociación para la prórroga de los Ertes que finalizan el 31 de mayo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, remitió a empresario y sindicatos en la madrugada de ayer una nueva propuesta suavizando las rebajas de las exoneraciones de los trabajadores en Erte. Pero no fue suficiente para la CEOE, que rechazó el acuerdo.

El Gobierno (el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social) reunió el lunes por la tarde a empresarios y sindicatos "in extremis" para desbloquear la negociación sobre la prórroga de los Ertes cuya vigencia finaliza el próximo lunes 31 de mayo. Sin embargo, la reunión se levantó sin alcanzar un acuerdo. La intención de reducir las exoneraciones a la cotización de los trabajadores en Ertes fue un escollo insalvable, especialmente para la CEOE y Cepyme. De no producirse cambios en las próximas horas, cabe la posibilidad de que el Consejo de Ministros de este martes dé el visto bueno a la nueva regulación de los Ertes que tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre. Pero lo hará sin haber pactado el texto.

Conpymes se ha presentado como nuevo proyecto de confederación en un acto encabezado por José Luis Roca, presidente de Conpymes, Antoni Cañete, vicepresidente y portavoz, y presidente de Pimec, y por María José Landaburu, vicepresidenta de Conpymes y secretaria general de Uatae. El respaldo de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la presencia de la esposa del presidente, Begoña Gómez, se produce en plena tensión con los agentes sociales, en negociaciones con los Erte.