Ahora toca cumplir con los compromisos que el gobierno tiene con la clase trabajadora de este país. Trabajadoras y trabajadores de la sanidad y los servicios sociales, de la educación, del comercio, de la policía, de la limpieza, del transporte y la logística, de la industria, de los servicios de emergencia, etc. que han estado en la primera línea de lucha contra la pandemia y que han sufrido numerosas situaciones de riesgo para su salud y su propia vida, pero también de riesgo económico, de pérdida de empleo, de reducción del salario, de incremento de la incertidumbre laboral y de la precariedad, que es una segunda pandemia que asola nuestro país desde hace décadas y que tiene una clara solución en términos de políticas económicas, laborales y sociales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos que reciben los llamados créditos a la palabra para enfrentar la crisis desencadena por la pandemia del COVID-19, que cumplan con sus pagos y así otros se beneficien.

La pobreza extrema podría crecer entre 6.1 y 10.7 millones de personas, derivado del impacto del nuevo coronavirus, estimó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El Senado chileno aprobó el proyecto para crear un Ingreso Mínimo Garantizado, que plantea una subida en las remuneraciones de los sueldos más bajos, en el marco de las medidas sociales promovidas por el Gobierno de Sebastián Piñera tras la ola de movilizaciones.