El Gobierno ha aprobado este este miércoles el boletín estadístico de rendición de cuentas que cada administrador concursal tendrá que rellenar en cada procedimiento para poder elaborar estadísticas públicas sobre los concursos de acreedores, tal y como recoge la nueva ley concursal. El Real Decreto con el boletín se ha publicado hoy en el BOE y entrará en vigor en 21 días.
Un análisis de las tarifas que ofrecen 86 servicios de administración de comunidades en siete grandes ciudades realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela enormes diferencias de precio. En el caso de Valladolid, de hasta el 226%, o lo que es lo mismo, entre 1.542 y 3.485 euros al año para una comunidad de 40 viviendas con plaza de garaje, conserje, jardín, piscina y calefacción central.
La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán y la directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, María Isabel Valldecabres han firmado la renovación del convenio, suscrito por ambas instituciones, para el incremento de la seguridad preventiva en los certificados que expide la Fábrica a administradores únicos o solidarios de personas jurídicas, mediante el acceso a publicidad formal por vía telemática.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha defendido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la asistencia letrada preceptiva en todos los concursos de acreedores, algo que, ha apuntado, no está contemplado en el proyecto de reforma de la Ley Concursal, que elimina la intervención de muchos porfesionales, como los administradores concursales, en algunos de los pocedimientos.
El texto del Anteproyecto de Ley de reforma concursal se refiere en diversas ocasiones al Reglamento de la administración concursal, que después de años de espera, aún continúa si ser aprobado, con gran disgusto de los profesionales de esta complicada actividad, entre otras cosas porque establece los aranceles a percibir por sus servicios, el nivel de preparación, los requisitos a cumplir para participar en los grandes concursos de empresas cotizadas, la forma de designación o el sistema de acceso a la titulación.
El Ministerio de Justicia se enfrenta a partir de ahora al reto de aprobar el Anteproyecto de Ley de Reforma Concursal, que acaba de publicar, y que esté listo para entrar en vigor antes del 1 de enero de 2022, fecha en que concluye la actual moratoria concursal. De no hacerlo, deberá afrontar la riada de solicitudes de concurso de acreedores de miles de empresas, fundamentalmente micropymes, que el Consejo General del Poder Judicial y los jueces mercantiles han venido augurando desde el inicio de la pandemia, y que se producirá una vez que acaben las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir los efectos de la pandemia de Covid.
