Una entidad que interpone una demanda antes de ser declarada en concurso de acreedores que conlleva la suspensión en el ejercicio de sus facultades patrimoniales, mantiene la representación en ese pleito de la masa mientras no sea sustituida por la administración concursal y después de dictarse sentencia, mientras no se haya producido la sustitución, estará legitimada para interponer recursos si la administración concursal presta su conformidad.
La Directiva de Insolvencia no contiene previsiones específicas en materia de calificación del concurso, al considerar que se trata de una institución sin reflejo en el resto de ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, en los que se encuentra muy desarrollado el Derecho Penal de la insolvencia, con funciones similares a las de la calificación.
El proyecto de reforma de la Ley Concursal regula los efectos de la comunicación sobre los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento.
Los magistrados de la jurisdicción Mercantil se preparan para afrontar las novedades que introduce la reforma concursal y los procesos de segunda oportunidad de personas físicas. Estos magistrados justifican la salida de los juzgados de Instancia del ámbito concursal al considerar que la práctica ha demostrado que no están preparados para tramitar esos procedimientos.
La comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración persigue que el deudor pueda disfrutar de una paralización o suspensión temporal de las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, sobre los bienes necesarios para continuar con su actividad empresarial, con el fin de facilitar las negociaciones de ese plan de reestructuración.
La Directiva que se transpone a través del proyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal exige la designación obligatoria de este experto en determinados supuestos, fuera de los cuales tampoco en la norma de transposición es necesario el nombramiento, salvo que el deudor o una mayoría de acreedores lo solicite.
El texto del Anteproyecto de Ley de reforma concursal se refiere en diversas ocasiones al Reglamento de la administración concursal, que después de años de espera, aún continúa sin ser aprobado, con gran disgusto de los profesionales de esta complicada actividad, entre otras cosas porque establece los aranceles a percibir por sus servicios, el nivel de preparación, los requisitos a cumplir para participar en los grandes concursos de empresas cotizadas, la forma de designación o el sistema de acceso a la titulación.
Cuando el deudor insolvente es una persona física, el concurso pretende identificar a los deudores de buena fe y ofrecerles una exoneración parcial de su pasivo insatisfecho que les permita beneficiarse de una segunda oportunidad, evitando su paso a la economía sumergida o a una situación de marginalidad.
El Proyecto de Ley de reforma concursal incluye dos modalidades de exoneración de la deuda: exoneración con liquidación de la masa activa y con plan de pagos.
La exoneración de las deudas del empresario, acogiéndose a un plan de pagos puede convertirse en una solución que evite la reclamación por los deudores de su responsabilidad penal, lo que puede terminar con una condena de prisión.
La venta de unidades productivas en funcionamiento es uno de los ejes básicos del nuevo procedimiento y su realización o no condiciona la liquidación.