El Gobierno, tras el Consejo de Ministros celebrado hoy, considera empresas que realizan servicios esenciales y seguirán prestando sus servicios y no podrán acogerse al permiso retribuido recuperable, las siguientes profesiones, según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas, publicado hoy en el BOE:
El despacho Kennedys Abogados, SLP, especializado en el sector seguros, se desvincula de sus socios ingleses y amplía sus servicios, aparte de los seguros, como principal línea de negocio, al derecho mercantil (fusiones y adquisiciones, capital riesgo y 'private equity') fiscal y procesal. La firma continuará regida por sus actuales socios directores, Jesús Vélez y José Araúz de Robles, quienes fundaron el despacho hace quince años, a los que se une ahora Javier Goizueta.
La firma inglesa, de ámbito global, Kennedys ha dado por concluida su relación con sus socios españoles Jesús Vélez y José María Araúz de Robles, quienes no participarán en sus futuras operaciones y en la nueva oficina de Madrid.
El despacho Kennedys Abogados, SLP, especializado en el sector seguros, se desvincula de sus socios ingleses y amplía sus servicios, aparte de los seguros, como principal línea de negocio, al derecho mercantil (fusiones y adquisiciones, capital riesgo y private equity) fiscal y procesal.
Las medidas económicas dictadas por el Gobierno en el decreto ley del 17 de marzo, son necesarias, qué duda cabe, pero resultan insuficientes, más aún dada la marcha de los acontecimientos.
La designación como letrado de oficio de un abogado no acredita la representación para recurrir ante los tribunales el expediente de expulsión de un ciudadano extranjero, que una vez conocida la negativa no vuelve a saberse de su paradero al carecer de domicilio conocido.
Tan solo 3 días después de que la Organización Mundial de la Salud elevase la epidemia del COVID-19 a pandemia de alcance internacional, el 14 de marzo, y por segunda vez en nuestra historia democrática el Ejecutivo ha declarado el estado de alarma.
La solicitud de expediente de regulación temporal de empleo (Erte) por causas de fuerza mayor ha sido hasta ahora un camino tortuoso para las grandes empresas con dificultades.
La crisis provocada por el Coronavirus tiene un efecto enorme en nuestro día a día, en particular, en todas nuestras relaciones contractuales.
La pandemia del Covid-19 y las medidas adoptadas o que se adopten en el futuro para proteger la salud de los ciudadanos y contener la propagación de la enfermedad, pueden impedir o dificultar enormemente el cumplimiento de contratos en vigor.
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