Justicia ha transferido el importe de 5,9 millones de euros al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) por los servicios de asistencia jurídica gratuita del turno de oficio de marzo y abril, asistencia al detenido y violencia de género de mayo.
Los abogados y procuradores del turno de oficio no podrán ejercer la defensa legal de víctimas de delitos de la misma naturaleza por la que hayan sido condenados, tales como violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, con víctimas menores de edad o con discapacidad.
Los 43.696 abogados adscritos al turno de oficio en los 83 Colegios de la Abogacía repartidos por todo el país atendieron casi dos millones de asuntos relativos a la Justicia Gratuita para personas con pocos recursos a lo largo de 2021, un 20,2% más que el año anterior, como consecuencia de la recuperación de la actividad judicial tras el primer año de pandemia.
Abogados y procuradores con antecedentes penales por violencia de género no podrán ejercera en el turno de oficio de esta especialidad, según se establece en el anteproyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, que el Ministerio de Justicia ha publicado en fase de información pública.
El Ministerio de Justicia ha concedido una subvención de 43.703.220 millones de euros al Consejo General de la Abogacía Española, por los servicios de asistencia jurídica gratuita para el ejercicio presupuestario 2021, de conformidad con la Ley 1/1996, de 10 de enero.
Un 2% de los españoles (700.000 ciudadanos), según los datos de este sondeo, manifiesta su intención de presentar en los próximos meses reclamaciones ante los tribunales por decisiones o por episodios relacionados con la epidemia de coronavirus, según los datos de la encuesta entre ciudadanos y usuarios de la Justicia Gratuita realizada por Metroscopia para el XIV Observatorio de Justicia Gratuita, elaborado por Abogacía Española y la Fundación Wolters Kluwer.
La Administración de Justicia empieza a recuperar a partir de hoy su actividad plena con el alzamiento de la suspensión de los plazos procesales que se vieron suspendidos por la declaración del estado de alarma, tal y como establece el Real Decreto 537/2020, de 20 de mayo, en su artículo 8.
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha dado un ultimátum al juez decano en relación a los jueces de guardia y ha advertido de que si no se respetan las medidas de seguridad se verá obligado a suspender el servicio, tal y como ya hizo el pasado 16 de marzo.
La designación como letrado de oficio de un abogado no acredita la representación para recurrir ante los tribunales el expediente de expulsión de un ciudadano extranjero, que una vez conocida la negativa no vuelve a saberse de su paradero al carecer de domicilio conocido.
La Generalitat valenciana ha iniciado conversaciones con los colegios de abogados de la comunidad autónoma para crear una sección especializada en la defensa de las víctimas de violencia de género en el Turno de Oficio, cuyos integrantes no puedan defender a los acusados de este delito como abogados.