Teresa Ribera

El Gobierno diseña un impuesto sobre los residuos con el que espera recaudar 861 millones en 2021. Se incluirá en la futura Ley de residuos y suelos contaminados, y gravará el depósito en vertedero y la incineración con un máximo de 40 euros por tonelada, que se reducirá hasta un 50% si la basura se recoge separadamente. Aún se debe definir cómo se combinará con los cánones y tasas autonómicas sobre la materia, pero debería servir para evitar las sanciones de Bruselas por incumplir la legislación europea.

Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno destinará 1.500 millones de euros para desarrollar el hidrógeno verde -producido con energías renovables en España- hasta el año 2023. Los fondos tendrán su origen en los 72.000 millones que España recibirá del europeo Fondo de Recuperación y Resiliencia.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, está segura de que "de manera relativamente rápida nos vamos a encontrar con un escenario fiscal mucho más congruente" para el vehículo eléctrico.

Las mentiras tienen las patas cortas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se pasó los últimos meses culpando a Europa de no poder reducir el IVA de las mascarillas, algo que se comprobó que era mentira cuando se descubrió que se trataba de una simple recomendación. Una recomendación es también lo que emitió Europa para luchar contra los bulos y la desinformación y, sin embargo, el Gobierno montó un Ministerio de la Verdad para perseguir a periodistas díscolas, con CNI incluido, dirigido por esa especie de Superman de La Moncloa, que es Iván Redondo.

Un 16,7% de los hogares españoles afronta un gasto energético desproporcionado para su nivel de ingresos, mientras que otro 10,6% sufre pobreza energética escondida y un 6,6% se retrasa en el pago de las facturas, de acuerdo con los últimos datos del Gobierno, correspondientes a 2019. La situación refleja una leve mejoría con relación al año anterior.

El Ministerio de Transición Ecológica prepara un nuevo marco retributivo para la cogeneración. El departamento que dirige Teresa Ribera ha fijado como una de sus prioridades mejorar la delicada situación en la que se encuentra la industria y, para ello, prepara ya una subasta para la cogeneración.

El Gobierno prepara una nueva subasta de 1.200 MW en el sector de la cogeneración (suministrador a la vez de energía eléctrica y térmica). Sin duda, se trata de una iniciativa necesaria para una actividad que vive un 2020 aciago.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto de subastas para adjudicar una retribución regulada a las energías renovables. El precio que los adjudicatarios cobrarán por su generación o sus servicios podrá variar en función del mercado eléctrico y se liquidará contra el precio diario de dicho mercado, lo que provocará incertidumbre a las comercializadoras y aumentará el recibo de los consumidores.

La japonesa Mitsui ha presentado el número 48 de los arbitrajes registrados contra España por los recortes retroactivos a las renovables acometidos desde 2012. Le representa el bufete norteamericano White & Chase y aún se desconoce el importe de la compensación reclamada al país.

España sigue cosechando renuncias en los arbitrajes de renovables, que le reclaman más de 7.000 millones por el recorte retroactivo a las renovables: tras la anunciada por Masdar, varias empresas, entre las que hay un fondo subsidirario de Deutsche Bank, se retiran o anuncian su intención de hacerlo.

Los Grupos parlamentarios de Psoe y UP piden revisar al alza los objetivos verdes incluidos en el Proyecto de ley de cambio climático, rechazan la petición de las petroleras de que se tengan en cuenta las emisiones de CO2 de todo el ciclo de vida del transporte, y no sólo las de su uso final, y piden nuevas señales de tráfico para avisar a los conductores de la proximidad de puntos de recarga para coches eléctricos.

La Comisión Europea considera que el Plan español de Energía y Clima "constituye una base sólida" para diseñar la vertiente verde de las inversiones destinadas a superar la pandemia, e invita al Gobierno a usar los abundantes fondos europeos que el país recibirá hasta 2027 -cerca de 140.000 millones de euros-, para materializarlo. Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y responsable del documento, ha considerado que la valoración de Bruselas "en todos los campos es muy positiva".

España cuenta en estos momentos con compromisos de inversión por cerca de 30.000 millones en energías renovables. Las principales compañías del país tienen anunciados en sus planes estratégicos millonarios despliegues de miles de megavatios a lo largo y ancho de la piel de toro, al tiempo que se preparan para incrementar su ambición verde este próximo mes de noviembre con la actualización de sus planes de negocio.

Las grandes eléctricas le han pedido al Gobierno que regule el cierre temporal de las centrales de generación sin actividad -básicamente las de gas-, pero necesarias para evitar apagones y respaldar la intermitente generación renovable. No es la primera vez que plantean esta hibernación, pero ya no piden una retribución aunque las plantas estén paradas; sólo permiso para cerrarlas temporalmente.

Alcoa aplicará un despido colectivo que afectará a 524 empleados y la hibernación ordenada de las cubas de electrolisis de la planta de aluminio de San Ciprián (Lugo). La propuesta de la empresa estadounidense supondrá unas indemnizaciones de 30 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario, tal y como explica el presidente de la planta, Álvaro Dorado, en una carta remitida a los empleados.

Teresa Ribera ha anunciado la inversión de 12.000 millones de euros durante los próximos tres años para conseguir "ciudades saludables", mediante la rehabilitación de edificios y de barrios enteros, la implantación de carriles bicis y un impulso adicional a la movilidad sostenible, con la instalación de 100.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El Gobierno espera aprobar hoy la Estrategia del hidrógeno a 2030, que prevé la inversión de 8.900 millones de euros para implantar este gas clave en el proceso de transición energética. Con relación al documento divulgado para información pública, incluye un nuevo objetivo para 2024: contar con una potencia de 300 a 600 MW en electrolizadores.

El Gobierno ha resaltado que España respalda el la propuesta de Bruselas de reducir las emisiones de carbono un 55% en 2030, frente al objetivo del 40% actual, ya que no supone un aumento de la ambición climática del país: los actuales planes de energía y clima son suficientes para cubrir la cuota española en ese aumento de ambición comunitaria. Eso sí, acelerará el proceso de transición energética en los próximos años.

La Cartera dirigida por Teresa Ribera va a ampliar la duración del bono social eléctrico hasta junio de 2021, incorporando nuevos supuestos para cubrir a los damnificados por la pandemia: bastará la declaración responsable del solicitante y se obligará a devolver las ayudas en el caso de que se acceda a ellas indebidamente. Más de 1,3 millones de hogares reciben el bono y 42.000 se han incorporado con la crisis sanitaria.

El Gobierno iniciará en breve la ejecución de los avales de los proyectos adjudicados en las subastas de 2016 y 2017 que no se han construido en los plazos establecidos. Ascienden a 103 millones de euros, el 21% de los 489 millones presentados, y corresponden a 2.827 MW.

La Comisión Europea quiere que el objetivo de reducción de emisiones de CO2 de la UE para 2030 pase del 40% actual al 55%, según anunció este miércoles la presidenta del Ejecutivo comunitario, Úrsula Von der Layen, durante su discurso sobre el estado de la UE. Para ello revisará la normativa europea sobre clima y energía en el plazo de un año, y destinará el 37% de los 750.000 millones del Plan de Recuperación contra la pandemia -Next Generation UE- a cumplir los objetivos ambientales de los 27.

La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha informado este jueves de que el Gobierno desarrollará un decreto con regulación en torno a los puntos de recarga, con obligaciones de mantenimiento y gestión.

El Gobierno presentará "en los próximos días, en las próximas semanas" el mecanismo para que las empresas opten a los fondos europeos para la reconstrucción, según ha revelado la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, quien también ha señalado que el Estatuto de los consumidores electrointensivos se dará a conocer en octubre.

Las eléctricas rechazan la subasta que la Cartera dirigida por Teresa Ribera ha diseñado para sustituir la antigua interrumpibilidad, suprimida este año por exigencias de Bruselas. La puja, teóricamente neutra, está abierta a plantas de generación, sistemas de almacenamiento y consumidores industriales, pero, en la práctica, sus requisitos solo los cumplen los últimos.

La Comisión Nacional de los Marcados y la Competencia (CNMC) considera adecuado el nuevo mecanismo de subastas para renovables elaborado por el Gobierno, pero recomienda introducir en él más riesgo -que una parte de la producción de los ganadores cobre el precio normal del mercado- y varios ajustes técnicos, como una provisión de fondos con carácter anual para no encarecer el recibo de los consumidores.

El Gobierno no prevé ampliar más allá del mes de septiembre la prohibición de cortes en servicios esenciales como la electricidad, el gas y el agua, así como la prórroga de renovación automática del bono social eléctrico, medidas que fueron adoptadas en el estado de alarma dentro del 'escudo social' ante la crisis por el covid-19.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico concederá 246 millones de euros en ayudas para respaldar proyectos innovadores que favorezcan la integración de las energías renovables en los sistemas de generación de energía eléctrica o térmica.

La empresa Berkeley Minera España ha sufrido un viaje de ida y vuelta en bolsa en las últimas 24 horas a cuenta del vaivén político. Sus títulos se llegaban a disparar este jueves más de un 40% impulsados por el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a su solicitud para la renovación de la autorización previa de la planta de concentrados de uranio Retortillo (Salamanca). Sin embargo, esas mismas acciones han caído más de un 13% este viernes después de que Unidas Podemos haya pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que rechace la solicitud cursada por la empresa al tratarse de una "agresión ambiental brutal".

Todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, menos Foro Asturias, han mostrado su rechazo a la negacionista enmienda a la totalidad al Proyecto de ley de cambio climático presentada por Vox, partido que considera que el texto elaborado por la Cartera dirigida por Teresa Ribera pone en peligro nada menos que la supervivencia nacional.