Susana Díaz

¿Rebelión en el Instituto Catalán de Finanzas?

El consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, aseguró el miércoles que los propios funcionarios del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) le pidieron que recurriera a este organismo para avalar las fianzas de los políticos catalanes investigados por el 9-N. De hecho, Giró fue más allá , al añadir en el Parlament que esas llamadas que recibió de los empleados públicos del ICF lo convencieron para utilizar el Instituto como respaldo financiero a pesar de que con ello pone en riesgo a los propios empleados, que podrían ser acusados de malversación. Pues bien, se rumorea que en “parte de la plantilla” existe un gran temor ante las consecuencias jurídicas que esta acción puede tener para ellos. Máxime si se tiene en cuenta que los estatutos del ICF son claros en su prohibición de prestar dinero a particulares. Se dice también que ese temor latente que existe en este organismo, por mucho que Giró “venda” lo contrario, ha hecho que algunos funcionarios se estén planteando dirigir un escrito a su presidente, Albert Castellanos, quejándose por haber sido utilizados con “fines políticos” sin tener en cuenta el riesgo que eso podía suponer. “Hay miedo y nervios”, insisten desde el ICF.

Críticas a la opacidad del Consejo de Transparencia

Hace cuatro semanas el presidente del Consejo de Transparencia, José Luis Rodríguez Álvarez, compareció en el Congreso de los Diputados asegurando que faltan medios para desempeñar su labor. En concreto dijo que urgían "más fondos para acabar con la precariedad crónica" del organismo. Es cierto que no es la primera vez que algún directivo del Consejo presenta la misma queja. Pero también es verdad que, según se dice, las declaraciones de Rodríguez han sentado mal en la oposición y en los círculos políticos, ya que dicen que es el propio presidente del Consejo quien no hace uso de los medios que ya tiene a su alcance. "No hace apenas ruedas de prensa ni entrevistas ni declaraciones", dicen en el Congreso. Las fuentes aseguran que tras el nombramiento de Rodríguez como presidente en octubre del pasado año, el Consejo de Transparencia "se ha sumido en una total opacidad", lo que resulta incoherente con la vocación aperturista con la que el organismo fue creado en 2014. "Es incomprensible lo que está ocurriendo con el Consejo, ya que es el primero que incumple la Ley de Transparencia", aseguran en ambientes políticos.

No es posible aún saber cómo terminará la causa abierta por el Tribunal de Cuentas a 40 exaltos cargos de la Generalitat por presunta malversación en la llamada Acción Exterior de la Generalitat. Sin embargo, el actual Govern ha tomado ya nota sobre la necesidad de cambiar de estrategia en la promoción en otros países del procés, para así evitar más “costes asociados” (ése es el eufemismo con el que internamente se refieren a la posible condena del Tribunal de Cuentas). Fue precisamente la nueva consejera de Acción Exterior, Victòria Alsina, quien dio pistas en una reciente entrevista, al asegurar que “las actividades sin coste registrado no se pueden imputar”, en especial las reuniones a distancia a través de medios como Zoom. Lejos de ser un comentario casual por parte de Alsina, en círculos políticos catalanes se comenta que el nuevo “Diplocat será más digital” y que existe toda una estrategia para poner las nuevas tecnologías al servicio de la propaganda independentista. Fuentes de la oposición en el Parlament advierten de que “hay que tomar en serio las palabras de la consellera”. “No renunciarán a abrir pseudo-embajadas y a pagarles viajes al exterior a sus altos cargos, pero necesitan también recurrir a actividades cuya responsabilidad sea más difícil de rastrear, como campañas en internet, foros y congresos virtuales favorables al independentismo. Para todo eso las nuevas tecnologías son perfectas”, añaden esas mismas fuentes.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, afirmó este lunes que la militancia ha dejado “claro” que a quien le corresponde ahora el liderazgo del partido en Andalucía es al alcalde de Sevilla y vencedor de las primarias a la Junta, Juan Espadas, y no a la todavía secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, aunque esta no piense dimitir hasta el Congreso autonómico previsto para finales de año.

El fracaso ya reconocido que sufre Radar Covid

La aplicación Radar Covid lanzada en el verano de 2020 presenta aún una baja tasa de uso en la población, el 18%. A la vista está que este pobre porcentaje refleja el escaso alcance de la herramienta nacida para detectar contagios y luchar contra el virus. Con todo, lo peor no es el escaso número de personas que se han descargado la aplicación, sino su casi nula utilidad. Así lo indica que Radar Covid haya detectado poco más de 18.000 portadores potenciales de Covid desde febrero, solo el 2% de las casi 860.000 personas que han dado positivo en el mismo periodo. “Si el 18% de la población tiene en su teléfono la aplicación, lo lógico es que se registrara una efectividad también en el entorno del 20%”, dicen en el Ministerio de Sanidad, donde los técnicos ya reconocen abiertamente que “la aplicación está ya en franca retirada”. Es un fracaso que ha costado más de dos millones de euros y que el exministro de Sanidad, Salvador Illa, “vendió” como una de las medidas más importantes para frenar la pandemia. Se comenta que una de las claves que explican que Radar Covid sea ineficaz es el rudimentario sistema de intercambio de datos entre la Administración central y las autonomías, que “nunca hubo modo de solucionar”, lamentan los expertos.

Dudas sobre los nuevos sabios de Redondo

La pasada semana el director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, anunció en el Congreso de los Diputados la creación de un grupo de trabajo para diseñar un Plan de Seguridad para las ciudades de Ceuta y Melilla. Recurrir a los expertos con la idea de hacer frente a una crisis no es algo nuevo para el Gobierno de Pedro Sánchez. Muy al contrario, el Ejecutivo ha utilizado la misma fórmula tres veces en menos de un año. La primera, para diseñar las fases de la primera desescalada. Luego, para elaborar un plan de vacunación. Y, finalmente, la ministra María Jesús Montero también echó mano de los "sabios" con el objetivo de elaborar la futura reforma fiscal. A pesar de ello, se dice en círculos diplomáticos que el escepticismo ante este nuevo gabinete de expertos es total. "Existen serias dudas sobre la utilidad que tendrá esta iniciativa", aseguran representantes de la embajadas españolas en el exterior. Es más, la mismas fuentes indican que los diplomáticos están comentando con una buena dosis de ironía que de ese nuevo comité de Redondo no saldrá más que una hoja de ruta para resolver los problemas con Marruecos "a 30 años vista", parodiando el plan España 2050 que el Gobierno, también por iniciativa del propio Redondo, hizo público hace poco.

En plena lucha por el liderazgo del Partido Socialista en Andalucía, donde Moncloa apuesta por relevar a la que fuera expresidenta de la Junta, Susana Díaz, la Justicia ha señalado esta semana a los sindicatos UGT y CCOO -por su papel como intermediarios y receptores de las comisiones procedentes de fondos públicos, como recoge la macrocausa del caso de los ERE-, solicitando informaciones acreditativas de su servicios, nada más ni nada menos que al Gobierno de España, concretamente a la ministra de Trabajo y Empleo Social, Yolanda Díaz, y también a la la Consejería de Economía y Empleo de la Junta andaluza.

“Parálisis total” del Ministerio de Igualdad

El 13 de enero de 2020 Irene Montero se convirtió en ministra de Igualdad anunciando una frenética actividad en pro del feminismo que cristalizaría en un buen número de leyes “revolucionarias”. Un año y cuatro meses después de aquel nombramiento, Montero tiene el triste honor de no haber sido capaz de sacar adelante ni una de las normas a las que se refirió. “Todas las leyes que pretendía aprobar este departamento están paradas, algunas en fase de anteproyecto, sin ni siquiera llegar al Congreso”, dicen en el entorno del Gobierno. Así ha ocurrido por ejemplo con la Ley Trans y la de Igualdad LGTBI y con la ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como “solo sí es sí”. Merece la pena detenerse en esta última, ya que uno de los grandes objetivos de Montero era que la normativa saliera adelante antes de la celebración del 8-M. A la vista está que la ministra no logró sus fines en este sentido. “La reforma de la ley de Salud Sexual y de Interrupción Voluntaria del Embarazo también está parada”, reconocen en este Ministerio controlado por Podemos que, lejos de hacer autocrítica ante su evidente parálisis, carga contra su socio de Gobierno. “Sospechamos que el PSOE nos están poniendo palos en las ruedas”, aseguran.

Sin futuro para la ley de alquiler catalana

Todo indica que el control de los precios de los alquileres que la Generalitat de Cataluña aprobó en octubre de 2020 tiene los días contados. Al menos esa es la idea que barajan los asesores jurídicos del Govern respecto a la ley que se aprobó el pasado octubre. "Existe un total convencimiento de que el Tribunal Constitucional la va a tumbar, seguro. Hay que prepararse para ello", dicen los asesores. Por lo que se comenta, el origen del pesimismo que se respira en la Generalitat está en la sentencia contraria dictada por el mismo tribunal en febrero referida al decreto de alquiler social de 2019. El Constitucional la anuló al entender que limita el derecho de propiedad y prevé medidas "coactivas, no voluntarias", para los dueños de pisos mediante un decreto ley, lo que es ilegal. "Este antecedente da a entender que los jueces también declararán inconstitucional el control sobre los alquileres", reconocen en el entorno del consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, que fue el impulsor de la medida. Las fuentes indican también que el convencimiento general de que la ley catalana tendrá un corto futuro ha llegado también al sector inmobiliario que, dicen, está a la espera de la sentencia del Constitucional para acometer nuevas inversiones.

La derrota sin paliativos en Madrid compromete al presidente del Gobierno. Sánchez deberá afrontar desde ahora el futuro cercano para mantener las aspiraciones del gobierno y las de su partido:

Dos días después de las elecciones en la Comunidad de Madrid, y sin hacer todavía autocrítica por los malos resultados del PSOE en esta región, la Ejecutiva Federal que preside Pedro Sánchez se reunió el jueves por la tarde en Ferraz -la sede nacional que el martes le cerró las puertas a Ángel Gabilondo- para adoptar, de momento, dos decisiones clave: por un lado, la creación de una gestora en el seno del PSM y, por otro, acelerar el proceso de primarias en Andalucía a junio, ante un inminente adelanto electoral, lo que Ferraz ve más que probable, como confirmó José Luis Ábalos.

La vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría general del Partido Socialista tras la defenestración perpetrada contra él por esta genio de la política llamada Susana Díaz supuso la destrucción de cualquier representación interna. En efecto, poco después del éxito en las primarias, Sánchez convocó el 39 congreso (junio de 2017) que trajo consigo la destrucción del sistema interno, no tanto por el texto aprobado en aquel congreso sino, sobre todo, a través del Reglamento federal aprobado en comité federal del 17 de febrero de 2018. Lo que allí se decidió fue que en el nuevo PSOE sólo existirían el líder elegido en primarias, es decir, mediante un sistema plebiscitario, y las bases, a las que creo conocer bastante bien: sectarios y chupópteros a partes iguales. El reglamento también puso de manifiesto el poder de Ferraz sobre las federaciones.

¿Cuánto recauda el DNI ficticio de Puigdemont?

Hace poco más de dos semanas, el Consell per la República, la entidad impulsada por Carles Puigdemont para mantener su elevado tren de vida en Waterloo, lanzó una especie de DNI catalán, que recibe el nombre oficial de Identidad Digital Republicana. Pues bien, el propio organismo asegura que en tan corto periodo de tiempo se han vendido unos 12.000 carnés, lo que supone unos ingresos cercanos a los 150.000 euros. A la vista de este dato, se podría pensar que este documento simbólico (carece de validez hasta para la Generalitat) ha sido un éxito. Con todo, existen serias dudas al respecto de las cifras que divulga el Consell. “Nadie se cree que un documento que no vale para nada y tiene un coste de 12 euros atraiga en masa a los independentistas”, aseguran en círculos políticos catalanes. Todo apunta a que ésta será otro de los fiascos característicos de este organismo. “Todas sus ideas han fracasado y es lo que cabe esperar también de un DNI falso, que no está respaldado por autoridad alguna en el mundo”, añade un político catalán.

¿Última baza de Iglesias para topar los alquileres?

El pasado lunes, y solo 24 horas antes de que Pablo Iglesias abandonará el Gobierno, el ya candidato por Podemos a la Comunidad de Madrid se reunió de nuevo con José Luis Ábalos. Como en anteriores citas, el objetivo era lograr que el ministro de Transportes aceptara la regulación del precio de los alquileres, lo que finalmente no sucedió. La negativa del PSOE a topar los arrendamientos supone un duro fracaso para Iglesias, que deja el Ejecutivo sin cumplir una de sus grandes promesas. Pero, lejos de lo que se pueda pensar, Iglesias no ha abandonado aún su idea de intervenir este mercado. De hecho, los que le conocen aseguran que tiene una bala en la recámara. Se trata de la nueva ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra. Según se rumorea, el propio Iglesias “ordenó” a su entonces mano derecha, justo antes de dejar el Gobierno , “que siga presionando aún todo lo que pueda para conseguir alguna cesión de Ábalos en el tema de los alquileres”. No obstante, y a pesar del empeño que pueda poner Belarra en su misión, nada indica que el PSOE vaya a ceder un ápice. Al menos eso es lo que se indica desde el entorno de Ábalos, quien sigue contando con plenos apoyos para hacer frente a Podemos.

¿Los fondos UE superan a la Administración?

Tradicionalmente España ha tenido problemas para gastar el dinero que ha recibido de Europa. De hecho, nuestro país solo ha utilizado menos de la mitad de los fondos llegados de Bruselas en el periodo comprendido entre 2014 y 2020. Muchos apuntan a que el mismo problema puede volver a ocurrir con el Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU). Sin duda el mero hecho de manejar los 140.000 millones que corresponden a nuestro país ya supone una ingente tarea a la que hay que sumar la gestión de los miles de proyectos que se presentan para acceder a las ayudas. Pues bien, aunque Moncloa asegura que todo está bajo control, se comenta en diferentes ministerios que carecen de los medios necesarios para la ardua tarea que supondrá la llegada de las ayudas europeas. Este temor no es exclusivo de los sindicatos de la función pública, sino que también es compartido por funcionarios de alto rango. De hecho, se dice que esta preocupación ha llegado a oídos del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. Incluso se comenta que algunos altos cargos ya han puesto en conocimiento del propio Pedro Sánchez las enormes dificultades que habrá para manejar el fondo europeo si no se dota a la Administración de más recursos.

Enfado de los científicos con Pedro Duque

Un tercio de las investigaciones que se realizan en España precisa de la financiación pública que otorga la Agencia Estatal de Investigación para su supervivencia. Este organismo, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación, modificó el pasado año el calendario de convocatorias de ayudas públicas. ¿Objetivo? Tratar de reducir el desfase entre las fechas de concesión de los proyectos y las de inicio de las investigaciones que, en bastantes casos, supera los tres años. Pues bien, una nutrida representación de asociaciones científicas denuncian que esta modificación ha supuesto que muchos grupos de investigación que ya habían comenzado a trabajar se hayan quedado durante más de medio año sin fondos económicos para seguir avanzando con las investigaciones. Estos inconvenientes generados por el Ministerio comandado por PedroDuque no se han concentrado en pequeños proyectos casi sin importancia. Lo demuestra el hecho de que la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer (Aseica) es uno de los organismos más beligerantes con este cambio de calendario. "No se entiende que con el retraso que acumula España en materia de investigación se pongan más palos en las ruedas desde el Ministerio", dicen desde una organización científica.

Susana Díaz (46) salta a las páginas del papel couché este miércoles para ser entrevistada por Toñi Moreno en su barrio sevillano de Triana, donde vive desde niña. La líder del PSOE en la Junta de Andalucía habla de su marido José María Moriche y sus dos hijos, José y Rocío, quien nació el pasado mes de febrero, antes del estallido de la pandemia.

Rebelión en la UCM contra Begoña Gómez

Las redes sociales arden en estos últimos días contra Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez. El motivo está en la elección de Gómez para dirigir una cátedra extraordinaria de Transformación Social que la Universidad Complutense de Madrid acaba de crear. La mayoría de los mensajes critica que la mujer de Sánchez ya haya dirigido nueve másteres, a los que hay que sumar la ya la citada cátedra, sin atesorar al menos una licenciatura. Pero se rumorea que las quejas no se circunscriben exclusivamente al ámbito digital. Por lo visto, el nombramiento de Gómez también está generando una importante indignación en el personal docente de la Universidad Complutense. De hecho, cuentan que este colectivo ya estudia acciones de protesta, como presentar una queja al Rectorado. Los profesores y catedráticos de la UCM también critican la nula existencia de títulos, artículos o tesis publicadas en el currículo de Gómez. “Con semejante bagaje no habrá estudiantes que paguen los 7.000 euros que vale el curso para que lo dirija una persona con tan escandalosas carencias de formación”, asegura un profesor de la UCM.

¿Rechaza Sanidad las ayudas externas?

Todo apunta a que, al menos de momento, los sanitarios tendrán que enfrentarse a la segunda ola del coronavirus con lo que ya tenían disponible. Octubre termina y los 4.200 millones de material sanitaria que el ministro Salvador Illa prometió en agosto no están, aunque al menos sí que se les espera. Pero nadie sabe cuándo llegará el pedido porque, se comenta, que en el Ministerio de Sanidad aún no han seleccionado a las empresas proveedoras, que se adjudicarán un contrato de 2.500 millones. A pesar del evidente retraso, que ya va para dos meses, en el Ministerio se escudan en la dificultad del proceso de elegir entre “el aluvión de solicitudes recibidas”. Quizá por ello sorprenda aún más el rumor que circula y que apunta a que Illa ha rechazado la propuesta de varias consultoras externas para participar en el proceso de criba de proveedores. Así lo indican al menos desde una de estas grandes firmas de servicios profesionales donde no se explican por qué el Ministerio de Sanidad prescinde de asesores externos a pesar del evidente retraso que acumula el también conocido como megacontrato de material sanitario que el ministro Illa anunció ya en el verano. “No entendemos esa actitud; sólo queremos ayudar”, comentan.

La nueva purga que se prepara en Podemos

El próximo 15 de octubre es una fecha clave para Pablo Iglesias, ya que es el día que ha elegido para que Podemos complete el registro de toda su militancia activa. El proceso comenzó hace poco más de una semana con la remodelación de los Círculos y con la introducción de cuotas para todos aquellos que quieran ser afiliados de base y, por tanto, tener derecho a voto. Es cierto que solo se piden tres euros al mes, pero muchos desvelan que esa cuota es la clave para que Iglesias sepa en qué regiones tiene voces críticas o no. “La Ejecutiva sabe que ese pago lo asumirán las direcciones locales para mantener el control de su militancia en primarias y consultas”, dicen desde uno de los Círculos de Podemos. Las mismas fuentes añaden que el pago se convierte entonces en una maniobra de Iglesias que dará pie a otra purga en la formación. “Se está vendiendo como la transformación de los extintos círculos asamblearios en un modelo de partido más tradicional, pero la realidad es que en pocos meses solo quedarán en Podemos los "pablistas”, añaden en un federación regional.

El total silencio ante el ‘caso Facturas’ del PSOE

El pasado martes ingresó en prisión el exvicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Luis Pérez Montoya, para cumplir la pena de 7 años y 10 meses a la que fue condenado por el caso Facturas, otro de los escándalos de corrupción que afectan al PSOE andaluz. Durante el proceso se demostró que Pérez Montoya y la exsecretaria del Patronato Provincial de Turismo, María Teresa González (en prisión desde junio), acordaron un plan para destinar los fondos públicos del patronato “a fines ajenos de los que le eran propios”, y acordaron con empresarios la elaboración de facturas “fraudulentas”. En círculos políticos y periodísticos ha sorprendido la escasa cobertura mediática dada al ingreso en la cárcel de Pérez Montoya. Tal silencio llama especialmente la atención considerando la gravedad de los delitos juzgados. De hecho quedó demostrado que el plan de Pérez Montoya y González sirvió para malversar más de 700.000 euros de dinero público entre 2009 y 2011. Ante la magnitud de los hechos, resulta especialmente clamoroso el silencio que han mostrado al respecto del caso Facturas, tanto la presidenta del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, como el resto de altos cargos socialistas en la automomía.

La secretaria general del PSOE de Andalucía y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Susana Díaz, ha exigido este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras el cierre de la primera guardería de 0-3 años por un caso de coronavirus en Benacazón (Sevilla), que "para que no se reproduzca esta situación lo que hay que hacer es lo que Moreno Bonilla ha dicho que no iba a hacer, que es bajar la ratio y contratar a más profesores".

El PP-A ganarías las elecciones andaluzas con el 30,8% de los votos, con una ventaja de 0,4 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 30,4% de los votos. El PP-A podría volver a sumar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico con Ciudadanos (Cs) y Vox, que obtendrían el 11,2 y 10,1% de los votos, según se recoge en el apartado sobre estimación de voto del Barómetro Andaluz que este lunes ha publicado en su página web el Centro de Estudios Andaluces (Centra). Adelante Andalucía (que actualmente conforma grupo parlamentario) obtendría el 4% de los votos y Podemos, el 9,4%.

Mientras Pedro Sánchez peregrinaba por Europa recibiendo negativas y portazos a sus aspiraciones de dinero a fondo perdido y sin condiciones, la prestigiosa Universidad de Cambridge otorgaba a la España del gobierno socialpopulista el vergonzoso título de país que peor gestionó la crisis de la Covid-19 entre los meses de marzo y mayo.

Juan Manuel Moreno Bonilla, el primer presidente de la Junta de Andalucía del Partido Popular, después de más de tres décadas de socialismo en una región azotada por el paro, ha concedido este martes una entrevista on-line dentro del nuevo apartado Conversaciones 2020, patrocinado por Aldro, Energía y Soluciones.

La expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, se ha prestado este jueves a participar en la Gran Alianza por Andalucía propuesta por Juan Manuel Moreno Bonilla, y a su vez, siguiendo el planteamiento de Pablo Casado, ha urgido a la creación de una mesa en el Parlamento autonómico para la "reconstrucción" de la comunidad tras la crisis del coronavirus.

Susana Díaz ya está en casa con su pequeña. La secretaria general del PSOE andaluz y expresidenta de la Junta de Andalucía abandonaba el viernes el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla donde dio a luz por segunda vez, esta vez a una niña.

Susana Díaz (45), secretaria general del PSOE en Andalucía, y su marido, José María Moriche, han dado la bienvenida a Rocío, su segunda hija tras José María, que ya tiene cuatro años y medio. El parto estaba programado para los próximos días, pero se ha adelantado.

La revuelta del campo preocupa a los 'barones'

La revuelta de los agricultores, que protestan por la imposibilidad de convertir sus explotaciones en rentables debido a los bajos precios que perciben, no solo inquieta al Gobierno. También está poniendo en guardia a algunos barones socialistas. En concreto a Guillermo Fernández Vara, Emiliano García-Page y Susana Díaz. Precisamente la presidenta del PSOE en Andalucía es una de las más preocupadas por lo que está ocurriendo con el campo. En su entorno comentan que el conflicto debe solucionarse, ya que, de lo contrario, se perderán muchos votos. "Buena parte de nuestros electores en la región son agricultores, por lo que su malestar se traducirá en una sangría mayor de apoyos de la que ya sufrimos en las pasadas elecciones regionales", dicen cercanos a Díaz. Por lo que se comenta la lideresa andaluza ya ha transmitido su preocupación tanto al ministro Luis Planas como a Pedro Sánchez. A pesar de ello, el presidente del Gobierno solo ha confirmado un viaje a Extremadura para tratar el problema con Fernández Vara. Cuentan que a Díaz no le ha sentado bien este desplante de Sánchez y que seguirá insistiendo. "No conviene olvidar que Andalucía sigue siendo el gran caladero de votos del PSOE", avisan desde el entorno de la expresidenta.

Más de tres años después, la secretaria general y presidenta del grupo parlamentario del PSOE-A, Susana Díaz, ha afirmado, al hilo de la defensa que hizo en el 2016 para que el PSOE se abstuviera ante la investidura de Mariano Rajoy que ella "se equivocó" y que "acertó Pedro Sánchez" pues "lo hicimos por generosidad, pensando en que cuando tocara a la inversa el PP pondría por delante los intereses del país" pero "nos hubieran llevado a más elecciones con tal de conseguir sumar con la ultraderecha porque España le preocupa más bien poco".