SMI

La preocupación por ¿cómo vamos a salir de ésta? empieza a ocupar cada vez más tiempo en la cabeza de todos: del gobierno, de los partidos políticos, de los empresarios y de cada uno de nosotros. A medida que la situación sanitaria comienza a vislumbrase algo más esperanzadora, la preocupación se va desplazando hacia el futuro inmediato en la vida económica. El presidente del Gobierno lleva tiempo insistiendo en la necesidad de unos nuevos Pactos de la Moncloa. Existe, por otro lado, un consenso general de que hay que actuar aunando fuerzas y colaborando todos los estamentos en la misma dirección. Pero el problema, como casi siempre, está en pasar de las musas al teatro.

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.755,15 euros en el cuarto trimestre de 2019, lo que supone un repunte del 2,3% respecto al mismo periodo de 2018, según los datos publicados este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un repunte que supone el décimo trimestre al alza –los últimos cuatro por encima del 2%- del indicador de costes para las empresas y que, más allá, se trata del mayor repunte en un cuarto trimestre de los últimos diez años, de modo que habría que ir al final del año 2009 para observar un repunte mayor al experimentado en el último trimestre del pasado ejercicio, cuando el alza fue del 2,5%.

Numerosos expertos, organismos de análisis macroeconómico e insitituciones oficiales han advertido en el último año de los efectos contradictorios de los incrementos del SMI para la creación de empleo. Ahora, con los datos del desempeño del mercado laboral de 2019 encima de la mesa -en los que ya se descuenta el impacto de la subida del 22% hasta los 900 euros- ya se puede concluir que el impulso al salario mínimo, completado este mismo año con otra subida del 5% hasta los 950 euros, supone un golpe a la creación de empleo en los sectores menos cualificados y peor remunerados. Concretamente, este efecto ha generado según Freemarket un aumento del desempleo en el percentil de menor remuneración de entre el 1% y el 4% en regiones como Murcia, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

El Ministerio de Seguridad Social confirma su intención de volver a subir las cotizaciones máximas a la Seguridad Social, esto es, los pagos que hacen los sueldos superiores a los 50.000 euros anuales. Se trata de un paso esperado. Las bases máximas y mínimas suelen modificarse a la vez y el tope más bajo está abocado a cambiarse, después de que se haya producido otra alza en el SMI.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quiere acabar con la limitación salarial para sus cargos públicos, establecida desde el nacimiento de la formación en 2014 en una cantidad máxima equivalente de tres Salarios Mínimos Interprofesionales (SMI) --además de complementos por personas a cargo--. También ha propuesto que los mandatos, incluido el suyo, puedan durar más de los doce años fijados ahora como límite, si lo permiten los militantes en una consulta.

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros ha provocado que en 31 provincias españolas la pensión media -con datos de la nómina del pasado mes de enero- se sitúe por debajo. El Gobierno elevó el SMI un 22,3% en 2019 y un 5,5% en 2020, de modo que éste ha pasado de 732 euros a 950 euros en dos años. El hecho de que en más de la mitad del territorio la pensión media quede por debajo del SMI resulta paradójico, ya que hay muchos jubilados que tras toda una trayectoria laboral cobran menos que quienes inician su carrera, esto no hace sino enardecer las movilizaciones de pensionistas, que buscan el blindaje de las pensiones, que se apliquen complementos a las pagas más bajas y revalorizaciones más altas que sostengan su poder de compra.

El aumento del Salario Mínimo Interprofesional ha venido a agravar uno de los problemas endémicos del campo andaluz y extremeño: las dificultades para encontrar mano de obra disponible.

A la misma velocidad que Pablo Iglesias ha ido estrenando trajes de chaqueta y engordando su fondo de armario, el líder de Unidos Podemos ha hecho ostensible en el mes y medio que lleva tomando parte en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez de una suerte de poder omnímodo, interfiriendo en varios ministerios, especialmente en los del área económica, pese a que su negociado debería ser básicamente social. La primera gran intromisión del dirigente de la formación morada tuvo lugar en el proceso de negociación del acuerdo del Salario Mínimo Interprofesional, a quien según Iglesias, Sánchez le había dado las atribuciones para actuar. Pero fue gracias a la intervención de Nadia Calviño, vicepresidenta económica, lo que propició que esa subida se quedará finalmente en 950 euros, y no en los 1.000 euros como aspiraba el podemita. No obstante, el incremento del SMI fue lo suficientemente elevado como para que la CEOE se comiera el sapo "en aras del diálogo social", pero también lo suficientemente importante como para que Iglesias presumiera de ser el autor del acuerdo, colándose en la fotografía de Moncloa al lado de la vicepresidenta económica, de Pedro Sánchez, de los agentes sociales, y en un extremo, de Yolanda Díaz.

Los expertos coinciden en que el sector donde más impactará de forma negativa la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) será el de los servicios con unos niveles de remuneración menor que en otras áreas y un elevado volumen de trabajadores sobre el total de los afiliados a la Seguridad Social. Y uno de los colectivos que más sufrirá el incremento de la subida del SMI es el de los empleados y empleadas del hogar por su perfil salarial, en un rango bajo y cercano al SMI, ligado a la elevada vinculación de su puesto a la posibilidad de contratar los servicios por parte de las personas con algún tipo de dependencia, que normalmente cuentan con una pensión como principal ingreso. Este, siendo en la mayoría de los casos inferior a los 1.000 euros mensuales hace que el alza del SMI arriesgue la destrucción del 20% de los empleos en este sector.

Es preciso que en toda medida de política económica se tengan en cuenta, para acertar, un conjunto de enlaces que existen con otras realidades socioeconómicas y políticas que se encuentran siempre forzosamente enlazadas, y que por ello, generan problemas unas veces inmediatos o a medio plazo, que deberían haberse previsto. El saldo de las ventajas y desventajas, cuando todo esto se tiene en cuenta, debería alterar mucho la actividad inmediata de la política económica. Todo esto, por supuesto, lo ha colocado en la actualidad, la decisión de incrementar el salario mínimo interprofesional sin tener en cuenta cuestiones relacionadas con la estructura sociopolítica del sector rural.

La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre" es una frase que se atribuye a Cicerón y que desgraciadamente hoy invalidan los hechos que arrastran a nuestro sector más primario. Y necesario. Porque, al menos una vez en la vida, todos necesitaremos un médico o un abogado. Pero no pasa ni un solo día en el que no necesitemos un agricultor, que no se nos olvide cuando vayamos a echarnos un trozo de pan a la boca.

La nueva rebaja en los requisitos para acceder a los subsidios del PER no es el único gesto que el Gobierno prepara para afrontar la crisis que sufre el campo español. Para esta semana, el Ejecutivo baraja también la propuesta de poner un tope máximo al pago de cotizaciones sociales, ligadas al salario mínimo interprofesional (SMI), de los afiliados al Régimen Agrario de la Seguridad Social.

Nueva afrenta al campo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desconvocó por sorpresa este jueves por la noche a las organizaciones agrarias de la reunión que se ha celebrado este viernes con los sindicatos, que también estaban citados, para abordar la situación en el campo. La cita se ha saldado con el anuncio de que se van a rebajar de 35 a 20 las peonadas necesarias para poder cobrar el PER.

La introducción de los planes de pensiones de empresa en España parece uno de los principales retos del tejido productivo de nuestro país de cara al mantenimiento del poder adquisitivo de los futuros pensionistas, que previsiblemente se verá reducido en el mismo volumen que lo haga en las próximas décadas la tasa de sustitución sobre el último salario, ahora en el entorno del 78%. Esta es una de las principales tareas pendientes de la sociedad española que puede favorecer a un mayor compromiso de ahorro a largo plazo por parte de los españoles –cuenta pendientes si se compara la tasa de ahorro respecto a nuestros países vecinos- y sin embargo son varios los obstáculos que encuentra, tal y como se expuso este miércoles en la jornada de Previsión Social en la Empresa. Pensando en el futuro de las personas organizada por APD, Ocopen y Cecabank.

La economía española cerró el año 2019 con una mejora de la competitividad-precio frente a la UE-28, la OCDE y los países BRICS, según los datos del Índice de Tendencia de Competitividad difundidos este martes por la Secretaría de Estado de Comercio.

El Consejo de Ministros publicó la nueva senda de déficit hasta 2023 que, tras obtener la aprobación de Bruselas, debe cimentar los Presupuestos de 2020. Como era previsible, la nueva hoja de ruta suaviza notablemente los compromisos con respecto a las metas fijadas, y aún vigentes, del último Gobierno del PP.

El Consejo General de Economistas presentó ayer su previsión de crecimiento de la economía española, del 1,6% para 2020, y con un mismo ritmo para 2021. Así lo rubrica el último Observatorio Financiero presentado por la entidad, en el que mantiene que la inflación será del 1,1% este año, el paro se quedará en un porcentaje del 13,25%, el consumo en el 1,1% y, las exportaciones crecerán un 2,5%.

El Gobierno acaba de perder su primera batalla: la del campo. La España rural que en campaña concitó la defensa y el interés de todos los políticos, sobre todo de izquierdas como Pablo Iglesias, se rebela. Se siente engañada y vejada por una subida del salario mínimo que la condena a la economía sumergida.

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves una moción de ERC que insta al Govern a exigir al Gobierno central que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea diferenciado en cada comunidad autónoma y se fije por un "importe mínimo del 60% del salario medio" de cada una de ellas.

Agricultores y ganaderos se han manifestado en Madrid esta mañana reivindicando el control de los precios de los productos. "Hoy por hoy en España y creo que desde que estamos en la Unión Europea, el sector agrícola ha sido el sector pagano de la UE. Los precios que estamos percibiendo son precios de hace 35 años", afirma un manifestante a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los datos de Contabilidad Nacional han puesto negro sobre blanco las razones que explican el malestar del sector agrario, movilizado en toda España por los bajos precios y el incremento del SMI. Según el avance publicado por el Instituto Nacional de Estadística, la agricultura se ha desplomado en el último trimestre de 2019, con una caída de un 6% respecto al mismo periodo del año anterior.

El programa económico de Unidas Podemos, anunciaba la propuesta de subir el salario mínimo en España hasta el 60% de salario medio, al entrar en el gobierno de coalición de Sánchez.

Convertido en adalid contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Pedro Barato alerta de las consecuencias que la medida aprobada este jueves tendrá en un sector que se rebela en toda España, harto de la crisis de precios que sufre. "Una subida de un 43% del SMI es la puntilla" para los agricultores y ganaderos, asegura.

Patronal y sindicatos ratificaron con el Gobierno el acuerdo para volver a subir el salario mínimo en 2020, hasta 950 euros. Fue en el mismo día en el que siguieron sucediéndose las protestas en el sector agrario. No en vano, como el presidente de Asaja, Pedro Barato, denuncia en elEconomista el fuerte alza acumulada por esta remuneración ataca en su misma línea de flotación a sectores como el agrícola, intensivos en mano de obra. Es más, provoca ya claras anomalías.

Un grupo de más de un centenar de manifestantes que reclama precios justos para el aceite de oliva en origen ha aprovechado las obras que se están realizando en la A-4 a su paso por La Carolina (Jaén) para cortar la autovía en ambos sentidos mediante la quema de neumáticos.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que es "un poco fuerte" que el Gobierno diga que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), del 22,3% en 2019 y del 5,5% en 2020, no está perjudicando al sector agrario. Las declaraciones se producen tras el creciente malestar de los agricultores que protestan por el encarecimiento de los costes de producción. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha replicado que el campo español está "viviendo una transformación ajena al SMI".

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y los cambios en la normativa laboral planteados por el nuevo Gobierno han recibido en los últimos días las críticas del mundo empresarial, que desde diferentes segmentos ha advertido de las consecuencias para el empleo. Los riesgos de estas medidas se extienden a las operaciones corporativas, sobre todo a aquellas que tienen como protagonistas a empresas intensivas en capital humano en las que abundan sueldos limitados.