SMI

"Conseguir que el SMI alcance el 60% del salario medio es un objetivo de esta legislatura que seguro alcanzaremos, dando cumplimiento a nuestros compromisos internacionales con la Carta Social Europea y para ello hemos constituido una comisión de personas expertas que van a determinar la cuantía del 60% del salario medio en nuestro país y establecer la senda más adecuada para alcanzar ese objetivo", según se comprometió este lunes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso. Aunque los siete expertos de esta comisión son los que deben determinar dónde se colocará el 60% del salario medio, distintas fuentes lo cifran entre 1.100 y 1.200 euros lo que, dado que el SMI está en 950 euros, supondría una subida de entre el 15% y el 26% en tres años.

Sin fecha en el calendario para marcharse del Gobierno a la candidatura de Unidas Podemos de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias Turrión dejará su cargo de vicepresidente segundo, responsable de los Asuntos Sociales y de la Agenda 2030, con un legado exiguo.

Vuelven las presiones para subir el SMI

Los sindicatos CCOO y UGT convocaron más de 50 concentraciones ayer jueves en toda España para exigir la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente situado en 950 euros mensuales, y la derogación de las últimas reformas laborales y la propia de pensiones aprobada en 2013. Además, amenazan con seguir manifestándose todos los días 11 de cada mes si no hay cambios al respecto de sus peticiones, sobre todo en relación al SMI. Fuentes empresariales añaden que esas reivindicaciones no se van a limitar a los manifiestos sindicales. De hecho, se rumorea que la facción de Podemos en el Gobierno, con Pablo Iglesias y Yolanda Díaz a la cabeza, vuelve a presionar a Moncloa para que haya subida del SMI en 2021. En concreto, el objetivo que ambos persiguen es lograr que el Salario Mínimo alcance los 975 euros en junio, un alza ligeramente superior al 2,5%. A pesar de las presiones, Moncloa no cree que esta vez Podemos logre sus objetivos. “Nadia Calviño, María Jesús Montero e incluso el presidente Pedro Sánchez no son partidarios de un avance que supondría más apuros para las empresas en un momento como el actual”, dicen.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que, junto con Comisiones Obreras (CCOO), van a incrementar las movilizaciones, en la medida en la que la pandemia lo permita. Se trata de combinar protestas con negociación para lograr la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la derogación de la reforma de las pensiones y de la reforma laboral.

UGT y Comisiones Obreras (CCOO) han reclamado al Gobierno central sentarse a negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la derogación de la reforma laboral y la de las pensiones. Esta reivindicación les ha llevado a realizar movilizaciones este jueves en todas las capitales de provincia de España bajo el lema '¡Ahora sí toca!'.

La llegada del trabajo a distancia mediante la ley aprobada en septiembre del año pasado supone un reto para la Inspección de Trabajo que se ha marcado como un "objetivo prioritario" para los próximos tres años la "vigilancia del cumplimiento de esta Ley", según consta en el borrador del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo hasta 2023.

La propuesta sobre la regulación sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que está preparando la Comisión Europea (CE) obligará a los estados a aumentarlo hasta el 60% del sueldo mediano o del 50% del sueldo medio, que en el caso de España significaría incrementarlo hasta un mínimo de 1.200 euros brutos mensuales. CCOO y UGT han convocado movilizaciones el 11 de febrero para exigir más salario mínimo y derogar la reforma laboral.

Como en la película de Dan O’ Bannon donde los zombies se despiertan para acabar con las vidas de los ciudadanos, CCOO y UGT han salido del letargo servil en el que se encontraban y nos anuncian una primavera de movilizaciones que comenzarán el próximo 11 de febrero para, según dicen, forzar la derogación de las reformas laboral y de las pensiones y presionar en favor de subir el SMI.

CCOO y UGT han acordado llevar a cabo movilizaciones en el mes de febrero para pedir al Gobierno de coalición que cumpla con la agenda de reformas sociolaborales comprometida, según han informado ambos sindicatos tras la reunión de sus órganos directivos.

Afirma que la previsión central del Gobierno de un crecimiento del 7% para este año se mantiene MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha opuesto a la propuesta que baraja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de ampliar de 25 a 35 años de la cotización para calcular las pensiones, según ha apuntado en una entrevista a Huffington Post.

El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros brutos al mes en catorce pagas que se aprobó en 2019 ha sido la principal razón para que la brecha salarial se reduzca un 0,67 puntos porcentuales en Cataluña, según CCOO.

A pesar de que en el penúltimo Consejo de Ministros del año, el Gobierno dio luz verde al decreto antidesahucios, con prohibición del corte de suministros incluido, en Unidas Podemos queda el resquemor de no haber logrado todavía la subida del Salario Mínimo Profesional.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha apuntado que se debe "actuar con inteligencia" en la evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021 y que no se puede "ignorar la situación económica" que atraviesa el tejido productivo ante el próximo semestre, que se presenta complicado.

Nada se ha avanzado en la reunión entre sindicatos, empresarios y Ministerio de Trabajo sobre el SMI para el año próxima. Al filo de las 21.00 horas de este lunes se terminaba la reunión con la única novedad de que habrá un nuevo encuentro y, por tanto, teóricamente se sigue negociando. Poco más. Fuentes de los negociadores explican a eE que las tres partes han manenido sus posiciones del lunes anterior: la CEOE sigue diciendo que hay que congelar el SMI, los sindicatos que es preciso una subida y el Ministerio de Trabajo ha repetido el mensaje de que "no contempla que no haya una subida el próximo año".Pero la realidad es que el Gobierno sigue sin haber pactado internamente una subida lo que explica que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, haya acudido a la reunión sin una propuesta que ofrecer a los sindicatos y los emprearios.La reunión vino precedida de un cruce de declaraciones entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la de Economía, Nadia Calviño. La vicepresidenta, que reconoció horas antes de la reunión con los agentes sociales que el Gobierno no había tomado una decisión todavía, cortó las alas a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.Calviño anunció que, a falta de un acuerdo entre los empresarios y los sindicatos, lo pertinente es congelar el SMI el año próximo. Sin embargo, ayer saltó la sorpresa. Aunque la reunión que mantuvieron empresarios, sindicatos y el Ministerio de Trabajo, que finalizó a las nueve de la noche, se cerró sin acuerdo, habrá una nueva reunión.

Cada punto porcentual de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España para el próximo año –según al algoritmo utilizado en IBC&Partners que descompone la fuerza laboral por sectores de la economía– generará un paro estructural de cerca de 50.000 empleos con el consiguiente efecto sobre la reactivación de la economía. Así, la subida del SMI del que se habla estos días podría acarrear una destrucción de 45.000 empleos en la subida más moderada hasta los 427.000 en la máxima.

El Gobierno todavía no tiene decidido el SMI para el próximo año y la horquilla que baraja pivota entre el cero, como mínimo, y el 1,89%, como máximo, con una salida intermedia en el 0,9%. La facción socialista del Gobierno, con Nadia Calviño como principal defensora y el presidente Pedro Sánchez, como su férreo valedor, defienden que no es momento de una subida, siguiendo las tesis de la patronal. Una tesis que parece prevalecer.

Podemos lanzó recientemente dos polémicas propuestas laborales. Mientras el vicepresidente Iglesias abogó por implantar la jornada de cuatro días, Trabajo expresó su intención de acordar la subida del salario mínimo a 1.000 euros. Frente a esos proyectos, debe valorarse la reacción del ministro José Luis Escrivá.

Los ánimos se están calentando en lo referente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha de regir el año próximo. De momento, lo único cierto es que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha comentado a los agentes sociales que les convocará en los próximos días para negociar. Todos los años, es costumbre que, en el último Consejo de Ministros del año, el Ministerio de Trabajo presente un Real Decreto aprobando el SMI del año siguiente. Aunque ya se han producido información apuntando que el Gobierno aboga por llegar los 1.000 euros.

El Gobierno prepara un decreto para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros a comienzos del próximo ejercicio, si bien pretende negociar los términos del incremento con los agentes sociales en las próximas semanas, para que este comience a computar ya desde enero de 2021. Esta medida estaba ya en el aire, tal y como avanzó este diario hace unas semanas, si bien el sector empresarial asegura que no es el momento de continuar con la senda de incremento del SMI -cabe recordar que el Gobierno de coalición se ha comprometido a situarlo en el 60% del sueldo medio en España, lo que implicaría su subida hasta los 1.200 euros mensuales- en un periodo de crisis económica azuzada por la pandemia y las restricciones impuestas desde los gobiernos de todos los países del mundo para frenar los contagios y la crisis sanitaria.

El Gobierno de Pedro Sánchez parecía haber puesto freno a la incesante subida del salario mínimo interprofesional iniciada desde que llegó a la Moncloa, tras no incluir nuevas revisiones de su cuantía en el proyecto de los Presupuestos Generales del próximo año. Sin embargo, recientemente, ha saltado a la luz la intención de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de articular un diálogo con las patronales y los sindicatos a partir de diciembre para tantear una nueva subida del salario mínimo, esta vez hasta los 1.000 euros, desde los 950 euros en los que se encuentra actualmente. Fuentes patronales aseguran a elEconomista que aún no hay una propuesta firme del Gobierno sobre esta medida pero en una ronda de consultas con las asociaciones de empresarios las respuesta es clara, común y firme: "No es el momento de subir el SMI, impactará negativamente en los sectores más afectados por la pandemia", principalmente entre el sector agrario y la hostelería.

La preocupación por ¿cómo vamos a salir de ésta? empieza a ocupar cada vez más tiempo en la cabeza de todos: del gobierno, de los partidos políticos, de los empresarios y de cada uno de nosotros. A medida que la situación sanitaria comienza a vislumbrase algo más esperanzadora, la preocupación se va desplazando hacia el futuro inmediato en la vida económica. El presidente del Gobierno lleva tiempo insistiendo en la necesidad de unos nuevos Pactos de la Moncloa. Existe, por otro lado, un consenso general de que hay que actuar aunando fuerzas y colaborando todos los estamentos en la misma dirección. Pero el problema, como casi siempre, está en pasar de las musas al teatro.

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.755,15 euros en el cuarto trimestre de 2019, lo que supone un repunte del 2,3% respecto al mismo periodo de 2018, según los datos publicados este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un repunte que supone el décimo trimestre al alza –los últimos cuatro por encima del 2%- del indicador de costes para las empresas y que, más allá, se trata del mayor repunte en un cuarto trimestre de los últimos diez años, de modo que habría que ir al final del año 2009 para observar un repunte mayor al experimentado en el último trimestre del pasado ejercicio, cuando el alza fue del 2,5%.

Numerosos expertos, organismos de análisis macroeconómico e insitituciones oficiales han advertido en el último año de los efectos contradictorios de los incrementos del SMI para la creación de empleo. Ahora, con los datos del desempeño del mercado laboral de 2019 encima de la mesa -en los que ya se descuenta el impacto de la subida del 22% hasta los 900 euros- ya se puede concluir que el impulso al salario mínimo, completado este mismo año con otra subida del 5% hasta los 950 euros, supone un golpe a la creación de empleo en los sectores menos cualificados y peor remunerados. Concretamente, este efecto ha generado según Freemarket un aumento del desempleo en el percentil de menor remuneración de entre el 1% y el 4% en regiones como Murcia, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

El Ministerio de Seguridad Social confirma su intención de volver a subir las cotizaciones máximas a la Seguridad Social, esto es, los pagos que hacen los sueldos superiores a los 50.000 euros anuales. Se trata de un paso esperado. Las bases máximas y mínimas suelen modificarse a la vez y el tope más bajo está abocado a cambiarse, después de que se haya producido otra alza en el SMI.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quiere acabar con la limitación salarial para sus cargos públicos, establecida desde el nacimiento de la formación en 2014 en una cantidad máxima equivalente de tres Salarios Mínimos Interprofesionales (SMI) --además de complementos por personas a cargo--. También ha propuesto que los mandatos, incluido el suyo, puedan durar más de los doce años fijados ahora como límite, si lo permiten los militantes en una consulta.

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros ha provocado que en 31 provincias españolas la pensión media -con datos de la nómina del pasado mes de enero- se sitúe por debajo. El Gobierno elevó el SMI un 22,3% en 2019 y un 5,5% en 2020, de modo que éste ha pasado de 732 euros a 950 euros en dos años. El hecho de que en más de la mitad del territorio la pensión media quede por debajo del SMI resulta paradójico, ya que hay muchos jubilados que tras toda una trayectoria laboral cobran menos que quienes inician su carrera, esto no hace sino enardecer las movilizaciones de pensionistas, que buscan el blindaje de las pensiones, que se apliquen complementos a las pagas más bajas y revalorizaciones más altas que sostengan su poder de compra.

El aumento del Salario Mínimo Interprofesional ha venido a agravar uno de los problemas endémicos del campo andaluz y extremeño: las dificultades para encontrar mano de obra disponible.

A la misma velocidad que Pablo Iglesias ha ido estrenando trajes de chaqueta y engordando su fondo de armario, el líder de Unidos Podemos ha hecho ostensible en el mes y medio que lleva tomando parte en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez de una suerte de poder omnímodo, interfiriendo en varios ministerios, especialmente en los del área económica, pese a que su negociado debería ser básicamente social. La primera gran intromisión del dirigente de la formación morada tuvo lugar en el proceso de negociación del acuerdo del Salario Mínimo Interprofesional, a quien según Iglesias, Sánchez le había dado las atribuciones para actuar. Pero fue gracias a la intervención de Nadia Calviño, vicepresidenta económica, lo que propició que esa subida se quedará finalmente en 950 euros, y no en los 1.000 euros como aspiraba el podemita. No obstante, el incremento del SMI fue lo suficientemente elevado como para que la CEOE se comiera el sapo "en aras del diálogo social", pero también lo suficientemente importante como para que Iglesias presumiera de ser el autor del acuerdo, colándose en la fotografía de Moncloa al lado de la vicepresidenta económica, de Pedro Sánchez, de los agentes sociales, y en un extremo, de Yolanda Díaz.

Los expertos coinciden en que el sector donde más impactará de forma negativa la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) será el de los servicios con unos niveles de remuneración menor que en otras áreas y un elevado volumen de trabajadores sobre el total de los afiliados a la Seguridad Social. Y uno de los colectivos que más sufrirá el incremento de la subida del SMI es el de los empleados y empleadas del hogar por su perfil salarial, en un rango bajo y cercano al SMI, ligado a la elevada vinculación de su puesto a la posibilidad de contratar los servicios por parte de las personas con algún tipo de dependencia, que normalmente cuentan con una pensión como principal ingreso. Este, siendo en la mayoría de los casos inferior a los 1.000 euros mensuales hace que el alza del SMI arriesgue la destrucción del 20% de los empleos en este sector.