SMI

CCOO y UGT han acordado llevar a cabo movilizaciones en el mes de febrero para pedir al Gobierno de coalición que cumpla con la agenda de reformas sociolaborales comprometida, según han informado ambos sindicatos tras la reunión de sus órganos directivos.

Afirma que la previsión central del Gobierno de un crecimiento del 7% para este año se mantiene MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha opuesto a la propuesta que baraja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de ampliar de 25 a 35 años de la cotización para calcular las pensiones, según ha apuntado en una entrevista a Huffington Post.

El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 900 euros brutos al mes en catorce pagas que se aprobó en 2019 ha sido la principal razón para que la brecha salarial se reduzca un 0,67 puntos porcentuales en Cataluña, según CCOO.

A pesar de que en el penúltimo Consejo de Ministros del año, el Gobierno dio luz verde al decreto antidesahucios, con prohibición del corte de suministros incluido, en Unidas Podemos queda el resquemor de no haber logrado todavía la subida del Salario Mínimo Profesional.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha apuntado que se debe "actuar con inteligencia" en la evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021 y que no se puede "ignorar la situación económica" que atraviesa el tejido productivo ante el próximo semestre, que se presenta complicado.

Nada se ha avanzado en la reunión entre sindicatos, empresarios y Ministerio de Trabajo sobre el SMI para el año próxima. Al filo de las 21.00 horas de este lunes se terminaba la reunión con la única novedad de que habrá un nuevo encuentro y, por tanto, teóricamente se sigue negociando. Poco más. Fuentes de los negociadores explican a eE que las tres partes han manenido sus posiciones del lunes anterior: la CEOE sigue diciendo que hay que congelar el SMI, los sindicatos que es preciso una subida y el Ministerio de Trabajo ha repetido el mensaje de que "no contempla que no haya una subida el próximo año".Pero la realidad es que el Gobierno sigue sin haber pactado internamente una subida lo que explica que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, haya acudido a la reunión sin una propuesta que ofrecer a los sindicatos y los emprearios.La reunión vino precedida de un cruce de declaraciones entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la de Economía, Nadia Calviño. La vicepresidenta, que reconoció horas antes de la reunión con los agentes sociales que el Gobierno no había tomado una decisión todavía, cortó las alas a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.Calviño anunció que, a falta de un acuerdo entre los empresarios y los sindicatos, lo pertinente es congelar el SMI el año próximo. Sin embargo, ayer saltó la sorpresa. Aunque la reunión que mantuvieron empresarios, sindicatos y el Ministerio de Trabajo, que finalizó a las nueve de la noche, se cerró sin acuerdo, habrá una nueva reunión.

Cada punto porcentual de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España para el próximo año –según al algoritmo utilizado en IBC&Partners que descompone la fuerza laboral por sectores de la economía– generará un paro estructural de cerca de 50.000 empleos con el consiguiente efecto sobre la reactivación de la economía. Así, la subida del SMI del que se habla estos días podría acarrear una destrucción de 45.000 empleos en la subida más moderada hasta los 427.000 en la máxima.

El Gobierno todavía no tiene decidido el SMI para el próximo año y la horquilla que baraja pivota entre el cero, como mínimo, y el 1,89%, como máximo, con una salida intermedia en el 0,9%. La facción socialista del Gobierno, con Nadia Calviño como principal defensora y el presidente Pedro Sánchez, como su férreo valedor, defienden que no es momento de una subida, siguiendo las tesis de la patronal. Una tesis que parece prevalecer.

Podemos lanzó recientemente dos polémicas propuestas laborales. Mientras el vicepresidente Iglesias abogó por implantar la jornada de cuatro días, Trabajo expresó su intención de acordar la subida del salario mínimo a 1.000 euros. Frente a esos proyectos, debe valorarse la reacción del ministro José Luis Escrivá.

Los ánimos se están calentando en lo referente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha de regir el año próximo. De momento, lo único cierto es que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha comentado a los agentes sociales que les convocará en los próximos días para negociar. Todos los años, es costumbre que, en el último Consejo de Ministros del año, el Ministerio de Trabajo presente un Real Decreto aprobando el SMI del año siguiente. Aunque ya se han producido información apuntando que el Gobierno aboga por llegar los 1.000 euros.

El Gobierno prepara un decreto para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros a comienzos del próximo ejercicio, si bien pretende negociar los términos del incremento con los agentes sociales en las próximas semanas, para que este comience a computar ya desde enero de 2021. Esta medida estaba ya en el aire, tal y como avanzó este diario hace unas semanas, si bien el sector empresarial asegura que no es el momento de continuar con la senda de incremento del SMI -cabe recordar que el Gobierno de coalición se ha comprometido a situarlo en el 60% del sueldo medio en España, lo que implicaría su subida hasta los 1.200 euros mensuales- en un periodo de crisis económica azuzada por la pandemia y las restricciones impuestas desde los gobiernos de todos los países del mundo para frenar los contagios y la crisis sanitaria.

El Gobierno de Pedro Sánchez parecía haber puesto freno a la incesante subida del salario mínimo interprofesional iniciada desde que llegó a la Moncloa, tras no incluir nuevas revisiones de su cuantía en el proyecto de los Presupuestos Generales del próximo año. Sin embargo, recientemente, ha saltado a la luz la intención de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de articular un diálogo con las patronales y los sindicatos a partir de diciembre para tantear una nueva subida del salario mínimo, esta vez hasta los 1.000 euros, desde los 950 euros en los que se encuentra actualmente. Fuentes patronales aseguran a elEconomista que aún no hay una propuesta firme del Gobierno sobre esta medida pero en una ronda de consultas con las asociaciones de empresarios las respuesta es clara, común y firme: "No es el momento de subir el SMI, impactará negativamente en los sectores más afectados por la pandemia", principalmente entre el sector agrario y la hostelería.

La preocupación por ¿cómo vamos a salir de ésta? empieza a ocupar cada vez más tiempo en la cabeza de todos: del gobierno, de los partidos políticos, de los empresarios y de cada uno de nosotros. A medida que la situación sanitaria comienza a vislumbrase algo más esperanzadora, la preocupación se va desplazando hacia el futuro inmediato en la vida económica. El presidente del Gobierno lleva tiempo insistiendo en la necesidad de unos nuevos Pactos de la Moncloa. Existe, por otro lado, un consenso general de que hay que actuar aunando fuerzas y colaborando todos los estamentos en la misma dirección. Pero el problema, como casi siempre, está en pasar de las musas al teatro.

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.755,15 euros en el cuarto trimestre de 2019, lo que supone un repunte del 2,3% respecto al mismo periodo de 2018, según los datos publicados este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un repunte que supone el décimo trimestre al alza –los últimos cuatro por encima del 2%- del indicador de costes para las empresas y que, más allá, se trata del mayor repunte en un cuarto trimestre de los últimos diez años, de modo que habría que ir al final del año 2009 para observar un repunte mayor al experimentado en el último trimestre del pasado ejercicio, cuando el alza fue del 2,5%.

Numerosos expertos, organismos de análisis macroeconómico e insitituciones oficiales han advertido en el último año de los efectos contradictorios de los incrementos del SMI para la creación de empleo. Ahora, con los datos del desempeño del mercado laboral de 2019 encima de la mesa -en los que ya se descuenta el impacto de la subida del 22% hasta los 900 euros- ya se puede concluir que el impulso al salario mínimo, completado este mismo año con otra subida del 5% hasta los 950 euros, supone un golpe a la creación de empleo en los sectores menos cualificados y peor remunerados. Concretamente, este efecto ha generado según Freemarket un aumento del desempleo en el percentil de menor remuneración de entre el 1% y el 4% en regiones como Murcia, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

El Ministerio de Seguridad Social confirma su intención de volver a subir las cotizaciones máximas a la Seguridad Social, esto es, los pagos que hacen los sueldos superiores a los 50.000 euros anuales. Se trata de un paso esperado. Las bases máximas y mínimas suelen modificarse a la vez y el tope más bajo está abocado a cambiarse, después de que se haya producido otra alza en el SMI.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quiere acabar con la limitación salarial para sus cargos públicos, establecida desde el nacimiento de la formación en 2014 en una cantidad máxima equivalente de tres Salarios Mínimos Interprofesionales (SMI) --además de complementos por personas a cargo--. También ha propuesto que los mandatos, incluido el suyo, puedan durar más de los doce años fijados ahora como límite, si lo permiten los militantes en una consulta.

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros ha provocado que en 31 provincias españolas la pensión media -con datos de la nómina del pasado mes de enero- se sitúe por debajo. El Gobierno elevó el SMI un 22,3% en 2019 y un 5,5% en 2020, de modo que éste ha pasado de 732 euros a 950 euros en dos años. El hecho de que en más de la mitad del territorio la pensión media quede por debajo del SMI resulta paradójico, ya que hay muchos jubilados que tras toda una trayectoria laboral cobran menos que quienes inician su carrera, esto no hace sino enardecer las movilizaciones de pensionistas, que buscan el blindaje de las pensiones, que se apliquen complementos a las pagas más bajas y revalorizaciones más altas que sostengan su poder de compra.

El aumento del Salario Mínimo Interprofesional ha venido a agravar uno de los problemas endémicos del campo andaluz y extremeño: las dificultades para encontrar mano de obra disponible.

A la misma velocidad que Pablo Iglesias ha ido estrenando trajes de chaqueta y engordando su fondo de armario, el líder de Unidos Podemos ha hecho ostensible en el mes y medio que lleva tomando parte en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez de una suerte de poder omnímodo, interfiriendo en varios ministerios, especialmente en los del área económica, pese a que su negociado debería ser básicamente social. La primera gran intromisión del dirigente de la formación morada tuvo lugar en el proceso de negociación del acuerdo del Salario Mínimo Interprofesional, a quien según Iglesias, Sánchez le había dado las atribuciones para actuar. Pero fue gracias a la intervención de Nadia Calviño, vicepresidenta económica, lo que propició que esa subida se quedará finalmente en 950 euros, y no en los 1.000 euros como aspiraba el podemita. No obstante, el incremento del SMI fue lo suficientemente elevado como para que la CEOE se comiera el sapo "en aras del diálogo social", pero también lo suficientemente importante como para que Iglesias presumiera de ser el autor del acuerdo, colándose en la fotografía de Moncloa al lado de la vicepresidenta económica, de Pedro Sánchez, de los agentes sociales, y en un extremo, de Yolanda Díaz.

Los expertos coinciden en que el sector donde más impactará de forma negativa la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) será el de los servicios con unos niveles de remuneración menor que en otras áreas y un elevado volumen de trabajadores sobre el total de los afiliados a la Seguridad Social. Y uno de los colectivos que más sufrirá el incremento de la subida del SMI es el de los empleados y empleadas del hogar por su perfil salarial, en un rango bajo y cercano al SMI, ligado a la elevada vinculación de su puesto a la posibilidad de contratar los servicios por parte de las personas con algún tipo de dependencia, que normalmente cuentan con una pensión como principal ingreso. Este, siendo en la mayoría de los casos inferior a los 1.000 euros mensuales hace que el alza del SMI arriesgue la destrucción del 20% de los empleos en este sector.

Es preciso que en toda medida de política económica se tengan en cuenta, para acertar, un conjunto de enlaces que existen con otras realidades socioeconómicas y políticas que se encuentran siempre forzosamente enlazadas, y que por ello, generan problemas unas veces inmediatos o a medio plazo, que deberían haberse previsto. El saldo de las ventajas y desventajas, cuando todo esto se tiene en cuenta, debería alterar mucho la actividad inmediata de la política económica. Todo esto, por supuesto, lo ha colocado en la actualidad, la decisión de incrementar el salario mínimo interprofesional sin tener en cuenta cuestiones relacionadas con la estructura sociopolítica del sector rural.

La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre" es una frase que se atribuye a Cicerón y que desgraciadamente hoy invalidan los hechos que arrastran a nuestro sector más primario. Y necesario. Porque, al menos una vez en la vida, todos necesitaremos un médico o un abogado. Pero no pasa ni un solo día en el que no necesitemos un agricultor, que no se nos olvide cuando vayamos a echarnos un trozo de pan a la boca.

La nueva rebaja en los requisitos para acceder a los subsidios del PER no es el único gesto que el Gobierno prepara para afrontar la crisis que sufre el campo español. Para esta semana, el Ejecutivo baraja también la propuesta de poner un tope máximo al pago de cotizaciones sociales, ligadas al salario mínimo interprofesional (SMI), de los afiliados al Régimen Agrario de la Seguridad Social.

Nueva afrenta al campo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desconvocó por sorpresa este jueves por la noche a las organizaciones agrarias de la reunión que se ha celebrado este viernes con los sindicatos, que también estaban citados, para abordar la situación en el campo. La cita se ha saldado con el anuncio de que se van a rebajar de 35 a 20 las peonadas necesarias para poder cobrar el PER.

La introducción de los planes de pensiones de empresa en España parece uno de los principales retos del tejido productivo de nuestro país de cara al mantenimiento del poder adquisitivo de los futuros pensionistas, que previsiblemente se verá reducido en el mismo volumen que lo haga en las próximas décadas la tasa de sustitución sobre el último salario, ahora en el entorno del 78%. Esta es una de las principales tareas pendientes de la sociedad española que puede favorecer a un mayor compromiso de ahorro a largo plazo por parte de los españoles –cuenta pendientes si se compara la tasa de ahorro respecto a nuestros países vecinos- y sin embargo son varios los obstáculos que encuentra, tal y como se expuso este miércoles en la jornada de Previsión Social en la Empresa. Pensando en el futuro de las personas organizada por APD, Ocopen y Cecabank.

La economía española cerró el año 2019 con una mejora de la competitividad-precio frente a la UE-28, la OCDE y los países BRICS, según los datos del Índice de Tendencia de Competitividad difundidos este martes por la Secretaría de Estado de Comercio.

El Consejo de Ministros publicó la nueva senda de déficit hasta 2023 que, tras obtener la aprobación de Bruselas, debe cimentar los Presupuestos de 2020. Como era previsible, la nueva hoja de ruta suaviza notablemente los compromisos con respecto a las metas fijadas, y aún vigentes, del último Gobierno del PP.