A pesar de la recuperación turística, las aguas bajan revueltas en Hesperia. Después de dos años marcados por la pandemia, a la empresa presidida y controlada por José Antonio Castro se le abre un nuevo frente: la rebelión de sus accionistas minoritarios, las familias Olivella y Sagué, descontentas con la gestión del empresario gallego al frente de la hotelera. El enfrentamiento quedó patente en la última junta de accionistas, donde votaron contra las cuentas anuales y el informe de gestión pocos meses después de que la Sepi aprobase un rescate de 55 millones para la compañía.

Las ayudas movilizadas por la Sepi para ayudar a las empresas a eludir las dificultades financieras provocadas por la pandemia del Covid-19 no están consiguiendo por ahora eliminar los números rojos del balance. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aprobó 30 operaciones de las 73 que se presentaron, por un valor de 3.255 millones de euros.

Tras dos años de existencia, el pasado 30 de junio se clausuró el Fondo de Apoyo a la Solvencia ed Empresas Estratégicas, gestionado por la Sepi.

Nuevo hito para la catalana Celsa, el primer grupo siderúrgico español. Tres meses después de que el Gobierno aprobase el rescate del grupo industrial, la empresa todavía no ha visto ni un euro. El Ejecutivo y la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) supeditaron la entrega de los 550 millones de euros a un acuerdo entre empresa y acreedores que aún no ha llegado. Después de semanas de negociaciones infructuosas, los fondos acreedores han lanzado un órdago y han invocado la entrada en vigor de Ley Concursal para presentar un plan de reestructuración con una nueva oferta: reducir la deuda en 1.291 millones de euros a cambio de hacerse con el 100% de la siderúrgica.

Francesc Rubiralta es la pieza clave para entender la Celsa de hoy. Hijo de Francisco Rubiralta, fundador del grupo siderúrgico, la política de expansión emprendida hace 15 años que terminó por endeudar a la compañía por encima de sus posibilidades lleva su sello. El actual consejero delegado y presidente de la empresa con sede en Castellbisbal (Barcelona) tenía la mano rota de negociar refinanciaciones con la banca, pero los viejos códigos no sirven con los fondos de inversión que compraron el pasivo a las entidades a precio de saldo y los impagos provocados por el coronavirus.

Nuevo movimiento decisivo en Indra, puntal estratégico del Ejecutivo español en el ámbito de la seguridad y la defensa. La compañía comunicó ayer a la CNMV la luz verde del Gobierno para que Amber Capital, el fondo estadounidense presidido por Joseph Oughourlian y máximo accionista de Prisa, alcance el 9,99% del capital de la compañía tecnológica y roce el 10%. Se trata de un hito más en el inesperado aterrizaje del fondo neoyorquino con el que sigue sumando fuerzas a la causa común de Sepi y la empresa vasca de defensa Sapa.

Amber incrementa al 10% su participación en Indra. Esta operación proyecta a Marc Murtra a la presidencia ejecutiva, ya que fortalece la posición de control en la tecnológica del fondo estadounidense y sus aliados, la Sepi y la empresa vasca de defensa Sapa.

El Consejo de Transparencia ha tomado partido en el caso del rescate de Plus Ultra. Este organismo ha emitido una resolución por la que insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a hacer público el informe sobre la necesidad y viabilidad del rescate de 53 millones de euros concedido a la polémica aerolínea por parte del Fondo de Rescate de Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

Mientras negocia su rescate en España con los fondos acreedores, Celsa disfruta de los mejores resultados de su historia en Reino Unido. Ya avisó de que el año 2021 había sido un buen ejercicio tras un 2020 en el que los problemas logísticos y las restricciones abocaron a la organización a la crisis financiera actual. En el archipiélago, el Ejecutivo actuó en julio de 2020 y le concedió un préstamo de urgencia para aliviar su situación. Un año y medio después, la firma saborea unas ganancias de 21,2 millones de libras (25,3 millones de euros al cambio), un 250% más de lo que había logrado nunca.

Mientras negocian (con calma) los términos del acuerdo para acceder al rescate público de 550 millones de la Sepi, Celsa y sus acreedores mantienen abierto su enfrentamiento judicial. Con victorias en el historial para ambas partes, la compañía presumía hasta ahora de los tribunales avalaban que hubiese dejado de pagar el préstamo Jumbo, de 750 millones de euros, por la pandemia. Sin embargo, ahora la Audiencia Provincial de Madrid le confirma lo que ya sabía: en mayo de 2023 le espera el pago del crédito convertible, de 1.500 millones, sobre el que había solicitado medidas cautelares.

Cuando Sepi aprobó el rescate de 550 millones de euros para Celsa también incluyó una cláusula de salida en el caso de que la siderúrgica no pueda hacer frente al vencimiento de los dos préstamos en los que se articuló la ayuda pública. El Estado tiene claro que no convertirá el crédito en acciones ni refinanciará el pasivo, por ello abrió dos vías de escape: que la compañía realice una emisión de bonos o que sea la banca tradicional la que se haga cargo de los créditos.

Aunque ya está aprobada, ni Celsa ni los fondos acreedores recibieron todavía la ayuda de 550 millones de euros de la Sepi. El organismo público espera a que ambas partes llegue a un acuerdo de quita de deuda y, a pesar de las prisas con las que se negoció en junio, el proceso bajó de revoluciones. Ninguna de las partes tiene prisa: la institución tiene reservada la cantidad y no tiene fecha límite para distribuirla.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha quedado clausurado el 30 de junio tras aprobar 30 operaciones por un importe de 3.255,8 millones de euros, ha informado el holding público en un comunicado.

Tras la Junta General de Accionistas de Indra Sistemas (Indra) del pasado 23 de junio, los medios de comunicación no han parado de hacerse eco de la “singular” maniobra llevada a cabo por la SEPI, principal accionista de la compañía, para hacerse con el control efectivo de ésta. Durante la Junta fueron cesados de forma sorpresiva cuatro de los siete consejeros independientes, a lo que se añaden las dimisiones de otros dos consejeros por disconformidad con lo sucedido en la Junta. Queda por ello un solo consejero independiente de un consejo de 14 vocales.

La Sociedad Española de Participaciones Industriales, Sepi, comunicó ayer oficialmente a Abengoa su negativa a rescatarla con 249 millones de euros. Un portazo esperado tras el Consejo de Ministros del lunes, y que deja a la cotizada andaluza con las alternativas de intentar la salvación por la ley concursal o ir a liquidación. No hay otra. Horas después, la empresa puso en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la resolución definitiva de la Sepi y dio por cerrada la operación de reestructuración prevista con la entrada de Terramar en el accionariado. La oferta del fondo americano estaba condicionada a la aportación del Estado.

Desde la Junta de la pasada semana, Indra ha perdido seis consejeros independientes y ha visto como el mercado castigaba el golpe de mano de la Sepi, Amber y Sapa con una caída de la acción del 13%.

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de ayer los últimos seis rescates del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Celsa, Isastur, Imasa, Vivanta, Blue Sea y Meeting Point han sido las empresas que han recibido el visto bueno a sus expedientes y han conseguido préstamos por un total que supera los 721 millones de euros. Estos se suman a los que habían sido aprobados con anterioridad y suponen haber ayudado a treinta compañías a las que se les ha aportado financiación por 3.255 millones. En el lado contrario están los que han sido rechazados por el Consejo Gestor, una treintena de solicitudes por valor de 2.137 millones, según ha podido saber elEconomista.es. Entre las más importantes, constan como "no elegibles" los expedientes de Abengoa y Ezentis, pero también los de hoteleras como BlueBay o industriales como Grupo Villar Mir.

La Sepi aprovecha los últimos días de vigencia del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas para rescatar a Celsa, Isastur, Imasa, Vivanta, Blue Sea y Meeting Point por 700 millones.

El vuelco al consejo de Indra tras la Junta del jueves con el cese de consejeros independientes provoca el hundimiento de las acciones de la tecnológica.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha informado a Abenewco 1, filial de Abengoa donde la empresa mantiene sus activos más valiosos, que la dirección del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas considera que no constan acreditados determinados requisitos de elegibilidad para la concesión de la ayuda de 249 millones de euros solicitada.

La Sociedad Española de Participaciones Industriales, Sepi, mantiene abierto el expediente sobre el rescate de 249 millones solicitado hace 15 meses por Abengoa. Cuando resuelva, dará cinco días a la empresa para que alegue. Es la información que representantes del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda transmitieron ayer a representantes de los trabajadores, que les exigían una respuesta ya. No se dispone de ese tiempo, aseguran. En apenas diez días, a partir del 30 de junio, la empresa podría estar en liquidación así que los trabajadores se encerraron en la Sepi hasta que haya resolución. Tanto ellos como el presidente, Clemente Fernández, admiten que el rescate es una opción que a día de hoy está prácticamente descartada y que se está trabajando en distintos ámbitos, en planes B.

El día 30 de junio finaliza el plazo dado por Bruselas para otorgar ayudas a través del Fondo de Rescate para Empresas Estratégicas. A falta de apenas once días, el Consejo Gestor del fondo tiene pendientes de aprobar rescates por valor de unos 1.100 millones de euros, es decir, más del 10% del total del fondo y más de un 20% del importe solicitado por las empresas. Entre ellos destacan tras la aprobación de Celsa, el de Abengoa, que solicitó 249 millones, y el de Ezentis, que se conoció hace solo unos días y tiene un importe de 70 millones.

La Sepi acelera los trámites para que el rescate de Celsa se produzca a tiempo. A pesar de que todavía no existe un acuerdo entre la siderúrgica y los acreedores, el consejo gestor de la entidad aprobó este viernes la concesión de un préstamo de 550 millones y envió el expediente a Bruselas para que la Comisión Europea otorgue el visto bueno definitivo.

El 30 de junio está cada vez más cerca y Celsa y sus acreedores todavía no han llegado a un acuerdo que desbloquee el rescate de la Sepi. La siderúrgica y los fondos tenedores de su deuda negocian de forma prácticamente ininterrumpida desde hace jornadas y aunque el pacto todavía no está ni mucho menos cerrado las conversaciones se acercaron mucho desde el punto en el que partían.

Malos tiempos para Ezentis. El grupo de Telecomunicaciones ha solicitado a la Sepi un rescate de aproximadamente 70 millones de euros para hacer frente a una deuda que ronda de los 130 millones. Tras las noticias aparecidas en prensa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspenderla de cotización más de una hora.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha aprobado este miércoles proponer al exdiputado Juan Moscoso como su tercer consejero dominical en Indra.

A pesar de la guerra de comunicados de los últimos días, Celsa y sus acreedores acercaron posturas desde la semana pasada. Aunque lentamente, las negociaciones avanzan. El conflicto entre la siderúrgica y los tenedores de la deuda para desbloquear el rescate de la Sepi pasa por la concesión de un nuevo préstamo que los fondos quieren que sea de 550 millones de euros. En su última oferta, la familia Rubiralta aceptó la creación de un nuevo instrumento, pero por valor de 125 millones de euros.

Los fondos acreedores de Celsa culpan a la familia Rubiralta de que el rescate de la siderúrgica siga bloqueado. Los tenedores de la deuda de la compañía achacaron a "los intereses económicos" de la saga catalana que la Sepi todavía no haya sellado la ayuda de 550 millones de euros.

En una jornada marcada por las protestas de la plantilla de Celsa contra los acreedores, los fondos de inversión que ostentan la deuda de la siderúrgica lanzaron una nueva propuesta para desbloquear el rescate de la Sepi: piden una bonificación añadida una vez se devuelva la ayuda pública y la firma de un crédito de 550 millones al 10% de interés en Luxemburgo. El préstamo es ahora el principal escollo entre las partes para dar luz verde al dinero estatal.