SEPE

La Dirección Provincial del SEPE en Barcelona va a llevar ante la Fiscalía la venta fraudulenta de citas previas para realizar gestiones en distintas sedes del servicio público de empleo estatal de la provincia.

Los agentes sociales estiman que cerca del 40% de los afectados por Ertes afrontarán problemas en sus cobros como los vistos durante el primer estado de alarma.

Los sindicatos CCOO y UGT denuncian que, desde hace 10 años, la plantilla del SEPE en esta autonomía se ha visto reducida en un 35% y que el servicio en la provincia de Barcelona acumula en la actualidad retrasos de hasta tres meses en la tramitación de las prestaciones ordinarias de empleo.

"Las empresas con personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo tramitados conforme a lo previsto en los artículos 22 o 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que estén vigentes a 30 de septiembre de 2020, deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del día 20 de octubre de 2020". Este párrafo del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre por el que el Gobierno prorrogó los Erte hasta el 31 de enero de 2021 ha sido suficiente para aumentar la carga del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al haber interpretado las empresas que debían solicitar de nuevo la ayuda a la que ya estaban adscrita.

Hace unos días conocíamos los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA), donde quizá lo mas destacable fue el fuerte impacto que tuvo la reintegración al mercado laboral de casi 900.000 inactivos que no pudieron buscar un trabajo como consecuencia de la pandemia. La de hace unos días fue una EPA extraña que dejó datos históricos de creación de empleo y de aumento del paro y que nos sumerge en una enorme incertidumbre por no saber cómo evolucionará nuestra economía.

La ANC pierde peso en las universidades

La Asamblea Nacional Catalana ha tocado hueso con la Universitat Autònoma de Barcelona(UAB) en su lucha por situar al independentismo al frente de las instituciones. Y eso que la presidenta de la organización, Elisenda Paluzie, exacerbó al secesionismo al afirmar en agosto que “no se podía permitir” que las dos universidades más grandes de Cataluña (UAB y la Universitat de Barcelona) estuvieran en manos de rectorados constitucionalistas. A pesar de su arenga, la ANC ha sido incapaz de presentar una candidatura que pudiera hacer frente a la del catedrático Javier Lafuente, que sin hacer mención alguna al independentismo en su programa, saldrá elegido el próximo viernes al ser el único candidato que se ha presentado. Cuentan que este fracaso ha dolido y mucho en la ANC hasta el punto de que la propia Paluzie se está planteando liderar una candidatura indepe de cara a las elecciones del próximo noviembre de la Universitat de Barcelona, ya que es catedrática de Economía de esa universidad. Por lo que se comenta en la ANC, el objetivo es evitar otra derrota como la de la UAB. Con todo, comentan que Paluzie no sabe aún si dará el paso, ya que una derrota de una candidatura liderada por ella misma sería aún más dolorosa que no presentar batalla.

El Govern catalán está "a la espera de poder cerrar un acuerdo" para que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ayude al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la gestión de las prestaciones por desempleo de los ERTE.

Fuentes del Sepe aseguran que, a sus innumerables problemas de gestión no resueltos, se suma en las últimas semanas uno más. Se trata de las quejas de miles de trabajadores, afectados por Ertes, ante la imposibilidad de cobrar el suplemento en esos expedientes que les corresponde por tener hijos a su cargo.

El Ministerio de Trabajo repesca una figura que, existente en la normativa laboral, hace tiempo que no se aplica. Está negociando con empresarios y sindicatos la convocatoria de cursos para 2020 y el próximo 2021 con compromiso de contratación. El Estado financiará la formación en empresas de sectores estratégicos que tengan dificultades para cubrir ciertos perfiles con escasez de profesionales inscritos en los servicios públicos de empleo y, a cambio, se comprometen a quedarse como mínimo con el 40% de los participantes de los cursos al menos durante seis meses.

El Gobierno en su RDL 30/2020 de 29 de septiembre estableció una línea diferencial entre las empresas que a partir del pasado 1 de octubre siguen en Erte y que mantienen a algo más de 728.000 trabajadores cobrando del Servicio Público de Empleo: unas tienen derecho a que la Seguridad Social las exonere de parte del pago de la cotización de sus empleados y otras tienen que afrontar integras las cuotas aunque sus asalariados continúen en el Sepe.

El Pacto de Toledo estudia la posibilidad de desviar hasta 12.000 millones de euros procedentes de las cotizaciones por desempleo que va a parar al Sepe a los fondos de la Seguridad Social para afrontar futuros gasto en pensiones. Concretamente, el documento sobre el que trabajan los partidos representados en la Comisión parlamentaria encargada de emitir las recomendaciones para la reforma del sistema público, recoge la posibilidad de derivar tres puntos porcentuales de la cotización que realizan los trabajadores al Sepe hacia contingencias comunes, que es la aportación que ingresa la Seguridad Social y con las que se sufragan las pensiones en nuestro país.

Tradicionalmente septiembre no suele ser un buen mes para la creación de empleo, suele ser un mes en el que aumentan el número de desempleados, por un lado, pero aumenta el número de afiliados a la Seguridad Social, por otro.

El mercado laboral recibió un balón de oxígeno en septiembre tras los malos datos, casi catastróficos, que ha cosechado a lo largo del verano, justo cuando más contratación se debería producir por el efecto estacional. Pero ese efecto no fue tal por el impacto de la pandemia y en el pasado mes se ha vuelto a recuperar el pulso al empleo con 26.329 parados menos que abandonan las listas del Sepe y 84.013 nuevos afiliados que se incorporan al mercado de trabajo respecto al mes de agosto.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones está en el punto de mira, y se encuentra seriamente comprometida según las proyecciones de gasto para esta partida publicadas este lunes por la AIReF donde se estima que para 2050 el coste anual será del 14,2% del PIB, lo que supondrá un alza de entre 2 y 4 puntos porcentuales del PIB. En este sentido hasta tres vías de actuación ha puesto sobre la mesa la Autoridad Fiscal para abordar reequilibrio del Sistema a través de la separación de fuentes de financiación que elimine los gastos no contributivos e impropios de la Seguridad Social, la profundización en los retoques de las medidas paramétricas abordadas en la reforma del 2011 y lo que se conoce como el trasvase de cotización del Sepe a la Seguridad Social, que supone desviar parte de la aportación por desempleo de los trabajadores a contingencias comunes, de donde sale la financiación para las pensiones.

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) está recortando en su base de datos el paro acumulado de algunos trabajadores afectados por los Ertes derivados del covid-19. El Gobierno reguló de tal manera que estableció que estos expedientes de regulación no afectaran a prestaciones futuras de desempleo, es decir, que no consumiesen paro, y pudieran cubrir a los empleados que no habían generado paro suficiente. Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que se debe a un fallo informático y que en el futuro en caso de despido no se verá afectada la prestación por desempleo.

El Gobierno deja de considerar la búsqueda activa de trabajo como un requisito indispensable para acceder a la renta mínima vital. A partir de ahora, la inscripción en los Servicios de Empleo sólo servirá para mantener esa ayuda, una vez concedida.

El Fogasa dispone de un presupuesto de 796 millones de euros, el cual sólo daría para cubrir el 25% de las indemnizaciones por despido si prosperara la propuesta de la patronal madrileña CEIM de que el Fondo de Garantía Salarial y la empresa paguen a partes iguales el coste de despedir a alrededor de medio millón de trabajadores actualmente bajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte) -de un total de 773.000- que con alta probabilidad pasarían a Ere y, por tanto, al paro.

Las ayudas europeas contra la crisis que España recibirá deberán destinarse a inversiones productivas y, entre ellas, los proyectos de digitalización ocuparán uno de los capítulos más importantes.

Imposible comunicación con el Sepe

El colapso que sufre el Sepe no solo afecta a los trabajadores que aún no han cobrado la prestación por Ertes, a pesar de haberla solicitado en mazo. Desde los sindicatos se comenta que también está generando importantes contratiempos a un buen número de cotizantes que siguen recibiendo la retribución temporal a pesar de haberse reincoporado ya a su puesto laboral desde hace meses. “Mantener la prestación cuando ya se trabaja supone un cobro indebido del subsidio, lo que podría acarrear sanción”, aseguran desde un sindicato. Para evitar este tipo de contratiempos, muchos trabajadores que están en esta situación irregular están tratando de comunicarse con el Sepe. Pero, según comentan los agentes sociales, les está resultado imposible pasar más allá del contestador automático. Desde el entorno del secretario de Estado Joaquín Pérez Rey, se asegura que el Ministerio de Trabajo es plenamente consciente de todos estos inconvenientes. Pero, aseguran, que es imposible hacer más con los recursos que se tiene. Dicen además que se tendrán en cuenta estos problemas a la hora de imponer sanciones. Unas explicaciones que no convencen en los sindicatos, en donde ya consideran intolerable el largo colapso que sufre el Sepe y otros organismos públicos como la Seguridad Social. 

Ayer se hicieron públicos los datos de desempleo del mes de agosto, datos registrados por las oficinas de empleo del Sepe.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, ha alertado de un nuevo mecanismo de ciberdelincuencia que suplanta la identidad del Servicio de Empleo para robar datos de los ciudadanos.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha activado este mes la maquinaria para reclamar los cobros indebidos del Erte a aquellos beneficiarios que hayan percibido un importe mayor del que les corresponde o que hayan seguido cobrando la prestación cuando ya no correspondía. De no cumplir con el plazo de devolución, el organismo recargará en un 20% el importe a devolver.

Muchos son los trabajadores que se quejan de que los contratos que firman son cada vez más cortos. La Memoria Socioeconómica y Laboral del Consejo Económico y Social (CES) lo corrobora al apuntar que el año pasado, por primera vez, la duración media de los contratos temporales firmados el año pasado (20,35 millones) se situó por debajo de los 50 días, en 49,1. Además, el estudio del CES pone de manifiesto que se rompió la tendencia seguida los dos años anteriores de un ligero incremento en el tiempo de los contratos, después de colocarse en 2016 en un mínimo de 50,6 días de media. Así, en 2017 se elevó a 51,7 días y en 2018 a 52,2 días.

A 31 de julio, 1.118.542 trabajadores seguían en Erte y, por tanto, cobrando la prestación de los Servicios Públicos de Empleo (Sepe). A 10 de agosto, la cifra se había reducido en 160.000 personas, rebajando la mítica cifra del millón, concretamente en 959.000, según ha desvelado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Eso supone que han regresado al tajo 2.226.800 asalariados desde el 30 de abril, cuando la Seguridad Social registró el pico más alto de gente adscrita a un Erte, 3.387.000.

A pesar de la evolución tan positiva del mercado laboral en el mes de julio, esta mejoría ha tenido un impacto desigual en los parados dependiendo de la duración del desempleo, según pone de manifiesto Fedea en un reciente informe sobre el efecto del covid-19 sobre la economía y el mercado laboral en España.

El Gobierno presentará de modo inminente su solicitud para beneficiarse de las ayudas del fondo europeo contra el desempleo provocado por el Covid (el llamado SURE) que la comisión presentó en mayo. Moncloa aspira a conseguir 20.000 millones en préstamos, una cifra que resultaría demasiado optimista dar por ya garantizada.

El atasco en las oficinas del Sepe ya refleja su impacto en las cifras de empleo que publica el Ministerio de Trabajo cada mes. Más bien, refleja la distorsión que se aprecia entre el número de parados que declara el Gobierno de manera oficial y el verdadero efecto de la destrucción de empleo, ya que son "decenas de miles" las prestaciones que aún no se han podido conceder por el atasco que se produce a causa de la avalancha de solicitudes de prestaciones por desempleo, y no solo las asociadas al Erte (donde aún quedan trabajadores esperando los primeros pagos de la administración). De este modo, si la ocupación se redujo en España en 1.074.000 puestos de trabajo durante el segundo trimestre del año, -según los datos de la EPA, situándose el número de ocupados en 18,6 millones contra los 19,6 millones de trabajadores registrados en el primer trimestre de 2020- el incremento de inscritos en la lista del desempleo solo es de 55.000 personas, pasando a los 3.368.000 de este trimestre desde los 3.313.0000 de los primeros tres meses.

Como se preveía la EPA del segundo trimestre refleja con claridad el tremendo impacto que el confinamiento y el parón económico han tenido en el mercado laboral, con la destrucción de más de un millón de empleos. Junto con las altas cifras del paro, existe una llamativa anomalía que se refleja en la última EPA.

¿Puede reclamar la UE una reforma del Sepe?

El Ejecutivo es consciente de que para recibir los 140.000 millones del fondo europeo de recuperación tendrá que presentar un plan de reformas que satisfaga unos mínimos para Bruselas. Varias de esas peticiones están ya incluidas en las recomendaciones que todos los años recoge el informe de la Comisión Europea sobre la economía nacional. Pues bien desde el Gobierno resaltan que la UE siempre hace especial énfasis en criticar la actual división del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). Por lo visto, Bruselas considera ineficiente que las competencias del organismo dirigido por Gerardo Gutiérrez Ardoy se deleguen en gran parte entre las autonomías. “La UE considera que dificulta que un parado encuentre trabajo en cualquier lugar que no sea su territorio de residencia”, dicen fuentes del Ejecutivo. Como ya se ha comentado, la crítica a la fragmentación del Sepe que Bruselas realiza no es nueva. De hecho, volvió a aflorar en las recomendaciones de la Comisión a España de 2019. Con todo, en el Ministerio de Trabajo algunos ya especulan con que esta vez será ineludible acometer esta reforma para acceder a la ayuda comunitaria. “Han insistido mucho con el Sepe”, añaden. 

Un total de 2.840.735 personas afectadas por ERTE recibieron una prestación en el mes de junio. Son 546.545 personas menos que las que constaban en el SEPE en el mes anterior. Lo que supone un descenso del 16%, según las cifras del Ministerio de Trabajo. La nómina de las personas incluidas en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) supuso 2.055,3 millones de euros, la cantidad más baja desde el inicio de la crisis sanitaria y 1.262,4 millones de euros menos (-38%) que en el mes de mayo.De este importe, 1.886,4 millones de euros fueron ingresos netos para los afectados y 168,9 millones de euros correspondieron al abono de las cuotas sociales.