SEPE

Caos con los pagos indebidos del Sepe

Aunque desde el Ministerio de Trabajo se “venda” que las oficinas del Sepe han superado el colapso por la acumulación de Ertes, la realidad es que el caos permanece. Así lo indican los rumores que corren por este organismo, y que destacan la exigua cantidad de dinero que se ha recuperado de los alrededor de 500.000 pagos equivocados que se hicieron por los Ertes. En concreto, fuentes sindicales indican que solo ha vuelto a Trabajo el 10% de los abonos erróneos. Más allá de la cantidad, lo más preocupante es que en bastantes casos es imposible contactar con los interesados. “Muchos se han cambiado de domicilio o, simplemente, ya no lo tienen por la crisis. Es muy complicado hablar con ellos con la escasez de recursos que tenemos”, dicen en el Sepe, donde temen una oleada de embargos y sanciones a raíz de estos pagos. “Es injusto que se castigue a estas personas cuando no han tenido la opción de enterarse porque no hemos sido capaces de contactar con ellos”, se quejan en el Sepe que, como es lógico, ha informado al secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, de esta preocupante situación. “No hemos recibido la respuesta definitiva del Ministerio. Son las direcciones provinciales las que están buscando soluciones”, añaden en el Sepe.

Sin duda, una vez se pueda dar por finalizado el escudo protector a empresas, trabajadores y hogares articulado por el Gobierno para afrontar el impacto de la pandemia, el Ejecutivo podrá decir que puso todos los recursos a disposición para la causa. De hecho, solo en el caso de las prestaciones en Ertes y cese de actividad de los autónomos, así como las exenciones correspondientes en ambos casos a las aportaciones a la Seguridad Social -además de las incapacidades- suman hasta el momento un coste para el Estado de 40.800 millones de euros, lo que es equivalente al 56% de toda la ayuda a fondo perdido que llegará de la Unión Europea en los próximos años, unos 70.000 millones de euros.

El pronóstico inicial del Gobierno en general y del Ministerio del Trabajo en particular se está viendo desvirtuado por la persistente virulencia del impacto de la pandemia en España. Así lo ha admitido este viernes la ministra Yolanda Díaz al reconocer que los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) no serán suficientes para los sectores más afectados por la crisis sanitaria.

El hartazgo de los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha llegado al límite. La posibilidad de que 2021 mantenga el caos vivido en 2020, ante la avalancha de solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte), ha llevado a los funcionarios a anunciar una huelga en marzo para exigir más medios para gestionar el alto volumen de tramitaciones con el que conviven desde hace casi un año.

Los datos de empleo conocidos ayer reflejan la imposibilidad de combatir los efectos económicos de una pandemia del siglo XXI con una legislación laboral del siglo XX. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) informó de un incremento de 76.216 parados y de una caída de 218.953 trabajadores de media en la afiliación a la Seguridad Social en enero.

La menguada plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) se enfrenta a la renovación de 2.200 temporales (el tercio de su personal) y a la jubilación del 25% de sus actuales efectivos hasta 2022. Una situación extrema que preocupa a los sindicatos del organismo, a su dirección y al Ministerio de Trabajo. Las respuestas a estas deficiencias están en manos del Ministerio de la Función Pública que debe autorizar las plazas, aunque a la postre, debe obtener los fondos del Ministerio de Hacienda.

El último guiño de la Generalitat a Canadell

A pesar de que la prioridad debería ser la gestión de la pandemia y la del temporal, el Govern ha sacado tiempo de donde no lo había para aprobar un nuevo convenio marco que regula la relación entre la Generalitat de Cataluña y las cámaras que conforman el Consejo General de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. El nuevo convenio beneficia a las cámaras ya que da poder a estos organismos para suscribir acuerdos bilaterales con cualquier departamento de la Generalitat, o con empresas públicas. Con lógica, la oposición ha criticado la incoherencia que supone aprobar esta norma con un Parlament disuelto y a menos de un mes de las autonómicas. Pero la opacidad con la que se ha llevado todo el proceso hace que muchos sospechen que el nuevo convenio supone el último guiño del Govern a Joan Canadell. El ya expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona y número 3 de la candidatura de Junts per Catalunya llevaba meses reclamando este cambio en la normativa. "El hecho de que todo se haya tramitado por la puerta de atrás y que se otorgue tal poder a las cámaras en los convenios bilaterales con la Generalitat es un claro síntoma de que se trata de un gesto hacia Canadell", dicen desde una formación constitucionalista.

La revisión de la web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por la actualización del indicador de público de rentas de efectos múltiples (Iprem), que sube un 5% desde el 1 de enero, ha provocado que miles de usuarios del organismo hayan mostrado este lunes su malestar en Twitter.

Todos los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo temporal (Erte) activados como consecuencia de un rebrote de covid-19 podrán acceder al cobro de las prestaciones independientemente de que su contrato de trabajo se realizara con posterioridad al 18 de marzo, tras un cambio de criterio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Hacia otro retraso en las ayudas de Trabajo

El pasado 3 de noviembre el Gobierno aprobó un nuevo subsidio de 430 euros destinado a paliar la situación de los parados que hayan agotado la prestación por desempleo durante la primera ola de la pandemia. El objetivo era mejorar la situación de esas personas que quedarían sin ingresos durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Entonces, el Ministerio de Trabajo dijo que 250.000 parados cumplían los requisitos para acceder a esa ayuda. Muchos de ellos recibieron poco después una carta firmada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, informando de la ayuda. Su número dos, el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, también dio muestras en público de empatía con la difícil situación de estos parados. Pues bien, a pesar de todo ello, se comenta que el SEPE “no ha comenzado a tramitar aún las peticiones”, que a día de hoy alcanzan 114.000. Este nuevo retraso en el organismo hará que, como pronto, el pago de la ayuda se realice en el mes de enero, algo que resulta inaudito ya que el objetivo de la ayuda, según el Real Decreto, es paliar la situación de los desempleados en los meses finales de 2020. Como en otros casos recientes, la causa de la demora vuelve a estar en la saturación del SEPE,que es incapaz de dar salida a estas nuevas tramitaciones, según denuncian fuentes sindicales.

El Ministerio de Trabajo ha acudido a las llamadas de auxilio lanzadas desde el Sepe para que se les dote de mayor personal, se mejore la condiciones laborales de los actuales empleados y se modernicen los programas informáticos para conseguir automatizar la mayor cantidad de acciones. De este manera se reducirá la carga de trabajo de la plantilla y, muy especialmente, se rebajarán los errores en la gestión de las prestaciones.

El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha adjudicado al grupo GFI Informática un contrato por valor de 257.857 euros para monitorizar y analizar las aplicaciones informáticas del SEPE con el fin de detectar problemas que afecten a su rendimiento.

La segunda oleada de la epidemia, con el auge de los Ertes que conlleva, ha vuelto a poner a los Servicios Públicos de Empleo (Sepe) en una situación aún más dramática que la vivida durante el primer estado de alarma.

El Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) pide ayuda a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para que ponga fin a la escasez humana y tecnológica que ha llevado al organismo público a una situación extrema. Así, su director general, Gerardo Gutiérrez, ha negociado con los sindicatos del Sepe un plan, denominado de Avance y Transformación -al que ha tenido acceso eE- con el fin de remitirlo al Ministerio de Trabajo para que éste, a su vez, lo gestione con Hacienda para la dotación presupuestaria y Administraciones públicas para que aumente la plantilla. Las principales medidas tendrían un coste de 132 millones de euros, 72,2 millones para recursos humanos (24 ya se han soportado en los presupuestos) y otros 50 millones para la transformación tecnológica.

En el caso de que un trabajador se vea incluido en un expediente temporal de regulación de empleo (Ertes) en los que se suspenda el contrato de trabajo, se encontrará a efectos fiscales en situación de desempleo total.

La Seguridad Social recibirá un nuevo préstamo de 6.000 millones de euros para hacer frente a la paga extra de Navidad de los pensionistas, que se abona en noviembre y que provoca que la factura en esta partida ascienda a 20.000 millones de euros. Así, lo dispuso el Gobierno en el Consejo de Ministros de este martes y supone el cuarto crédito que el Estado concede al Sistema para hacer frente a estos pagos ordinarios y también a aquellos causados como respuesta a la pandemia, principalmente correspondiente a las ayudas para empresas y trabajadores. En suma, cuatro préstamos que ascienden a 51.000 millones de euros en lo que va de año, que significa que la Seguridad Social habrá precisado al cierre del presente ejercicio de financiación extra por valor de 4,2 puntos porcentuales del PIB.

El atasco vuelve al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) por los nuevos Ertes que se están tramitando masivamente y las nuevas prestaciones que se han aprobado, como el subsidio de 430 euros para aquellos desempleados que se quedaron sin ingresos durante el primer estado de alarma. Este colapso podría hacer que el 40% de los perceptores de los Ertes encuentren dificultades para recibir la prestación a tiempo en los próximos meses. La mayoría se concentrará en trabajadores que hayan cobrado de más en estos meses atrás, que podrían llegar al 40% del total, según fuentes sindicales.

La Dirección Provincial del SEPE en Barcelona va a llevar ante la Fiscalía la venta fraudulenta de citas previas para realizar gestiones en distintas sedes del servicio público de empleo estatal de la provincia.

Los agentes sociales estiman que cerca del 40% de los afectados por Ertes afrontarán problemas en sus cobros como los vistos durante el primer estado de alarma.

Los sindicatos CCOO y UGT denuncian que, desde hace 10 años, la plantilla del SEPE en esta autonomía se ha visto reducida en un 35% y que el servicio en la provincia de Barcelona acumula en la actualidad retrasos de hasta tres meses en la tramitación de las prestaciones ordinarias de empleo.

"Las empresas con personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo tramitados conforme a lo previsto en los artículos 22 o 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que estén vigentes a 30 de septiembre de 2020, deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo antes del día 20 de octubre de 2020". Este párrafo del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre por el que el Gobierno prorrogó los Erte hasta el 31 de enero de 2021 ha sido suficiente para aumentar la carga del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al haber interpretado las empresas que debían solicitar de nuevo la ayuda a la que ya estaban adscrita.

Hace unos días conocíamos los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA), donde quizá lo mas destacable fue el fuerte impacto que tuvo la reintegración al mercado laboral de casi 900.000 inactivos que no pudieron buscar un trabajo como consecuencia de la pandemia. La de hace unos días fue una EPA extraña que dejó datos históricos de creación de empleo y de aumento del paro y que nos sumerge en una enorme incertidumbre por no saber cómo evolucionará nuestra economía.

La ANC pierde peso en las universidades

La Asamblea Nacional Catalana ha tocado hueso con la Universitat Autònoma de Barcelona(UAB) en su lucha por situar al independentismo al frente de las instituciones. Y eso que la presidenta de la organización, Elisenda Paluzie, exacerbó al secesionismo al afirmar en agosto que “no se podía permitir” que las dos universidades más grandes de Cataluña (UAB y la Universitat de Barcelona) estuvieran en manos de rectorados constitucionalistas. A pesar de su arenga, la ANC ha sido incapaz de presentar una candidatura que pudiera hacer frente a la del catedrático Javier Lafuente, que sin hacer mención alguna al independentismo en su programa, saldrá elegido el próximo viernes al ser el único candidato que se ha presentado. Cuentan que este fracaso ha dolido y mucho en la ANC hasta el punto de que la propia Paluzie se está planteando liderar una candidatura indepe de cara a las elecciones del próximo noviembre de la Universitat de Barcelona, ya que es catedrática de Economía de esa universidad. Por lo que se comenta en la ANC, el objetivo es evitar otra derrota como la de la UAB. Con todo, comentan que Paluzie no sabe aún si dará el paso, ya que una derrota de una candidatura liderada por ella misma sería aún más dolorosa que no presentar batalla.

El Govern catalán está "a la espera de poder cerrar un acuerdo" para que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ayude al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la gestión de las prestaciones por desempleo de los ERTE.

Fuentes del Sepe aseguran que, a sus innumerables problemas de gestión no resueltos, se suma en las últimas semanas uno más. Se trata de las quejas de miles de trabajadores, afectados por Ertes, ante la imposibilidad de cobrar el suplemento en esos expedientes que les corresponde por tener hijos a su cargo.

El Ministerio de Trabajo repesca una figura que, existente en la normativa laboral, hace tiempo que no se aplica. Está negociando con empresarios y sindicatos la convocatoria de cursos para 2020 y el próximo 2021 con compromiso de contratación. El Estado financiará la formación en empresas de sectores estratégicos que tengan dificultades para cubrir ciertos perfiles con escasez de profesionales inscritos en los servicios públicos de empleo y, a cambio, se comprometen a quedarse como mínimo con el 40% de los participantes de los cursos al menos durante seis meses.

El Gobierno en su RDL 30/2020 de 29 de septiembre estableció una línea diferencial entre las empresas que a partir del pasado 1 de octubre siguen en Erte y que mantienen a algo más de 728.000 trabajadores cobrando del Servicio Público de Empleo: unas tienen derecho a que la Seguridad Social las exonere de parte del pago de la cotización de sus empleados y otras tienen que afrontar integras las cuotas aunque sus asalariados continúen en el Sepe.

El Pacto de Toledo estudia la posibilidad de desviar hasta 12.000 millones de euros procedentes de las cotizaciones por desempleo que va a parar al Sepe a los fondos de la Seguridad Social para afrontar futuros gasto en pensiones. Concretamente, el documento sobre el que trabajan los partidos representados en la Comisión parlamentaria encargada de emitir las recomendaciones para la reforma del sistema público, recoge la posibilidad de derivar tres puntos porcentuales de la cotización que realizan los trabajadores al Sepe hacia contingencias comunes, que es la aportación que ingresa la Seguridad Social y con las que se sufragan las pensiones en nuestro país.

Tradicionalmente septiembre no suele ser un buen mes para la creación de empleo, suele ser un mes en el que aumentan el número de desempleados, por un lado, pero aumenta el número de afiliados a la Seguridad Social, por otro.

El mercado laboral recibió un balón de oxígeno en septiembre tras los malos datos, casi catastróficos, que ha cosechado a lo largo del verano, justo cuando más contratación se debería producir por el efecto estacional. Pero ese efecto no fue tal por el impacto de la pandemia y en el pasado mes se ha vuelto a recuperar el pulso al empleo con 26.329 parados menos que abandonan las listas del Sepe y 84.013 nuevos afiliados que se incorporan al mercado de trabajo respecto al mes de agosto.