Los expertos en laboral y penal piden al Gobierno más precisión en la nueva redacción del artículo 311 del Código Penal, que se aprobó el 23 de diciembre, que abre penas de entre seis meses y seis años de cárcel para los empresarios, e incluso también para los responsables de los departamentos de Recursos Humanos de las compañías, por imponer condiciones ilegales a los trabajadores mediante la contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo. Este añadido permite que falsos autónomos, y también puede extenderse a falsos becarios con funciones de un trabajador, cooperativas ficticias o socios, por ejemplo de despachos de abogados que en vez de estar vinculados al régimen de la Seguridad Social están como autónomos, puedan demandar por la vía penal al empresario y corra el riesgo de asumir penas de prisión o multas que pueden ir desde los seis meses a los 12 meses.

La plataforma Uber Eats indemnizará a los 4.400 repartidores españoles a los que despidió en agosto de 2021, momento en el que entró en vigor la 'Ley Rider', que obligaba a contratarlos al considerarlos falsos autónomos.

La ‘tránsfuga’ podemita que inquieta a Moncloa

Hasta ahora, Moncloa había observado las guerras internas en Podemos desde una cómoda distancia. La razón era que no comprometían la estabilidad del Gobierno de coalición; más bien lo contrario: daban más libertad de acción a Pedro Sánchez. Sin embargo, esto ya no es así. La huida de la diputada podemita Meri Pita al Grupo Mixto ha roto el cada vez más precario equilibrio parlamentario en el Congreso de los Diputados. Con ella, Unidas Podemos ya ha perdido dos escaños durante la legislatura. Pita abandonó la Secretaría General de los morados en Canarias entre duros reproches a la dirección de Ione Belarra. En el núcleo duro de la formación se considera que el problema es interno y aseguran que la “tránsfuga” es afín a Yolanda Díaz, con lo cual al PSOE no le supondrá un problema. Pero en Presidencia no lo ven así. Son conscientes de que “las islas” son un territorio complicado para la coalición, con episodios como la polémica retirada del escaño de Alberto Rodríguez. Y está cerca del Sáhara. “Salvamos la reforma laboral de la propia Díaz solo porque un diputado del PP se equivocó, no podemos permitirnos el mismo riesgo con decisiones como las que ahora tenemos entre manos”, advierten en el Grupo Parlamentario Socialista.

Un juzgado de Oviedo ha reconocido la existencia de una relación laboral entre Glovo y 150 repartidores que prestaron sus servicios en Asturias entre octubre de 2017 y junio de 2018.

El procedimiento de oficio, abierto como consecuencia de la impugnación por la empresa de las actas de infracción elevadas por la Inspección de Trabajo, continua a pesar de que los trabajadores no se presenten a la vista para defender sus intereses, según establece el Juzgado de lo Social nº 1 de León, en sentencia de 22 de diciembre de 2021.

El Juzgado de lo Social 1 de León ha estimado la demanda de la Seguridad Social contra la empresa de reparto Glovo y ha declarado la existencia de una relación laboral entre dicha mercantil y 142 riders, pues concluye que se trata de "trabajadores por cuenta ajena, aunque la empresa les obliga a darse de alta en el régimen de autónomos".

Uno de los puntos más polémicos de la recién aprobada ley de los repartidores a domicilio estriba en la obligación que impone a las plataformas digitales de publicar sus algoritmos laborales.

El próximo aumento del salario mínimo interprofesional generará exclusión y desempleo. Y más todavía cuando vuelva a aumentar en 2022. Porque esta decisión política, contraria a lo que la coyuntura aconseja, favorece solo a la aristocracia obrera, es decir, a los trabajadores con empleo estable. Y no a los desempleados o a los trabajadores precarios a quienes, precisamente, perjudica.

El negocio de la comida a domicilio está más en alza que nunca tras la irrupción del Covid. La entrada en vigor de la 'Ley Rider' ha obligado a modificar el modelo de negocio que tenían muchas de las compañías que operaban en el sector y otras, hasta ahora centradas en puntos concretos de la geografía nacional, han expandido su negocio. Es el caso de Deelivers, una de las empresas de riders que ha firmado con UberEats y que entrega los pedidos de la plataforma en varias ciudades. La compañía, que también trabaja con otros operadores como Just Eat, facturó en 2020 unos 4,3 millones de euros y espera cerrar este año triplicando esta cifra.

Prueba y error. Glovo analiza nuevos modelos para operar en España tras la entrada en vigor de la 'Ley Rider' y los problemas y denuncias que ha generado la puesta en marcha de su estrategia de autónomos en nuestro país. Así lo confirman a elEconomista fuentes conocedoras de los movimientos de la multinacional, que admiten que la compañía estaría mirando a sus competidores directos, que han desarrollado otras estrategias en las últimas semanas, analizando cambios en su modelo con la vista fijada en incorporar flotas de repartidores subcontratadas.

La ley que regula el status laboral de los repartidores a domicilio ni siquiera lleva un mes en vigor pero ya es evidente su ineficacia. La norma se caracteriza por la rigidez que presenta, ya que obliga en todos los casos a las plataformas digitales a contratar a los trabajadores que emplean; sin embargo, deja múltiples recovecos para que esas empresas eviten hacer las contrataciones.

Golpe a las empresas de VTC y reparto a domicilio en California. Uber, Lyft o DoorDash tendrán que calificar a los conductores y 'riders' como empleados, después de que un tribunal tumbara el pasado viernes una ley aprobada en referéndum en noviembre de 2020 que les permitía seguir tratándoles como autónomos. Y ese cambio podría suponer un aumento de precios de entre un 10% y un 20%, según Gad Allon, profesor de la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania.

La 'Ley Rider' ya está en vigor. Ayer jueves se cumplía el plazo de tres meses que Gobierno y patronales se habían dado para que las empresas laboralizasen a sus repartidores, gesto que apenas se ha producido en un pequeño porcentaje de casos. Las plataformas de envíos a domicilio han optado por la creatividad y han anunciado en las últimas semanas sus propios modelos de negocio que, en opinión de los expertos, no siempre cumplen con las obligaciones que exige la norma y que abrirían paso a una nueva batalla legal.

Mañana termina el plazo que el Gobierno dio a plataformas como Glovo, Deliveroo, Uber Eats o Stuart para adaptar sus modelos de negocio a la 'Ley Rider'. Pero la norma que regulará el empleo de los repartidores no está consiguiendo que las compañías traspasen a los falsos autónomos a personal contratado como se esperaba. Hasta ahora, y a apenas un día de que entre en vigor la norma, solo Just Eat ha anunciado que llevará a cabo la contratación de los mismos, una pequeña parte del total de los más de 30.000 que operaban en España, y que se sumarán a los apenas 2.000 que laboralizará Glovo.

Esta semana entra en vigor la ya famosa Ley Rider, la norma que regula las relaciones laborales entre los repartidores a domicilio y las plataformas digitales para las que trabajan.

Just Eat está ultimando con los sindicatos un acuerdo para la firma del primer convenio colectivo de los repartidores en España. Las negociaciones se llevan a cabo tras la aprobación el pasado 10 de junio de la conocida como Ley Rider, que regula las condiciones laborales de estos trabajadores, que operaban hasta ahora como autónomos en la mayoría de las compañías de la competencia de Just Eat, y a los que obliga a contratar como asalariados en tres meses.

La empresa de reparto de comida a domicilio Deliveroo ha anunciado este viernes su intención de dejar de operar en España, debido a la fuerte competencia en el sector, y para ello abrirá un proceso de consulta entre sus trabajadores.

Glovo prevé mantener a cerca de un 80% de sus repartidores actuales en España como autónomos pese a la entrada en vigor en dos semanas de la llamada "Ley Rider", para lo que ha ideado un nuevo modelo de relación con ellos que en su opinión se ajusta a la normativa.

Vuelta de tuerca al conflicto de los riders. El Tribunal Supremo ha desestimado este miércoles el recurso de Deliveroo contra una sentencia de enero de 2020 en la que se calificaba a 500 de sus repartidores en Madrid como "falsos autónomos". Esta decisión confirma la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya rechazó otro recurso de la compañía el pasado mes de enero.

El mercado del delivery está en plena ebullición. Y no solo por la reciente Ley de Riders, que obligará a plataformas como Glovo o Deliveroo a contratar a sus repartidores, hasta ahora autónomos, sino por la llegada de un nuevo segmento y nuevas marcas. Dija y Blok son dos nuevas empresas llegadas a España desde Reino Unido que apuestan por la fórmula del quick commerce; que las entregas sean lo más rápidas posibles.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la denominada Ley Rider. La norma, tramitada a través de un Real Decreto Ley, obligará a plataformas como Deliveroo, Glovo o Uber Eats a contratar a sus repartidores que hasta ahora trabajaban como autónomos. Esta regulación no es la primera que se desarrolla en Europa para poner normas a esta actividad, Italia ya lo hizo en 2019, pero sí es pionera a la hora de regular el deber de información de las empresas en lo que a sus algoritmos se refiere.

El Gobierno aprueba la ley sobre los repartidores a domicilio, una norma en la que la conversión de estos trabajadores en asalariados hace tiempo que dejó de ser su punto más polémico.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, la conocida como Ley de 'riders', por la que se obligará a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Una nueva tendencia en los supermercados ya ha llegado a Madrid. El coger el carro de la compra y recorrerse los infinitos pasillos de los establecimientos buscando el producto deseado dice adiós, para recibir la compra en un instante en la puerta de casa. A través de un rider, y aunque ya lo vienen haciendo todas las grandes cadenas en los últimos años, Dija presenta la alternativa de ser un supermercado "fantasma". Con seis establecimientos en la capital, solo los empleados pueden entrar y coger el artículo que el cliente les ha indicado.

Casi dos meses después de que la mesa del diálogo social diese luz verde a la denominada 'Ley Rider', el Gobierno llevará al Consejo de Ministros de este martes la norma que obligará a plataformas como Glovo, Uber Eats o Deliveroo a convertir a sus repartidores, hasta ahora autónomos, en trabajadores. Todo ello, en un plazo de tres meses y con las empresas del sector y las patronales enfrentadas entre sí tras el desmarque de la catalana en la última reunión antes de la aprobación de la norma.

La pandemia disparó la demanda de comida y otros envíos a domicilio a través de plataformas de entrega inmediata, pero este auge no se ha traducido en una mejora para los riders (repartidores), sino al contrario, según un estudio de CCOO de Cataluña y datos recabados por elEconomista.

Deliveroo se desploma en su debut en la bolsa de Londres. La compañía de reparto a domicilio se ha estrenado en el parqué a un precio de 3,90 libras (4,57 euros), valorada así en 7.590 millones de libras (más de 8.893 millones de euros). Sin embargo, el precio de los títulos ha llegado a caer a 2,71 libras, o un 30,5%, poco después de comenzar a cotizar en el mercado británico, aunque ha recuperado un poco al final de la sesión.