Cuando aún no han pasado tres meses desde que la Generalitat Valenciana, a través de la empresa pública Sitval, asumiese la gestión directa de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la autonomía al finalizar las concesiones por 25 años, los nuevos gestores públicos ya tienen que enfrentarse con su primera convocatoria de huelga.
En plena cuenta atrás para la reversión de las estaciones del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se ha desatado una nueva polémica entre concesionarios y la Conselleria de Economía que dirige Rafa Climent. La Generalitat ha publicado la supresión de la prueba de ruido en las inspecciones obligatorias a partir del próximo 1 de enero, una medición que sólo se realizaba en la región y que tradicionalmente ha encarecido la inspección.
Las estaciones dedicadas a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) figuran desde hace más de dos años en la lista de servicios que el Gobierno valenciano quiere volver a asumir directamente. Para ello, la Administración autonómica ha optado por no prolongar el contrato de las siete empresas que se reparten el servicio en su territorio al finalizar el periodo de concesión de 25 años el próximo 31 de diciembre.
Las empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunidad Valenciana mantienen abiertos dos frentes legales contra el Gobierno valenciano en los que reclaman más de 133 millones de euros por los cambios en las tarifas en plena batalla por la anunciada reversión del servicio tras el fin de los 25 años de vigencia.
El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha establecido que un Ayuntamiento que absorbe un servicio público que venía prestando la empresa contratista debe respetar las condiciones contractuales del personal transferido incluyendo entre ellas el carácter fijo de los contratos de trabajo.
