Una persona tiene derecho a conocer a quién se distribuye sus datos, auspiciado por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La política de privacidad de WhatsApp ha sido modificada este lunes en respuesta a la multa que el servicio recibió el pasado mes de septiembre.

La Agencia Española de Protección de Datos recuerda que los ciudadanos cuentan con una herramienta online para saber cómo actuar ante una brecha. A pesar de que el RGPD viene aplicándose desde hace más de tres años, muchas personas todavía no cumplen por completo el Reglamento, en la mayoría de casos por desconocimiento.

Una autoridad nacional de control puede ejercer su facultad de poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro cualquier supuesta infracción del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aunque no sea la autoridad de control principal en lo referente a ese tratamiento.

El gigante estadounidense Amazon se enfrenta a una posible multa de 425 millones de dólares por supuestamente haber violado las normas europeas de privacidad, según adelantó este jueves The Wall Street Journal.

Desde su entrada en vigor en 2016, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) sigue siendo una incógnita para gran parte del tejido empresarial. Esta situación afecta en mayor medida a todos esos pequeños negocios sin la capacidad financiera suficiente como para delegar esta gestión en manos de expertos.

La Comisión Europea ha puesto en marcha el procedimiento para la adopción de dos decisiones de adecuación para las transferencias de datos personales al Reino Unido (RU), una sobre el Reglamento general de protección de datos (RGPD) y otra para la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal.

Las empresas tuvieron un 2019 muy malo. Fue uno de los años en los que se han impuesto sanciones más altas por infringir la normativa sobre protección de datos. La multa de 50 millones de Euros que la autoridad de protección de datos francesa impuso a Google por no informar del uso publicitario que hacia de los datos, es aún hoy la sanción más alta impuesto en el continente europeo por infracción del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) desde que entró en vigor el 25 de mayo de 2018. Según la aplicación Enforcementtracker, el total de sanciones impuestas por autoridades europeas de protección de datos rondan los 600 millones de Euros desde que el RGPD resulta aplicable.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto una investigación a Mercadona por el sistema de reconocimiento facial cuya implantación anunció la compañía la pasada semana para 40 de sus establecimientos en Zaragoza, Valencia y Mallorca.

Todo apunta a que, durante esta década, vamos a observar como la tecnología de quinta generación ("5G") se irá haciendo hueco en nuestra sociedad. Hoy en día ya se están comercializando los primeros terminales y servicios que la incorporan, lo que hace pensar que, en el medio plazo, todas las personas serán usuarios de esta red y todos los dispositivos estarán conectados a la misma.

La Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, regula dos cuestiones principales a nivel de protección de datos: una herramienta de autoevaluación médica y un análisis de la movilidad de los ciudadanos.

La Comisión Europea (CE) se ha apresurado a frenar cualquier tentación de los estados miembros de controlar a la población a través de aplicaciones móviles, por lo que ha desaconsejado el uso de los datos de localización. Según Bruselas, esta información no se considera necesaria a efectos de rastreo del contacto. Las directrices marcadas desde Bruselas instan a los Gobiernos de los estados europeos a "garantizar la plena protección de los datos", incluso cuando eso vaya en detrimento de los objetivos de la lucha contra la pandemia.

El Gobierno podrá pedir a los operadores de telecomunicaciones el acceso a los datos anonimizados (tratados de forma anónima) de sus clientes para así controlar los posibles movimientos de los usuarios entre distintas comunidades. Esta iniciativa ya resulta posible tras la reciente derogación de la Ley de Protección de Datos Personales, que viene a responder a la excepcional situación de la crisis del coronavirus. La novedad trascendió el pasado 27 de marzo con la publicación de una orden ministerial por la que el Ejecutivo concede curso legal a un nuevo paquete de medidas para ayudar a controlar la pandemia. Pero al mismo tiempo, esas iniciativas legales también abren la puerta a un posible menoscabo de la privacidad de los ciudadanos, debido a causas mayores, tanto durante el confinamiento como en los días previos a la declaración de Estado de Alarma. Por todo lo anterior, el Gobierno podrá controlar cuántas personas se mueven de una comunidad a otra, con el riesgo de que puedan propagar la enfermedad. Sin embargo, la reforma legal no acarreará eventuales multas o sanciones puesto que la información proporcionada por los operadores de telefonía siempre omitirá nombres y apellidos de sus clientes.

La Audiencia Nacional rechaza que las empresas de seguridad solicite a los trabajadores de nueva incorporación, un certificado o declaración de no estar incurso en antecedentes penales. Según la Audiencia Nacional, es un tratamiento ilícito de datos de carácter personal.

El 28 de enero de 1981 se firmó el Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas en el tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Este Convenio nació con la finalidad de garantizar en cada Estado, a cualquier persona física, independientemente de su nacionalidad o residencia, el derecho a la vida privada cuando se traten, a través de un soporte informático, sus datos de carácter personal.

Con motivo del Día Internacional de Protección de Datos, Helas Consultores inicia una campaña de sensibilización englobada en su política de Responsabilidad Social Corporativa con el fin de que las políticas de privacidad en internet más sencillas y fáciles. La campaña estará abierta a todo tipo de colaboraciones.

Este martes 28 de enero se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos, que conmemora la fecha en la que se firmó la primera regulación europea en este aspecto, en el año 1981, casi 40 años en los que la legislación persigue proteger nuestra información personal. No obstante, el avance continuo de la tecnología hace que cada año haya nuevos retos en este sentido.

En Internet todo tiene precio y coste. Los usuarios nos hemos acostumbrado a no pagar por los servicios digitales ya que son intangibles. Esa condición de etéreo no hace a un contenido o servicio gratuito, detrás sigue habiendo un coste de personal, desarrollo o de servidores entre otras cosas dependiendo de qué se trate. ¿Cómo pagamos todo eso al final? Con nuestros datos.

En Internet todo tiene precio y coste. Los usuarios nos hemos acostumbrado a no pagar por los servicios digitales ya que son intangibles. Esa condición de etéreo no hace a un contenido o servicio gratuito, detrás sigue habiendo un coste de personal, desarrollo o de servidores entre otras cosas dependiendo de qué se trate. ¿Cómo pagamos todo eso al final? Con nuestros datos.

En nuestro día a día, dejamos un rastro que otros usan. Si revisamos todas las apps que tenemos instaladas en nuestro móvil, nos sorprenderíamos de cuántas de ellas, pueden acceder a nuestra ubicación. Estamos siendo geolocalizados. La app del banco, Wallapop, Whatsapp, Waze, Tinder, Moovit, etc. y así un sinfín de aplicaciones usadas a diario por miles de personas. Incluso, hay algunas apps que mantiene un registro de los lugares que has visitado recientemente, y también de cuándo y con qué frecuencia los has visitado.

El 25 de mayo de 2018 se acababa el mundo. La llegada del Reglamento de Protección de Datos europeo pilló a las empresas en pañales. Esta normativa, en vigor desde aquel temido día, amplió las exigencias en la materia y puso el foco en la protección de la privacidad de los ciudadanos europeos. Para introducir más miedo, Bruselas aprobó el texto con sanciones que alcanzan, en el peor de los casos, los 20 millones de euros o el 4 por ciento de la facturación total anual global del ejercicio financiero anterior. La que mayor cuantía suponga. Paula Fernández-Longoria, abogada y socia del despacho Pinsent Masons, conoce de primera mano los quebraderos de cabeza que ha supuesto para las compañías la adaptación al Reglamento.

La tecnología en 2019 ya ocupa todos los rincones de nuestra vida y está presente en las empresas y sus modelos de negocio. El uso de la tecnología implica muchas oportunidades pero también hay riesgos. Los ciberataques son cada vez más frecuentes y se centran en a las empresas más cercanas al usuario. Una de las compañías atacadas fue la web de venta online de entradas de la Alhambra y la polémica relacionada con FaceApp nos hizo darnos cuenta de lo mucho que nos importa nuestra intimidad. ¿Hay forma de prevenir estos ciberataques? ¿Podemos proteger nuestros datos y privacidad? Lo cierto es que sí, hay algunas recomendaciones de los especialistas que podemos apuntar para tener un 2020 más protegidos. Podemos aprender de los errores cometidos este año para tener un año nuevo mejor. De las experiencias se aprende.

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, ha abogado por "erradicar la violencia digital de las redes".

Desde el 25 de mayo de 2018 autónomos y pymes están obligados a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Es la normativa europea que entró en vigor en mayo de 2016 pero hasta ese momento no ha sido de obligado cumplimiento. Regula el derecho a la protección de datos personales y control sobre el uso que personas físicas, jurídicas y organismos públicos hacen de los mismos.

Los datos personales de salud se han convertido en un bien codiciado por compañías tecnológicas, farmacéuticas, aseguradoras, consultoras y también por una serie de startups que han visto la oportunidad de actuar como intermediarios para explotar su valor económico sin infringir las leyes de protección de datos personales. El reto y promesa está en mantener el control de esta información en manos del paciente o usuario, el verdadero propietario de esos datos. ¿Es esto posible?

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), reunidos en unas jornadas de trabajo en Cantabria, exigen independencia económica del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo.

La Unión Europea (UE) exige a Estados Unidos que mejore el proceso de certificación de las empresas que deseen participar en el denominado Escudo de Privacidad, que permite a las empresas intercambiar datos comerciales con Europa con garantías de cumplimiento de la protección de datos. Bruselas considera que el proceso para certificar a las compañías es demasiado largo y pide a Washington que disminuya su duración.

¿Alguna vez te has dejado olvidado el teléfono móvil del trabajo en un taxi o la tablet en un aeropuerto? Si has pasado por ese mal trago, te conviene saber que, además del disgusto y la pérdida económica, si no tenías esos dispositivos protegidos con una contraseña es posible que también hayas cometido un delito contra la protección de datos o de revelación de secretos empresariales. Eso, con independencia de si al final conseguiste recuperar o no el aparato extraviado.

Entre el pasado año y el actual se han aprobado en España ocho Leyes Orgánicas, 16 Leyes Ordinarias y 39 Real Decretos, con normativas tan importantes como el Reglamento Europeo de Protección de Datos de mayo de 2018, las reformas establecidas por la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros de la Unión Europea (MiFid II) y la consiguiente adaptación del derecho español.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la absolución de un médico que consultó el historial de su exmujer. La sentencia, de 17 de junio de 2019, destaca que las consultas del facultativo no causaron ningún perjuicio a la afectada y que el doctor ya conocía todos los datos a los que accedió porque había sido su médico de cabecera durante años.