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El perdón judicial de deuda no exime al tercero que hipoteca su vivienda de cancelarla en el Registro

En el caso de un deudor cuyas deudas exigibles han sido exoneradas en un proceso concursal, la cancelación de la hipoteca constituida sobre un inmueble de un tercero no es automática, sino que precisa de un pronunciamiento "inequívoco' del juez, sobre esta modificación en el Registro de la Propiedad, según determina la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia, en una resolución de 20 de septiembre de 2019.

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Nombrado el tribunal de la oposición para registradores de la Propiedad y Mercantiles

El Ministerio de Justicia ha nombrado al tribunal que examinará al Cuerpo de Aspirantes a Registradores. "Muchas gracias por aceptar esta ardua labor", manifestó la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán.

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El avalista de hipotecas a sociedades goza de un tratamiento privilegiado

Cuando en la concesión de una hipoteca la prestataria sea puna sociedad y el fiador o avalista una persona física, recibirá el trato privilegiado que reciben los consumidores, según establece la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) en una resolución de 20 de diciembre de 2019.

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Los registradores le dicen si la vivienda turística que piensa alquilar puede ser una 'pesadilla de Navidad'

Los consumidores denuncian al Colegio de Registradores casos tan extremos como excónyuges que ponen en alquiler en las plataformas la vivienda de su expareja o viviendas con una orden de ejecución que se lleva a efecto en el momento de entrar los consumidores. En definitiva, situaciones de españoles y extranjeros, que se encuentran sin casa al llegar al inmueble, que supuestamente tenían alquilada.

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Las profesiones jurídicas piden al futuro Gobierno un Pacto de Estado por la Justicia

Abogados, procuradores, notarios y registradores hicieron ayer un llamamiento al futuro Gobierno y al resto de las profesiones jurídicas por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia, que consideran necesario, pero que ya se han malogrado en dos ocasiones anteriores por falta de consenso político.

elEconomista.es

El sistema gráfico de los Registradores: el guardián del medio ambiente

Tras la Ley 13/2015 de reforma de la Ley Hipotecaria, los Registradores de la Propiedad han asumido una tarea fundamental para la protección y salvaguardia del medio ambiente y biodiversidad: la inscripción de la base gráfica de las fincas en el Registro de la Propiedad.

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Las fusiones y escisiones empresariales en varios países entran en el ámbito del Derecho de la UE

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) acaba de publicar la Directiva sobre transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas que conllevan la formación de nuevas sociedades, que deberá transponerse antes el 31 de enero de 2023, y que persigue armonizar la protección de trabajadores, acreedores y socios minoritarios.

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Abogados, asesores fiscales, auditores y procuradores, excluidos del Registro de Proveedores de Servicios

Los abogados, asesores fiscales, auditores o procuradores no están obligados a inscribirse a través del Registro Mercantil en el Registro de Proveedores de Servicios a Sociedades y Fideicomisos tipo 'trust', antes del día 31 de diciembre.

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La cláusula de vencimiento anticipado sin posibilidad de que el consumidor pueda evitarla es nula

Para que una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de crédito hipotecario supere los estándares de buena fe debe modular la gravedad del incumplimiento del pago en función de la duración y cuantía del préstamo, y permitir al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación.

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El plazo para la inscripción de personas físicas que prestan servicios a sociedades acaba el 31 de diciembre

El plazo para la inscripción de personas físicas profesionales que prestan servicios profesionales a sociedades en el Registro Mercantil concluirá el próximo día 31 de diciembre. A partir de esa fecha, se considerará ejercer y no estar inscrito como una infracción leve, sometida a sanciones de hasta un máximo de 60.000 euros al año.

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