El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la reforma legal del Gobierno que dejó en manos de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) el aval judicial a las restricciones sanitarias adoptadas por las comunidades autónomas, lo que supone el tercer varapalo de la corte de garantías al Gobierno por las medidas anti-Covid, después de que declarara inconstitucionales ambos estados de alarma.
El Gobierno continúa perfilando el Real Decreto-ley que fijará los mecanismos de compensación por los sobrecostes acaecidos en las obras públicas como consecuencia del alza de los precios de los materiales de construcción que se ha producido desde hace casi dos años.
El BOE publicó este miércoles un Real Decreto que desarrolla los aspectos reglamentarios de la Segunda Directiva de Resolución, conocida como BRRD 2 (Bank Recovery and Resolution Directive), transpuesta al ordenamiento jurídico español en el Real Decreto-ley ómnibus 7/2021.
El Congreso convalidó este jueves el real secreto-ley de 5 de octubre sobre medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, destacó en su defensa de la norma en la Cámara Baja que "habilita los mecanismos necesarios para impulsar" las obras de mejora de eficiencia energética y accesibilidad en edificios residenciales.
El pasado 2020, cuando el precio promedio de la electricidad no superaba los 40 euros/MWh, Endesa era, entre las 15 eléctricas más grandes de Europa por capitalización, la cuarta firma con el mejor margen ebitda [beneficios antes de impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones]. Este año, caracterizado por el caos eléctricos que enfrenta a agentes políticos y económicos, se espera que la compañía de Jose Bogas se quede rezagada a la parte baja del sector, pues sería la quinta firma con los peores márgenes del grupo.
El Gobierno tendrá en cuenta la opinión de las compañías eléctricas con el fin de conciliar los intereses de todos los agentes que se ven afectados por las imparables subidas del precio de la luz. Así lo ha expresado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha declarado este lunes, con respecto a las medidas para frenar y paliar los efectos de la escalada, que el Ministerio para la Transición Ecológica está trabajando en estos momentos para atender a todos los intereses, en primer lugar los de las familias, pero también los de las industrias y los de las empresas energéticas.
El Gobierno abre un nuevo frente de batalla en la lucha contra el cambio climático. Y lo hace de forma paralela con la tramitación de una ley de residuos y otra de envases con el fin de sustituirlos por otros más amigables con el medio ambiente. Entre los objetivos generales del Real Decreto que está preparando el Ejecutivo se encuentra la reducción del 50% para 2025 de la comercialización de aguas envasadas en botellas de plástico, del 80% para el envasado de cervezas que contenga cualquier tipo de material plástico y del 70% para el envasado de bebidas refrescantes.
La advertencia de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) de que el Real Decreto aprobado por el Gobierno para rebajar el precio de la luz podría provocar la paralización de aquellas instalaciones con coberturas de precios y contratos privados de compraventa de energía ha tenido un impacto directo en los títulos de compañías eléctricas y, sobre todo, en las renovables. La noticia despertó el temor de los inversores que no tardaron en deshacer posiciones. Aunque a lo largo de las últimas horas de la sesión algunas de las compañías lograron reponerse del impacto, el sector eléctrico nacional terminó perdiendo 1.003 millones de euros en capitalización en una sola jornada.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real decreto-ley para tratar de contener la subida de la electricidad y del gas este próximo invierno y que, según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, permitirá una rebaja de la factura de la luz del 22% hasta final de año. Para ello, entre otras actuaciones, pondrá en marcha un nuevo rejonazo a las eléctricas por 2.600 millones de euros hasta el 31 de marzo de 2022 y medidas fiscales que sirvan para contener los recibos.
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), rechaza el proyecto de Real Decreto de Organización de Enseñanzas Universitarias que salió a consulta pública el pasado 19 de mayo. CREUP manifiesta que este documento tiene aspectos que pueden llegar a devaluar la calidad de los títulos universitarios y no resuelve muchos de los problemas actuales de la educación superior. Estos son algunos de los aspectos más relevantes:
Si se cumplen las previsiones anunciadas por el Presidente del Gobierno, el día 9 de mayo de 2021 finalizará el vigente estado de alarma en España. Con ser esta una muy buena noticia, la misma no ha dejado de generar un cierto estado de alarma en materia de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo Los ERTE para las empresas que aún tienen los mismos vigentes.
La Dirección de Competencia podrá realizar las inspecciones que considere necesarias, sin previo aviso, a las empresas y asociaciones de empresas, al domicilio particular de los empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas que puedan estar en posesión de información que pueda ser relevante para descubrir infracciones a la Ley de la Competencia.
Este miércoles ha llegado al Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, que regula las condiciones de seguridad para la realización del auxilio en carretera. Entre las medidas, se ha aprobado la incorporación de las luces de emergencia V-16, que dejarán atrás el uso de los triángulos.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-Ley con el que se transpone la directiva comunitaria relativa a las asimetrías híbridas, por el que se modifican la Ley del Impuesto sobre Sociedades (IS) y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR).
De las 793 normas estatales publicadas en el BOE en el año 2020, solo un 7% representan normas con rango de ley, es decir: ley orgánica, ley ordinaria, real decreto ley y real decreto legislativo.
Más del 90% de las empresas, según gestores administrativos y graduados sociales consultados por elEconomista, desconoce que existe una nueva normativa que regula esta modalidad de trabajo y que exige un acuerdo con el trabajador, que debe ser remitido al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).
La pandemia del Covid-19 ha forzado a que muchas empresas se hayan visto en la necesidad de recurrir al teletrabajo para evitar que sus plantillas se viesen diezmadas por el Covid-19.
El Partido Popular ha votado este miércoles a favor de la convalidación en el Congreso del decreto que regula el nuevo Ingreso Mínimo Vital pero exigió que se tramite como proyecto de ley para poder definir su modelo a través de enmiendas'.
Desde el año 2015 venimos pendiente de una reforma integral de la Ley Concursal del año 2003. Con la crisis anterior esta normativa se ha ido complementando con 28 reformas parciales, a golpe de Real Decreto, así como con abundante jurisprudencia que ha debido dar respuesta a la casuística que el mundo empresarial y la actividad económica le iba presentando.
Nunca como hasta ahora se evidencian los abusos y arbitrariedades legales a las que da lugar la prolongación sine die del estado de alarma. La reforma laboral de 2012 tiene rango de ley orgánica pero es posible que el Gobierno haga cambios parciales, por la vía express del Decreto-Ley, sin acuerdo con los agentes sociales, alegando una situación de urgencia.
El Real Decreto-ley 11/2020, de 1 de abril, aprobado por el Gobierno establece la disponibilidad de los planes de pensiones en caso de encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) derivado de la pandemia del COVID-19. También este decreto establece que el límite disponible de dichos derechos consolidados para este supuesto son los correspondientes a los salarios dejados de percibir mientras mantenga su vigencia el ERTE, importes que deben ser acreditados. La medida estará en vigor durante seis meses desde el día 15 de marzo de 2020.
La crisis generada por el coronavirus Covid-19 ha generado una gran polémica ciudadana por las medidas que se han ido adoptando y las incertidumbres que plantean a futuro cada una de ellas, desde los aspectos sanitarios, los económicos, los referidos a la enseñanza, y los sociales en la acepción más general del término.