El Partido Popular ha votado este miércoles a favor de la convalidación en el Congreso del decreto que regula el nuevo Ingreso Mínimo Vital pero exigió que se tramite como proyecto de ley para poder definir su modelo a través de enmiendas'.
Desde el año 2015 venimos pendiente de una reforma integral de la Ley Concursal del año 2003. Con la crisis anterior esta normativa se ha ido complementando con 28 reformas parciales, a golpe de Real Decreto, así como con abundante jurisprudencia que ha debido dar respuesta a la casuística que el mundo empresarial y la actividad económica le iba presentando.
Nunca como hasta ahora se evidencian los abusos y arbitrariedades legales a las que da lugar la prolongación sine die del estado de alarma. La reforma laboral de 2012 tiene rango de ley orgánica pero es posible que el Gobierno haga cambios parciales, por la vía express del Decreto-Ley, sin acuerdo con los agentes sociales, alegando una situación de urgencia.
El Real Decreto-ley 11/2020, de 1 de abril, aprobado por el Gobierno establece la disponibilidad de los planes de pensiones en caso de encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) derivado de la pandemia del COVID-19. También este decreto establece que el límite disponible de dichos derechos consolidados para este supuesto son los correspondientes a los salarios dejados de percibir mientras mantenga su vigencia el ERTE, importes que deben ser acreditados. La medida estará en vigor durante seis meses desde el día 15 de marzo de 2020.
La crisis generada por el coronavirus Covid-19 ha generado una gran polémica ciudadana por las medidas que se han ido adoptando y las incertidumbres que plantean a futuro cada una de ellas, desde los aspectos sanitarios, los económicos, los referidos a la enseñanza, y los sociales en la acepción más general del término.
