Cuatro meses después de la entrada en vigor del ya famoso registro de la jornada laboral, que obliga a las empresas a controlar el tiempo efectivo de trabajo de sus empleados, los tribunales siguen sin definir exactamente qué se entiende por esto.
La obligatoriedad para las empresas de registrar la jornada laboral de sus empleados lleva más de cuatro meses en vigor en España. Pero aún causa confusión a algunos empresarios y, si se incumple, puede suponer sanciones de entre de 626 euros y 6.250 euros. ¿Cómo hay que prepararse ante una inspección?
El trabajo por turnos se ha convertido en una de las cuestiones laborales que más discrepancias y conflictos generan en las empresas, por lo que hay que tener claros los conceptos y la regulación.
Los empresarios hosteleros están enfrentando este verano un fenómeno inesperado que ha mermado entre un 5% y un 15% la capacidad de sus plantillas, y que está generando complicaciones para los empleadores del sector a la hora de cubrir la totalidad de los servicios, principalmente en el área de restauración.
Las empresas están obligadas desde hace más de tres meses a registrar la jornada de sus trabajadores. Tuvieron hasta el 12 de mayo para adaptarse a la norma, que entró en vigor justo un mes antes (a través del real decreto ley 8/2019). La aplicación de la norma genera muchas dudas todavía hoy, y su incumplimiento puede suponer sanciones de la Inspección de Trabajo de entre 626 euros y 6.250 euros. ¿Cómo evitarlas?
El Consejo General de la Abogacía defiende la individualización del registro horario para los letrados a través de la distribución irregular de la jornada laboral a lo largo del año -por acuerdo colectivo o individual- de suerte que se asegure el servicio a los clientes y el cumplimiento de los plazos procesales y administrativos.
El control de horarios de la jornada laboral sigue sin dejar satisfecho ni a empresarios ni a trabajadores. Las dudas acerca de la aplicación de la medida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 8 de marzo aún no se han disipado, incluso con las recomendaciones emitidas por parte del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De hecho, existen algunas particularidades que, a raíz de las diversas vertientes de interpretación del real decreto ley, aún no están homogenizadas generando una "ruptura del principio de confianza entre las partes", según denuncian los empresarios.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este jueves que su organización está trabajando "intensamente" con el Ministerio de Trabajo para mejorar la guía sobre el registro de jornada que publicó hace unas semanas el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
La legislación laboral española ha vivido importantes cambios en los últimos meses. Una de las medidas que más repercusión mediática y social ha tenido es la implementación por parte de las empresas del registro horario obligatorio desde el pasado 12 de mayo. Pero otra novedad aplicable a todos los trabajadores en España ha pasado más bien desapercibida. Se trata del derecho a pedir la adaptación de la jornada laboral y flexibilidad horaria, que está vigente desde el pasado marzo.
La obligatoriedad de llevar un registro de la jornada laboral siempre ha sido un asunto litigioso y polémico. La excesiva precisión del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 35.5 devino, curiosamente, en múltiples interpretaciones, que desembocó en la conocida jurisprudencia del Tribunal Supremo, que eximía a las empresas de la obligación de llevar tal registro; aunque el fallo del Alto Tribunal se acompañaba de una reveladora recomendación: "Convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas extraordinarias".
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