Presupuestos

Cuando le preguntas si ser el autor de los Presupuestos más longevos de la democracia le da la autoridad para analizar de manera precisa y certera los retos de la economía postCovid sonríe, dice que nunca pensó que eso pudiera ocurrir. Desde el confinamiento sigue instalado en su casa de la Sierra de Guadarrama, ejerce de abuelo varios días por semana, da esporádicamente alguna clase, participa en muchos foros economicos junto al también exministro Jordi Sevilla, atiende a los medios de comunicación y tiene tiempo libre. Precisamente eso es lo que más valora quien fuera durante 11 años el superministro de Hacienda que más tiempo ostentó esa cartera. Cristóbal Montoro (Cambil, Jaén, 1950), licenciado en Económicas y Empresariales, doctor en Economía Aplicada y catedrático de Hacienda, hace honor durante la entrevista a su justa fama de "cerebrito" de los números y en cuanto te despistas es capaz de impartirte una lección de Teoría Económica, que luego él mismo traduce en román paladino para que los lectores de elEconomista "lo entiendan mejor y no se aburran", señala.

La reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat este mes de julio, centrada en temas económicos, es el primer fruto del encuentro en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, el 29 de junio, y tras esta cita en el calendario, todavía por concretar, está la necesidad del Ejecutivo de PSOE y Podemos del apoyo de ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.

La realidad de las ayudas europeas es muy diferente a la que describió el Gobierno cuando aseguraba que su recepción estaba liberada de toda condicionalidad. Muy al contrario, ya en su segundo tramo, la llegada de las transferencias y los créditos no sólo demandará requisitos como reformar el sistema de pensiones y mantener la flexibilidad del mercado laboral.

Tras días de espera, el Gobierno de EEUU presentó este viernes su proyecto de presupuestos para 2022, en un giro de 180 grados a las prioridades de su predecesor. En su proyecto, Joe Biden dispara el gasto social, con aumentos del 41% en Educación, del 23% para Sanidad y del 22% para Medio Ambiente, hasta alcanzar una cifra de 6 billones de dólares. Pero lo que más llama la atención son las grandes cifras del cuadro macroeconómico: prevé un déficit del 16,7% para este año y una inflación de solo el 2,1%, menos de lo que esperan los mercados. Los tipos de interés, también, subirían con calma: la deuda a 10 años no superaría el 2% hasta 2024.

¿Quién teme a la inflación? Desde luego Joe Biden no. El presidente de EEUU presentará este viernes su proyecto de presupuestos, y los grandes titulares filtrados por el momento demuestran una clara confianza en la estabilidad de la economía. Según avanzó el New York Times, el plan del Gobierno estadounidense calcula que la inflación no sobrepasará el 2,3% en ningún año de esta década, y prevé que el paro se estabilice en el 4% el año que viene.

El Ministerio de Hacienda ha remitido una carta a las comunidades autónomas en la que les pregunta por sus preferencias ante los dos criterios de reparto planteados por el Gobierno respecto a la transferencia adicional de 13.486 millones de euros contemplada en los Presupuestos Generales del Estado y correspondientes al año 2021.

El despliegue del ingreso mínimo vital es uno de los principales puntos de fricción en el Gobierno de coalición -Unidas Podemos ya ha introducido hasta 12 enmiendas para la aprobación del proyecto de ley de la medida en los próximos meses- y parece que aún formará parte de la discusión en el seno del Ejecutivo ya que, para este año, la prestación alcanzará solo el 50% del objetivo propuesto por el Ministerio de Seguridad Social en el momento de la aprobación de la medida. Concretamente, el Plan Presupuestario para 2021 recoge un impacto adicional para este ejercicio de 1.500 millones de euros de gasto en concepto de ingreso mínimo, de modo que las previsiones del Gobierno cifran el coste de la prestación en 3.000 millones de euros en 2021. Esta cifra, supone multiplicar por seis el coste de la partida en comparación con el desembolso realizado en el primer año de vigencia de la prestación, cuando fue de 492 millones de euros.

Más gasto y más deuda. La receta del Gobierno de Pedro Sánchez para salir de la crisis generada por el coronavirus tiene su reflejo en las cuentas de las empresas ferroviarias, que, según los Presupuestos Generales del Estado (PGE), terminarán 2021 en números rojos y con un mayor pasivo al que hacer frente

Las mociones de censura que Ciudadanos ha presentado en Murcia esta semana han provocado un vuelco en el tablero de la política nacional de consecuencias imprevisibles. De momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha roto ataduras con los naranjas y ha disuelto sus cortes para después adelantar elecciones en mayo -las terceras elecciones autonómicas en medio de la pandemia-.

El grupo municipal de Podemos presentará 66 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos para 2021 por un total de 42.415.785 millones de euros entre las distintas áreas entre las que se encuentran urbanismo y equipamientos, acción social y familia o economía, innovación y empleo.

Los líderes de la UE han pactado un plan de 750.000 millones de euros – los fondos Next Generation- para reconstruir las economías de la región afectadas por la pandemia. El componente principal de estas subvenciones, por valor de 312.500 millones de euros, ha sido denominado, un tanto pomposamente, el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la UE. Los Estados miembros deberán preparar planes nacionales de recuperación comprometiéndose a reformar sus economías para desbloquear su parte asignada de esta financiación, que se distribuirá de 2021 a 2023. Los 77.500 millones de euros restantes de subvenciones se utilizan para completar los programas presupuestarios normales de la UE. Hasta ahí la Historia que se conoce. A partir de aquí queda la Historia por escribir.

El próximo viernes 29 se debatirán en el Parlamento vasco las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos para 2021 presentadas por las cuatro formaciones de la oposición y también las 1.289 enmiendas parciales: 36 de EH Bildu, 223 de Elkarrekin Podemos-IU, 813 de PP+Cs y de 217 Vox.

El grupo de Zaragoza en Común (ZEC) en el Ayuntamiento de la capital aragonesa ha urgido al equipo de gobierno PP-Ciudadanos y al alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, a que se sienten a negociar para aprobar el Presupuesto de 2021 puesto que ésta es la "única" gran capital del país que todavía no lo ha aprobado o, al menos, presentado, en un año "crucial" a causa de la pandemia de la COVID-19.

Después de varios meses de negociaciones, Ciudadanos finalmente no ha dado su voto favorable a los presupuestos valencianos para 2021 y se ha abstenido. Pese a lograr algunas cesiones, ha chocado con Compromís y Podemos en su propuesta de una mínima rebaja de impuestos.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó sus presupuestos para 2021 poniendo el foco en los problemas sociales y económicos causados por los efectos de la covid-19. Teniendo en cuenta todas las instituciones asociadas al organismo metropolitano, el presupuesto consolidado del grupo asciende hasta los 2.230 millones de euros. En cuanto a las cuentas de la propia AMB, esta aumentará el importe total de sus cuentas en un 19% (159 millones de euros) respecto a las del año anterior y las sitúa en 985,16 millones.

El problema de dejarlo todo para el último momento es que a veces es imposible arreglarlo todo antes de que se acabe el tiempo. Una lección que pueden vivir de nuevo los congresistas estadounidenses. Las negociaciones sobre el nuevo paquete de estímulos están obstaculizando los nuevos presupuestos, y todo apunta a que el Gobierno podría quedarse sin fondos esta misma noche.

Dar la batalla por la empresa y el empleo. Probablemente, éste sea el principal combate que debemos librar ahora en España, cuando tenemos más de 90.000 empresas destruidas desde que se desató la pandemia, 745.000 personas se hallan en situación de ERTE, el desempleo se ha disparado hasta más del 16% y la economía sigue funcionando al ralentí. Todo ello amenaza el Estado de bienestar y tiñe de negros nubarrones el futuro de varias generaciones.

La Mesa de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón ha admitido a trámite este miércoles, 16 de diciembre, 590 enmiendas presentadas por los ocho grupos parlamentarios al proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2021.

Es junto a Pablo Casado la cara y la voz del PP, el hombre de perfil duro, y ácida crítica cuyas declaraciones casi siempre levantan ampollas. Pasó en un pispás de ser un ingeniero de Telecomunicaciones -doctor por la Politécnica de Cartagena- a concejal, diputado y número dos de su partido, un hombre del aparato con mucho poder que se mueve en la sede de Génova y en la carrera de San Jerónimo como pez en el agua. Teodoro García Egea (Cieza, 1985), secretario general de los populares, ha sido el artífice de la adaptación del partido a la nueva situación de pandemia: ha establecido seminarios online, reforzado la comunicación interna y manejado todo el dispositivo necesario para que, con el teletrabajo, lejos de diminuir la actividad se haya elevado. Aunque su familia se ha trasladado a Madrid, sigue muy vinculado a Murcia, donde ha vivido siempre, y circunscripción por la que es diputado: "Me gusta estar cerca de los ciudadanos y conocer sus problemas para buscar soluciones reales que el Gobierno de Sánchez no les da", señala. Dice que Pedro Sánchez no habla con Casado porque prefiere hacerlo con ERC y Bildu. Califica los Presupuestos como los más caros de la historia de España y advierte que el Gobierno está endeudando a las generaciones futuras para pagar su peaje a los independentistas. Califica a Vox como el gran socio en la sombra del Ejecutivo y señala que "Pablo Iglesias maniobra y Pedro Sánchez ratifica".

Por si faltaba algo a la crisis política que vive EEUU ante la negativa de Donald Trump a conceder la derrota, este viernes puede llegar una nueva crisis administrativa: un veto presidencial a la ley de Financiación de Defensa. Todo eso tras evitarse un cierre del Gobierno al acordarse a última hora una prórroga de los presupuestos, que vencen esta noche. 

El Ministerio de Hacienda ha comunicado este viernes formalmente a la Generalitat la retirada en los próximos días de la supervisión económica y financiera extraordinaria que aplicaba exclusivamente a las finanzas catalanas desde diciembre de 2015.

La actual crispación es insoportable. No es solamente la tensión que se vive en la política, sino también entre los amigos y la propia familia. Tal vez sean estos nueve meses de pandemia y crisis económica lo que nos está afectando sacando lo peor de nosotros. De lo que no hay dudas es que los medios de comunicación en general están contribuyendo de una manera decisiva, tal vez para tener más seguidores, en crear un clima asfixiante que recuerda al recreado por Arthur Penn en "La Jauría humana" (1966) magníficamente protagonizada por Marlon Brando.

Si piensa encontrar en esta columna complacencia con el último movimiento del BCE, basado en emitir a troche y moche euros para dárselos a los bancos y que los presten, no pierda el tiempo y no siga leyendo. Al BCE al igual que al resto de bancos centrales se les acabó la magia de la pócima hace mucho tiempo. La política monetaria es un bálsamo fuerte para el corto plazo, para doblegar inflaciones, nunca para en el largo plazo sacar a un país o área económica de una situación calamitosa.

Según un estudio de la entidad y de CEV Alicante, los Presupuestos Generales del Estado siguen sin tener en cuenta que la provincia es la quinta por población en España, mientras que en los autonómicos las inversiones son proporcionales, aunque en parte por la mayor inversión por los efectos de la DANA en la Vega Baja.

Pedro Sánchez ya tiene los Presupuestos más apoyados de la democracia. Unos cuentos, que no cuentas, del Estado que técnicamente son también los más irrealizables y tramposos de la democracia, que consagran un atraco fiscal a los ciudadanos en contra de lo que hacen el resto de los países de nuestro entorno y de las recomendaciones de la Unión Europea, y cuya previsión de ingresos y gastos no se cree absolutamente nadie con competencias económicas dentro y fuera de España. Ahí están, si no las críticas de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o las recientes de la OCDE. Y unos cuentos que, moralmente, no son los presupuestos del Estado sino los de los enemigos del Estado, los de los independentistas, los de los filoterroristas y los de quienes destruir el Estado de Derecho la democracia y las libertades que consagran la Constitución y el sistema del 78.

Los votos de PP, Vox y Cs, sumados en ocasiones con apoyo de formaciones afines al Ejecutivo, sirvieron para aprobar enmiendas de ERC y Junts por un valor cercano a los 3.000 millones, que habían sido previamente rechazadas por los 155 votos de PSOE y UP.

Como se esperaba, el Gobierno de coalición logra la aprobación de sus primeros Presupuestos en el Congreso. La tramitación en la Cámara incorporó 20 enmiendas, con un impacto de 3.000 millones.

Desde que el Gobierno iniciase la fase de desescalada de las restricciones aplicadas para frenar los contagios en los peores momentos de la pandemia, las comunidades autónomas tomaron un papel principal en la gestión de la crisis sanitaria. Ahora sabemos que de media, las diecisiete regiones han destinado el 60% del gasto público efectuado este año a medidas contra el covid, tal y como apunta la AIReF en su Presentación sobre las líneas fundamentales de los Presupuestos de 2021 para CCAA y Entidades Locales, donde además se advierte de que el déficit del conjunto de las autonomías se situará este año en el 0,6% del PIB, y sufrirá un ligero repunte el próximo ejercicio hasta el 0,8% del PIB.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 incluirá una nueva moratoria de tres meses para el abono de cotizaciones a la Seguridad Social a la que se podrán acoger empresas y autónomos siempre que se encuentren al corriente de sus obligaciones y no estén en ningún otro aplazamiento en vigor.