El próximo viernes 29 se debatirán en el Parlamento vasco las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos para 2021 presentadas por las cuatro formaciones de la oposición y también las 1.289 enmiendas parciales: 36 de EH Bildu, 223 de Elkarrekin Podemos-IU, 813 de PP+Cs y de 217 Vox.
El grupo de Zaragoza en Común (ZEC) en el Ayuntamiento de la capital aragonesa ha urgido al equipo de gobierno PP-Ciudadanos y al alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, a que se sienten a negociar para aprobar el Presupuesto de 2021 puesto que ésta es la "única" gran capital del país que todavía no lo ha aprobado o, al menos, presentado, en un año "crucial" a causa de la pandemia de la COVID-19.
Después de varios meses de negociaciones, Ciudadanos finalmente no ha dado su voto favorable a los presupuestos valencianos para 2021 y se ha abstenido. Pese a lograr algunas cesiones, ha chocado con Compromís y Podemos en su propuesta de una mínima rebaja de impuestos.
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó sus presupuestos para 2021 poniendo el foco en los problemas sociales y económicos causados por los efectos de la covid-19. Teniendo en cuenta todas las instituciones asociadas al organismo metropolitano, el presupuesto consolidado del grupo asciende hasta los 2.230 millones de euros. En cuanto a las cuentas de la propia AMB, esta aumentará el importe total de sus cuentas en un 19% (159 millones de euros) respecto a las del año anterior y las sitúa en 985,16 millones.
El problema de dejarlo todo para el último momento es que a veces es imposible arreglarlo todo antes de que se acabe el tiempo. Una lección que pueden vivir de nuevo los congresistas estadounidenses. Las negociaciones sobre el nuevo paquete de estímulos están obstaculizando los nuevos presupuestos, y todo apunta a que el Gobierno podría quedarse sin fondos esta misma noche.
Dar la batalla por la empresa y el empleo. Probablemente, éste sea el principal combate que debemos librar ahora en España, cuando tenemos más de 90.000 empresas destruidas desde que se desató la pandemia, 745.000 personas se hallan en situación de ERTE, el desempleo se ha disparado hasta más del 16% y la economía sigue funcionando al ralentí. Todo ello amenaza el Estado de bienestar y tiñe de negros nubarrones el futuro de varias generaciones.
La Mesa de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón ha admitido a trámite este miércoles, 16 de diciembre, 590 enmiendas presentadas por los ocho grupos parlamentarios al proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2021.
Es junto a Pablo Casado la cara y la voz del PP, el hombre de perfil duro, y ácida crítica cuyas declaraciones casi siempre levantan ampollas. Pasó en un pispás de ser un ingeniero de Telecomunicaciones -doctor por la Politécnica de Cartagena- a concejal, diputado y número dos de su partido, un hombre del aparato con mucho poder que se mueve en la sede de Génova y en la carrera de San Jerónimo como pez en el agua. Teodoro García Egea (Cieza, 1985), secretario general de los populares, ha sido el artífice de la adaptación del partido a la nueva situación de pandemia: ha establecido seminarios online, reforzado la comunicación interna y manejado todo el dispositivo necesario para que, con el teletrabajo, lejos de diminuir la actividad se haya elevado. Aunque su familia se ha trasladado a Madrid, sigue muy vinculado a Murcia, donde ha vivido siempre, y circunscripción por la que es diputado: "Me gusta estar cerca de los ciudadanos y conocer sus problemas para buscar soluciones reales que el Gobierno de Sánchez no les da", señala. Dice que Pedro Sánchez no habla con Casado porque prefiere hacerlo con ERC y Bildu. Califica los Presupuestos como los más caros de la historia de España y advierte que el Gobierno está endeudando a las generaciones futuras para pagar su peaje a los independentistas. Califica a Vox como el gran socio en la sombra del Ejecutivo y señala que "Pablo Iglesias maniobra y Pedro Sánchez ratifica".
Por si faltaba algo a la crisis política que vive EEUU ante la negativa de Donald Trump a conceder la derrota, este viernes puede llegar una nueva crisis administrativa: un veto presidencial a la ley de Financiación de Defensa. Todo eso tras evitarse un cierre del Gobierno al acordarse a última hora una prórroga de los presupuestos, que vencen esta noche.
El Ministerio de Hacienda ha comunicado este viernes formalmente a la Generalitat la retirada en los próximos días de la supervisión económica y financiera extraordinaria que aplicaba exclusivamente a las finanzas catalanas desde diciembre de 2015.
La actual crispación es insoportable. No es solamente la tensión que se vive en la política, sino también entre los amigos y la propia familia. Tal vez sean estos nueve meses de pandemia y crisis económica lo que nos está afectando sacando lo peor de nosotros. De lo que no hay dudas es que los medios de comunicación en general están contribuyendo de una manera decisiva, tal vez para tener más seguidores, en crear un clima asfixiante que recuerda al recreado por Arthur Penn en "La Jauría humana" (1966) magníficamente protagonizada por Marlon Brando.
Si piensa encontrar en esta columna complacencia con el último movimiento del BCE, basado en emitir a troche y moche euros para dárselos a los bancos y que los presten, no pierda el tiempo y no siga leyendo. Al BCE al igual que al resto de bancos centrales se les acabó la magia de la pócima hace mucho tiempo. La política monetaria es un bálsamo fuerte para el corto plazo, para doblegar inflaciones, nunca para en el largo plazo sacar a un país o área económica de una situación calamitosa.
Según un estudio de la entidad y de CEV Alicante, los Presupuestos Generales del Estado siguen sin tener en cuenta que la provincia es la quinta por población en España, mientras que en los autonómicos las inversiones son proporcionales, aunque en parte por la mayor inversión por los efectos de la DANA en la Vega Baja.
Pedro Sánchez ya tiene los Presupuestos más apoyados de la democracia. Unos cuentos, que no cuentas, del Estado que técnicamente son también los más irrealizables y tramposos de la democracia, que consagran un atraco fiscal a los ciudadanos en contra de lo que hacen el resto de los países de nuestro entorno y de las recomendaciones de la Unión Europea, y cuya previsión de ingresos y gastos no se cree absolutamente nadie con competencias económicas dentro y fuera de España. Ahí están, si no las críticas de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o las recientes de la OCDE. Y unos cuentos que, moralmente, no son los presupuestos del Estado sino los de los enemigos del Estado, los de los independentistas, los de los filoterroristas y los de quienes destruir el Estado de Derecho la democracia y las libertades que consagran la Constitución y el sistema del 78.
Los votos de PP, Vox y Cs, sumados en ocasiones con apoyo de formaciones afines al Ejecutivo, sirvieron para aprobar enmiendas de ERC y Junts por un valor cercano a los 3.000 millones, que habían sido previamente rechazadas por los 155 votos de PSOE y UP.
Como se esperaba, el Gobierno de coalición logra la aprobación de sus primeros Presupuestos en el Congreso. La tramitación en la Cámara incorporó 20 enmiendas, con un impacto de 3.000 millones.
Desde que el Gobierno iniciase la fase de desescalada de las restricciones aplicadas para frenar los contagios en los peores momentos de la pandemia, las comunidades autónomas tomaron un papel principal en la gestión de la crisis sanitaria. Ahora sabemos que de media, las diecisiete regiones han destinado el 60% del gasto público efectuado este año a medidas contra el covid, tal y como apunta la AIReF en su Presentación sobre las líneas fundamentales de los Presupuestos de 2021 para CCAA y Entidades Locales, donde además se advierte de que el déficit del conjunto de las autonomías se situará este año en el 0,6% del PIB, y sufrirá un ligero repunte el próximo ejercicio hasta el 0,8% del PIB.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 incluirá una nueva moratoria de tres meses para el abono de cotizaciones a la Seguridad Social a la que se podrán acoger empresas y autónomos siempre que se encuentren al corriente de sus obligaciones y no estén en ningún otro aplazamiento en vigor.
No sé si es el odio o es la envidia lo que los nacionalistas, en general, y lo separatistas catalanes en particular le tienen a Madrid, pero sea el uno o la otra, la verdad es que cada vez que se refieren a Madrit simplemente desbarran. Ahora acusan a la capital y a la Comunidad Autónoma de dumping fiscal y de la mano de Rufián (¡qué apellido tan descriptivo!) el gobierno quiere subir los impuestos a los madrileños, cuando los madrileños aportamos a la Caja común del Estado el 180% más que Cataluña. Desde Cataluña se han venido a Madrid unas 4.000 empresas pero no a causa de ningún dumping fiscal, pues el impuesto de sociedades es igual en Madrid que en Cataluña y va directamente a las arcas del Gobierno central. Esas empresas han huido de Cataluña a causa del procés que las ha amenazado con ponerlas fuera de la UE.
El PSOE ha justificado este lunes ante el Pleno del Congreso la armonización de impuestos a nivel autonómico criticando que "es todo un despropósito que la Comunidad de Madrid esté renunciando a ingresar más de 4.100 millones beneficiando a quienes más tienen".
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 se enfrenta desde este lunes a su fase decisiva en el Congreso, el debate y votación de las enmiendas y de las secciones en el Pleno, y el Gobierno llega a esta cita con un respaldo que supera la mayoría absoluta de la Cámara, más aún después de haber llegado a un acuerdo con PDeCAT. y Más País-Equo, que sitúa la votación con 186 votos a favor.
Mucho se escribe de los vaivenes y deriva de Inés Arrimadas y de su movimiento tan arriesgado, primero acercándose a Pedro Sánchez, y negociando con el Gobierno en el tiempo del primer estado de alarma, y después intentando meterse en la cuadratura del círculo de los Presupuestos Generales del Estado, junto a Unidas Podemos-ERC y, los herederos políticos de ETA.
Apoyado en la enmienda de ERC a los Presupuestos, el Gobierno da el primer paso en su objetivo de armonizar Patrimonio y el resto de tributos autonómicos para evitar las bonificaciones fiscales de Madrid. Vaya por delante que las acusaciones de dumping fiscal a la región son falsas.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado hoy en Valladolid el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2021, el "más ambicioso" de la historia autonómica al alcanzar los 12.291,4 millones de euros, un 13,19 % respecto a las últimas aprobadas, correspondientes a 2018.
Tras semanas de tiras y aflojas en el seno del Gobierno por el precio del alquiler de los pisos, o por el aplazamiento de la prórroga de los desahucios, este miércoles, el presidente del Gobierno reunió el 'sí' de tres de sus socios de investidura, esta vez a los Presupuestos Generales del Estado, con lo que ya los tiene asegurados. Se trata del apoyo del PNV, ERC, y EH Bildu.
La hostelería es sin duda uno de los sectores más perjudicados por los efectos económicos de la pandemia y de las restricciones impuestas desde el Gobierno desde el estallido de la crisis sanitaria. Como ya adelantó elEconomista, los autónomos han tratado de influir en la aprobación de los Presupuestos Generales con al menos cinco enmiendas que buscan ampliar la protección del colectivo de cara al próximo ejercicio, y una de ellas reclama que se elabore un plan de rescate para reflotar el consumo en los comercios de proximidad y la pequeña hostelería, que según concretaron este miércoles tendría como objetivo recuperar hasta 40.000 empleos del sector en los próximos cinco años.
Es la cara y la voz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, la encargada también de fijar posición en la comisión de presupuestos y, hasta hace nada, en el pacto de Toledo por lo que tiene una agenda casi imposible para el común de los mortales. Sin embargo solo se queja de no poder estar más tiempo en su tierra. "Antes podía venirme algunos jueves pero ahora de lunes a viernes tengo que quedarme en Madrid, porque estoy saturada de trabajo", señala.
El apoyo de Unidas Podemos a la enmienda de Esquerra Republicana y EH Bildu -que exige ampliar la paralización de los desahucios hasta el comienzo de 2023- ha provocado un inesperado acercamiento entre el ala socialista del Gobierno y el ala podemita, lo que en consecuencia ha suscitado los recelos de los socios de investidura de Pedro Sánchez, advirtiendo éstos que esa prohibición ha de extenderse hasta enero de 2023, y no hasta el 9 de mayo de 2021 como quiere negociar Moncloa.
El Ministerio de Hacienda ha aceptado estudiar la enmienda presentada por Más País y Equo para desplegar un proyecto piloto de ayudas a empresas que ensayen la aplicación de una jornada laboral de cuatro días.
Esquerra Republicana ya ha enseñado parte de sus cartas de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Además de reclamar reuniones bilaterales para negociar las 320 enmiendas parciales a las Cuentas Públicas, este miércoles, la formación independentista ha puesto sobre la mesa otra exigencia, lo que sin duda va a a ser un reto enorme para el Gobierno de Pedro Sánchez.
