El Gobierno de España insiste en subir impuestos en respuesta a la crisis del coronavirus pese a tener la economía del entorno más afectada por la pandemia. Moncloa ignora así las recomendaciones y las actuaciones de los países del entorno, que optan por una estrategia de rebaja fiscal para estimular el consumo y la inversión.
Pese a que en las últimas semanas los socios de Compromís y Podemos han subrayado las diferencias con el partido que lidera Toni Cantó, el presidente cierra un nuevo encuentro que ambos califican de "satisfactorio" y "positivo".
El Gobierno tiene previsto retrasar los cambios en el impuesto sobre sociedades a después de 2021, aunque incluirá ajustes tributarios en los presupuestos del año que viene para las rentas más elevadas y para los grandes patrimonios.
El Gobierno apuró los plazos para cumplir con la obligación de enviar a Bruselas su plan presupuestario para 2021, aunque no estén aprobadas aún las Cuentas, para que la Comisión lo corrija. Sin embargo, no será fácil que el Ejecutivo comunitario lleve a cabo esa tarea, debido a la total oscuridad en que están sumidas tanto las previsiones sobre ingresos fiscales como, lo que es más grave, las que se refieren al gasto público.
El Gobierno remite este jueves a Bruselas el Plan Presupuestario de 2021, en el que se recoge una revalorización de las pensiones públicas del 0,9% en 2021, en línea con el incremento aplicado ya este año y lo que permitiría asegurar el poder adquisitivo del colectivo de pensionistas. Con esta revalorización, el Ejecutivo asumirá un gasto de unos 1.400 millones de euros en la revalorización de las pagas del próximo año.
El consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez (NC), ha anunciado que el presupuesto autonómico de 2021 será "expansivo y anticíclico" pero "sin populismos", superior al inicial de 2020, con un incremento mayor que el que se dio entre 2020 y 2019, y además sin recurrir a deuda.
Lejos de mi intención está el competir en creatividad político-financiera sobre las cifras de los fondos que a propósito de la pandemia Covid-19 se han acordado en la Unión Europea (UE). Más allá de si "Next Generation EU" serán 750.000 millones de euros hasta 2027, 140.000 para España y 27.000 en 2021, deseo indicar algunos aspectos cualitativos. Los presentaré en forma de 10 tesis:
De momento se considera sólo una sospecha, pero comentada por voces diferentes y con peso en la familia socialista, con palabras como "prematuro, pero no descabellado". Y dicen dichas voces que en Moncloa, desde el entorno cercano a Pedro Sánchez se estaría barajando la posibilidad de convocar elecciones anticipadas en el primer semestre del año que viene.
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, se enfrenta al reto de elaborar unos presupuestos para 2021, con una caída del PIB del 10,1% prevista para este ejercicio y la consiguiente bajada de la recaudación.
El Gobierno de Aragón centrará el proyecto de ley de Presupuestos de 2021 en la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica, contará con los grupos que la firmaron y espera aprobarlos este año, para que entren en vigor el 1 de enero. Así lo ha indicado este jueves el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, quien ha comparecido en sesión plenaria de las Cortes para informar sobre la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Chile va acumulando poco a poco pequeños avances en dirección a una reactivación más sólida. Por lo pronto, y con todas las cautelas del caso, los confinamientos están dejando paso a una normalidad con precauciones, como no podría ser de otra manera.
El presidente del Gobierno está dispuesto a ejecutar la mayor parte de la ayuda de la Unión Europea en los tres años que le quedan de legislatura, pese al periodo de seis años que se diseñó desde Europa. Así lo anunció ayer con motivo de la presentación oficial del Plan Recuperación que enviará el 15 de octubre a Bruselas, y para el que tiene previsto gastar 72.000 millones entre 2021 y 2023. Con este dinero -afirmó este miércoles-, prevé generar "800.000 nuevos puestos de trabajo" y un impacto adicional en el PIB de más de 2,5 puntos anuales, a pesar de que Moncloa mantiene una previsión de tasa de paro del 17%.
Sin nueva senda de estabilidad a la vista, pero con un nuevo techo de gasto de 196.097 millones de euros -el 53,4% más que el techo de gasto de 2019-, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que reconocer este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez prepara una subida de impuestos de cara a los próximos Presupuestos Generales, alza impositiva calificada por ella de "ajuste de figuras fiscales".
El cuadro macroeconómico del Gobierno, en el que se basarán los nuevos Presupuestos, dibuja dos escenarios dispares para 2020 y 2021. En este año, el empeoramiento de la crisis delata el optimismo de las previsiones presentadas antes del verano.
Italia roza su récord histórico de deuda pero sigue en el camino de la reducción de impuestos. El Ejecutivo transalpino aprobó el lunes per la noche las nuevas previsiones económicas, el primer paso del recorrido de los Presupuestos para 2021. Los datos indican que este año la deuda pública transalpina, por culpa de una caída del PIB del 9%, llegará al 158%, a un paso del nivel máximo de deuda, el 160%, que Roma tocó después de la primera guerra mundial. Según el titular de Economía Roberto Gualtieri el nivel bajará al 155% el año que viene gracias a un crecimiento de la economía del 6%. Sin embargo las previsiones consideran también escenarios adversos: en caso de una nueva crisis sanitaria el PIB podría caer este año un 10,5% con una recuperación mínima en 2021 (+1,8%). El déficit se dispararía un 11,5% en 2020 para luego bajar hasta el 7,8% en 2021.
La sombra de Canal 9, la única televisión autonómica cerrada en España, sigue siendo alargada para À Punt, su sucesora.
Los negociadores de los Presupuestos Generales del Estado avanzan en una subida del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que afecte al diésel y lo equipare en precio a la gasolina. Según fuentes de Moncloa, la idea "está sobre la mesa", aunque reconocen que "no es definitiva".
La posible eliminación, en los próximos Presupuestos, de las exenciones sobre el IVA que la educación y la sanidad privada no sólo será incapaz de elevar los ingresos de las Administraciones. Además, generará costes extra al sector público.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 "están ya pactados dentro de la coalición" de Gobierno y "muy hablados con los socios de investidura", por lo que sostiene que "habrá cuentas nuevas y serán muy expansivas".
El Gobierno valenciano presenta el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2021 sin recoger los nuevos impuestos verdes y el cambio del IRPF que presentó su socio, aunque su tramitación parlamentaria podría introducir cambios.
Todos temíamos que Pedro Sánchez se iba a dejar pelos (no suyos, sino del Estado) en la gatera para conseguir sacar adelante los Presupuestos con el apoyo de separatistas y otros enemigos de la Constitución (Podemos), pero era difícil de imaginar que llegaría a vetar la presencia del Rey en Cataluña. Y es que con este Gobierno están pasando demasiadas cosas que nunca habían ocurrido y demasiados hechos que atacan a la estabilidad institucional entre los distintos poderes del Estado.
Las negociaciones para cerrar los detalles del presupuesto plurianual de la UE para los próximos siete años y el fondo de recuperación se complican por días. El acuerdo histórico de julio se desluce gradualmente, ante las diferencias entre los Estados miembros, los Gobiernos y el Parlamento Europeo, los grupos políticos, y los bloques de países. Los líderes acordaron en verano que la Unión se endeudara en una cifra sin precedentes de 750.000 millones de euros para dar préstamos y ayudas no reembolsables a los países para superar la crisis.
La ministra de Hacienda y responsable de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, María Jesús Montero, admitió este martes que de negociar con alguna formación política las Cuentas Públicas de 2021, prefiere "primero a los socios de investidura", porque "comparte con ellos un proyecto de país y el carácter progresista" de estos partidos.
Como en la película de Roberto Rossellini "Roma, ciudad abierta" (1945) la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, quiere mantener Madrid abierta cueste lo que cueste. Aún no le ha entrado en la cabeza que sin salud no hay economía y se resiste como gato panza arriba ante lo inevitable: Madrid tiene que ser confinada para controlar la pandemia en España.
En la táctica de todo acuerdo vale con tal de mantener el Gobierno, Moncloa se ha embarcado esta semana en una nueva dirección política, la que marca el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, con un giro a la izquierda, buscando, para alcanzar los Presupuestos Generales del Estado los apoyos de las formaciones independentistas y soberanistas que le dieron la investidura a Pedro Sánchez. Es decir, de grupos pequeños como Más País, Compromís y EH Bildu, y de partidos como JxC, ERC y PNV.
El plan de recuperación que servirá para canalizar los 140.000 millones en ayudas que España recibirá de la UE estará listo antes del 30 de octubre. Así lo anunció la ministra de Industria, Reyes Maroto, durante su discurso de clausura del VII Foro Industrial organizado por elEconomista.
La Comisión Europea lo ha dicho delante de las cámaras y en las conversaciones privadas con los Gobiernos; lo ha subrayado por boca de sus comisarios y ahora también por carta. Los Estados miembros tienen que mantener el próximo año los estímulos presupuestarios para superar la recesión causada por el covid-19, la mayor crisis en las siete décadas de historia de la UE.
La entrevista se celebra coincidiendo con el anuncio del confinamiento de varios barrios de Madrid y el encuentro del presidente del Gobiernos, Pedro Sánchez, e Isabel Díaz Ayuso y, aunque él prefiere no hablar de política, sí lanza un mensaje inequívoco al consenso entre los grandes partidos: "Hay un clima político muy crispado y un nivel de radicalización de la política muy preocupante". Antonio Garamendi, la cara y la voz de los empresarios españoles (Getxo, 1958), licenciado en Derecho por Deusto, es un hombre amable y educado, de sonrisa fácil, que ha adoptado una estrategia absolutamente pragmática respecto al Gobierno de coalición. Viene de una larga tradición familiar de empresarios y antes de asumir la presidencia de la CEOE, en 2018, ya tenía una amplia experiencia en responsabilidades institucionales. Lideró Cepyme y formó parte de los consejos de administración de varias empresas, como Bankia, Albura, Tubos Reunidos, e incluso de grupos de publicaciones. Si le preguntas a qué dedica su tiempo libre, sonríe y afirma que para él la familia es lo más importante, y aunque intenta ir a Bilbao todo lo que puede, ahora apenas tiene vida privada, y casi sin tiempo para sus aficiones: la música (toca el piano) o navegar: "Tengo tres hijos: un músico que es compositor, un fiscalista y un empresario, pero les veo poco: trabajo bastantes más horas de lo que marca el decreto", ironiza. Dice que no le cuadran las cuentas que está dando el Gobierno del importe de los Ertes, reconoce que algunos al final se convertirán en Eres y que hay que compaginar la subvenciones con formación. Afirma que subir los impuestos a los ricos es el chocolate del loro y la mejor manera de desincentivar las inversiones. Insiste en que en estos momentos una derogación total de la reforma laboral sería una temeridad y "un grave error que las empresas españolas no pueden permitirse" y advierte de que el teletrabajo permite la externalización y también la contratación fuera de España.
La política económica actual del gobierno de España que dirige con su equipo y socios, Pedro Sánchez, se basa entre otras medidas, en una política impositiva orientada a la subida generalizada de impuestos, con el fin de tener un control absoluto de la economía y de la generación de riqueza, como antaño lo hacían, los países bajo el yugo de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas soviéticas (URSS).
Dice, textualmente, que está "enamorado" de este Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, pero añade, sin pestañear, que UGT no ha dado jamás un cheque en blanco a un Gobierno y tampoco se lo dará a Pedro Sánchez, aunque sea el líder del partido en el que lleva militando desde hace 40 años. Durante la entrevista, realizada telefónicamente, se muestra especialmente crítico por la gestión que se está haciendo en Moncloa de temas esenciales como el Ingreso Mínimo Vital, las pensiones o los Presupuestos Generales del Estado. Haber liderado durante un cuarto de siglo la UGT catalana, y llevar afiliado al sindicato socialista desde el 75 le ha curtido en batallas laborales de todo tipo y no está dispuesto a bajar la guardia en unos momentos tan difíciles para España sanitaria y económicamente. A Josep María Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 1956) todos en su entorno le llaman Pepe, haciendo honor a su fama de hombre campechano y sencillo que tiene un discurso de sindicalista en estado puro, sin ninguna concesión a la galería, pragmático y resolutivo. Es la cara y la voz de la UGT, el hombre que lidera uno de los dos sindicatos más importantes de España y ha conseguido lo que parecía casi imposible en estos tiempos revueltos: elevar el nivel de afiliación, en descenso desde hacía años. Dice que los Ertes tienen que durar indefinidamente mientras continúe la pandemia, acusa al Gobierno de comportarse como "tecnócratas que no pisan la calle" e insiste en la necesidad de derogar completamente la reforma laboral. Afirma que no van a permitir que el teletrabajo se convierta "en un nuevo foco de explotación y abuso" y califica de falacia la propuesta del ministro Escrivá de alargar la edad de jubilación y recortar las jubilaciones anticipadas. Insiste en que la decisión de Isabel Díaz Ayuso de bajar los impuestos es una "golfada" y advierte que no van a dejar de ejercer el derecho a la manifestación, incluso no descarta, llegado el caso, recurrir a la huelga general.
