El Banco Santander anunció el pasado mes de septiembre su intención de recuperar el dividendo en 2021, tras el veto que impuso el Banco Central Europeo (BCE) a las entidades europeas de no retribuir al accionistas durante este año con el objetivo de que los bancos destinen dichos fondos a reservas para tener holgura con la que financiar a familias y empresas. Sin embargo, existe un hándicap que impide al grupo cántabro abonar dividendo el próximo año: tiene que pagar antes las emisiones de preferentes realizadas hace más de 13 años si quiere retribuir a los accionistas. El Santander, en un escenario en el que el mercado ya da por seguro que el banco cerrará el ejercicio con pérdidas de entre 9.000 y 10.000 millones de euros, estudia qué alternativas tiene para abonar las preferentes y así, poder cumplir con el compromiso de repartir dividendo.

El banco debe indemnizar por daños y perjuicios causados a los afectados por la deuda subordinada y las participaciones preferentes por la cantidad de dinero resultante de la diferencia entre el capital invertido, por un lado, y por otro, el rescatado, tras la intervención de la entidad por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el canje obligatorio por acciones y su posterior venta, así como por los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las obligaciones y de las participaciones preferentes.

El Tribunal Supremo abre la puerta a que Bankia indemnice a aquellos clientes minoristas, ya sean personas físicas o empresas, que se acogieron en 2012 a la oferta que lanzó para canjear las acciones preferentes y la deuda subordinada por acciones del banco. La Sala de lo Civil ha condenado a la entidad a devolver 1,3 millones de euros a una empresa de Palma de Mallorca al considerar que Bankia, para realizar esta operación, basó el precio de sus acciones en las cuentas de la entidad de 2011.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha calificado hoy de "muy positivo" el plan de reestructuración y la asistencia financiera europea solicitada por el Gobierno español en el año 2012, ya que permitió a la entidad "recuperar la estabilidad". Entre otros temas ha aprovechado también para criticar la venta de preferentes que se hizo en el pasado a inversores minoristas.

La matriz de Bankia, BFA, ha elevado el coste máximo al que todavía se enfrenta por el caso de las participaciones preferentes de las antiguas cajas de ahorros, sobre todo Caja Madrid. El grupo, propiedad 100% del Estado a través del Frob, ha incrementado la potencial contingencia a 1.334 millones de euros, es decir, un 12% más. Esta subida del riesgo supone un cuantía de 142 millones adicionales con respecto a la estimación de finales de 2017.