El presidente del PP, Pablo Casado, considera "inaceptable" que el campo se convierta en el "pagano" de la reconstrucción cuando ha sido un sector "vital" durante la pandemia, por lo que ha mostrado su rechazo a la "minoración" de los fondos de la PAC) y ha comprometido el apoyo de su partido al Gobierno para negociar "a cara de perro" una mayor dotación.
El acuerdo europeo para el fondo de reconstrucción aprobado esta semana en Bruselas amenaza 5.000 millones de euros de los fondos agrícolas para España. Según la organización agrícola Asaja, los fondos destinados a la agricultura se reducirán un 10 %, pasando de 383.000 a 343.900 millones de euros en el periodo 2021-2027, un recorte que equivale a "perder un año entero de pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) en España".
El Ministerio de Agricultura ha solicitado a la Comisión Europea la ampliación del periodo de solicitud de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para que ningún agricultor y ganadero tenga dificultad para presentar su solicitud única de la PAC del año 2020.
Es preciso que en toda medida de política económica se tengan en cuenta, para acertar, un conjunto de enlaces que existen con otras realidades socioeconómicas y políticas que se encuentran siempre forzosamente enlazadas, y que por ello, generan problemas unas veces inmediatos o a medio plazo, que deberían haberse previsto. El saldo de las ventajas y desventajas, cuando todo esto se tiene en cuenta, debería alterar mucho la actividad inmediata de la política económica. Todo esto, por supuesto, lo ha colocado en la actualidad, la decisión de incrementar el salario mínimo interprofesional sin tener en cuenta cuestiones relacionadas con la estructura sociopolítica del sector rural.
Las organizaciones agrarias pedirán hoy a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, medidas que amortigüen la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), entre ellas la bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social.
La nueva rebaja en los requisitos para acceder a los subsidios del PER no es el único gesto que el Gobierno prepara para afrontar la crisis que sufre el campo español. Para esta semana, el Ejecutivo baraja también la propuesta de poner un tope máximo al pago de cotizaciones sociales, ligadas al salario mínimo interprofesional (SMI), de los afiliados al Régimen Agrario de la Seguridad Social.
El Gobierno vuelve a servirse de las subvenciones del Plan de Empleo Rural (PER) como respuesta a la crisis del campo, rebajando el número de peonadas para acceder a ellas. La nula relación del PER con los problemas del sector (bajo precio de sus productos, costes laborales al alza...) indica que éste es un paso dictado, sobre todo, por motivos políticos y electorales.
No son buenos tiempos para los agricultores, sobre todo en España. Al impacto de las tensiones comerciales con EEUU, que podrían empeorar este mismo mes con el alza de los aranceles a los productos agroalimentarios hasta el 100%, se suma el esperado recorte que sufrirá la Política Agrícola Común (PAC) en el próximo Presupuesto plurianual de la UE (2021-2027), y que los Estados miembros deben cerrar antes de concluir este año. Todo el mundo asume que la PAC se llevará un buen tijeretazo, principalmente porque Europa perderá a uno de sus principales contribuyentes al Presupuesto comunitario con la salida del Reino Unido. El Brexit provocará un agujero anual en las arcas comunitarias de unos 12.000 millones. La reducción está aún por determinar, pero oscilaría entre el 10% y el 13% respecto a los 252.000 millones del actual marco presupuestario, según las propuestas que circulan. Además, los Estados miembros y la Comisión Europea han añadido nuevas prioridades a la lista para los próximos años, como la gestión migratoria o la Defensa.
