Pere Aragonès Garcia

La protesta de las empresas catalanas contra el vandalismo que esa autonomía sufre puede calificarse de histórica, en primer lugar, por su alcance. No en vano la convocatoria de la patronal Foment fue secundada por cerca de 300 organizaciones.

Las consejerías que Junts exige a Aragonés

Se comenta que Pere Aragonés y Oriol Junqueras ya han recibido la lista de consejerías que Junts exige para entrar en el Gobierno de la Generalitat. Por lo visto, los chicos de Carles Puigdemont y Laura Borràs quieren quedarse con Salud, Trabajo y Educación. La primera porque Junts quiere colocar "sí o sí" como secretario de Salud Pública al médico independentista Josep María Argimon. "Es una apuesta personal del propio Puigdemont", dicen desde Junts. En cuanto a Educación, Borràs tiene especial interés en esta consejería para "proteger la inmersión lingüística ante la invasión de las leyes estatales". ERC aún no ha ofrecido su respuesta a estas peticiones. Pero en el partido de Aragonés se dice que la batalla está en Trabajo. "Puigdemont se puede ir olvidando de esa consejería", aseguran. La afirmación indica que en ERC no están dispuestos a que Junts utilice la consejería para cumplir sus promesas electorales de crear un banco nacional catalán y cambiar la Ley de Contratación Pública para expulsar a las grandes cotizadas nacionales de los contratos de la Generalitat, lo que supondría dejar fuera a gigantes como Almirall, CaixaBank, Sabadell, Cellnex, Colonial, Grifols o Naturgy. "Aprobar esas medidas radicales sería una verdadera locura que generaría un daño irreparable a la economía catalana", dicen desde el entorno de Aragonés.

El reparto de los escaños del Parlament de Cataluña que ha dejado el 14-F deja todas las posibilidades postelectorales abiertas y a la vez ninguna segura, por lo que tampoco es descartable una repetición electoral. Si se agotan todos los plazos, la nueva cita con las urnas llegaría en la segunda quincena de julio, pero para llegar hasta ese punto hay muchos pasos previos.

Las organizaciones empresariales, consultadas por elEconomista, son unánimes a la hora de expresar su temor ante los escenarios para la formación de Gobierno que se dibujan tras las últimas elecciones catalanas.

Tenía todos los boletos de la tómbola para que la jugada fuera magistral. No había que tomar decisiones muy controvertidas. Dotar de recursos a las CCAA para atender el gasto sanitario es siempre un asunto muy florido. Nada que ver con asuntos espinosos como puede ser la educación y su ley Celaá, la temida insostenibilidad de las pensiones, o los temas hacendísticos y su armonización fiscal.

ERC ha preparado un programa electoral para las autonómicas del 14 de febrero en el que declara la guerra a las grandes empresas. El candidato republicano a presidir la Generalitat, y actualmente vicepresidente catalán con funciones de presidente, Pere Aragonès, sorprendió este viernes afirmando que quieren “expulsar al Ibex-35 de los servicios públicos” de atención a las personas de Cataluña.

Los ayuntamientos 'puentean' al 'Govern'

La pugna en el seno del independentismo entre Junts per Catalunya y ERC ha provocado una parálisis en la Generalitat de Cataluña que arrancó ya en tiempos Quim Torra. Por lo que parece, la situación no ha variado un ápice tras la llegada de Pere Aragonés a la presidencia. De hecho, muchos dicen que es aún peor ya que a las luchas internas se une la cercanía de las elecciones autonómicas. Pues bien, cuentan que ante la manifiesta incapacidad del Govern, algunos ayuntamientos están directamente puenteando al Gobierno regional y recurriendo al Estado para tratar de resolver sus problemas. Hasta ese punto han llegado cincuenta alcaldes de las zonas de la Cerdanya, Aran y Ripollès que, independientemente de su color político, reniegan de la gestión sanitaria de la Genetalitat y han formado un frente común para hablar directamente con Sanidad. Pero en las dos últimas semanas los alcaldes rebeldes se están multiplicando ante la última inacción de la Generalitat, que se olvidó de pedir al Gobierno la declaración de zona catastrófica para Cataluña tras el paso del temporal Filomena, que ha dejado incontables daños, especialmente en las provincias de Lleida y Tarragona. Ante esta situación, cuentan que los alcaldes están tan interesados como el PSC en que las elecciones catalanas se celebren cuanto antes.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha justificado este viernes su decisión de mantener cautelarmente en vigor la convocatoria de elecciones autonómicas para el 14 de febrero en vez de la del 30 de mayo, y de sus argumentos se deprende que, a día de hoy, no se cumplen los requisitos para posponer la cita con las urnas.

Inhabilitado el president de la Generalitat, Quim Torra, y asumiendo en forma interina sus funciones el vicepresidente, Pere Aragonès, ante una paralización administrativa y política del Govern de coalición, se convocaron elecciones para el día 14 de febrero. La ciudadanía recibió con buenos ojos el anuncio y constató que podría ser la oportunidad de esclarecer el confuso panorama político catalán, pero ahora todo está en el aire.

¿Podrán celebrarse las elecciones del 14-F?

A falta de poco más de un mes para que se celebren las elecciones autonómicas en Cataluña aún no está del todo claro si la Generalitat, liderada interinamente por Pere Aragonès, estará en condiciones de organizar los comicios. La causa está en el aumento de los contagios en la región, que convierte en misión imposible saber en estos momentos si los catalanes tendrán que ir a votar el Día de San Valentín (14-F), como está previsto ahora. Por lo que se comenta, existen dos informes elaborados por Procicat y Salut que serán claves para saber si finalmente se celebran las elecciones autonómicas, ya que son las guías que, dicen, seguirán las autoridades electorales catalanas para mantener o retrasar la fecha. Por lo visto, el día tope para tomar una decisión es el 29 de enero. Pero se comenta que este mismo viernes constituirá una jornada fundamental para despejar  buena parte de las dudas. Será entonces cuando todos los partidos políticos que componen el Parlament de Cataluña se reúnan con el objetivo de llegar a un acuerdo. A pesar de la premura, las propias formaciones son pesimistas al respecto de alcanzar una propuesta unánime.   

La Generalitat estima que la pandemia ha tenido un impacto de 5.128 millones de euros en las finanzas públicas de la administración catalana, por el incremento del gasto en 3.826 millones adicionales y una caída de los ingresos de 1.302 millones, por la menor recaudación especialmente.

El Govern cerrará 2020 con 5.000 millones de euros más de gasto respecto a 2019, y con un déficit entre el 0,7 y el 0,8%, según ha confirmado este miércoles en sesión parlamentaria el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès.

No parece casualidad que apenas una semana después de que ERC cerrase el acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para la armonización fiscal de las autonomías que pone en la diana a la Comunidad de Madrid, el presidente valenciano Ximo Puig celebrase la primera reunión en tres años y medio con su homólogo catalán, el republicano Pere Aragonès, ahora en funciones de presidente.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha defendido este martes que se puede "federalizar España" sin esperar un cambio de la Constitución, durante una visita a Barcelona, donde tiene previsto mantener una reunión con el vicepresidente en funciones de presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

La portavoz de JuntsxCat en el Congreso y desde la noche del pasado domingo candidata del partido a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, sentó las bases de la que será su estrategia para las elecciones catalanas del próximo febrero: la independencia como objetivo.

El vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha defendido la armonización fiscal que incluye el acuerdo sobre los PGE que persigue aplicar sobre la Comunidad de Madrid las mismas técnicas que se aplican en el seno de la Unión Europea (UE) para evitar "paraísos fiscales".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este jueves de los mensajes "perniciosos e injustos" que lanza ERC sobre Madrid al cuestionar su sistema tributario y calificarlo de dumping fiscal.

El vicepresidente de Economía de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha concretado que el apoyo de los republicanos a los Presupuestos Generales del Estado se traducirá en la captación de más de 2.300 millones en concepto de inversiones y transferencias del capital en 2021.

El enero negro que el Govern ya teme

Tras la reapertura de bares y restaurantes hasta las 21:30 horas, Cataluña afronta ahora un periodo de desescalada en el que, según el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, se tomarán todas las precauciones que sean necesarias para llegar con una tasa baja de contagios a la Navidad. Durante esos días también se aplicarán medidas específicas (toques de queda, por ejemplo) para evitar un repunte del virus a lo largo del mes de enero. No obstante, y a pesar de todas las precauciones que la Generalitat está tomando, fuentes del Ejecutivo catalán comentan que existe miedo a que sea necesario regresar a las medidas más restrictivas durante el primer mes del año. Llegar a ello es un extremo del que tratan de huir tanto Junts per Catalunya como ERC, ya que temen el nefasto efecto que un nuevo cierre de la hostelería o un confinamiento domiciliario podrían tener de cara a las elecciones autonómicas del 14 de febrero. "Los dos partidos independentistas viven en permanente conflicto, pero si en algo coinciden es en hacer todo lo posible por evitar restricciones en enero", dicen desde un partido de la oposición en el Parlament.

El rechazo a la independencia de Cataluña se ha disparado hasta rozar el 50% de los catalanes, según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat publicado este viernes, y se ha distanciado cinco puntos de los independentistas.

La filtración a los medios de comunicación del plan de desescalada del Gobierno catalán para flexibilizar las restricciones ante la pandemia que se aplicaría a partir del próximo lunes ha desatado de nuevo la indignación de los sectores afectados y ha enfrentado de nuevo a los socios del Govern.

La mala gestión de las ayudas de 40 millones de euros que la Generalitat activó para los autónomos para paliar la crisis económica en sectores como el de la restauración ha acabado pasando factura al Departamento de Trabajo, encargado de su tramitación telemática.

ERC se divide ante los Presupuestos

El golpe policial de la Guardia Civil a los presuntos cabecillas de Tsunami Democràtic (David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler) podría tener importantes consecuencias en los Presupuestos Generales del Estado. Y es que, según dicen en el independentismo, la operación judicial está generando una lucha interna en el seno de ERC, que parece que está ganando el ala más radical. "Los problemas judiciales de históricos del partido como Vendrell refuerzan al sector más combativo del partido frente al moderado, que representan Oriol Junqueras, Gabriel Rufián o Pere Aragonès", dicen en la formación republicana. Las mismas fuentes añaden que la posición final de ERC frente a los Presupuestos depende claramente del resultado de la contienda. Máxime ante la cercanía de los comicios autonómicos. "Aunque se haya apoyado el estado de alarma, el Gobierno cometería un grave error si empieza a dar por hecho que ERC aceptará los Presupuestos sin exigir nuevas contrapartidas", aseguran desde el entorno del portavoz de la formación en el Congreso. A pesar de ello y de la evidente lucha entre la vieja y la nueva guardia en el partido republicano, en Podemos están convencidos de que a "ERC no le queda más remedio que abstenerse en los Presupuestos".

Cataluña no aplicará hasta 2021 el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y también ha aplazado el pago del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.

El Govern desestima definitivamente presentar recurrir la última sentencia del TSJC que ponía límites al proyecto del complejo de ocio y turismo BCN World en Vila-seca y Salou (Tarragona).

Pelea en el 'Govern' por los fondos europeos

Al contrario que en los años de Quim Torra, la Generalitat sí que estará presente en la próxima reunión de presidentes autonómicos, que se celebrará el 26 de octubre y en la que se tratará del reparto de los fondos europeos. Ahora bien, en estos momentos no se sabe quién acudirá a dicha cita. Por lo que se comenta el puesto se lo disputan el actual presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés (de ERC) y el consejero de Empresa Ramon Tremosa, de JuntsXCat. Ambos se presentan como la persona idónea y no están dispuestos a ceder, lo que está generando un dura pugna en el seno del Govern. Así lo reconoció la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, cuando aseguró el martes “desconocer quién acudirá a la reunión”. Resulta evidente que la guerra en el independentismo entre el partido de Carles Puigdemont y el de Oriol Junqueras está detrás de este nuevo conflicto que tiene claros tintes electoralistas. Quizá por ello ya aparecen voces dentro del Parlament que critican que el Govern se pelee por un asiento sin tener en cuenta que el reparto de los fondos europeos no se realizará siguiendo criterios territoriales, sino en base a proyectos concretos. “Otras autonomías lo han entendido y ya están hablando con las empresas para elaborar planes. En cambio en Cataluña aún no se ha hecho nada, lo que frenará la llegada de ayudas”, aseguran en un partido constitucionalista.    

Felipe VI inauguró la Barcelona New Economy Week en un acto en el que la Generalitat protagonizó un nuevo desplante. El president en funciones, Pere Aragonès, quiso justificarse con el endeble argumento de que la “la economía no entiende de símbolos del pasado”. Frente a la negación de la realidad de Aragonés, contrasta aún más el unánime respaldo al Rey de las principales empresas y patronales consultadas por elEconomista.

El vicepresidente en funciones de presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado al Gobierno a mejorar la "injusta" financiación sanitaria que recibe Cataluña. Según Aragonès, el desajuste se cifra en 10.000 millones.

Aluvión de asesores en el ‘Govern’ en funciones

Poco antes de su inhabilitación, Quim Torra impulsó el nombramiento de más altos cargos en la Generalitat, lo que generó las lógicas críticas de la oposición. Dichas quejas no parecen haber afectado en nada al actual Govern en funciones. Así lo indica el hecho de que se sigan nombrando asesores y cargos de confianza casi cada día. Cuentan que es la Consejería de Presidencia, que dirige Meritxell Budó, la que más engorda la nómina de asesores con personas de confianza provenientes de Junts per Catalunya. Pero el resto de departamentos ahora comandados por Pere Aragonès tampoco se quedan atrás y todos ellos siguen incorporando personal en mayor o menor proporción. En concreto, se comenta que el Govern ha realizado más de 30 nombramientos en solo 20 días. Este incremento es realmente llamativo ya que la legislatura actual carece de recorrido. Es más, hasta tiene fecha de caducidad (el 14 de febrero es cuando probablemente se celebrarán la elecciones autonómicas). “Los actuales nombramientos son intolerables. Todo apunta a que son favores que había que devolver a ciertas personas, que había que colocar en la Generalitat como fuera antes de los comicios”, dicen desde una formación no independentista del Parlament de Cataluña.

El Govern en funciones tras la inhabilitación del expresidente Quim Torra aprovechó la fecha del 1 de octubre -en la que hace tres años se convocó un referéndum- para reiterar su compromiso con la autodeterminación de Cataluña y para pedir Amnistía.